Emiliano Teran Mantovani*
Palabras clave: extractivismo, fronteras de extracción, Venezuela, megaminería
Introducción
La severa crisis que se vive en Venezuela se está expresando en la actualidad no sólo en un estancamiento de los procesos de transformación que se han vivido en la Revolución Bolivariana, sino también en el avance concreto de fuerzas y políticas conservadoras, reflejados en medidas de flexibilización económica, clausuras de espacios de participación popular e importantes cambios de actores en cargos del poder ejecutivo y legislativo (este último, ahora controlado por la oposición venezolana).
En el marco de este proceso, el Gobierno nacional está impulsando una significativa reorganización geoeconómica del territorio nacional alrededor del extractivismo, teniendo como polos los proyectos del “Arco Minero del Orinoco”, la Faja Petrolífera del Orinoco, junto a otros enclaves mineros, y las importantes fuentes de gas offshore. Se trata de un cambio histórico de la territorialización[1] del capitalismo rentístico venezolano, el cual se está expresando en una acelerada expansión tanto en extensión como en intensidad, a las nuevas “fronteras de las commodities” (Moore, 2013), a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, para abrir paso a nuevos procesos de lo que David Harvey (2007) denomina “acumulación por desposesión”, e intentar así solventar la crisis del modelo de acumulación y las posibilidades de gobernabilidad.
A partir de los nuevos acuerdos y proyectos impulsados por el Gobierno venezolano, analizaremos algunas modalidades narrativas y de territorialización que se expresan en esta política sobre el “tejido de la vida” (Moore, 2013). Algunas potenciales consecuencias e implicaciones serán descritas, con una especial mirada en la devastación ambiental que genera esta expansión de fronteras —con énfasis en los efectos de la megaminería— y en la intensificación de los conflictos socioambientales, en los cuales juegan un papel importante los pueblos indígenas.
Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela
En el país se está estructurando una nueva cartografía del extractivismo, desbordando el mapa histórico del siglo pasado, donde se imponían los enclaves petroleros del Zulia y Oriente, y los cinturones urbanos norcosteros —el 95% de la población vive al norte del río Orinoco. Se está ejecutando la expansión de frontera que ya se venía esbozando desde 2004, cuando el Gobierno del presidente Chávez logró hegemonía política en el país e inició un plan de relanzamiento del extractivismo, en el contexto del boom global de las materias primas.
Pero el actual contexto de intensa crisis y serio debilitamiento de la capacidad internacional de negociación del Petroestado venezolano, hace que sea esta una apropiación de frontera muy flexible al capital. La expansión hacia áreas de reservas naturales, extracciones offshore, parques nacionales —con énfasis hacia el sur del río Orinoco—, se impulsa a través de la apertura económica y la aceleración de acuerdos “atractivos” con numerosas compañías transnacionales de varias partes del mundo.
Un salto sin precedentes en la mercantilización de la naturaleza en el país se produce, en la medida en la que se van inventariando y certificando todos los “recursos estratégicos” —por ejemplo, el “mapa minero de Venezuela” (AVN, 2013) y el “Proyecto Magna Reserva Minero” (PDVSA, 2015b). La cuenca del Orinoco se va proyectando como el futuro núcleo extractivo principal, donde la megaminería cumple un papel clave.
En concreto, los anuncios oficiales realizados desde el último tercio de 2015 y el primer tercio de 2016, en los cuales se habla de la construcción de una nueva economía “diversificada”, tienen en el “Arco Minero del Orinoco” (AMO) uno de los principales enclaves extractivos de las nuevas fronteras de las commodities. Se trata de una muy amplia zona, de unos 111.000 kms2 (el 12,1% del territorio nacional), ubicada en los estados sureños de Bolívar y Amazonas, rica en oro —el Gobierno espera que Venezuela sea la segunda reserva de oro (Telesur, 2016a) y uno de los principales “productores” del mundo (Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, 2016)—, coltán, diamantes, hierro y bauxita, entre otros, y que ha sido abierta a unas ciento cincuenta empresas internacionales para su explotación (VTV, 2016).
Si sumamos al AMO la extensión de la Faja Petrolífera del Orinoco (su versión ampliada es de 64.000 km2), donde la cuota de extracción ha dado un salto histórico en los últimos años para llegar a 1.228.300 de barriles diarios en 2014 (PDVSA, 2015a), tendríamos un “megapolo de desarrollo” de 175.000 km2, una extensión equivalente a todo el territorio de Uruguay.
La búsqueda acelerada para ejecutar la expansión de frontera se orienta también “prioritariamente” al gas offshore, con los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre —que van desde el golfo de Venezuela hasta la península de Paria, estado de Sucre—, no sólo para cubrir mercado interno, sino también para exportar gas por primera vez en la historia (Teran Mantovani, 2016); recuperar y expandir como nunca antes las cuotas de extracción de carbón en el Zulia (Corporación Carbozulia, proyectos al noroccidente de este estado) (ídem) y de níquel (proyecto Lomas de Níquel) en el sur de los estados Aragua y Miranda; e impulsar estímulos, incentivos y facilidades para empresas públicas y privadas con el objetivo de expandir la actividad pesquera —con énfasis en la actividad atunera— en la llamada “Faja Pesquera Acuícola de Venezuela” (fachada atlántica y caribeña), con proyección, también, a una parte para la exportación (Correo del Orinoco, 2016).
Discurso ambiental oficial: la paradoja de un ecosocialismo extractivista
Durante el auge de la Revolución Bolivariana, el discurso ambiental oficial logró un posicionamiento importante en las bases populares que habían apoyado al Gobierno nacional. Entre otras cosas, el presidente Chávez logró popularizar la idea del “ecosocialismo”, e incluso la introdujo en el Plan de desarrollo socialista 2013-2019.
Sin embargo, los procesos de acumulación por desposesión que se abren en las nuevas fronteras de las commodities terminan de deslegitimar la promesa ecológica del ideario oficial emancipatorio. En cambio, el Gobierno venezolano persigue una resignificación de la “protección del ambiente” fusionándola con el extractivismo, planteando un discurso completamente paradójico.
En este sentido, varios elementos pueden extraerse de una serie de discursos oficiales y producciones visuales que han sido difundidas en relación a los nuevos proyectos del AMO: la idea de una megaminería que tendría “como centro la conservación del ambiente” (VTV, 2016); imágenes “amigables” de la megaminería con el objetivo de incorporarlas al imaginario de desarrollo del venezolano; representación de los pueblos indígenas como pueblos mineros (Telesur, 2016b); y una nueva legibilidad del río Orinoco, para ser asimilado por el discurso y el imaginario del desarrollo.[2]
Una nueva legibilidad oficial del río Orinoco y los ecosistemas del sur del país trata de nutrir el imaginario de desarrollo en Venezuela, ahora vinculado a la megaminería. (Fuente: Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Funchal.)[3]
Políticas de territorialización en las nuevas fronteras de las commodities
Una expansión territorial de este tipo viene de la mano de la instauración de diversos mecanismos de gobernanza sobre los llamados “recursos naturales”. En este sentido, destacamos dos políticas de territorialización que están entrelazadas. Una está referida a la regionalización de territorios con el objetivo de crear un régimen especial de “gubernamentalidad” (Foucault, 1991).[4] En noviembre de 2014, se hizo oficial la “Ley de Regionalización Integral” (LRI), que plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas económicas especiales” (ZEE) —tomadas del modelo chino—, las cuales representan una liberalización y desregulación integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED), así como el establecimiento de gobiernos ad hoc (Gaceta Oficial, 2014).
El reordenamiento geográfico no se centra únicamente en la implantación del enclave extractivo, sino también en la construcción de todo un eje integral desarrollista (ciudades, vialidad, industrias), una nueva forma del capitalismo-en-la-naturaleza (Moore, 2013): las fajas (faja minera, faja petrolífera, faja pesquera). Las nuevas fajas han sido decretadas oficialmente como ZEDN. En este sentido, las compañías que operan en estas zonas especiales, difícilmente pueden ser reguladas en términos ambientales.
El otro factor nos remite a los actores que institucionalizan su hegemonía política en este régimen de gubernamentalidad. A partir de los acuerdos realizados hasta la fecha, hay que destacar dos grupos de actores: el sector militar y las compañías transnacionales (y su coalición).
En relación al sector militar, muy determinante en la historia de Venezuela, resalta el Decreto del 10/2/2016 de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG – Gaceta Oficial, n.º 40845), el cual no sólo se conecta con los procesos en curso de “securitización” de los recursos naturales del país —se ha creado una “Zona Militar Especial de Protección Minera” en el estado Bolívar (AVN, 2016)—, sino también con una gestión directa del sector militar en el proceso extractivo, siendo que la CAMIMPEG estará facultada para realizar una larguísima lista de operaciones que abarca “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna” (Gaceta Oficial, n.º 40845). La combinación de esta potestad militar con el mayor nivel de incidencia territorial por parte de las compañías transnacionales por medio de las ZEDN plantea la estructuración de una modalidad oligárquica de gobernanza sobre los bienes comunes para la vida.
Devastación ecológica y horizontes de las luchas socioambientales
Son conocidos los terribles efectos de la minería a cielo abierto, que se suman a la altamente contaminante extracción de crudos extrapesados de la FPO. Por mencionar un ejemplo, destacamos la muy alta huella hídrica de la minería a cielo abierto de oro y carbón —un rango estimado entre 450 a 1.060 litros por cada gramo de oro obtenido (Cabrera y Fierro, 2013)[5]—, o la del petróleo extrapesado —entre tres y cuatro barriles de agua por cada barril de crudo extraído (Teran Mantovani, 2014).
Recordemos que la zona FPO/AMO se desarrollaría en medio de la cuenca hidrográfica más importante del país, con el antecedente de la devastación histórica de la cuenca del lago de Maracaibo, y la alerta por el futuro del frágil delta del Orinoco. Son cada vez más notables los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la urbanizada región norte del país, que se ven agravados por fenómenos de intensas sequías, como la que se vive en la actualidad.
A su vez, podríamos asistir a una mayor depredación de zonas como la Reserva Forestal del Imataca, parques nacionales como el de Canaima o el Aguaro-Guariquito, entre otros. La enorme devastación ambiental que conlleva la expansión de estos megaproyectos extractivos tendría un impacto en la vida integral del país.
En 2013, indígenas del pueblo pemón retuvieron a cuarenta y tres militares al sur de Bolívar, en un complejo conflicto relacionado con la minería. (Fuente: El Universal.)[6]
Se produce una serie de conflictos y resistencias, sean contra el extractivismo, contra la minería ilegal —al sur del Orinoco—, por la defensa de los territorios o por la justicia ambiental, en los cuales los pueblos indígenas del país tienen un papel fundamental.
Los pueblos indígenas se encuentran ubicados, básicamente, en las nuevas fronteras de las commodities, y los nuevos proyectos impulsados, sin haberse realizado ninguna consulta previa a aquellos, representan una extraordinaria amenaza para su subsistencia. Conflictos de baja intensidad como los de los pueblos yekwana y sanemá —contaminados por mercurio en la cuenca del río Caura (CIEV, 2016)—, o el del pueblo kariña —aguas contaminadas con metano en Tascabaña (Uzcátegui, 2013)—; o de alta intensidad, como los del pueblo pemón —disputas con sectores militares y grupos armados en torno a la minería al sur de Bolívar (Arias, 2013)—, o yukpa en la sierra de Perijá —resistiendo a la expansión de los proyectos de carbón, con varios indígenas asesinados en los últimos años (Barrios, 2014)—; son ejemplos no sólo de efectos directos o indirectos que las actividades extractivas dejan en sus territorios, y que se verían extraordinariamente potenciados por esta expansión extractivista, sino también de diversos niveles de resistencias que se ponen en juego para contrarrestarla y/o evitarla.
Es importante subrayar que estas luchas suelen ser poco difundidas o apoyadas en las ciudades, donde vive casi el 90% de la población del país, que usualmente es apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita. La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su desenfreno, parece necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. ¿Podría la crisis del modelo de acumulación, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las urbes, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Creemos que sí. Diversas organizaciones y movimientos urbanos van naciendo bajo estas premisas, o las van incorporando a sus reivindicaciones. Representan estas experiencias la base orgánica de una deseable y necesaria transformación de nuestras relaciones con la naturaleza y modelos de sociedad, que tenga como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.
Referencias
ARIAS, Ángel (2013). “Comunidades pemón rechazan con contundencia la militarización y el hostigamiento”, 10 de febrero, http://goo.gl/bXNiXe, consultado el 21 de marzo de 2016.
AVN – Agencia Venezolana de Noticias (2013), “Venezuela y China suscribieron 12 convenios para fortalecer su alianza estratégica”, 22 de septiembre, http://goo.gl/y1rZ4S, consultado el 21 de marzo de 2016.
— (2016), “Zona Militar Especial resguardará Arco Minero del Orinoco”, 9 de marzo, http://goo.gl/vXFben, consultado el 21 de marzo de 2016.
BARRIOS, Doris (2014). “Van nueve yukpas asesinados en la lucha por sus tierras”, 7 de agosto, http://goo.gl/85JHNy, consultado el 21 de marzo de 2016.
CABRERA LEAL, Mauricio; FIERRO MORALES, Julio (2013). “Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia”. En: L. J. GARAY SALAMANCA (coord.). Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Contraloría General de la República de Colombia. Pp. 89-122.
CIEV – Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (2016). “Capitanes indígenas de El Caura advierten la neo-esclavitud de muchos hermanos”, 22 de enero, http://goo.gl/lrHD6F, consultado el 21 de marzo de 2016.
Correo del Orinoco (2016). “Ángel Belisario: Faja pesquera acuícola impulsará el Motor Agroalimentario”, 19 de febrero, http://goo.gl/pQryXw, consultado el 4 de marzo de 2016.
DELEUZE, Giles; GUATTARI, Félix (2010). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos.
FOUCAULT, Michel (1991). “Governmentality”. En: G. BURCHELL, C. GORDON y P. MILLER (eds.). The Foucault effect. University of Chicago Press. Pp. 87-104.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2014), n.º 6151, extraordinario. “Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, 13 de noviembre. Decreto n.º 1425.
— (2016), n.º 40845, 10 de febrero, Decreto n.º 2231, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
HARVEY, David (2007). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (2016), “Arco Minero del Orinoco estima alcanzar producción de 100 toneladas anuales de oro”, 25 de febrero, http://goo.gl/sl96uK, consultado el 15 de marzo de 2016.
MOORE, Jason W. (2013). “El auge de la ecología-mundo capitalista. I: Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima”, Laberinto, 38, pp. 9-26.
PDVSA (2015a). “Informe de Gestión Anual 2014”, http://goo.gl/SqVLyz, consultado el 3 de marzo de 2016.
— (2015b). “Proyecto Magna Reserva Minera seguirá pasos de la certificación de crudo en la FPO”, 31 de diciembre, http://goo.gl/gMpyDs, consultado el 21 de marzo de 2016.
Telesur (2016a). “Arco minero del Orinoco diversificará economía venezolana”, 24 febrero, http://goo.gl/ZMPluA, consultado el 8 de marzo de 2016.
— (2016b). “Motor minero en Venezuela”, 16 de marzo, http://goo.gl/LRIHMI, consultado el 17 de marzo de 2016.
TERAN MANTOVANI, Emiliano (2014). El fantasma de la Gran Venezuela. Caracas: Celarg.
— (2016). Declaraciones del ministro para Petróleo y Minería Eulogio del Pino. Archivo de audio, 18 de enero, Instalaciones de la Gobernación del Zulia.
UZCÁTEGUI, Rafael (2013). “Contaminación en Tascabaña: El chantaje extractivista en Venezuela”, 9 de marzo, https://goo.gl/5RQqdV, consultado el 21 de marzo de 2016.
VTV – Venezolana de Televisión (2016). “Decretada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (+ video)”, 24 de febrero, http://goo.gl/9ygeCl, consultado el 21 de marzo de 2016.
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* Sociólogo e investigador en ciencias sociales, máster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social, ICTA-UAB. Forma parte de la red Oilwatch Latinoamérica. Correo electrónico: fighters1985@gmail. (elemergente) com
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[1] Entendemos por territorialización, desde la perspectiva de Deleuze y Guattari (2010), la producción del territorio, rescatando la conexión que existe entre los procesos de desterritorialización y los de reterritorialización.
[2] Es posible encontrar una serie de pósters, realizados por el Gobierno nacional para la campaña de lanzamiento del AMO, que sintetizan muy bien este intento de resignificar la minería y la naturaleza en torno al discurso del desarrollo. Véase: http://goo.gl/3pR4yd.
[3] http://www.consulvenefunchal.com/docs/2016/febrero/arcominero/4.png.
[4] Recurrimos al concepto de gubernamentalidad de Foucault para señalar la forma como se administra a la población y al territorio a partir de múltiples procedimientos, tácticas y dispositivos, que no se remiten únicamente al Estado. Se trata de resaltar las formas de poder descentralizadas y “desde adentro”, que en esta reconfiguración del extractivismo en Venezuela se territorializan de maneras diferenciadas y con un conjunto de actores que dominan sobre estos regímenes especiales. De ahí que resaltemos la existencia de una política sobre el “tejido de la vida”.
[5] Esta cifra se basa en estimaciones provenientes de diversas investigaciones de minería de oro a cielo abierto en Colombia.
[6] http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130210/indigenas-liberan-a-militares-retenidos-tras-firmar-acuerdos
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