Pese a los avances del capitalismo en su etapa neoliberal, y las estrategias de ocupación y acaparamiento territorial que convierten las aguas[1] en mercancía, en contextos locales y nacionales perviven prácticas de reconstrucción de la relación entre la sociedad y la naturaleza, en las que el manejo comunitario del agua se convierte en posibilidad de reconfiguración de la defensa de los bienes comunes.
Histórica y ancestralmente, el agua ha sido concebida como parte de la naturaleza que entrega sentido a la vida de todos los seres, y configura las relaciones de proximidad entre ellos en el tránsito que realiza desde las montañas, y lugares de su nacimiento, hacia los mares en los que confluye su devenir cíclico.
La concepción del agua como parte integral de la naturaleza alberga inmanente e intrínsecamente su definición como bien común[2], pues representa una herencia natural que, de hecho, no debiera ser apropiada bajo ninguna forma de privatización o mercantilización −procesos que en las últimas décadas han desacralizado las aguas y las han convertido en mercancía transable que permite la acumulación económica de agentes privados y corporativos−. En el surgimiento de las sociedades humanas existió un derecho natural de acceso al bien común (Shiva, 2005) que ha desaparecido paulatinamente producto de la transferencia de derechos al Estado y a los grupos empresariales privados y corporativos.
Una mirada al caso colombiano
Las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua en Colombia han trabajado sin el apoyo sistemático del Estado, y en condiciones adversas, frente a un modelo de desarrollo que impacta negativamente en los territorios. La población a través de sus sistemas de agua ha garantizado el acceso a la misma, y se calcula que en el país existen alrededor de 12.000 pequeños prestadores del servicio de agua, muchos de ellos en zonas rurales[3]. Posterior al proceso de Referendo por el Agua (2006 – 2011), que pretendía la consagración en la constitución colombiana del derecho fundamental al agua, la organización de los sistemas de gestión comunitarios ha emergido bajo la figura de Red Nacional de Acueductos Comunitarios[4].
Además de los esfuerzos de esta articulación para enfrentar los ataques de instituciones oficiales nacionales como la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-, que cada vez ahogan más a las comunidades organizadas con exigencias en la normatividad (en una clara contradicción con la inasistencia que el Estado y sus instituciones, como las nombradas, han tenido para con las comunidades), la propuesta de construcción del modelo público–comunitario de gestión del agua y territorial, ocupa los debates y esfuerzos de la Red.
OllaComunitaria- Foto de Gert Stenssens
Siendo Colombia un país biodiverso natural y culturalmente, existen diferencias dependiendo de las características geográficas de los territorios donde se ubican las diferentes comunidades y organizaciones pertenecientes a la Red. Generalmente, la construcción del modelo público-comunitario parte, en principio, de los análisis de las dinámicas territoriales que han dado lugar a la gestión del agua por parte de las comunidades y a la búsqueda de autonomía territorial. Frente a una política de aguas construida para favorecer la inversión privada y el control trasnacional de los territorios[5], las organizaciones comunitarias contraponen un modelo comunitario que de hecho ha funcionado en Colombia desde hace más de 50 años. Ese modelo ha partido de la protección del territorio bajo la concepción según la cual territorios degradados no pueden producir aguas de calidad y en cantidad suficientes para los seres vivos. Por tanto, la defensa y cuidado del territorio es condición necesaria para la gestión del agua, no solamente para garantizar el consumo de la población rural, también para asegurar el cuidado de las fuentes de las que dependen poblaciones urbanas.
Las relaciones de solidaridad y reciprocidad en el interior de las comunidades se convierten en la segunda condición objetiva para la posibilidad del modelo. La división social del trabajo se realiza en función del bien general y al agua no se le asigna valor de cambio, de acuerdo a lógicas de oferta y demanda, como sucede con el fenómeno de la privatización. La diferencia entre valor y precio está claramente manifiesta, los valores asociados al agua (espirituales, tradicionales, ancestrales, etcétera) guían la cotidianidad de la construcción social y el trasegar comunitario. Las tarifas por el servicio se definen en asambleas populares, y las ganancias, cuando se obtienen, se reinvierten en el mejoramiento de los sistemas, procurando la dignificación de la vida de la población.
En el fondo, esta alternativa entraña la resignificación de lo público −en riesgo de desaparición en la etapa neoliberal del capitalismo, que mercantiliza el patrimonio natural a través de estrategias como la financiarización− desde la gestión comunitaria. Así, la dimensión comunitaria del manejo de los bienes comunes pretende demostrar que es posible concebir lo público más allá del Estado, y simultáneamente abre el debate respecto al papel del Estado, la posibilidad, o no, de reconstruir los estados nacionales y / o la construcción de un modelo estatal que encarne la defensa de los derechos y las reivindicaciones proferidas por los pueblos. Ésta es una discusión en ciernes, pues no existe uniformidad de posición frente a la perspectiva de construcción-reconstrucción-transformación del Estado, aunque hay un acuerdo en los puntos señalados anteriormente respecto a su papel de administrador del derecho y su transferencia al modelo corporativo[6].
La emergencia del Estado liberal moderno generó derechos de agua, enmarcados en lógicas de propiedad opuestas al derecho natural de los pueblos al acceso y al control de las fuentes que desde tiempos inmemoriales garantizaron el surgimiento y la supervivencia de civilizaciones asociadas al manejo de los comunes. Desde la aparición misma del Estado liberal moderno y su control en la administración de los bienes naturales, la concepción del derecho ha transitado desde el natural hacia el privado, para derivar en el derecho de mercado. Esto último porque en el fenómeno de la globalización, que perfila la desaparición de los estados nacionales para dar paso a la gobernanza corporativa, el derecho se regula por la capacidad de poder adquisitivo de las sociedades, y el mercado regula el acceso al agua en una clara transfiguración, tanto del papel del Estado para la implementación y efectivización del derecho, como de la garantía natural de acceso de los bienes comunes[7].
El Estado en Colombia, y en varios otros países de América Latina ha permitido y actuado como cómplice de las privatizaciones, la mercantilización y lo que en la contemporaneidad se define como financiarización de la naturaleza −y dentro de ella la financiarización del agua[8]−, fenómenos que atacan la concepción del patrimonio natural en clave de bien común, y despliegan estrategias que, más allá de simples amenazas, materializan la nefasta intención de transformar el bien común en mercancía. Las formas de privatización del agua, que combinan la privatización de la gestión y de las fuentes, y con ello la negación del acceso a ella, desterritorializan comunidades en diferentes partes del planeta, al tiempo que territorializan al capital y le entregan control político sobre las fuentes de agua y sobre las otrora autonomías hídricas de etnias (indígenas y afrodescendientes), culturas campesinas y sociedades urbanas.
Lejos de compartir una visión según la cual se deba caminar hacia la desaparición del Estado, por no cumplir en la mayoría de los casos sus funciones como garante del derecho de los pueblos, las comunidades organizadas comprenden que contribuir a su desaparición sería de alguna manera favorable al modelo corporativo.
Niños rio – Foto de Gert Stenssens
Para la apropiación social y redistribución de los saberes y conocimientos, la construcción de estrategias para la defensa hídrica, la gestión comunitaria y la protección y manejo de los territorios del agua, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios desarrolla una apuesta pedagógica concreta. A través de la propuesta enmarcada en la Escuela del Agua, componentes de análisis geopolítico, formación técnica y normativa instalan capacidades para la lucha por el agua como bien común desde principios y premisas de la educación popular ambiental y los intercambios de experiencias que combinan teoría y práctica.
A largo plazo, el proceso de articulación de acueductos comunitarios proyecta la creación de una ley propia que tenga en cuenta las particularidades y especificidades de las organizaciones y comunidades. La definición de un marco jurídico de prestación del servicio adecuado a las necesidades y posibilidades de las comunidades organizadas, se ancla también en la autonomía política de las legislaciones populares que se han mandatado en escenarios de expresión legislativa popular de carácter nacional.
En un país como Colombia, en el que actualmente se decide la posibilidad de parar la guerra e iniciar un proceso de reconstrucción de las relaciones entre los seres humanos y las de estos con la naturaleza, el papel de las organizaciones comunitarias y su relación territorial para la gestión autónoma y soberana del agua tiene muchas lecciones para compartir. En la defensa del agua como bien común y en la concepción integral del territorio se obtienen puntos de encuentro y estrategias de dignificación de la vida con resignificación de concepciones disputadas por el corporativismo y la mercantilización de lo que nos es común.
Autor: Danilo Urrea. CENSAT Agua Viva. Amigos de la Tierra – Colombia
Referencias:
- Shiva, Vandanna. Las Guerras del Agua. Icaria Editorial. Barcelona. 2005.
- www.censat.org
[1] Hacemos referencia a las aguas, en plural, pues para comunidades ancestrales colombianas, como los Misak territorializados en el departamento del Cauca, existen aguas diferenciadas respecto al papel que cumplen al construirse la relación con los seres vivos (aguas para limpiar los cuerpos, aguas para preparar los alimentos, aguas para calmar la sed, aguas para ritualizar…)
[2] En este artículo el concepto de bien común es diferente al utilizado en otros artículos de la revista. Se ha mantenido con la voluntad de mostrar la diferencia de conceptos existente entre los propios usuarios. Nota del editor.
[3] La Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló la cifra aproximada de 12.000 pequeños prestadores de agua, la mayoría de ellos fuera de los registros de formalización del prestador.
[4] La Red Nacional de Acueductos Comunitarios está compuesta por más de 40 organizaciones territoriales de diferentes departamentos del país, entre las que destacan: Red Territoral de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca -RETACO-, Federación de Acueductos Rurales del Valle del Cauca -FECOSER-, Asociación de Acueductos Comunitarios de Antioquia -ADACA-, Red de Acueductos Comunitarios del Norte de Bolívar, entre muchos otros.
[5] Veáse Urrea y Camacho. Agua y trasnacionales en la costa caribe colombiana. En http://censat.org/publicaciones?task=view&id=2&catid=10049
[6] Para un mayor análisis de los debates contemporáneos frente al derecho humano al agua: Urrea y Pinzón. El agua y el derecho ¿Humano demasiado humano? En http://censat.org/articulos/10024-analisis/10704-el-agua-y-el-derecho-ihumano-demasiado-humano
[7] La propuesta de la construcción de un mercado integral del agua fue presentada por Nestlé en la pasada Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, más comúnmente conocida como Río + 20, realizada en junio del año 2012 en la brasilera ciudad de Río de Janeiro.
[8] La financiarización la comprendemos como la configuración de un mercado de títulos que controla la producción y la distribución de la riqueza. Los agentes que controlan la riqueza son ajenos al proceso y a los circuitos de producción, y son de origen trasnacional. En esta estrategia, el mercado del capital financiero genera control político y control directo sobre los patrimonios, y la financiarización de las materias primas se convierte en clave de acumulación financiera. Así, la inversión en los territorios se convierte en un activo financiero, con posibilidades de transacción en bolsa y de acumulación de capital producto de la especulación sobre los bienes naturales. En el caso del agua, se ha venido gestando una estrategia de mercado, bajo el enfoque del mercado global del agua, que permite su acaparamiento y comercialización.
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