Felipe MILANEZ[1] y Charles TROCATE[2]
Palabras claves:
Ecología política; neoextractivismo y neodesarrollo; land grab; resistencia popular
Introducción
La Amazonia ocupa casi el 60% del territorio de Brasil, y en los últimos años ha recibido masivas promesas de inversiones, por un total aproximado de 100.000 millones de euros hasta 2020. No es en vano que en los planes de aceleración del desarrollo de los gobiernos Lula y Dilma, la Amazonia sea considerada un “motor de desarrollo”[3]. Las inversiones siguen el modelo del neoextractivismo latinoamericano (Gudynas, 2009) y tienen como objetivos la construcción de mega-hidroeléctricas, la instalación de grandes explotaciones mineras, y la implantación de infraestructuras logísticas de apoyo a la exportación hacia el norte, la “dirección correcta del flujo” según el discurso de la presidenta Dilma Rousseff en la región el 14 de marzo de 2014 . A las inversiones extractivistas se le suman los subsidios e inversiones vinculadas a la agroindustria, sobre todo destinadas a la plantación de soja y a la ganadería, productos de los que la región ya es el más grande productor del país y que se destinan hacia la exportación. No obstante, como veremos más adelante, las inversiones realizadas en los últimos años han generado un motor de conflictos socio-ambientales más que favorecer un “motor de desarrollo”.
Una de las regiones prioritarias de las intervenciones fue la provincia minera de Carajás, en el sur y sureste del estado de Pará, en la parte oriental de la Amazonia. Carajás se ve afectada por mega-proyectos mineros de la compañía Vale do Rio Doce (a partir de 2007, fruto de una estrategia de marketing, solamente “Vale”) , agro-ganaderos con los grandes mataderos de JBS-Friboi, e hidroeléctricos (repotencialización de la mega-presa Tucuruí, construcción de la presa Marabá, e inversiones de Vale en la hidroeléctrica de Belo Monte), que presionan el precio de la tierra en toda la región. Esta fuerte intervención tiene el Estado como principal agente del crecimiento y de una compleja coalición de intereses. En primer lugar, una alianza del neo-desarrollo o la neoextracción (Gudynas, 2009), caracterizada por una fuerte intervención del Estado en el mercado de tierras y en infraestructuras, con intereses privados neoliberales; como resultado se acaba constituyendo un modelo, al principio antagónico, de “neodesarrollo neoliberal”. En segundo lugar, estos distintos intereses privados se articulan en una alianza entre el tradicional y viejo latifundio y los modernos proyectos de extracción orientados al mercado global de commodities agrícolas y minerales.
Acampamiento del MST en las tierras de un dueño de una industria siderurgica de arrabio (Autor: Felipe Milanez)
Frente a esta intervención niveladora del poder del Estado a través de políticas de desarrollo se constituye la unión de intereses de distintos grupos sociales, no necesariamente homogéneos, pero que se organizan como “unidades de movilización” (Almeida, 2004:10). En este sentido, en 2013 empezaron a organizarse en la lucha por la soberanía contra la gran minería distintos grupos sociales que también luchan contra el latifundio. Estos se encuentran formados por campesinos sin tierra, agricultores familiares, indígenas y cimarrones (quilombolas), agrupados en una amplia movilización denominada Movimento Nacional Popular pela Soberania Frente à Mineração (MAM). En el origen de la movilización del MAM está el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, el MST, que ha identificado esta alianza entre la mega-minería y terratenientes en una amplia red de expansión del capital. Según sus líderes y sus primeras publicaciones, este movimiento tiene por objetivo una lucha socio-ecológica por la justicia ambiental y el control soberano y popular del suelo y del subsuelo.
El presente artículo pretende comprender este complejo conflicto socio-ambiental establecido en un triángulo formado por extractivistas (la gran minería) y terratenientes versus un movimiento popular formado por ecologistas “empobrecidos” (Martinez-Alier, 2013). Para ese fin se contó con el soporte teórico de dos líneas de investigación fundamentales para la explicación de la instalación del Proyecto Grande Carajás, en 1980, aún en la dictadura (1964-1985), como condicionante de la situación actual. Estas dos líneas de investigación son el subdesarrollo resultante del sistema de extracción, de Stephen Bunker (1985, 2005), y la contradicción de la tierra por el capitalismo rentista, de José de Souza Martins (1980, 1981, 1984, 1994, 2009).
Sobre estos marcos teóricos, y en el contexto actual de la Amazonía, argumentamos que para enfrentar la concentración de la tierra y del latifundio, también es necesario hacer frente al capital financiero e industrial que se estableció en la región por el sistema extractivo minero. Finalmente concluimos que el análisis de los antagonismos que se construyen en el ámbito de la ecología política local frente a diferentes fuerzas del capitalismo puede ser una importante contribución para la comprensión de los conflictos distributivos del metabolismo social (Martinez-Alier, 2005).
La articulación política y ecológica entre la tierra y la minería en Amazonia
Según indica el “Plano de Mineração Nacional 2030” del gobierno federal, “la Amazonia es la frontera de expansión minera actual en Brasil”. Entre 2015 y 2030, el gobierno planea aumentar la exportación de hierro de 231 a 797 millones de toneladas. Sin embargo, las principales “preocupaciones” están relacionadas con los “conflictos sobre el uso y ocupación del territorio” (Ministério Minas e Energia, 2011:57).
En Brasil, a partir de la Constitución Federal de 1988, todos los recursos minerales, incluso el subsuelo, pasaron a ser bienes de propiedad federal. La explotación se comenzó a realizar mediante autorización del gobierno en cualquier parte del territorio nacional, con excepción de las tierras indígenas. Éstas no han tenido reglamentación hasta el momento pero hay al respecto un nuevo proyecto de ley en trámite en el Congreso. Por lo tanto, nos encontramos por una parte con los intereses mineros, que están regulados por el Departamento Nacional de Produção Mineral; y por otra parte con los intereses asociados a la propiedad de la tierra, con una compleja regulación en la que intervienen los Estados, el Gobierno Federal, y diversas instituciones específicas fijadas por la ley del uso de la tierra.
Como resultado de estos dos regímenes de control del suelo y el subsuelo, la región amazónica de Carajás está integrada en el sistema mundial de recursos primarios por dos modos de capitalismo, «fuerzas» (Bunker, 2005), o «frentes» (Martins, 1981): el extractivismo y la renta de la tierra. El primero se expande como una frontera internacional del capitalismo agro-minero, mientras que el segundo opera por contradicciones históricas de la acumulación rentista y la transformación de la tierra en mercancía. Una forma concentra el control sobre el subsuelo, la otra concentra la propiedad de la tierra.
Al mismo tiempo la globalización del mercado de recursos produce desigualdades en el sistema social y ecológico local (Bunker, 2005:7), por lo que la extracción destinada a la exportación tiende a debilitar los sistemas locales. Aunque sobresalga jurídicamente el interés federal del subsuelo, los conflictos sobre la tierra afectan directamente a la instalación de la empresa minera. Buen ejemplo es la reciente “preocupación” del PMN, o el caso reportado por Bunker (2005:65), en el cual la intensidad de los conflictos agrarios en el sur de Pará, en los años 1980, llegó a amenazar la instalación de la compañía Vale. La tierra es condición fundamental para extraer el subsuelo, y esta realidad fue bien percibida por Vale desde su llegada a Amazonía.
Esta es una de las razones por las cuales, desde el principio, el Proyecto Grande Carajás se convirtió en un plan geopolítico de transformación del territorio para el capital. La dictadura nacionalizó el control de la tierra e incentivó la apertura para las grandes empresas, con transferencias de incentivos fiscales a los capitalistas del sur del país a fin de impulsar inversiones en la región, con explotaciones forestales y ganadería. A partir del extractivismo mineral, el Proyecto Grande Carajás establecería una cadena industrial que incluiría la siderurgia y producción del arrabio. El arrabio serviría, además, como otro enlace con el sector ganadero y maderero, consumiendo la biomasa del bosque nativo, transformado en carbón vegetal como combustible para los altos hornos.
A partir de este polo extractivista, agro-ganadero y de la industria primaria, la región debía convertirse en un foco de gran desarrollo. Sin embargo, el polo industrial terminó por transformarse solamente en un centro exportador de commodities, con el arrabio enviado directamente para los Estados Unidos, el hierro a Japón, la madera a Europa y el ganado a distintos países. Además, como ha señalado Bunker (2005), la producción de desigualdades locales es parte del sistema de extracción. De este modo, la región se ha convertido en la más deforestada de Amazonia, con un profundo cambio del paisaje que ha puesto fin a los más grandes castañales de toda la región. El resultado de este proceso de privatización del subsuelo y de concentración de la tierra se puede observar en la figura 1, especialmente después de la entrada en operación del proyecto en el año 1985:
Figura 1: Deforestación en la región afectada por Carajás (1986 – 2011) (Fuente: Greenpeace, con datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE)
La concentración de la tierra
El desarrollo desigual y contradictorio del capitalismo en Brasil, como apuntan Oliveira y Faria (2009), tiene como base el carácter rentista que se forma a partir de la apropiación de la tierra en la expansión del capitalismo. La propiedad privada de la tierra sirve estrictamente a la concentración del capital. Para Martins (1994), la propiedad de la tierra es el centro histórico de un viejo sistema político que persiste por años. Durante la dictadura, la asociación de este sistema con el moderno capital renovó su fuerza como un “poder del retraso”. El modelo autoritario de desarrollo de la dictadura, que afecta aún hoy a las relaciones de poder, sobretodo en Amazonía, ha promovido la fusión en el control de la tierra entre el capitalista (moderno) y el terrateniente (retraso), según formas tradicionales y comunes del uso del territorio. La apropiación capitalista de la tierra se realiza con intención de lucro. Según Martins (1980:60): “O la tierra sirve para explorar el trabajo de los que no tienen tierra, o la tierra se va a vender por altos precios”. El régimen de la propiedad no garantiza ni la voluntad de trabajar la tierra, ni una ocupación tradicional de la tierra y el trabajo como instrumento de supervivencia, sino la intención de acumulación que se fundamenta en la propiedad. Los conflictos constituyen la expansión del control capitalista de la tierra sobre otras formas del control común, incluso no capitalista.
Es a partir de la relación entre la propiedad de la tierra y la renta agraria que el propietario, sin producir, puede enriquecerse. El centro de este concepto (Martins 1980:54) está la distinción entre la tierra de exploración, apropiada por el capital, y la tierra de trabajo, “de quienes en ella trabajan”, y por lo tanto el problema de la transformación de la tierra en mercancía y la expropriación de la tierra como instrumento de trabajo. El análisis de Martins se fundamenta en la resistencia a este proceso: ocupar la tierra con trabajo y no pagar la renta es contestar el orden capitalista y resistir a la expropiación. De esta manera, deviene un desafío al capitalismo.
Nueva mina de Vale en Canaã dos Carajás S11D (Autor: Felipe Milanez)
Nuestro argumento es que con la expansión del neoextractivismo el propietario de la tierra de exploración, que ya goza de mecanismos para ganar sin producir, puede beneficiarse de la asociación con la minería no solamente por incentivos estatales, como antes, sino con distintos enlaces privados. Y es que para acceder al subsuelo, la minería depende de la intervención del Estado para el control del suelo, aunque en la Constitución Federal el subsuelo pertenezca al Estado. Es una relación distinta de la que presentan el campesino, indígena, sin tierra, o movimientos sociales territoriales de grupos que dependen de la tierra para vivir. Un ejemplo de esta situación de conflicto sobre el distinto uso del suelo para acceso al subsuelo es la reciente expansión de la empresa Vale en Carajás. Las inversiones apuntadas desde 2008 para dos sitios mineros, la mina de níquel de Onça Puma (Ourilândia do Norte) y el hierro de la S11D (Canaã dos Carajás), generaron conflictos con territorios indígenas (de los Kayapó y de los Xikrin), con dos asentamientos campesinos y con una ocupación de sin tierras. En cambio, las negociaciones de las empresas mineras con los grandes terratenientes fueron rápidas, con más ventajas y mejor pago por las tierras. Los terratenientes, a su vez, reinvirtieron parte de las indemnizaciones en nuevas tierras y en la circulación del mercado local de las ciudades (hoteles, restaurantes, tiendas). Estos conflictos constan en informes de la Comisión Pastoral de la Tierra y en el Mapa de Conflictos Ambientales de EJOLT (FIOCRUZ/EJOLT, 2015).
La concentración de la tierra, un problema histórico de Brasil exacerbado durante la dictadura, se agudizó de nuevo con la expansión neoextractivista. Los antiguos acaparamientos de tierra iniciados en la dictadura volvieron a ocurrir como resultado de la Medida Provisoria 458, popularmente conocida como MP del Acaparamiento, que fue aprobada en 2009. El objetivo fue la regularización de más de 60 millones de hectáreas en la Amazonia, favoreciendo sobre todo a los grileiros (acaparadores). En la última década hubo un nuevo pacto en contra de la reforma agraria, realizado por los gobiernos Lula y Dilma, y una preferencia política por el agronegocio, que ha recibido más inversiones y beneficios de las intervenciones del estado. Esto ha resultado en un incremento en la concentración de la tierra (O’Globo, 2013). El impacto de la “regularización” de tierras en Carajás, por estas nuevas medidas legislativas, se sumó en el mismo periodo, a la expansión minera de Vale.
En la sociología agraria de Martins, “la lucha de los campesinos (posseiros) es una lucha por el instrumento de producción, que es la tierra” (Martins, 1984:93, énfasis en el original). Por lo tanto, para el autor la lucha por la tierra no es un problema de “explotación” sino de “expropiación”. La expropiación de los medios de producción, en este caso las tierras, es una forma primitiva de acumulación y que puede tener carácter continuo, según ha sugerido David Harvey (2003) con la idea de “acumulación por desposesión”. Nuestro argumento es que esta forma de acumulación es el proceso continuo de la expropiación de los medios de producción por la violencia, según lo descrito por Martins (1980) al respecto de los conflictos agrarios. La expansión del extractivismo minero sobre las tierras de trabajo ocupadas por los campesinos los expropia de su herramienta de trabajo, al mismo tiempo que la expansión minera sobre la tierra de exploración del capitalista puede servir para pagar la renta por la especulación sobre la tierra como mercancía. Esta nueva alianza es mutuamente beneficiosa para los empresarios mineros y los terraternientes. El MST, que es la base del MAM, nace de estas contradicciones territoriales.
Viejas desigualdades del neoextractivismo
En estudios realizados a lo largo de 30 años en la provincia minera de Carajás, Bunker se preocupó de señalar los efectos de una economía construida en base a la extracción de materias primas para la exportación. En un análisis histórico, propone una comparación de distintas “commodities ” de granel, desde el caucho (hasta 1920), la castaña de Brasil (Bertholletia excelsa) y, al final, la hegemonía del hierro, todos ellos productos destinados a alimentar los mercados globales.
El caucho de Amazonia, que suministró goma a la segunda revolución industrial hasta el cambio global de producción para Asia (a partir de 1913), fue reemplazado a partir de la segunda década del siglo pasado por la castaña, que era abundante en los grandes castañales del estado de Pará. La sustitución económica no implicó, sin embargo, un cambio en las condiciones de trabajo, y se reprodujo el sistema del aviamento, que consiste en una forma de inmovilización de la fuerza de trabajo y de dominación basada en el crédito y en la violencia. A lo largo de casi un siglo de extractivismo vegetal, esta economía concentró en las manos de pocas familias la disponibilidad de recursos y territorio, permitiendo una estructura de poder local que se rompe con el plan geopolítico de nacionalización de la dictadura (Emmi, 1999). A partir de este momento la modernización del capitalismo extractivista se construye desde las nuevas elites capitalistas, de los incentivos para el avance de las grandes empresas sobre la tierra, y de la instalación del Programa Grande Carajás (1980). De acuerdo con Bunker, las propiedades de cada commodity y sus capacidades de inputs tecnológicos y de transporte influenciaron la transformación del sistema extractivista, sobre todo del cambio de la castaña para el hierro (Bunker, 2003).
Bunker sugiere que existe un impacto social y ecológico local, sin profundizar en el análisis de esta relación. Afirma que es en las intersecciones entre las disputas globales y las relaciones locales de poder donde se construyen alianzas entre distintas fuerzas del capitalismo que impactan a las poblaciones y los ecosistemas. En sus últimos trabajos, el autor dedicó más atención a las transformaciones locales producidas por el sistema extractivista: “La inserción de un gran proyecto mineral, con intensidad de capital (…) recreó en ese lugar aislado las desigualdades del poder económico y político dentro de los más amplios círculos de relaciones e interacciones del comercio y de las finanzas internacionales” (Bunker, 2003:10).
Como ejemplo de este proceso, la organización social alrededor de la mega-minería de Vale ha producido nuevas desigualdades en la región. Los grandes terratenientes productores de ganado fueron estimulados a moverse en busca de pastos más amplios y aprovechar los salarios y el mercado consumidor vinculado a la construcción del proyecto (Bunker, 2003:13). Mientras que los primeros se beneficiaron de los recursos locales del extractivismo y gozaron de la atención de los agentes del Estado, los campesinos pasaron a ser cada vez más víctimas de la violencia de sicarios y de la policía militar. Los inmigrantes llegaron de distintas partes del país, siguiendo la promesa de empleos asociados a la construcción de la ferrovía y la minería. Al lado de la “ciudad-fortaleza” de Carajás se formó, por la llegada de trabajadores que buscaban empleo, la ciudad de Parauapebas, hoy con una población estimada de 182.352 habitantes (IBGE ). Junto a Curionópolis y Eldorado dos Carajás, Paraupebas es escenario de conflictos muy violentos, donde las élites beneficiadas por el capital del extractivismo se enfrentan a los campesinos sin tierra. Ejemplo de ello es la Masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en 1996, con el asesinato de 19 activistas del MST. En la actualidad hay seis campamentos de sin tierras del MST, que se enfrentan a las presiones de sicarios fuertemente armados[4].
Para instalar la minería, la compañía Vale, por entonces una empresa estatal, utilizó el sistema local de expropiación, incluso con mecanismos de violencia del Estado dictatorial, para expulsar a campesinos y mineradores de oro en Sierra Pelada. Como resultado, se ampliaron las contradicciones de la tierra, sin proporcionar un incremento satisfactorio del presupuesto municipal para la población desplazada. La estrategia de la empresa, según Bunker, fue la de “aislarse” de este caos provocado por la extracción del hierro, con la protección del Estado: “El proyecto de ingeniería (…) permaneció, así, como una isla fuertemente defendida en medio de un mar de desorden, destrucción, violencia y pobreza, que sus propias actividades trajeron a la región” (Bunker, 2003:15-16). Estos mismos mecanismos expropriatorios se reproducen, ahora, con la expansión minera de la empresa privatizada, en el régimen democrático neoliberal del neodesarrollo.
El movimiento de la lucha por la tierra y la resistencia al mega-extractivismo
El poder nivelador de la intervención del estado, a través de políticas de desarrollo, agrarias, ambientales, extractivistas, o mega obras de infraestructuras, puede aproximar intereses difusos y unir a grupos heterogéneos (Almeida, 2004). De este modo se organizan las unidades de movilización de distintos grupos, incluso étnicos y de “poblaciones tradicionales”. Estos grupos pueden reivindicar conjuntamente cuestiones de justicia ambiental y oponerse a la desposesión ambiental extractivista como ecologistas de los pobres, aunque inconscientemente (Martinez-Alier, 2002). En este sentido, el Movimento Nacional Popular pela Soberania Frente à Mineração (MAM), formado en su base por campesinos sin tierra que luchan contra la concentración de la tierra y el latifundio, intenta organizar una resistencia popular al extractivismo mineral y, por tanto, a la expansion del capital.
Las primeras articulaciones del MAM tuvieron en Parauapebas, en 2013, durante la preparación de las protestas por los 30 años del proyecto Grande Carajás, con una serie de movilizaciones y encuentros en los estados directamente afectados, Pará y Maranhão. Ahí se reunieron activistas del MST y Vía Campesina, Movimento dos Trabalhadores na Mineração (MTM), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), junto con la Comisión Pastoral de la Tierra, Justiça nos Trilhos, los sindicatos locales de los trabajadores rurales, intelectuales del movimiento Debate e Ação y Cepasp (Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular). El año siguiente se agregaron a este grupo comunidades nativas como los pueblos indígenas Aikewara, Akratikateje y comunidades quilombolas (cimarrones). Frente a un adversario común producido por la intervención de un imperativo extractivista, esta movilización empieza a vencer un desafío histórico, al unir grupos que hasta muy recientemente se enfrentaban entre ellos como enemigos.
Argumentamos que es posible verificar empíricamente intersecciones de las contradicciones de distintas modalidades del capital, como apuntaron en otro momento en la misma región de Carajás, Martins y Bunker. Según el análisis del movimiento de resistencia por la soberanía popular, los “empobrecidos” se enfrentan a la desposesión ecológica contra la concentración de la tierra y el sistema de mundo extractivista.
Movilización de campesinos por la reforma agraria en los carriles de Vale (Autor: Evandro Medeiros)
En la primera publicación del MAM se apuntan los impactos sufridos por estos grupos, como la apropiación de tierras y minerales, la deforestación, la polución, la desterritorialización de las poblaciones campesinas, o la proletarización y precarización del trabajo (MAM, 2013). Especialmente la desterritorialización, que afecta a todos ellos, es un importante factor de unión. Cruz y Pinassi (2012) apuntan que durante los últimos años la compañía Vale, con ayuda del Estado, expulsa a los trabajadores de sus tierras en un proceso similar al iniciado por los terratenientes en los años 1970, tal y como expusimos anteriormente. Sirvan como ejemplos los casos ya apuntados de la expansión de la mina Onça Puma, propiedad de Vale, o la expulsión de los trabajadores de la villa de Racha Placa[5], mientras que a la vez los grandes terratenientes recibían generosas indemnizaciones en sumas considerables para la instalación del mega-proyecto de extracción de hierro S11D (Mapa; CPT, 2012). Ante esta situación, líderes indígenas del pueblo Gavilán (Akratikateje, Parkatêjê y Kyikatêgê), que hasta 1989 estaba en guerra con los campesinos (Emmi, 1999), han optado por integrarse en el MAM y se sublevan contra la duplicación de la ferrovía en su territorio. El Estado, en contraste, favorece el proyecto mediante las intervenciones del gobierno federal y del poder Judicial (Milanez, 2015).
La apropiación de grandes extensiones de tierras por parte de grupos financieros, que en los últimos años han comprado latifundios por un total de unas 500.000 hectáreas, puede representar el deseo de establecimiento del proyecto minero del grupo. Según interpretan los movimientos sociales, también podría tratarse de una especulación sobre la valorización de las tierras con las inversiones mineras[6]. El subsuelo de la región de Carajás tiene 17 mil lotes, de 50 a 100 hectáreas, masivamente controlados por Vale mediante proyectos que afectan las cuencas hidrográficas de los ríos Itacaiúnas, Xingu, Tocantins y Araguaia (Cruz y Pinassi 2012).
El MAM agrega intereses locales pero se propone como una movilización nacional, siguiendo el ejemplo del MST. Propone transformar las luchas de defensa en luchas “ofensivas”, incluso con actos de desobediencia civil, “sin miedo a desobedecer las leyes que nos criminalizan y nos oprimen” (MAM, 2013:17). A la vez que organizan protestas locales, participan en la política institucional en protestas contra el nuevo Código de la Minería. La propuesta del movimiento es que sólo la participación directa en las decisiones, mediante un proceso verdaderamente democrático, permite el ejercicio de la soberanía. Para enfrentarse al latifundismo, consideran necesario hacer frente al capital extractivista que se estableció en la región. Su diagnóstico es que al problema histórico de la concentración de la tierra se sumaron las contradicciones y desigualdades locales generadas por el neoextractivismo.
Conclusiones
Nuestro objetivo fue demostrar que en el modelo de neodesarrollo actual de Brasil se suman las contradicciones históricas sobre el control de la tierra a las desigualdades causadas por el neoextractivismo. En este escenario, la Amazonia – como ocurrió en el proceso de desarrollo acelerado de la dictadura (1964-1985) – es vista como un engranaje más del sistema. Se abren nuevamente las “fronteras”, reproduciendo antiguos discursos, ya sea del Proyecto Grande Carajás (1980), o del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC, 2007 y 2011). Dos herramientas teóricas, una sobre las contradicciones de la tierra, con el tema de la renta y la concentración, de José de Souza Martins, y otra sobre la inserción de la región en el sistema mundial del extractivismo, de Stephen Bunker, pueden ser útiles para el análisis de la articulación de estas dos fuerzas. Frente a ellas, se articulan movimientos populares como el ecologismo de los empobrecidos, que luchan por la soberanía frente a la minería y por la tierra frente al latifundio. El análisis de la resistencia de estos movimientos – como el llevado a cabo por el MAM – puede revelar el proceso político y ecológico de control y acceso a los recursos y la relación del capitalismo tanto con la tierra como con el subsuelo.
Referencias
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[1] Investigador del Centro de Estudos Sociales, Universidade de Coimbra, y European Network of Political Ecology (ENTITLE) (fmilanez@gmail.com)
[2] Dirigente del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) y del Movimento Nacional pela Soberania Popular Frente à Mineração (MAM) (charlestrocate@hotmail.com)
[3] Portada del periódico Folha de S. Paulo, el mayor periódico de circulación nacional, 16 de octubre de 2011: “Amazônia vira motor do desenvolvimento”.
[4] “Fazendeiros atacam acampamento do MST em Curionópolis” http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1274-fazendeiros-atacam-acampamento-do-mst-em-curionopolis, consultado el 5 de abril de 2015.
[5] “Moradores da vila Racha Placa impedem acesso a obras da Vale”. http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1125-moradores-da-vila-racha-placa-impedem-acesso-a-obras-da-vale, consultado el 10 de abril de 2015.
[6] “Estudo feito em apenas quatro das fazendas do grupo Santa Bárbara aponta a existência de 25.504 hectares de terras públicas”. http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/12-conflitos/1566-estudo-feito-em-apenas-quatro-das-fazendas-do-grupo-santa-barbara-aponta-a-existencia-de-25-504-hectares-de-terras-publicas, consultado el 10 de abril de 2015.
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