Francisco F. Herrera [1] y Iokiñe Rodríguez [2]
Introducción
A diferencia de otros minerales como la bauxita y el hierro, o fuentes energéticas como el petróleo y el carbón, el oro tiene valor desde su centro de origen. Una vez logrado el proceso de extracción (separación del oro de su entorno mineral), fenómeno que ocurre en el propio yacimiento e incluso de forma prácticamente artesanal, este adquiere valor. Este aspecto genera tensiones sociales desde los propios yacimientos, que involucran tanto a los actores formales de la actividad, como al entorno informal asociado. De igual manera, la extracción de oro es un proceso altamente degradante, por involucrar impactos severos a los ecosistemas, cuerpos de agua y suelos, y por tanto a la einterrelación entre las comunidades y el ambiente. Latinoamérica no escapa a esta realidad y son numerosos los conflictos socio-ambientales en la región relacionados con la actividad aurífera (Urkidi y Walter, 2011).
La búsqueda de soluciones a la creciente conflictividad minera de la región requiere avanzar hacia la construcción de escenarios de mayor justicia ambiental en la planificación de territorialidades y el uso de los recursos naturales. Sin embargo, para ello es indispensable superar la visión de justicia ambiental como un tema meramente re-distributivo y abordar las dimensiones participativas y de reconocimiento de las diferencias culturales, que es donde se encuentran las raíces más profundas de la conflictividad minera en la región.
Exploramos estas tensiones desde diferentes nociones de justicia ambiental en el escenario de conflictos mineros en el sur de Venezuela, donde en los últimos 10 años la minería de oro ha sido causa de una creciente conflictividad socio-ambiental en el país.
Justicia Ambiental: ¿un tema de distribución, participación o reconocimiento?
Inicialmente, la Justicia Ambiental se focalizó en aspectos relacionados con tensiones generadas por la distribución desigual en los costos (impactos) y beneficios de las actividades degradantes del ambiente. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que la dimensión distributiva es insuficiente para superar las injusticias ambientales, dado que tiende a reducir los tensores a aspectos socio-económicos. Por ello, la dimensión (cultural) del reconocimiento del otro adquiere una relevancia especial en el cuerpo de ideas de la disciplina, no sólo como el esfuerzo por destacar el reconocimiento de la dignidad de todos los individuos, pero en una escala mayor, el reconocimiento de identidades colectivas, con sus particularidades en términos de necesidades, inquietudes, formas de vida, cosmovisiones, etc. Igualmente se ha incorporado cada vez más la dimensión política, donde se involucran las nociones de inclusión/exclusión y mecanismos de participación en su sentido más amplio. Es importante recordar que la dimensión política varía en la práctica dependiendo de cómo es conceptualizada y puesta en práctica la participación, desde escalas de mayor control por parte de los actores con poder (información, consulta, colaboración) hasta escalas de mayor autonomía local (movilización). Mientras más autónomas sean las formas de participación local, más posibilidades tienen los sectores marginados de superar las condiciones de marginación. Así mismo, más posibilidades tienen de desplegar estrategias de confrontación al orden establecido apegándose al mundo de los significados; es decir: sus propias formas de ver, valorar y definir el mundo.
Minería de oro de pequeña escala, Estado Bolívar, Venezuela (Autor: Danny Franco)
Con estos conceptos como herramienta de análisis, se aborda la conflictividad de la actividad minera al sur del río Orinoco durante el último lustro y se exploran las principales limitaciones y retos para la trasformación de este tipo de conflictos.
Panorama de la conflictividad de minería de oro
En Venezuela el imaginario nacional está determinado por mitos, narrativas e imágenes profundamente signadas por nociones de abundancia de recursos y progreso (Terán 2014). En el ámbito particular de la minería de oro, ésta se circunscribe fundamentalmente a la región al sur del país, espacio que el venezolano concibe como pletórico de recursos hídricos, biodiversidad, recursos mineros y culturalmente diverso, por constituir el territorio ancestral de Pueblos indígenas.
En líneas generales, pueden establecerse tres modalidades de minería en Venezuela: la artesanal, la pequeña y mediana, y la gran minería. La conflictividad minera en el sur de Venezuela en el último lustro ha estado asociada fundamentalmente a la pequeña y mediana minería (en gran parte ilegal), practicada por mineros nacionales e internacionales, sectores del gobierno y en menor medida indígenas. Utiliza maquinaria que va desde balsas, motobombas, tuberías, hasta conformar lo que se conoce como monitores hidráulicos; explota tanto al aluvión (sedimento arrastrado por corrientes) como a la saprolita (material meteorizado contentivo de oro); tiene rendimientos anuales importantes; y se considera altamente degradante de los ecosistemas (no sólo por el uso de mercurio como extractante sino porque implica también la deforestación de grandes superficies y grandes aportes de sedimentos a los cuerpos de agua (Milano, 2014)).
Este tipo de minería acarrea grandes dificultades para la gobernabilidad ambiental en la región. A continuación se utilizan como ejemplos algunos focos de conflictividad que han tenido eco a nivel nacional durante los últimos diez años, para ilustrar esta situación de ingobernabilidad y las diferentes nociones de justicia ambiental que subyacen en los mismos.
Conflicto de La Paragua: la actividad minera en la cuenca del río Caroní, que incluye la subcuenca de La Paragua, está prohibida por las implicaciones negativas que tiene sobre la actividad hidroeléctrica que se genera aguas abajo en el sistema del Guri. Sin embargo, la extracción de oro ocurre en esta región desde hace varias décadas. En abril de 2010 se anunció el Plan Caura por parte del Ejecutivo Nacional, el cual implicó un amplio despliegue militar en la zona con el objetivo de erradicar la actividad minera; sin embargo, a pesar de la aparente movilización de más de 15.000 mineros en la región [3], la actividad continuó y, según declaraciones de actores locales, con el agravante de contar con la participación de efectivos militares como agentes de cobro de vacunas y de abuso de poder. Las tensiones generadas por estas relaciones Estado-mineros-indígenas se tradujo en un acto violento (y por tanto, noticioso), cuando representantes de la comunidad Pemón del Alto Paragua, tomaron como rehenes a una veintena de oficiales de la Guardia Nacional en rechazo al abuso de poder en la mina Tonoro, que estaba bajo el control de indígenas Pemón. Alegaban que esas tierras les pertenecían y que allí gobernaban ellos. Luego de un período de negociación los militares fueron liberados y se acordó la no-toma de represalias, lo que no se cumplió y, al cabo de un tiempo los caciques de las comunidades involucradas fueron detenidos y sujetos a la justicia militar, lo que ocasionó un segundo conflicto. Eventualmente los capitanes detenidos fueron liberados.
Conflicto del Caura: la cuenca del río Caura era considerada uno de los parajes menos afectados por el desarrollo; es albergue de al menos siete Pueblos Indígenas y poseedora de una biodiversidad única. No es de sorprender que la actividad minera estuviese prohibida. Sin embargo, en el último lustro la penetración por mineros ilegales ha ido incrementando al igual que las denuncias [4]. Se considera que existen más de 3.000 mineros en el Alto Caura, sector altamente custodiado por la Fuerza Armada, y donde el acceso es sencillo de controlar debido a la topografía y la dependencia del río como vía de aproximación. No obstante, al igual que en el conflicto de La Paragua, se denuncia la complicidad del sector militar, atribuyéndosele el cobro de comisiones – aparentemente en oro – y las mencionadas vacunas para permitir el paso de equipos y combustibles. En el conflicto del Caura las demandas de los indígenas son distintas que las apreciadas en la cuenca del Caroní. Según declaraciones del coordinador general de Kuyujani, el conflicto no lo determina la participación en la extracción sino que, por el contrario, se fundamenta en la diferencia entre las cargas valorativas de los mineros y las comunidades locales: “Reconocemos que el trabajo es un derecho humano y como tal lo respetamos, pero debe ejercerse con responsabilidad, porque las consecuencias de esta práctica amenazan los derechos que todos tenemos, de contar con un ambiente sano, agua limpia, seguridad, tranquilidad y a una vida en armonía que tenemos los Yekwana y Sanema que allí vivimos”[5].
Conflicto del P. N. Canaima: quizás con menos cobertura mediática, pero no menos importante, se conocieron las denuncias de presencia de mineros en el parque nacional. Una gran parte de comunidades Pemón considera la presencia de actividades ecoturísticas en la zona de gran importancia, ya que constituyen una creciente fuente de empleo, y que la minería no se justifica. En sus términos expresan: «Nosotros tenemos que aprovechar la naturaleza de manera responsable, y la minería no es el camino. Al final quienes se benefician de la minería son los dueños de máquinas y el daño queda» [6]. Sin embargo, con la caída de la actividad turística en la zona en los últimos años, muchas comunidades Pemón han comenzado a practicar la pequeña minería, lo que ha generando tensiones entre diferentes sectores del Pueblo Pemón y gran rechazo en la opinión pública.
Un balance final: la tensión re-distribución-reconocimiento
Para el análisis de los conflictos esbozados anteriormente, es menester separarlos en dos grupos: los casos en que las comunidades son partidarias de la actividad minera y aquéllos en que hacen un llamado al cese de la actividad minera por considerarla inapropiada o innecesaria.
En el caso de La Paragua, la comunidad Pemón del Alto Paragua asume que el oro es un recurso que “puede” ser explotado. El conflicto se relacionan al cómo, pero el porqué explotar oro no está en cuestionamiento; por lo tanto se circunscribe dentro de los escenarios políticos de beligerancia a la escala de regulación. Sin embargo, el llamado a la regulación cuestiona y confronta la capacidad Estatal en esta materia y propone más bien control local en la actividad minera. Vale resaltar que la exigencia de participación en la actividad minera, en este caso, surge como reclamo por la demora gubernamental en la demarcación y titulación de los territorios de los Pueblos Indígenas, sumado a las medidas que les impiden beneficiarse de los recursos del subsuelo (como el Decreto Presidencial 8413 aprobado sin consulta, mediante el cual se nacionaliza la exploración y explotación del oro). De modo que la participación en la actividad minera es una manera de enfrentar el posible desplazamiento de sus territorios y las subsecuentes relaciones de dominación por parte de actores externos. En el fondo se trata de reclamos de justicia no resueltos en las dimensiones de participación y reconocimiento, que se afrontan en el corto plazo a través de una exigencia distributiva.
Minería de oro de pequeña escala, Estado Bolívar, Venezuela (Autor: Danny Franco)
Sin embargo, aun cuando la participación en la actividad minera es una manera de ejercer de facto el derecho territorial, tal y como lo sostiene la antropóloga Nalúa Silva, el no-cuestionamiento a la minería pone en peligro la propia supervivencia cultural de los pueblos indígenas. “En la mina se trastocan las relaciones sociales propias de los pueblos y comunidades indígenas. Lo público se privatiza y el afán de lucro individual sustituye la búsqueda del beneficio colectivo. La mina tiene un efecto devastador no sólo sobre la naturaleza, sino sobre las etnias. El resultado final es la pérdida de la identidad cultural y la desaparición del pueblo indígena como tal” [7].
Por su lado, los conflictos del Caura y el P.N. Canaima – en los cualles se rechaza la minería – hacen ver como los imaginarios locales de protección de la naturaleza, de diversidad cultural, respeto a los ancestros y los espíritus de la naturaleza, de noción de arriesgar el futuro por acciones en el presente, se contraponen con los valores de desarrollo que prevalecen en el modelo hegemónico de quienes detentan el poder. A pesar de operativos temporales, poco se hace para acabar de raíz con la minería en el Caura y en Canaima. Hay un consenso social sobre “el progreso” para el sur del país que impide que valoraciones alternativas de los Pueblos Indígenas tengan reconocimiento en las visiones dominantes de desarrollo. Así vemos, por ejemplo, como sectores técnico-científicos, que reconocen que la extracción del oro es ambientalmente conflictiva, que genera muchos remanentes y consume energía, igualmente asumen que existe abundancia del recurso, y que ello implica el sacrificio de algunas cuencas. Esta posición es acompañada además de poderosas imágenes de Venezuela como país potencia energética-minera mundial, construidas desde el propio poder hegemónico.
Estamos, pues, en presencia de conflictos que se circunscriben a la esfera de lo simbólico, dado que racionalidades distintas se confrontan sobre los diferentes significados de territorialidad, bienestar y desarrollo.
Las políticas redistributivas del Estado, a través del establecimiento de cooperativas mineras locales o programas de alimentación, salud, vivienda y educación, denominados misiones (MINCI, 2014), pueden conducir a una disminución de la conflictividad; más aún si se abren espacios de participación en donde las partes en conflicto puedan deliberar aspectos tangibles inmediatos, como la necesidad de empleo; escenarios que se propician con frecuencia por parte de autoridades del gobierno. Pero el foco en las dimensiones distributivas abre pocas oportunidades para cuestionar la racionalidad económica y la lógica de desarrollo que hay detrás de la minería. Tal y como lo señala Gudynas (2009), “las medidas de compensación social que se financian desde el extractivismo generan una legitimidad social a los gobiernos progresistas, y hacen más difícil poder discutir esos emprendimientos productivos. Aquéllos que cuestionan el extractivismo estarían “en contra” del progreso nacional, y hasta podrían poner en cuestión el financiamiento de los planes de asistencia.”
Sin embargo, para avanzar hacia una situación de mayor justicia ambiental en la planificación territorial es indispensable propiciar iniciativas de reflexión colectiva y deliberación pública donde la racionalidad de la actividad minera pueda ser críticamente analizada, y las visiones de desarrollo y bienestar de sectores marginados logren escalar a niveles de significación más amplios, para tener eco y apoyo más allá de los actores inmediatos del conflicto. En este sentido, los planteamientos de Gudynas (2011), de buscar transiciones hacia el post-extractivismo en el continente son fundamentales.
Referencias
GUDYNAS, E. (2009) Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. HYPERLINK «http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf»http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf Consultado el 10 de abril de 2015.
GUDYNAS, E. (2011) “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo” en WANDERLEY, F. (ccordinadora) El desarrollo en cuestión, Reflexiones desde América Latina, p. 379-410. Bolivia.
MILANO, S. (2014) “Venezuela” en La realidad de la minería ilegal en países amazónicos. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, p. 218-247. Lima, Perú.
MINCI. (2014), Las Misiones Sociales. Caracas, Ediciones del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
TERÁN, E. (2014), El fantasma de la Gran Venezuela. Un estudio del mito del desarrollo y los dilemas del petro-Estado en la Revolución Bolivariana. Caracas, Fundación Celarg.
URKIDI, L. y WALTER, M. (2011), Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America, Geoforum vol. 42, p. 683-695.
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[1] Investigador, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (ffherrera@gmail.com)
[2] Investigadora, Escuela de Desarrollo Internacional, Universidad de East Anglia, Gran Bretaña
[3] http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/gracias-aldialogo-y-abordaje-social-fanb-rangel-silva-plan-caura-ha-retirado-a-15-000-personas-mineria-ilegal/
[4] http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineriavenezuela/mineria-ilegal-atenta-contra-la-cuenca-del-rio-caura
[5] AN conoció denuncias sobre minera ilegal en el Caura: http://www.diarioelprogreso.com/edi-020308/html/pag07-a.htm.
[6] http://www.finanzasytributos.com/main/index.php?mod=-MMA&id=10526.
[7] Por: EDGAR LÓPEZ (2012) Continua la explotación ilegal de oro en el sur de bolívar Alto Paragua: En las minas la fuerza sustituye la legalidad AMBIENTE | MINEROS, Politica | Opinión EL NACIONAL Disponible en: http://tatuy.net/web/mina-oro-pemones-laparagua/
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