Gustavo García López [1]
Una visión política de los comunes
Casa Pueblo no es una de esas grandiosas construcciones de partidos ‘del pueblo’ o gobiernos populistas autoritarios. Es un experimento colectivo desde la solidaridad y el compromiso que surgió de la lucha por defender un territorio y su gente contra el despojo minero vestido de ‘desarrollo’. Hoy es mucho más: el intento de construir una casa que es a la vez un pueblo, un pueblo que sirva de semilla y esperanza para una “patria geográfica” caribeña más justa y ecológicamente sustentable.
En el contexto actual de crisis y austeridad, que es también una crisis de imaginarios radicales, se ha perdido mucha de la capacidad de imaginar alternativas al capitalismo (Smith, 2010). No obstante, de la experimentación y el debate en el seno de nuevas luchas sociales han comenzado a surgir nuevos imaginarios y prácticas. Tal es el caso de los “comunes”. En este trabajo utilizaré el caso de Casa Pueblo para elucidar el potencial de ese tipo de imaginarios.
En la economía institucional los comunes se refieren a recursos naturales y ambientales compartidos, como los bosques, el agua, las pesquerías y el aire (Ostrom, 1990). Otras tradiciones los definen como las relaciones sociales de cooperación y solidaridad (un ‘estar en común’) que sostienen territorios y recursos comunes (Bollier, 2014; De Angelis, 2001; Reid y Taylor, 2010) [2]; o “estructuras que conectan” a unos actores sociales con otros y a éstos con la ecología (D’Alisa, 2013).
Bosque del Pueblo (Fuente: www.adjuntaspr.com/bosque_modelo/)
Este enfoque en procesos de autogobierno (self-governance) está fuertemente ligado a nuevas formas de pensar la soberanía, no desde el estado-nación o desde el individualismo del mercado, sino desde lo común(itario): la autonomía para auto-organizarse y decidir en forma colectiva y solidaria sobre una diversidad de modos alternativos de ser/vivir: el tipo de economía, de gestión ecológica, de toma de decisiones, etc.[3]
La auto-gestión, no obstante, es insuficiente para entender las luchas actuales en favor de los comunes y su potencial para una transformación sistémica. El acercamiento institucional obvia la persistencia de fuerzas político-económicas del desarrollismo capitalista que buscan el encerramiento (enclosure) y despojo (dispossession) de los comunes, así como la gestión de los movimientos que resisten a estas fuerzas.
Un enfoque político de los comunes propone entenderlos desde cuestionamientos a las estructuras político-económicas hegemónicas y la búsqueda de modelos alternativos de sociedad que trasciendan el ámbito local. Como han planteado varios autores, para recuperar los comunes en su dimensión ecológica es indispensable recuperar la dimensión cívica (los espacios y prácticas públicas de la soberanía popular; la res pública), así como la concepción de un bien común (commonwealth). A su vez, la recuperación de lo cívico debe pasar por un regreso a nuestra ecología. Como plantean Reid y Taylor (2010), lo cívico se debe dar en un lugar/espacio (territorio, espacio público) y está asociado a la producción y reproducción de identidades, conocimientos, procesos contestatarios y lazos individuales y colectivos.
En este trabajo analizo estas formas de co-constitución de luchas sociales y comunes desde la experiencia de 35 años en la Cordillera Central de Puerto Rico de la organización comunitaria Casa Pueblo, la cual no sólo derrotó, tras quince años de lucha, un mega-proyecto minero, sino que transformó su lucha en un proyecto de autogestión comunitaria; una “revolución comunitaria”, en palabras de sus líderes (Massol González et al., 2006). Más que probar un planteamiento teórico específico, me interesa aquí explorar las reflexiones que nos ofrecen los propios movimientos en sus prácticas y discursos, que suelen trascender las teorías así como las ideologías de izquierdas (cf. De Angelis, 2003; Martínez Alier et al., 2014; Velicu y Kaika, 2015).
Desde la experiencia de Casa Pueblo quisiera argumentar dos cosas. Primero, que los movimientos pro-comunes y por la soberanía – que surgen vinculados a la defensa de territorios particulares – fomentan nuevos modelos de organización social y económica, de gestión del territorio, y de relaciones con la ecología, así como cambios importantes en la política estatal sobre los comunes. Segundo, que la construcción de modelos alternativos de soberanía desde los comunes no reside sólo en el proceso de comunión propiamente. Más bien, reside en un cuestionamiento consciente y continuo a las estructuras jerárquicas-autoritarias del estado y al despojo de los comunes, y, más aún, en convertir ese cuestionamiento en propuestas para proyectos alternativos para una sociedad distinta. De esa forma, las “soberanías locales” se transforman en soberanía popular.
Esta experiencia aporta a los planteamientos de De Angelis (2013) sobre la necesidad de ir más allá de la falsa dualidad entre el neoliberalismo (Plan A) y el Keynesianismo (Plan B) como soluciones a la crisis, y pasar por un “Plan C+D”, de los comunes y la democracia: los comunes solo pueden expandirse con una nueva política realmente democrática, a la vez que en ellos se sustentan las luchas y las transformaciones políticas. En ese sentido, los comunes son también espacios de creación de resistencias, alternativas, e imaginarios anti-capitalistas (Caffentzis, 2010).
Por tanto, es importante entender y analizar más a fondo como surgen nuevos procesos de comunión y de gestión del territorio como parte de luchas contra los proyectos de despojo del desarrollismo; así como los cuestionamientos de estos movimientos a las estructuras hegemónicas de ‘democracia’ liberal y ‘desarrollo’ capitalista desde el ejercicio en vez de la demanda de la igualdad política y la justicia ambiental (Velicu y Kaika, 2015).
Del desarrollo colonial a la “revolución comunitaria” en Adjuntas, Puerto Rico
El archipiélago de Puerto Rico, ex-colonia española y colonia de los Estados Unidos desde 1898, es ejemplo claro de las transformaciones socio-ecológicas asociadas al modelo de desarrollo en un contexto de “colonialismo ambiental” (Atiles-Osoria, 2013; Concepción, 1995). A partir de los años 40, el modelo agrícola industrial del país fue transformado radicalmente con el proyecto de industrialización “Manos a la Obra”, fuertemente promovido por Estados Unidos. Junto a este vino la expansión del poder político, económico y militar estadounidense, y también un proceso amplio de encerramientos de bienes comunes para alimentar esta acumulación de capital. Simultáneamente, Estados Unidos impuso el modelo de “parques naturales”, que fue separando progresivamente a la gente del bosque (Massol González et al., 2006).
En la década de 1950, con la necesidad de materias primas para alimentar el “boom” económico estadounidense de la posguerra, proliferaron en el país los permisos de exploración de minerales y una empresa estadounidense presentó oficialmente una propuesta para la explotación minera a cielo abierto (para cobre y oro) en 14,000 hectáreas de la Cordillera Central (Colón Rivera et al., 2014).
La primera lucha ambiental en Puerto Rico surge contra ese proyecto, primero con el lema nacionalista de “Minas puertorriqueñas o cero minas” y luego argumentando contra su impacto ambiental (Concepción, 1995; Colón Rivera et al., 2014). El proyecto fue derrotado por primera vez en 1968 y nuevamente en los años 70, pero resurgió en 1980, como parte de un gran plan de industrialización y desarrollo de infraestructura diseñado por Estados Unidos (Cela, 2014; Ruiz Marrero, 2014). En respuesta, en el pueblo de Adjuntas se creó la entidad comunitaria Taller de Arte y Cultura para retomar la lucha con los lemas de “Sí a la vida, no a las minas”, y “Cero minas bajo cualquier estatus”[4]. Para el Taller, el asunto no era ya sobre la distribución de costos y beneficios o sobre la soberanía política de Puerto Rico – temas centrales en el comienzo de la lucha – sino que Puerto Rico se volvería inhabitable y se convertiría en “un terraplén militar e industrial” (Massol Deyá, citado en Cela, 2014).
Marcha contra el gaseoducto, 1ro de mayo de 2011 (Autor: Julissa Zoé Corporán)
Posteriormente, como parte de su proceso de evolución hacia un proyecto de autogestión comunitaria, el Taller se rebautizó como “Casa Pueblo”, nombre que sugiere mucho sobre los comunes y la soberanía. En 1995 Casa Pueblo logró que el entonces gobernador enmendara la Ley de Minas para prohibir la minería a cielo abierto (Ley 73-1995). Pero consciente de la posibilidad de futuras leyes que volvieran a permitir la explotación minera, Casa Pueblo no se limitó a esa ‘victoria’ de política pública y propuso exitosamente que en los terrenos se designara un bosque estatal, aptamente nombrado Bosque del Pueblo –la primera designación de este tipo en treinta años – y firmó un acuerdo de gestión compartida (co-manejo) del bosque con el gobierno, el primer acuerdo de este tipo en Puerto Rico.
De ese modo, Casa Pueblo dio un primer e importante paso para aniquilar la amenaza minera, vinculando su lucha a un proyecto alternativo de auto-gestión del territorio. Pasó de la protesta a la propuesta, y sustituyó la destrucción con la vida (Massol González, citado en Cela, 2014). Esta propuesta En otras palabras, se luchaba por “la autonomía existencial (…) contra la sustitución de relaciones mercantiles, de clientela, de dependencia a la capacidad de autonomía y de autodeterminación de los individuos.” (Gorz, 2012: 43) Por sus diversas acciones, en 2002 Casa Pueblo recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman [5]. Esta experiencia contrasta con las de la mayoría de los movimientos ambientales del país, que muestran una tendencia al localismo y a la despolitización, y se enfocan en la protesta y en cuestiones técnicas y de eficiencia más que de poder (Rosario, citado en Ruiz Marrero, 2005).
Rompiendo la dependencia colonial por medio de la autogestión soberana y solidaria
Desde sus comienzos, Casa Pueblo presentó una visión distinta del ‘desarrollo’ y de la comunidad, fundamentada en los tres principios – considerados por sus líderes clave del éxito de su lucha contra la minería – que continúan siendo su brújula: “Ciencia, Cultura, Comunidad” (véanse Rivera Ramos, 2015; Ruiz y Aponte, 2010: 17). Ciencia se refiere a la investigación de un problema dado y las estrategias de restauración, conservación y uso del territorio y sus ecosistemas; la cultura es clave para las estrategias de organización y movilización, y para educar y crear vínculos con la comunidad; y la comunidad “es el eje, pues la comunidad organizada es la fuerza motriz del cambio” (Rivera Ramos, 2015).
Con esos principios rectores, Casa Pueblo proponía, en lugar del desarrollo dependiente de las grandes industrias, del ‘estado de bienestar’ y de las promesas de los partidos políticos, un modelo de “autogestión comunitaria”: un desarrollo “más resiliente y auto-suficiente”, con el cual la comunidad pudiera transformarse a sí misma (‘autogobernarse’) por medio de estrategias de desarrollo que fuesen social, económica y ambientalmente sustentables (Massol González et al., 2006: 7). En otras palabras, una soberanía para definir alternativas al desarrollo hegemónico desde la comunidad y para ella:
“All Casa Pueblo’s work is grounded in its commitment to processes of community self-realisation, aimed at overcoming the sense of helplessness, dependency and marginalisation experienced by many poor rural communities…This implied breaking the bonds of dependency and political manipulation and learning to speak in its own voice and pursue its own vision through its own initiatives.”
Massol González et al., 2006: 7
Esta orientación a hablar y decidir con voz propia sobre el ‘desarrollo’ local – la soberanía – fue evidente desde la lucha anti-minera. Luego de que en 1992 el gobierno volviera a proponer el proyecto minero (por cuarta ocasión), Casa Pueblo organizó un Foro del Pueblo en donde el estado tuvo la oportunidad de presentar su proyecto, que fue ampliamente cuestionado por representantes de diversos sectores. Esto contrastaba grandemente con el mecanismo tradicional de participación ciudadana mediante “vistas públicas” pro-forma organizadas por el gobierno. Posteriormente, en una movilización en 1995 en Adjuntas, días antes de la prohibición legal de la minería, cientos de manifestantes marcharon al principal depósito de minerales y sembraron árboles bajo el lema de “Ya hemos decidido: No a las minas”.
Cuando en 2009 el gobierno propuso un gaseoducto que transcurriría por toda la costa norte y cruzaría de norte a sur pasando por la Cordillera Central, incluyendo terrenos del Bosque del Pueblo, Casa Pueblo invocó nuevamente esa soberanía del pueblo en una asamblea-movilización un primero de mayo: “La decisión que vamos a tomar es que se legisle desde las calles y que el pueblo decida. La función de decidir es del pueblo soberano, ya ahí termina la función de [el entonces gobernador] Fortuño o de quien sea” (Massol González, citado en Reyes Angleró, 2011, énfasis suplido). Reflexionando sobre esta lucha, Arturo Massol situaba nuevamente la soberanía en pasar de la “queja y la crítica” a la organización y la acción: “(…) cuando usted va de frente, con esa sabiduría de que lo guía el amor, puede detener las malas agendas (…) lo que es malo para el país. (…) hay que ponerse de pie” (citado en El Nuevo Día, 2012).
La soberanía para Casa Pueblo es, entonces, la acción directa que colectivamente recupera el territorio y lo siembra con alternativas; no se solicitan ni se esperan del estado el reconocimiento de derechos, la organización de procesos democráticos, o la gestión del territorio, simplemente se hacen. Esto recuerda el lema zapatista y sus consejos de buen gobierno: “Fuera el mal gobierno, aquí manda el pueblo”. Es una propuesta de practicar la igualdad política como forma de justicia, por medio de una revalorización de las relaciones solidarias comunitarias, el territorio y la ecología (Velicu y Kaika, 2015). Es el “poder hacer” de la comunión en vez del “poder sobre” de la dominación (Holloway, 2014).
El amor del que habla Massol Deyá – por la “patria geográfica” y por su gente – es parte de la solidaridad, otro concepto clave del modelo de autogestión de Casa Pueblo. Por un lado, detrás de sus líderes visibles existe una gran masa de voluntarios que, con su trabajo, sus contribuciones económicas, sus visitas, sostienen a la organización. Por otro, Casa Pueblo desarrolla lazos de solidaridad con diversos sectores: agricultores con los que trabaja en el cultivo del café, pequeños empresarios locales, universidades, entidades cívicas como Agenda Ciudadana – que busca promover una democracia más participativa [6] – y otros movimientos sociales por los comunes, la justicia ambiental y la democracia [7]. La solidaridad también queda representada simbólicamente en el recibimiento anual que hace Casa Pueblo al ave “Julián Chiví” en su travesía a Adjuntas desde la Amazonía. La actividad, además de aunar la ecología a un sentido patrio (cf. Martínez-Reyes, 2009), también representa la unión del Caribe con Suramérica. Esta expansión de la patria geográfica es muy importante en el contexto colonial del país, que promueve su aislamiento del exterior; en especial del mundo antillano y latinoamericano. La regionalización ha sido, de hecho, tema central de Casa Pueblo en años recientes. En 2009, lograron incorporar el Bosque del Pueblo y otras tierras de la Cordillera Central dentro de la Red Latinoamericana (hoy Iberoamericana) de Bosques Modelo, que promueve formas más democráticas y sustentables de gestionar territorios [8]. Con estas acciones Casa Pueblo propone una solidaridad que no sólo funciona para la comunión local, sino que opera a múltiples niveles como mecanismo para ejercer y realizar el auto-gobierno y así fomentar transformaciones socio-ecológicas para un nuevo país:
Con el devenir del tiempo, descubrimos que la comunidad no es solamente la inmediatez de nuestro pueblo natal sino que la autogestión comunitaria ha transformado su definición a lo siguiente: la comunidad es la patria y la gestión comunitaria son los deberes y derechos que la sociedad civil ha ejercido y realizado en torno a las metas comunes de los puertorriqueños en la búsqueda de una sociedad más justa, más armónica y más universal. [9]
Reconectando ecología/economía/comunidad
Sin embargo, como señalan Reid y Taylor (2010), la recuperación de lo cívico también pasa por recobrar lo ecológico. Por eso no se puede entender ese cambio cívico-democrático que busca Casa Pueblo sin entender las iniciativas para reconectar a la gente con el bosque y su territorio como pilar de un proceso de transformación eco-social, colectiva e individual: la creación de una nueva lógica de relaciones sociales y relaciones con la naturaleza que, como sugiere Holloway (2014: 69), “privilegien el valor de uso por encima del valor de cambio [el exchange value del mercado], y la reciprocidad por encima de la acumulación”, desde la cooperación solidaria. Estas iniciativas están centradas en revalorizar los bosques: como espacio de producción para proyectos económicos solidarios autosuficientes, como espacios de generación de conocimiento científico y de experiencias educativas transformativas, y como fuente de vida y valiosos servicios ecológicos (aire, agua, etc.) para todo el país.
La revalorización económica surgió en el seno de la lucha anti-minera, en una actividad donde, bajo el lema de “Sembrando Esperanza”, se sembraron árboles enfatizando sus beneficios ecológicos (p. ej.: control de erosión, aire, sombra) así como su importancia en la producción de madera y frutos (Martínez-Reyes, 2009). Esto sentó las bases para el proyecto de producción y mercadeo de café de la región, que Casa Pueblo fundó en 1989 bajo el nombre de “Café Madre Isla”, y que hoy continúa proveyendo una importante fuente de ingresos para la organización. También crearon una tienda comunitaria donde venden su café junto a artesanías y otros productos locales. Para Casa Pueblo esta estrategia económica está centralmente vinculada a su propuesta de autogestión y soberanía:
Through the process of establishing a viable organisation, it became evident to the volunteers at Casa Pueblo that economy is a fundamental aspect in shaping social action, allowing for self-sufficiency and thus independence and self-determination.
Massol González et al., 2008: 6
Estos espacios económicos sirven a su vez para fortalecer los lazos de solidaridad, de comunión; la tienda, por ejemplo, es descrita por la organización como una escuela y un espacio de encuentro para que las personas se conozcan, intercambien conocimientos y planifiquen iniciativas de colaboración.
La revalorización del bosque como espacio pedagógico, por su parte, está basada en fomentar experiencias transformativas en su seno, donde se efectúan visitas guiadas, cursos cortos y semestrales, investigaciones y actividades culturales. Estas actividades son organizadas por el Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura, fundado en 2002, y muchas se materializan fuera del salón de clases, en el “bosque escuela” La Olimpia, que funge como un gran aula sin paredes. El Instituto incluye una escuela de música y una galería de arte, además de cursos sobre temas ambientales, agroecología y arte, y proyectos de investigación. El objetivo es promover una “educación humanizadora” que genere estudiantes líderes y comprometidos “con sus familias, su comunidad, su pueblo y su ambiente”; es decir, con su patrimonio natural y cultural [10]. El bosque se convierte así en un laboratorio para experimentar y practicar un aprendizaje que a su vez sirva para reconectar a las personas entre ellas, y con el territorio y su ecología, y que de este modo la comunidad “comience a ser parte de ese bosque” (Massol González, citado en Ruiz y Aponte, 2010). Es la creación de nuevas subjetividades solidarias, eco-lógicas y procomunes, que surgen desde las bases de la autogestión y de la experimentación en movimiento (cf. Holloway, 2001). Aludiendo al ágora, la plaza de asambleas populares de la antigua Grecia, dice Casa Pueblo:
El [Instituto Comunitario] debe ser en estos tiempos ese foro de reaprendizaje y discusión de los elementos de la naturaleza y de la vida misma para lograr procesar la realidad de una forma más ecléctica, integrada y universal… El cambio que se aspira es salirnos de un estado de inconsciencia a uno de atención concentrada sobre lo que somos y lo que nos rodea, ya que la conciencia va descubriendo la esencia y es precisamente la expansión de esa conciencia colectiva la que permitirá que la sociedad civil eleve entre sus prioridades la conservación del suelo patrio en torno a la integridad de nuestro ambiente, la cultura y las luchas como nación. [11]
Voluntarios tuestan el Café Madre Isla (Fuente: www.casapueblo.org/index.php/tienda-artesana/)
Finalmente, la revalorización del bosque desde su valor como fuente de vida y espiritualidad es también parte de esa “educación humanizadora” de la que habla Casa Pueblo. Además, es clave para la proyección nacional del proyecto de Casa Pueblo. El bosque es del pueblo, y provee servicios ecológicos para todo Puerto Rico, en especial la conservación y purificación del agua [12]. Este acercamiento se entrelaza inevitablemente con la soberanía individual y colectiva, y con la autosuficiencia económica, igualmente fuente de vida. La cita de una activista y empresaria de ecoturismo en la asamblea popular en contra del gaseoducto expresa esta visión claramente:
Si Fortuño, su gobierno o quien sea, deciden imponer la construcción de este nefasto proyecto, sin dejar más alternativa que escoger entre la muerte o la vida, escogeré la vida. Por tanto, en mi derecho soberano a la autodefensa de las aguas, los bosques, el karso y la seguridad de nuestra gente, declaro que estoy lista para asumir la desobediencia civil pacífica como alternativa a la vida del pueblo de Puerto Rico
citada en Delgado Esquilín, 2011
Podría decirse que en este cometido de vincular a la gente con el territorio y el bosque – de reconstruir los comunes – el trabajo de Casa Pueblo ha sido exitoso: desde las decenas de miles de visitantes anuales a Casa Pueblo y sus miles de voluntarios, desde los que respondieron a su llamado a ayudar a restaurar el Bosque del Pueblo tras un incendio intencional (Rodríguez, 2014), hasta las decenas de miles que marcharon en Adjuntas contra el gaseoducto.
Conclusiones: La lucha permanente y un proyecto de país
La lucha nunca cesa / La vida es lucha toda / por obtener la libertad ansiada / Lo demás es la nada, es superficie, es moda.
J.A. Corretjer, 1957
Desde el principio Casa Pueblo tuvo muy claro que su lucha no terminaba –por el contrario, comenzaba – con la victoria contra las minas. Por eso, habiendo derrotado aquel proyecto – y reconociendo la tendencia del estado y el capital al despojo – se lanzaron a un proyecto permanente para recuperar un territorio y reconectar con sus comunes. Sus gestores lo llaman un proceso revolucionario de “autogestión comunitaria” en donde la soberanía se ejerce desde abajo por medio de la solidaridad, rompiendo con la dependencia política y económica del estado y la partidocracia, y enfatizando independencia de voz y criterio: en otras palabras, por medio del poder hacer.
Pero Casa Pueblo no sólo busca crear un espacio de autonomía local, sino que busca fomentar un proyecto político propositivo que cambie el estado retando sus lógicas dominantes – la jerarquía tecno-burocrática, el desarrollismo, y la separación de la ecología y la sociedad. Casa pueblo ha propuesto y logrado cambios importantes en la política estatal forestal. A la misma vez, la entidad ha puesto en práctica alternativas movidas por un amor y compromiso con la “patria geográfica”, o en palabras de los Zapatistas: el “amor por nuestras familias y nuestras patrias (…) un deseo de mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro país” (EZLN, 2002). Esto no es una abstracción de compromiso patrio de la democracia liberal, en donde los ciudadanos sirven en reverencia a un estado-nación, sino iniciativas que – desde lo local hasta lo transnacional – se unen en “un abrazo de compromiso para salir (…) hermanados, en un proceso de trascendencia encaminado a la acción reivindicadora al rescate de nuestro propio destino” (Massol González, citado en Delgado, 2011) Es una visión de soberanía en donde se fortalece la interdependencia entre las personas y con el territorio y su ecología. Desde esta perspectiva, los proyectos de recuperación de bienes comunes no deben verse meramente como proyectos de conservación ecológica, desarrollo económico o autonomía organizativa, sino como parte de un proyecto de país basado en un conjunto diverso de prácticas que “contribuyen a la transformación de la Patria” (Massol González, 2014).
Mapa 1. Bosque Modelo Nacional 2012 (Fuente: www.casapueblo.org)
Mas no se propone un modelo con pautas. Más bien, es un proyecto de experimentar con el ejercicio del poder político del pueblo, de andar y cuestionar sin contestaciones ideológicas predeterminadas: “es un proyecto de evolución y reevolución…es dinámico. No tiene miedo de enfrentarse a los errores o las contradicciones” (Massol González, citado en Ruiz Marrero, 2014). Esta política del andar de Casa Pueblo es también una política de la esperanza, de transformar imaginarios. Por eso, tras el incendio que causó graves daños al Bosque del Pueblo, la entidad convocó a una siembra, como hicieron antes contra las minas. La clave, según ellos, está en poder visibilizar, mirando con un “lente fino”, las iniciativas de autogestión que están en cada esquina del país y que son su “reserva moral” (Massol González, citado en Reyes Angleró, 2011). Dicho de otra forma, Casa Pueblo nos ofrece un discurso y una práctica que no constituyen una ideología de vanguardia, sino que se convierten, como dice el Subcomandante Marcos (citado en Reid y Taylor, 2010: 124), en “puente y piedra y maíz y árbol y la esperanza del mañana”.
Agradecimientos
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo financiero del Seventh Framework Programme (FP7) for research, technological development and demonstration (Marie Curie Actions), de la Unión Europea, “grant agreement” no. 289374 (ENTITLE). Agradezco además a Irina Velicu y a Dwight García por sus incisivos comentarios a versiones anteriores de este ensayo.
Referencias
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[1] Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona (garcial.gustavo@gmail.com).
[2] Reid y Taylor (2010) distinguen entre los comunes ecológicos –las interdependencias entre la vida humana y no-humana– y los comunes cívicos –las redes de prácticas diarias por las cuales las personas interactúan, cuidan los comunes y reproducen las capacidades de cuido de la ecología.
[3] De hecho, Ostrom (1990) identificó la “autonomía” local como uno de los siete factores de longevidad y sustentabilidad de los proyectos de gestión comunitaria de recursos.
[4] Estatus se refiere a la relación política con Estados Unidos: independencia, territorio no incorporado, o estado incorporado.
[5] http://www.goldmanprize.org/recipient/alexis-massol-gonzalez/
[6] http://agendaciudadanapr.com/
[7] Por ejemplo, Casa Pueblo estuvo involucrada desde el comienzo en la lucha contra la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla de Vieques (sobre este caso, véase McCaffrey, 2006), donde realizaron investigaciones que documentaron la gran contaminación producida durante 63 años de bombardeos militares (Massol Deyá y Díaz de Osborne, 2002).
[8] http://www.bosquesmodelo.net/
[9] http://casapueblo.org/?page_id=280, énfasis suplido. Ver también Massol et al., 2006: 25-26.
[10] http://casapueblo.org/?page_id=284
[11] http://casapueblo.org/?page_id=280
[12] En este bosque nace el Río Grande de Arecibo, que suple agua a 1,5 millones de personas, casi un tercio de la población de la isla (Martínez Reyes, 2009)
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