Pablo Gilolmo Lobo [*]
Palabras clave: Namibia, apartheid, reparto de la tierra, colonialismo, mercado
Namibia logró su independencia de Sudáfrica en 1990. En 1962 el gobierno sudafricano había encargado a la ‘Odendaal Comission’ un informe para el desarrollo económico, que concluyó con la propuesta de reorganizar la división del país entre tierras exclusivas para granjeros blancos y reservas de nativos (Werner, 2011: 28-30). Este sistema de apartheid (ya presente en lo que hoy es Namibia desde 1951) estaba destinado a dar continuidad a un modelo de planificación que respondía a lo que podríamos llamar teoricamente racismo filosófico eurocentrado, articulado teórica e históricamente con criterios económicos y demográficos provenientes de la teoría del espacio vital de Friedrich Ratzel (Olusoga, 2004). En efecto, en el periodo de dominio de Alemania (1885-1919) la empresa colonizadora sobre la entonces conocida como South West Africa se planteó no sólo como movimiento geoestratégico frente a otras potencias, sino también como una forma de ampliar el territorio nacional ante el crecimiento demográfico.En el proceso se promovió la anexión militar de vastos territorios con el fin de establecer en ellos grandes granjas comerciales, y se procedió al desplazamiento de nativos y a su utilización como fuerza de trabajo (Olusogo, 2014).
Esta política continuó durante el mandato sudafricano obtenido después del Tratado de Versalles, promoviendo el desplazamiento de granjeros blancos desde la superpoblada provincia del Cabo y arrinconando cada vez más a las poblaciones nativas en las reservas (Botha, ver la pagina web [1]). La reorganización del apartheid del ‘Odendaal Plan’ indica cómo aquellos criterios económicos y raciales continuaron reciclándose después de la II Guerra Mundial. Además, estas políticas alcanzaron altos grados de oficialidad institucional. Si bien en los inicios de la colonización alemana existía una coexistencia en el espacio de los blancos asentados y los africanos, con el ‘Odendaal Plan’ se alcanzó la más escrupulosa separación, sancionada legalmente. En las zonas destinadas a granjas se establecía la absoluta exclusividad para las familias blancas, mientras que los africanos debían contar con un permiso expedido sólo en caso de ser trabajadores por cuenta de los terratenientes, que en la práctica tenían derechos de disposición incluso sobre sus vidas. Esta sistematización y burocratización del horror puede considerarse un exponente más del integrismo racionalista eurocéntrico.
Mapa 1. Parcelación de la región Otjondjupa. (Fuente: modificado de Gilolmo, 2014)
El mapa 1 proviene de la investigación del autor para su tesis de máster en la University Of Namibia, que consistió en una caracterización espacial y análisis del reparto de la tierra en la región de Otjozondjupa en el año 2012, y una comparativa de la degradación ambiental entre distintos tipos de tenencia (Gilolmo, 2014). Esta región fue elegida para el estudio por ser representativa, al estar presentes dos tipos de tenencia de la tierra (comunal y privada) y algunas de las prácticas no reguladas (como el cercado ilegal por parte principalmente de agentes privados). Además, y sirviendo de precedente a los procesos actuales, en la época del apartheid ya hubo planes de desarrollo que implicaban la privatización de tierras comunales. En esta región la actividad agraria principal es la cría de ganado bovino, y conviven grupos de procedencia europea, Herero y San.
La reforma de la tierra fue una de las principales motivaciones de la lucha de liberación (Botha, sin fecha) pero sus avances son muy limitados. La división entre tierras comunales y privadas continúa exactamente igual que antes de la independencia. En las tierras comunales los planes de desarrollo prevén, como ya se ha hecho en las regiones de Kavango, Ohangwena, Oshikoto y Omusati (Meijs, Hager Y Mulofwa, 2014), supeditar los derechos sobre la tierra a criterios económicos que conllevan su privatización, con el objetivo de homologar su actividad a la de las granjas privadas establecidas durante la colonización. Esta privatización tiene precedentes históricos con la administración sudafricana la cual, siguiendo las recomendaciones del ‘Odendaal Plan’, dividió y asignó a los africanos más pudientes parcelas de tierra para su desarrollo como granjas comerciales (ver «pre-independence allocations» en el mapa) (Werner, 2011). Al mismo tiempo, la privatización ha continuado después de la independencia a través del cercado y apropiación ilegal de tierras comunales (ver «illegally fenced on the commonage» en el mapa) (Odendaal, 2011; Werner, 2011). Los planes de desarrollo del gobierno, amparados por la cooperación alemana principalmente, pretenden ahora regularizar el cercado ilegal (MLR et altera, 2012:6, 28-29), avalando así la desposesión sufrida por los sectores de población rural menos adinerados. En consonancia con los postulados liberales más conocidos (p. ej.: Hardin, 1968), estos planes de desarrollo se justifican en parte en la necesidad impuesta por la degradación ambiental supuestamente agravada por la tenencia comunal de la tierra. Existen evidencias, basadas en el estudio de largas series temporales de índices de vegetación (NDVI), que cuestionan seriamente esta suposición. (cf. Gilolmo, 2014: 64-100).
En la zona privada («Tenure in private Land») resulta clara la importancia de la clase, el capital y el mercado de compraventa de tierras que, además de la raza, determinan la estructura de propiedad (los siguientes datos provienen de Gilolmo, 2014: 42-53). El 73,7% de las tierras privadas siguen perteneciendo a propietarios blancos (en azul en el mapa). Esto indica la permanencia del sesgo racial. El 26,3% restante se divide entre propietarios africanos de la siguiente manera: un 24% ha sido adquirido con fondos propios (private funds), un 63,9% ha sido adquirido gracias a créditos subsidiados por el estado (state loan), y un 12,1% (resettlemet) corresponde a los programas de reasentamiento gubernamentales. Este reparto implica que un 87,9% (24+63,9) de las tierras accedidas por africanos desde la independencia pertenecen a personas con un grado de capacidad económica entre medio-alto (créditos subsidiados) y muy alto (fondos propios). Sólo el 12,1% de la tierra repartida ha sido puesta en manos de la población en situaciones económicas más precarias (ibid.). Esto indica que cuando las desigualdades raciales son superadas lo hacen en favor de aquéllos con capacidad para participar en el mercado de tierras, lo que alude a la clase y a la acumulación de capital, probablemente conectados con el favoritismo político. Es curioso que durante la investigación que dio lugar al mapa 1 no fuese posible hallar publicada representación alguna que diera cuenta del reparto de la tierra en función de categorías que permitiesen observar las particularidades descritas más arriba, a pesar de existir los datos y la capacidad para ello.
Discusión
Si bien en el pasado los criterios de la desigualdad se resumían fácilmente en el argumento de la diferencia racial, hoy en día esos mismos criterios siguen reciclándose bajo la apariencia de razones económicas de carácter técnico. Se atiende principalmente a la capacidad para pagar por la tierra (es decir, para obtener tierras de acuerdo a las leyes del mercado), y a la capacidad para producir. En la práctica estos dos criterios se unifican, y como indican los porcentajes de acceso a la tierra en función del estatus socio-económico, se favorece el acceso a aquellos con la capacidad de pagar por la tierra, asumiendo que éstos son quienes mayor capacidad tienen para obtener producción. La experiencia demuestra las fallas de esta lógica. Uno de los principales resultados indeseados del proceso redistributivo es que los nuevos propietarios no usan la tierra para producir, sino que la valoran como símbolo de estatus social (Shigwedha, 2005). Esto ocurre principalmente entre los propietarios que han adquirido sus tierras con fondos propios, es decir, precisamente los de mayor capacidad económica. Entre los que han adquirido tierras a través de créditos subsidiados, los niveles de morosidad son elevados. (Duddy, 2012). Además, la suposición de que el modelo de producción implantado por los europeos sea el mejor posible es cuestionable. Por lo tanto, también es cuestionable la necesidad de equiparar a aquel toda actividad agrícola, más aún al existir estudios que cuestionan que la privatización estimule la inversión y la productividad (Moyo y Chambati, 2012). El modelo colonial de granjas comerciales se puso en marcha y se mantuvo gracias a una enorme cantidad de subsidios, aparte de contar con otras ventajas importantes, como la gratuidad de la tierra y de la fuerza de trabajo de las que se benefició. En la actualidad, en ausencia de éstos subsidios y ventajas, este modelo atraviesa dificultades para poder mantenerse.
Pero aunque los nuevos propietarios sí llevaran a cabo un buen aprovechamiento económico de las tierras adquiridas, o la privatización resultara en un aumento de las inversiones y de la productividad, lo que encontramos en el fondo de estos asuntos es una cuestión de valores. La lógica de que la tierra no debe pertenecer a quien no tenga por objetivo sacar el máximo beneficio de ella destila del mismo modelo de jerarquización racial y epistémica (Santos, 2014; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 13-14), que existía bajo el apartheid. Puesto que este es un criterio colonial y capitalista que entiende la tierra como un bien exclusivamente económico, se infravaloran los otros aspectos que la tierra significa bajo una perspectiva africana. Muchos namibios asocian el derecho a la tierra con el derecho a vivir dignamente en comunidad, lo que incluye, pero no se limita, a la producción de alimentos. Esto explicaría en parte que se compren tierras pero no se utilicen para producir, pero al mismo tiempo muestra un desvío respecto al valor de tierra en la cultura tradicional, desvirtuando su significación social y adaptándola al marco capitalista que asocia estatus social y propiedad privada. Los valores coloniales se justifican actualmente gracias a la asepsia objetiva de los balances de negocio (que sólo tiene en cuenta la producción) en lugar de basarse en el racismo científico explícito como ocurría en el pasado. En otras palabras, la novedad es que hoy el negro puede redimirse de su condición de negro (y todo lo que ello implica bajo los postulados del racismo sistémico) a condición de que sea rico. Se puede aventurar que el criterio económico como única legitimación posible del derecho a vivir dignamente presenta una continuidad con el integrismo racionalista mencionado anteriormente, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias materiales.
Referencias
Botha, C., The Odendaal Plan: «Development» for colonial Namibia, http://www.namibweb.com/oden.htm consultado el 11 de octubre de 2014.
Casto-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (2007), El Giro Decolonial. Reflexiones para una Diversidad Epistémica Más Allá del Capitalismo Global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Duddy, Jm. (2012), Millions of Loans in Arrears. (thesmoothiebus.com) Agribank Exceeds Targets. The Namibian, 5 de diciembre. http://www.namibian.com.na/indexx.phparchive_id=103171&page_type=archive_story_detail&page=5 consultado el 7 de diciembre de 2012.
Gilolmo, P. (2014), Land Reform In Namibia Spatial Analysis And Land Degradation In The Otjozondjupa Region. Tesis de Máster en Geografía presentada para la University of Namibia.
Hardin, G. (1968), The Tragedy of the Commons. Science New Series, vol 162, p. 1243-1248.
Meijs, M., Hager, C.p. Y Mulofwa, J. (2014), Local Level Participatory Planning, an Approach Towards Tenure Security and Development Planning. Paper prepared for presentation at the «2014 World Bank Conference On Land And Poverty». The World Bank – Washington DC, March 24-27. http://www.oicrf.org/document.asp?ID=13952 consultado el 6 de agosto de 2014.
Mlr, Kfw, Gopa Y Ambero (2012), Road Map – «Support to Land Reform and Infrastructure Development in Communal Areas» Programme. Windhoek: MLR.
Moyo, S. Y Chambati, W. (2012), Unlocking the Economic Potential of Communal Land: Regional/African Experiences. EN RESEARCH DEPARTMENT-BANK OF NAMIBIA (Ed.), Bank of Namibia 14th Annual Symposium 2012. Unlocking the Economic Potential of Communal Land (pp. 38-74). Windhoek: Bank of Namibia.
Odendaal, W. (2011), Land Grabbing in Namibia: A Case Study from the Omusati Region, Northern Namibia, http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/82_Willem_Odendaal.pdf consultado el 11 de octubre de 2014.
Olusoga, D. (2004), Genocide & the II Reich, http://www.youtube.com/watch?v=O4OZ7Xc5pWQ » http://www.youtube.com/watch v=O4OZ7Xc5pWQ consultado el 7 de mayo de 2012.
Santos, B.s. (2014), Más Allá del Pensamiento Abismal: de las Líneas Globales a una Ecología de Saberes. EN SANTOS, B.S Y MENESES, M.P (Eds.), Epistemologías del Sur (Perspectivas) (pp. 21-66). Madrid: Ediciones Akal.
Shigwedha, A. (2005), Farms should not be seen as ‘status symbol’:Shangheta. The Namibian, 6 de julio. http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=13555&page_type=archive_story_detail&page=6170 consultado el 9 de agosto de 2013.
Werner, W. (2011), «What has happened has happened». The complexity of fencing in Namibia’s communal areas. Windhoek: Legal Assistance Centre.
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[*] Investigador independiente (gilol99@hotmail.com)
[1] http://www.namibweb.com/oden.htm
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