Rastreando la privatización del agua

Alfred Burballa Nòria

Desde que en 2010 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconociera que el derecho a agua potable y servicio de saneamiento es parte del derecho a un estándar de vida adecuado, se habla del agua como derecho humano. Por desgracia este derecho no se cumple en muchos casos. Según UN-Water[1] por ejemplo, 1 de cada 4 habitantes de una ciudad −la mitad de la población mundial vive en ciudades− no tiene acceso a un saneamiento con mínimas garantías a la vez que un 27% de la población urbana de los países en desarrollo no dispone de agua corriente[2].

Dichos problemas de acceso al agua son inseparables de lo que se conoce como gobernanza del agua (abastecimiento y saneamiento). Desde la expansión de las políticas neoliberales −principio de los 90− al ciudadano se le convirtió en cliente, y se produjo bajo distintas formas y niveles, la venda de numerosos servicios públicos; en otras palabras, tiene lugar lo que Harvey (2003) definió como un fenómeno de acumulación por desposesión[3]. Swyngedouw (2005), utilizó dicho concepto para definir la privatización del agua a escala global.

Conviene subrayar que la entrada de capital privado se puede producir de varios modos y que hay matices que conviene no ignorar (Bakker, 2007). Sin embargo, de lo que parece no haber duda, es que el agua, a día de hoy, es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo. De ello dan fe, por una parte, el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa[4]; y por la otra, la predicción del “Global Water Market report[5]” que apunta a un gasto de 1,2 trillones de dólares para el periodo 2013-2017 en instalaciones y negocios relacionados con la distribución y el tratamiento de agua.

Privatización del agua en el estado español

Según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 solo un 37% de la población española estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses[6].

En los últimos meses ha destacado el caso de Catalunya donde la Generalitat, justificándose en su crítica situación económica, decidió privatizar la empresa pública ATLL (Aigües Ter-Llobregat) encargada de gestionar el agua en alta −desde la captación hasta los depósitos municipales− que acaban consumiendo casi 5 millones de catalanes, mediante contrato con concesión a 50 años. La mayor privatización nunca ejecutada por un gobierno catalán. Dicho proceso derivó en una situación kafkiana: a la sazón, la concesión fue otorgada a Acciona quedándose Agbar −líder del mercado estatal con un control de alrededor del 30% en los municipios de más de 10.000 habitantes y propiedad del gigante transnacional francés SUEZ− fuera de la contrata. A los pocos días un órgano interno de la Generalitat, invalidaba el resultado eliminando a Acciona por no cumplir las cláusulas concursales. El mismo Gobierno recurrió la decisión tomada por dicho órgano; por su parte, la empresa Acciona también recurrió. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no les ha dado la razón, por lo que recurrirán de nuevo. Pintan bastos para el Gobierno catalán −que según detalla El País[7] descarta recuperar la gestión pública− ya que en caso de ganar AGBAR finalmente el concurso, Acciona reclamaría la devolución de 300 millones de € ya abonados, además de una indemnización por daños y perjuicios. En el momento de escribir estas líneas se desconoce el desenlace de la historia pero parece muy difícil revertir la privatización del servicio, cambio que según afirma la Plataforma Aigua és vida[8] derivará en un aumento del coste del agua a los ciudadanos, junto con una disminución de la calidad del servicio con independencia de si el gestor es Acciona o Agbar. En la misma, un miembro de la plataforma denuncia que en 17 municipios del área metropolitana de Barcelona de cuya gestión responde AGBAR no existe contrato de concesión alguno.

Más allá del frente catalán, el Canal Isabel II en Madrid puede ser la siguiente batalla en acaecer, si bien a día de hoy el proceso de privatización se encuentra en stand-by después de que expertos desaconsejaran la capitalización del Canal “en estos momentos de grave crisis”. No obstante no se descarta que la operación se retome en unos años[9]. Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento tramita la venta del 49% de la empresa municipal gestora y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se vende intenta hacer frente al proceso argumentando que la empresa pública no tiene pérdidas ni requiere de una financiación excepcional.

Parece ser pues que el debilitamiento de las instituciones públicas −con urgencias financieras debido a la crisis económica− es terreno abonado para que los agentes del capital culminen el proceso de mercantilización del agua iniciado a finales de los 90 forjado a raíz de una combinación de intereses económicos e ideología (Bakker, 2002).

Respuestas desde las comunidades y la democracia

Volviendo a Catalunya, es alentador el caso de Arenys de Munt −8.500 habitantes− donde a instancias del equipo de gobierno de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) se decidió remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua en tanto consideraron que el que les estaba dando la empresa gestora −una filial de Agbar− no alcanzaba el nivel exigible. Como consecuencia, la empresa exigió una compensación de 700.000 € por la respuesta del consistorio que ha pedido una auditoría externa que analice si la empresa cumplió con las tareas de mantenimiento.

Más allá del marco estatal, destaca Sudamérica y sobretodo Bolivia cuyos habitantes se percataron hace años que la gestión del abastecimiento de agua por parte de compañías privadas no era favorable a las comunidades locales. Tal fue el caso de la ciudad de Cochabamba en el 2000. La privatización del abastecimiento de agua aprobada el año anterior derivó en una subida en la factura de hasta un 200% (“tarifazo”)[10] y la expropiación de los sistemas de gestión comunitarios, todo bajo la influencia del Banco Mundial. Así fue que después de una huelga general que paralizó la ciudad, disturbios, represión y un adolescente muerto, la empresa Aguas del Tunari, controlada por la multinacional norteamericana Bechtel, y con la participación de Abengoa, decidió retirarse. Una vez ganada la guerra −como ellos la llamaron− llegaba el turno para algo quizás todavía más difícil: la construcción del modelo público-colectivo para la empresa municipal gestora. Una tarea, que sin duda no es coser y cantar considerando el arraigamiento en la empresa de prácticas poco lícitas junto con interferencias de las instituciones estatales y una falta crónica de financiación agravada en el sentido que las instituciones financieras internacionales no comparten el modelo propuesto o establecen unas condiciones demasiado rígidas (Sanchez & Terhorst 2005).

La cita con Bolivia no acaba aquí sin embargo, y es que nuevas movilizaciones en 2004 y 2005 −esta vez en la ciudad de El Alto− provocaron la cancelación del contrato para el abastecimiento del que gozaba la empresa Aguas de Ilimani (participada mayoritariamente por Suez)[11]. El nuevo Gobierno surgido de la elecciones de 2006 tomó cartas en el asunto asumiendo las deudas de la empresa teniendo ésta que cesar su servicio. A partir de aquí empezaría su reconversión a una empresa pública con un modelo todavía por definir. Y un último apunte sobre Bolivia no de menor importancia: la nueva Constitución de 2009 reconoce, entre otros, el derecho universal y equitativo al agua potable y su saneamiento.

¿Y en Europa? En la que fuera la madre tierra de la privatización del agua −Francia[12]− las cosas parecen estar cambiando. En París sin ir más lejos, el 2008 se decidió no renovar el contrato con Suez y Veolia −principales multinacionales del sector− y desde 2010 una nueva compañía pública −Eau de Paris− empezó a gestionar producción y distribución con resultados tan buenos como inesperados: los costes de transición junto con los de operación fueron más bajos de lo esperado, se internalizaron beneficios que antes eran extraídos y finalmente esto repercutió en el consumidor dado que al cabo de un año, el precio del metro cúbico fue reducido un 8% (Pigeon 2012). París siguió la senda marcada por Grenoble, ciudad que ya consiguiera la remunicipalización en 2000 después de que el servicio hubiera estado privatizado con corruptelas de por en medio (como la justicia francesa reconocería más tarde con sendas sentencias al exalcalde y dos gerentes de Suez) (Avrillier 2005). Parece pues que la veda para remunicipalización se ha abierto en tierras francesas: también Brest remunicipalizó su servicio desde 2012 y ciudades de la importancia de Burdeos y Toulouse se hallan inmersas en procesos para lograr tal cometido.

Del viejo continente también destaca Italia, que el pasado junio de 2011 celebró un referéndum preguntando a sus ciudadanos −entre otras cuestiones− sobre la aceptación de la gestión privada del agua con un resultado que ofrece pocas dudas al respecto, del 57% de participación más del 95% rechazó dicho proceso.

Trasladándonos a África, salta a la vista el caso de Daar es Salam (Tanzania) donde casi sin quererlo, y a efectos de una privatización fallida (el servicio ejercido por la empresa mixta formada por las multinacionales Biwater y Gauff era peor al previo a la privatización), un operador público tomó las riendas de la gestión. Debido al modo en que surgió −fallida del operador anterior− y a la propia idiosincrasia del país, el escenario para la mejora en la gestión en Daar es Salam se prevé difícil (Pigeon 2012).

A modo de conclusión

Visto lo visto, más que buscar la aplicación de teorías filomarxistas o similares en el debate en contra de la privatización de los servicios concernientes al agua, como algunos hacen a juicio de Trottier (2008), en mi humilde opinión, una línea de trabajo más interesante consiste en concienciar a la ciudadanía de que no se puede dejar en manos privadas algo tan precioso como el agua, dado que lo que el mercado persigue, es beneficio máximo a corto plazo bajo criterios mercantilistas y mecanicistas. Sin destacarse por posiciones anti-privatización Budds & McGranahan (2003: 113) lo describen así: “Dada su limitación de escala y los inciertos beneficios a reportar a sectores de bajo nivel adquisitivo no hay justificación alguna para seguir promoviendo la participación del sector privado como medio para alcanzar metas internacionales en abastecimiento y saneamiento de agua”.

Tampoco abogo por la sacralización del estado como institución que pueda asegurar tales objetivos. Ni por pensar que por ser un derecho debemos disponer de toda el agua que nos plazca, no. Como describe Arrojo[13] habría que garantizar acceso universal a la cantidad básica reconocida por la ONU (30 litros por persona y día) y a partir de aquí fijar un sistema tarifario con un segundo bloque de 100 litros más destinado a recuperar costes y un tercer tramo que grabe fuertemente al gran consumidor.

De este modo, la senda a emprender, es la de la construcción de un nuevo e integrador relato de la gobernanza del agua dentro de los comunes. Así lo plantean Bollier (2002), con una referencia a distintos ámbitos de la vida (tangibles e intangibles), y Barca (2010), refiriéndose concretamente al agua, cuya nueva concepción ha de considerar las desigualdades sociales y ser inclusiva con el mundo no-humano. La inclusión en el relato, del resto de la biosfera, lo esbozan en cierto modo la Directiva Marco del Agua en el ámbito de la UE y la nueva cultura del agua a la vez que hay propuestas y proyectos surgidos en Latinoamérica en dicha línea, habría pues que seguir profundizando en estas líneas. Respecto a la consideración de la desigualdad social, habría que fortalecer las estructuras democráticas y participativas desde la base sin excepciones.

Autor: Alfred Burballa Nòria. Casal Ocell Negre, Lleida.