Anna Kaijser*
Traducción: Verónica Núñez Reyes
Palabras clave: Bolivia, indigeneidad, vivir bien, recursos naturales, interseccionalidad
En diciembre de 2009, durante las negociaciones internacionales sobre el clima en Copenhague, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el cambio climático está dirigido por una “cultura de la muerte” occidental, capitalista y colonialista. Y propuso otra visión: la cultura de la vida, basándose en la visión del mundo de los indígenas andinos (Morales, 2010: 89). Esta postura tuvo una atención trascendental, y Morales fue consagrado como un héroe por los círculos de justicia climática. Menos de dos años más tarde, en agosto de 2011, en la Amazonía boliviana se realizó una marcha en protesta desde la ciudad de Trinidad hacia el palacio presidencial en La Paz. Más de mil setecientos participantes manifestaban su oposición al proyecto de construcción de una carretera (promovido por la administración de Morales) y acusaban al Gobierno de fomentar intereses coloniales y comerciales. Este evento marcó dos tendencias contradictorias en la política bolivariana contemporánea: por una parte, una postura radical respecto a la protección ambiental y al reconocimiento de los derechos de los indígenas, y por otra parte, una expansión de las infraestructuras a gran escala y la explotación de los recursos naturales.
Entre 2008 y 2014, estudié la política medioambiental y los movimientos populares en Bolivia a través de entrevistas, observación participante y análisis documentales (Kaijser, 2014). El principal objetivo de mi investigación es explorar cómo las relaciones de poder se fortalecen o se debilitan en las políticas ambientales, y cómo las tramas de los problemas medioambientales cambian en el tiempo y el espacio, con consecuencias materiales concretas. Utilicé la interseccionalidad, desarrollada en el seno de la teoría feminista, como una herramienta analítica para entender de qué modo las categorías sociales, tales como el género, la clase, la etnia y la edad, toman forma relacionándose unas con otras y se integran en patrones dinámicos de poder.[1] En este artículo, a través de los dos ejemplos introducidos anteriormente, discutiré la situación de Bolivia en la actualidad, enseñando de qué manera las políticas medioambientales están conectadas con los asuntos del territorio, los recursos naturales y la identidad nacional.
MAS y el proceso de cambio
Evo Morales y su partido MAS (Movimiento al Socialismo) tomaron posesión después de ganar las elecciones de 2005. El recién inaugurado Gobierno lanzó su proyecto político, el proceso de cambio, expresando una ruptura con el orden neoliberal y colonial. MAS ha sido reelegido dos veces desde entonces. Morales nació en una comunidad de aimaras, uno de los mayores grupos indígenas de Bolivia, y se le califica como el primer presidente indígena del país. Bajo su régimen, la visión indígena del mundo (cosmovisión) ha tomado una posición central en las políticas del Gobierno.
En 2009, se aprobó una nueva Constitución que declaró oficialmente Bolivia como un Estado Plurinacional. La Constitución da mucho valor a las cosmovisiones indígenas y aumenta los derechos de estas comunidades; por ejemplo, para la autodeterminación territorial y para las consultas previas sobre la explotación de recursos en sus territorios (Asamblea Constituyente, 2008).
El término “indígena” no ha respondido nunca a una clasificación categórica firme, sino una posición relacional que está disponible o adscrita a ciertas personas bajo ciertas condiciones (Murray Li, 2000; Canedo Vásquez, 2011). La ambigüedad de la indigeneidad en Bolivia se refleja en las variaciones de la proporción de la población que se autoidentificaba como indígena en los últimos censos. Mientras que en 2001 el 62% proclamó que pertenecía a uno de los treinta y seis grupos indígenas reconocidos, en 2012 el porcentaje descendió hasta el 41% (Albó, 2013; INE, 2013). Los distintos resultados pueden atribuirse a un clima político cambiante y a los cambios en los diseños censales (Albó, 2013). Debido al estatus variable de indigeneidad, distintas entidades solicitan representar a los intereses indígenas —algo que se ha hecho evidente en las recientes políticas medioambientales.
Políticas ambientales para vivir bien
Desde hace tiempo, las preocupaciones sobre justicia ambiental han constituido uno de los objetivos principales de las movilizaciones populares en Bolivia. Los conflictos sobre los recursos naturales han propiciado eventos clave como la “Guerra del Agua” en el año 2000 y la “Guerra del Gas” en 2003; ambos fueron levantamientos populares que evolucionaron dando lugar a un cambio de dirección política (Barragán, 2008). Durante los primeros años del régimen de MAS, las políticas ambientales se constituyeron alrededor de dos conceptos andino-indígenas clave: Pachamama, que es una figura espiritual andina que se suele traducir como “Madre Tierra”, y suma qamaña, que se traduce como “vivir bien”.
Este principio de vivir bien elude una definición precisa, pero sí que implica claramente una ambición por “vivir bien” siempre en armonía con otras personas y con el medio ambiente. En el discurso político boliviano, vivir bien se contrapone al capitalismo de Occidente, que vive bajo el modelo llamado vivir mejor, en un afán constante de mejorar el bienestar y la prosperidad material (Estado Plurinacional de Bolivia, 2006; Morales, 2011). El dogma del vivir bien fue descrito en la Constitución de 2009 (Asamblea Constituyente, 2008). En 2012, se aprobó una Ley que reconocía los derechos de la Madre Tierra, y al año siguiente se estableció una Autoridad Plurinacional para la Madre Tierra, con el objetivo de desarrollar e implementar proyectos que contribuyesen al equilibrio entre la Madre Tierra y la consecución del vivir bien.
Los primeros años del régimen de MAS coincidieron con un auge en la atención global al cambio climático. MAS adoptó una postura radical y anticapitalista en los foros internacionales, especialmente en las negociaciones del clima de Copenhague en 2009 y en Cancún en 2010. La propuesta de delegación boliviana fue ampliamente ignorada en las negociaciones oficiales, pero atrajo una atención positiva por parte de los medios internacionales y de los activistas.
En 2010, no satisfecho con las negociaciones del clima de la ONU, el gobierno de MAS organizó un fórum alternativo: la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth). Celebrada en Cochabamba, la Conferencia reunió alrededor de treinta mil participantes de todo el mundo. Diecisiete grupos temáticos paralelos pusieron en común el “People’s agreement”, que consistía, esencialmente, en una colección de las propuestas que Bolivia había presentado en las previas negociaciones por el clima. La conferencia se centró en asuntos internacionales. Los debates sobre asuntos de nivel nacional fueron prohibidos por el organizador oficial del evento. Fuera, se formó el grupo de trabajo alternativo Mesa 18, que se centró en las contradicciones obvias existentes entre el marco de la Conferencia, los megaproyectos en curso y la extracción de recursos dentro de Bolivia y en el resto de Latinoamérica (Turner, 2010).
Nacionalismo de recursos y el conflicto de los TIPNIS
La Mesa 18 fue un indicador de las tensiones que se estaban alcanzando en el panorama de las políticas ambientales de Bolivia. Dentro de Bolivia, el Gobierno fue cada vez más criticado por no cumplir con sus ideales verdes. Intelectuales y activistas señalaron tendencias contradictorias dentro del proyecto de MAS. Por una parte, una postura ecologista radical, y por la otra, una continua dependencia económica de la explotación de los recursos naturales. MAS fomentó la prolongación de extracción de recursos naturales e inició proyectos de infraestructuras para facilitarlos. Una de las primeras medidas de Morales fue incrementar el control, por parte del Estado, sobre la extracción de hidrocarburos y minerales, asegurando mayores tasas fiscales, que fueron canalizadas parcialmente hacia reformas para el bienestar (Mendonça Cunha Filho y Santaella Gonçalves, 2010; Andreucci y Radhuber, 2015; Gudynas, 2016). El enfoque del Gobierno podría calificarse como de un nacionalismo de recursos, otorgándole a los recursos naturales un estatus casi utópico, y atribuyéndoles un papel clave para el desarrollo y la soberanía (Kohl y Farthing, 2012).
Las tensiones en las políticas de MAS se hicieron especialmente evidentes ante la controversia existente alrededor de los planes de construcción del Gobierno de una carretera que conectase las ciudades de Cochabamba y Trinidad. La carretera —que forma parte de la red de infraestructuras IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que se extiende a través del continente sudamericano— estaba proyectada para pasar por los TIPNIS, que es parque nacional y territorio indígena reconocido. Los planes de la carretera generaron una férrea oposición y dos grandes protestas en 2011 y 2012. Los manifestantes proclamaban los posibles impactos negativos de la carretera y, tal como se recogía en la Constitución de 2009 y en la Convención 169 ILO de Indígenas y Pueblos Tribales que Bolivia había firmado, demandaban una consulta a las comunidades locales. El Gobierno declaró, en su defensa, que la carretera mejoraría el transporte y la comunicación y serviría para el bien común. Finalmente, la consulta se llevó a cabo en otoño de 2012, y el Gobierno informó de que el 80% de las comunidades consultadas aprobaban la carretera. Los resultados fueron duramente cuestionados, y todo el proceso fue criticado por no cumplir con los requerimientos legales para las consultas. El conflicto de la carretera, aún por resolver, se ha transformado en una batalla sobre la legitimidad política, las luchas territoriales, los intereses económicos formales e informales y la identidad nacional.
Las tierras bajas amazónicas, donde se localizan los TIPNIS, poseen una larga historia de colonización interna. Varios gobiernos han animado a las comunidades de las montañas aimaras y quechuas a establecerse en las tierras bajas. Y esto continuó bajo el régimen de Morales (Canedo Vásquez, 2011; Klein, 2011) y promovió conflictos territoriales entre los colonos y las comunidades indígenas. Muchos colonos se dedicaban al cultivo de coca. Masticar hojas de coca es una práctica muy común en los Andes, pero la coca también se cultiva para exportarla ilegalmente y ser utilizada por los productores de cocaína, alimentando así una economía sumergida. El propio Morales tuvo un pasado como productor de hoja de coca, y empezó su carrera política como líder de su sindicato, que ahora tiene una gran influencia política (Farthing y Kohl, 2012). Aparte del cultivo de coca, en el área hay otros recursos naturales de interés, como el petróleo, el gas natural o la agricultura a gran escala. La carretera uniría a los granjeros con los mercados de exportación, haciendo más lucrativa la agricultura. Las concesiones de exploración de hidrocarburos se otorgaron para gran parte de los TIPNIS (Laing, 2015; Wagner, 2013), y recientemente se aprobó una Ley que facilita la extracción de petróleo y gas en parques nacionales (Estado Plurinacional de Bolivia, 2015). Las autoridades públicas continúan refiriéndose al vivir bien como la regla de oro de sus políticas. En su discurso actual, esto implica la extracción de los recursos naturales para el desarrollo y el bien común (Laing, 2015). El ambiguo concepto del vivir bien ha sido utilizado con fines políticos por el mismo Gobierno, pero de distintas formas, y a lo largo del tiempo se ha ido cargando con diferentes significados.
El “indígena ecologista” como figura política
El conflicto de los TIPNIS llevó a la palestra coarticulaciones entre las preocupaciones ambientales y los derechos de los indígenas, y se popularizó una idea común en el discurso medioambiental internacional: el concepto de los indígenas viviendo bajo una inherente harmonía con la naturaleza (Dove, 2006).
El concepto del “indígena ecologista” puede articularse como un nexo para el análisis interseccional. Esta figura tiene un gran poder simbólico, y a menudo la utilización de su postura es una de las pocas posibilidades que tienen los movimientos para ganar atención y reconocimiento para sus luchas y peticiones.
Sin embargo, aunque recurrir al concepto del indígena ecologista puede resultar una estrategia efectiva para expresar una oposición a algo determinado, también puede implicar ciertos riesgos. Puede llevar a asunciones románticas y generalizadas sobre los indígenas, y a enmascarar otras relaciones de poder cruciales e interseccionales. Como hemos dicho, “indígena” no es una categoría estable ni universal, y, obviamente, las distintas comunidades indígenas poseen diferencias, y relaciones sociales complejas, con intereses diversos y con una gran variedad de formas de vida. Es más, mientras en Bolivia los conflictos ambientales y con los recursos en general se han enmarcado alrededor de la indigeneidad, tal como establecen los críticos bolivianos, estos también se relacionan con otras categorías sociales, como el género y la clase (véase Chávez y Chávez, 2012; Galindo, 2012).
Como con todas las herramientas políticas, hay un riesgo que la figura del indígena ecologista acabe en las manos de los más poderosos, reforzando los patrones de opresión existentes. En Bolivia, con una gran población indígena y un Gobierno que promueve los derechos indígenas (al menos retóricamente), el acceso a la indigeneidad ha dado lugar a la legitimidad política. En el conflicto de los TIPNIS, muchos implicados utilizaron la imagen del indígena ecologista para alcanzar sus diferentes demandas, incluyendo al Gobierno, a los activistas anticarreteras y a la oposición de la derecha, que sacó partido del conflicto para iniciar alianzas con los indígenas de las tierras bajas en un esfuerzo para debilitar a MAS (Fabricant y Postero, 2013). Evidentemente, en estos casos todos quieren negociar este concepto y adjudicárselo, y el que sea reconocido como indígena ecologista, será el que ostente el poder.
La necesidad imposible de las utopías
Me gustaría acabar con algunas observaciones sobre el lugar que ocupan las utopías en la política ambiental, y la importancia del análisis situado. Antes de nada, es necesario recalcar que el Gobierno de MAS, como cualquier agente poderoso, tiene que responsabilizarse de sus acciones. Los intelectuales y activistas critican a MAS por fallar en el cumplimiento de sus compromisos: las políticas bajo el mandato de Evo Morales han sucumbido a las relaciones coloniales internas y a los intereses comerciales.
La historia de grandes fuerzas económicas amenazando al entorno local y a las comunidades, es familiar para cualquiera con interés en la ecología política. El ejemplo boliviano presentado aquí puede interpretarse como otro capítulo en esta historia. Sin embargo, la atención en la particularidad de distintos contextos revela experiencias localizadas de las dinámicas de poder, y las complejidades que estas generan.
MAS puede promover la descolonialización y el plurinacionalismo, pero para muchos bolivianos su proceso de cambio significa una continua marginalización. El Gobierno ha adoptado medidas activas para desarticular las fuerzas críticas. Un ejemplo son sus intervenciones en las dos organizaciones indígenas más grandes del país, CIDOB y CONAMAQ (ambas jugaron un papel clave en la resistencia contra la autopista), mediante las cuales estas organizaciones fueron divididas y debilitadas (véase Andreucci y Radhuber, 2015).
Aunque el proyecto político de MAS pueda ser coherente, es difícil comprender estas visiones utópicas dentro de un sistema económico global que aboca a un crecimiento económico sin fin. La destrucción del medio ambiente y el cambio climático se reconocen como asuntos que afectan a nivel mundial, pero las respuestas concretas son claramente insuficientes. Los enfoques que dominan las agendas internacionales dejan poco margen para imaginar alternativas, y dan privilegio a soluciones técnicas y a mecanismos de mercado en lugar de a cambios sistémicos. Mientras que el Gobierno de Morales no ha recibido mucho reconocimiento formal para sus propuestas en los foros internacionales, sí que ha causado impacto a través de su insistencia en la defensa de ideas radicales. El concepto del vivir bien y el reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza han sido apoyados por movimientos ambientalistas más allá de las fronteras bolivianas. Esto indica un pequeño cambio en lo que se puede pensar en relación a las políticas ambientales, un cambio en el que tanto los políticos bolivianos como los intelectuales y activistas han jugado un papel importante.
El utópico discurso verde del Gobierno ha abierto temporalmente espacios para pensar en relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, en formas que contradicen a lo tradicional, creando espacios para la discusión y la articulación del criticismo. Los diferentes movimientos populares han actuado a favor o en contra del proyecto de MAS, formando alianzas y desarrollando estrategias en respuesta al existente clima de cambio político, y han suscrito sus propias utopías.
Por lo tanto, el clima político actual de Bolivia ha sido escenario de una violenta imposición de las relaciones de poder, pero también ha sido escenario para la creación de nuevas coaliciones críticas y creativas, y para la expresión de muestras de solidaridad más allá de las diferencias, y esto es algo que puede inspirar movimientos ambientalistas y de justicia social en otras partes del mundo.
Referencias
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* Investigadora postdoctoral, Departamento de Estudios Temáticos: Cambio Ambiental, Universidad Linköping, Suecia (anna.kaijser@liu.se)
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[1] En el análisis, usé un marco analítico interseccional elaborado por mí y por Annica Kronsell (Kaijser y Kronsell, 2014). Para más detalles sobre interseccionalidad, véase Lykke, 2010; Cho et al., 2013.
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