Convenio sobre la Diversidad Biológica: la última oportunidad de evitar la tragedia, acorralada

Jaume Grau López[1]

 

Desde hace ya unas décadas toma fuerza en el debate científico la idea de identificar el actual período como la sexta extinción masiva de especies en la historia geológica del planeta, y la única hasta la fecha causada fundamentalmente por un único factor biótico: la especie humana (Wilson, 2002). Las anteriores, según la evidencia recogida en el registro fósil, se produjeron al final de los períodos geológicos Ordovícico (hace 444 Millones de Años – M.A.), Devónico (360 M.A.), Pérmico (251 M.A.), Triásico (210 M.A.) y Cretácico (65 M.A.).

La diversidad biológica o biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de ecosistemas. La biodiversidad es importante por sí misma: es un indicador de la riqueza de la vida en el planeta. Y a mayor diversidad, mayor capacidad de pervivir en el futuro (resiliencia) a través de la adaptación a las condiciones ambientales o de la especiación (aparición de nuevas especies).

Pero, además, la biodiversidad es básica para el ser humano por los innumerables aspectos que de ella aprovecha nuestra especie. Se denominan servicios ecosistémicos al conjunto de funciones de las especies y sus hábitats que son aprovechados, directa o indirectamente. Se suele clasificar los servicios ecosistémicos en cuatro grupos: suministro de bienes básicos (alimento, madera, medicinas, tejidos, compuestos bioquímicos…); regulación (atmosférica, hídrica, prevención de desastres…); culturales (educación, ocio, estética, espiritualidad…) y de soporte (reciclaje de nutrientes, formación de suelo fértil, producción primaria, depuración del agua…).

Situación actual: la urgencia de actuar es inaplazable

El informe “Perspectiva Mundial de la Biodiversidad[2]” (SCDB, 2010), adoptado por la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB[3]) es un documento de síntesis realizado a partir de una revisión amplia de estudios, análisis e informes estatales de la situación de la diversidad biológica a escala mundial. Se formuló como herramienta para contribuir a la toma de decisiones de los países firmantes del CDB, así como para divulgar al público en general la situación de la naturaleza.

El informe remarca algo ya sabido: el impacto humano sobre el planeta ha ido creciendo a lo largo de los últimos siglos, especialmente desde la revolución industrial. En estos momentos, la humanidad estamos superando de largo la biocapacidad de la Tierra, tanto la provisión de recursos como los sumideros del metabolismo social. Se citan estudios sobre las presiones a la biodiversidad como la Huella Ecológica (REES, 1992), de acuerdo con los cuales en la actualidad se ha superado esta biocapacidad en más del 170%. Otros indicadores mencionados son la deposición de nitrógeno, las poblaciones de peces sobreexplotadas o plenamente explotadas o agotadas, la presencia de especies exóticas en Europa o el indicador de cambio climático. Asimismo, se referencian indicadores del estado de la biodiversidad, tales como el Índice Planeta Viviente, el Índice de la Lista Roja, el Índice de Aves Silvestres, el Índice Trófico Marino, la extensión forestal o de manglares, o el estado del coral, entre otros. En la gran mayoría de indicadores recogidos, se refleja una clara y acelerada tendencia de las especies y los ecosistemas a la degradación.

La situación actual de la biodiversidad se puede resumir mediante algunas figuras; como vemos en la figura 1, cerca del 45% de las especies estudiadas se encuentran amenazadas o casi:

Igualmente, las tendencias de los diferentes grupos, según el Índice de la Lista Roja, son claras:

 A nivel europeo, y según datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente, un alto porcentaje de especies se encuentran en estatus de conservación negativo o inadecuado, y en algunas regiones no se dispone de información científica fiable para ni tan siquiera evaluar el estado de las especies, de acuerdo con la evaluación llevada a cabo en 2010 (EEA, 2010):

Este estado tan preocupante se da en la Unión Europea, que es uno de los actores políticos a nivel mundial que más medidas legales e inversiones ha realizado en conservación de la biodiversidad. La Red Natura 2000, la principal herramienta europea para preservar de forma homogénea y coordinada su biodiversidad,  no ha sido suficiente hasta la fecha para detener la degradación de hábitats y especies[7].

Por otro lado, uno de los elementos más remarcables del informe del CDB es la creciente evidencia científica del hecho que un número cada vez mayor de especies y ecosistemas están a punto de traspasar ciertos umbrales críticos o puntos de no retorno, a partir de los cuales solo pueden entrar en procesos de degradación acelerada e irreversible a escala humana. Los casos de la reducción del casquete de hielo ártico o de la degradación de la selva amazónica son los dos ejemplos paradigmáticos en este sentido.

Otro aspecto que resulta de enorme interés es el apartado “Presiones actuales sobre la biodiversidad y alternativas para resolverlas” (SCDB, 2010: 55 y ss), donde se enumeran las 5 principales causas directas que están ocasionando la pérdida de biodiversidad:

La pérdida de la biodiversidad en sí es un problema que causa profunda preocupación. La biodiversidad también sustenta el funcionamiento de los ecosistemas, que prestan una amplia gama de servicios a las sociedades humanas. Por lo tanto, su pérdida constante tiene graves repercusiones para el bienestar presente y futuro de la humanidad. El suministro de alimentos, fibras, medicamentos y agua dulce; la polinización de los cultivos; la filtración de contaminantes y la protección frente a los desastres naturales, son algunos de los servicios ecosistémicos que pueden verse amenazados por la disminución y los cambios que se producen en la biodiversidad. También están en crisis los servicios culturales, como los valores espirituales y religiosos, las oportunidades para adquirir conocimiento y educación así como los valores estéticos y recreativos. (…)Si los ecosistemas exceden de ciertos umbrales o puntos de inflexión, existe un gran riesgo de que se produzca una pérdida drástica de la biodiversidad, con el consiguiente deterioro de una amplia variedad de servicios ecosistémicos. Probablemente esos cambios repercutan primero y con mayor intensidad en los pobres, pero, a largo plazo, todas las sociedades y comunidades sufrirán las consecuencias. (…)Para evitar las repercusiones más graves de la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, problemas que están muy interrelacionados, los responsables deben formular políticas que aborden ambos con la misma prioridad y en estrecha coordinación. (…) La mayor protección de la biodiversidad debería interpretarse como una inversión prudente y económica para prevenir el riesgo que corre la comunidad mundial. Las consecuencias de los cambios ecosistémicos bruscos a gran escala, afectan la seguridad humana a tal punto que resulta lógico reducir al mínimo el riesgo de provocarlos, aunque no sepamos precisamente la probabilidad de que ocurran. Se ha determinado que la degradación de los ecosistemas y junto con la pérdida de los servicios que prestan, es una de las principales fuentes de los riesgos de desastre. Invertir en ecosistemas diversos y capaces de recuperarse, que puedan soportar las múltiples presiones a las que están sometidos, tal vez sea la mejor póliza de seguro que se haya concebido. No podemos seguir siendo testigos de la continua pérdida de la biodiversidad como una cuestión ajena a las principales preocupaciones de la sociedad: atacar la pobreza, mejorar la salud, garantizar la prosperidad y seguridad de las generaciones presentes y futuras, y hacer frente al cambio climático. El logro de esos objetivos se ve dificultado por las tendencias actuales del estado de nuestros ecosistemas, pero cada uno será muy fortalecido si damos su justo valor al papel que desempeña la biodiversidad apoyando las prioridades compartidas de la comunidad internacional. Para lograrlo, será necesario incorporar los temas de la biodiversidad en los principales procesos de toma de decisiones de los gobiernos, el sector privado y otras instituciones del plano local al internacional. (…) Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad – 3. Resumen ejecutivo (fragmentos)

Pero la gran novedad del informe es que, tras los anteriores fracasos a escala mundial, se ha podido ahondar en el análisis de las causas profundas que explican la actual crisis de la biodiversidad. Así, el documento analiza las razones por las que hasta ahora han fracasado los esfuerzos para frenar la pérdida de biodiversidad, llegándose a la conclusión de que,  por debajo de las causas directas, existen unos impulsores indirectos o causas subyacentes que explican por qué no es posible reducir los impactos directos contra la diversidad biológica. Estas causas subyacentes se encuentran en la propia esencia del modelo económico capitalista de explotación de la naturaleza, aunque la formulación del informe use términos más vagos:

Causas directas de la pérdida de biodiversidad✤ Pérdida y degradación de los hábitats✤ Cambio climático ✤ Carga excesiva de nutrientes y otras formas de contaminación ✤ Sobreexplotación y utilización insostenible ✤ Especies exóticas invasoras

Como era de esperar, el documento no va más allá en el cuestionamiento de la lógica de fondo del modelo. Es interesante subrayar la falta de valentía (y de coherencia) de los autores del informe, así como de los responsables técnicos de la elaboración de informes como la  “Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3”. En un ejercicio ambicioso, identifican las causas directas y los impulsores indirectos, que están asociados directamente a un sistema que prima la obtención de beneficios y la maximización del rendimiento monetario por encima del bienestar social. Sin embargo, fallan en señalar la imposibilidad de continuar con el actual sistema socioeconómico predominante y la urgencia de un cambio drástico de paradigma.

Las propuestas que formula el informe para acabar son interesantes, y señalan algunos aspectos imprescindibles para iniciar el cambio de modelo. Sin embargo, carecen del nivel de ambición y contundencia acorde con la urgencia que el propio documento ha señalado en sus primeras páginas.

La respuesta institucional a la crisis de biodiversidad global: el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro 1992

Los países participantes en la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro en 1992 adoptaron, como es ampliamente conocido, un paquete de medidas para frenar la degradación del medio ambiente mundial. Entre las conclusiones de aquella conferencia convocada por las Naciones Unidas (NNUU) se encuentra la adopción de la Agenda 21, así como la formulación de los tres Convenios de Río: el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Naciones Unidas  para Combatir la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica[8] (CDB). Llama la atención que prácticamente todos los estados soberanos forman parte del CDB. Todos, excepto Estados Unidos de América (EEUU) y algún otro como el Vaticano o Andorra.

Causas subyacentes o impulsores indirectos✤ El cambio demográfico✤ La actividad económica ✤ El volumen del comercio internacional ✤ Las pautas de consumo per cápita, vinculadas a la riqueza individual ✤ Los factores culturales y religiosos ✤ Los cambios científicos y tecnológicos

El CDB entró en vigor en diciembre de 1993, una vez se alcanzó el número mínimo de países signatarios. Los tres objetivos del CDB son “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”.

Su funcionamiento institucional, como todos los convenios internacionales, es complejo. Los principales organismos se resumen a continuación:

• La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano y se reúne regularmente para acordar el desarrollo e implementación del Convenio.
• La Secretaría Ejecutiva, que recae en el PNUMA por decisión de la COP, lleva a cabo las tareas de gestión del Convenio entre reuniones de aquella.
• Existen varios órganos asesores, siendo los principales el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (OSACTT) y el Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio. Asesoran y preparan los documentos que son más tarde negociados en las COP. El primero de ellos debería ser un órgano de carácter científico que recogiera la información disponible sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aunque su utilidad ha quedado en entredicho dada la alta politización de sus componentes (propuestos básicamente por los Estados). Desde 2010, además, desde NNUU se ha apostado por la creación de un organismo independiente de asesoramiento y formulación de informes mundiales, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES[9] por sus siglas inglesas), similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)[10].

Las dificultades de gestión de un Convenio con 193 partes (más EEUU que tiene el status de Observador en todo el proceso) son enormes, tal y como sucede de forma similar en el ámbito del cambio climático. Se da el hecho que en los procesos de toma de decisiones a menudo los representantes de los Estados son personas de perfil político con un conocimiento técnico escaso de la situación de la biodiversidad y las consecuencias de no actuar, cuando no son representantes de Ministerios de asuntos exteriores, economía o comercio de sus respectivos países. Asimismo, la capacidad de influencia y negociación en el seno del CDB se ve condicionada por los recursos económicos y humanos que cada país puede disponer para la participación en las múltiples reuniones que se producen por los cinco continentes cada año. Así, los países del Norte global (fundamentalmente los europeos, EEUU, Japón, Canadá y Australia) tienen una capacidad muy superior a la mayoría de los del Sur global, con lo cual sus intereses siempre se ven reforzados en los procesos de negociación multilateral.

Es destacable el peso que tiene (o se desea que tenga) dentro del CDB el debate y análisis de la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la biodiversidad, lo que se denomina la aplicación del artículo 8 (j). En buena parte de las regiones y países megadiversos (básicamente en la franja intertropical), el cuidado y uso sostenible de la naturaleza ha estado durante milenios, y está aun hoy, en manos de los pueblos indígenas, quienes han desarrollado sus culturas y formas de vida alrededor de la matriz de su medio natural. Pese a que las Partes del CDB son los Estados signatarios, existe un amplio consenso en tomar en cuenta las necesidades y opiniones específicas de los pueblos indígenas en la implementación del Convenio.

Las decisiones que adopta la COP del Convenio se desarrollan a través de diferentes herramientas. Unas de ellas son los Programas temáticos o de cuestiones intersectoriales. Los primeros tratan específicamente sobre la biodiversidad de grandes tipologías de ecosistemas (bosques, islas, aguas continentales, etc.), mientras los segundos tratan asuntos en los que la biodiversidad interacciona con otros elementos (cambio climático, educación, género, áreas protegidas, turismo, etc.).

Otra de las herramientas que dispone el Convenio son los Protocolos.

El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad entró en vigor en 2003 y regula la manipulación, transporte internacional y uso de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) con biotecnología moderna, con efectos potencialmente negativos sobre la diversidad biológica y la salud humana. A pesar de ser un acuerdo fundamental, su utilidad ha resultado ser hasta la fecha muy limitada, por las dificultades de aplicar a la práctica los preceptos del Protocolo. Así las cosas, en 2010 se acordó un nuevo Protocolo Complementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación de los daños transfronterizos que potencialmente se puedan producir a partir del comercio y uso de OMG.

También en 2010 se adoptó el Protocolo de Nagoya (PN) sobre acceso y reparto equitativo de los beneficios que surgen del uso de la diversidad genética, el cual se analiza más adelante.

Por otro lado, las Partes del Convenio también llevan a cabo mecanismos de implementación tales como la adopción de estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad o informes nacionales regulares. Además, el CDB pone a disposición de los países firmantes herramientas para facilitar la transferencia de recursos o de tecnología, esencialmente de los países más enriquecidos hacia los más empobrecidos económicamente. La realidad, sin embargo, es que esta transferencia ha tenido una relevancia pequeña hasta la fecha, tanto por cuestiones presupuestarias como comerciales y empresariales.

Es relevante señalar que las aportaciones económicas en el marco del CDB son voluntarias para las Partes. Esto incluye el apoyo financiero para el funcionamiento del Secretariado y la organización de las COPs y otras reuniones, así como los fondos disponibles para facilitar que los Estados menos desarrollados pongan en marcha las acciones derivadas de los compromisos surgidos del CDB.

La financiación de proyectos vinculados a los objetivos del CDB se vehicula a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial[11] (GEF por sus siglas en inglés). Se trata de un organismo creado por una de las instituciones internacionales más criticadas: el Banco Mundial, y que es gestionado conjuntamente con varios programas y organizaciones de las NNUU, así como los Bancos de desarrollo de cada región del planeta. Este instrumento financiero es responsable de otorgar donaciones a países “en desarrollo y con economías en transición” para proyectos relacionados, no solo con la biodiversidad, sino con el cambio climático y otros problemas ambientales mundiales. El GEF ha sido cuestionado por organizaciones sociales críticas con los organismos internacionales. Así, por ejemplo, se critica que el 80% de los proyectos del GEF están vinculados con líneas de crédito del Banco Mundial[12], que vincula la concesión de estos créditos a la adopción de agendas gubernamentales liberalizadoras del mercado interno y privatizadoras de servicios públicos.

Un hito fundamental en el proceso: la cumbre de Nagoya en 2010

En 2002 se estableció la meta 2010 de la biodiversidad, que pretendía “reducir significativamente el ritmo de pérdida de diversidad biológica” para esta fecha. Para reforzar el compromiso político, NNUU declaró 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad. Sin embargo, ese objetivo fracasó claramente pues, no solo la comunidad internacional no logró reducir ese ritmo, sino que incluso las causas que provocan el debilitamiento de especies y ecosistemas se han agravado.

Por ello, desde el Secretariado del CDB se planteó la siguiente cita como el momento de dar un impulso a la acción global para la conservación de la diversidad biológica. La décima COP[13] del CDB tuvo lugar en Nagoya (Japón), en octubre de 2010. En ella se aprobaron 47 decisiones, aunque el grueso del debate se centró alrededor de tres grandes cuestiones. Por un lado, estaba la aprobación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. En otro vértice del triángulo, la financiación de las medidas a acordar en el Plan Estratégico. Y en el tercer lugar, la aprobación del esperado y necesario acuerdo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (ABS en sus siglas en inglés,  Access and Benefit Sharing), denominado Protocolo de Nagoya[14].

Este protocolo pretende dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los pueblos del Sur en relación al uso de sus recursos naturales: el fin de la biopiratería. Así, el Protocolo de Nagoya debería permitir la consecución del tercer objetivo del Convenio: un reparto justo y equitativo de los beneficios obtenidos por el uso de los recursos genéticos y la aplicación efectiva del artículo 15, sobre acceso a los recursos genéticos, y del 8j, sobre el mantenimiento y respeto de los conocimientos tradicionales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de las comunidades indígenas y locales.

Las otras dos grandes cuestiones de la COP de Nagoya se discutieron conjuntamente. Por un lado, la adopción de un Plan Estratégico 2011-2020 del CDB era una necesidad imperiosa para evitar el fracaso del Convenio, y debía ser un Plan Estratégico ambicioso y suficientemente concreto para enfrentar los retos planteados. Los países del Norte (especialmente la UE) insistían en la necesidad que este Plan fuera fuerte y vinculante. Los países del Sur, sin embargo, planteaban la contradicción de unos países del Norte, ricos, que después de haber degradado sustancialmente la naturaleza en su propio territorio y a lo largo y ancho del planeta, ahora exigían medidas a los del Sur que podían frenar su crecimiento económico y, por ello, reivindicaban un generoso plan de financiación (transferencia de recursos tecnológicos y económicos) de los países ricos a los más empobrecidos para implementar el Plan.

Las negociaciones se prolongaron durante dos semanas y fueron especialmente largas y tensas los últimos dos días, cuando asumieron el protagonismo los Ministros y otros jefes de delegación, durante los cuales el Protocolo de Nagoya fue la herramienta de presión del Norte hacia el Sur para exigir una aceptación del Plan Estratégico. Finalmente, un consenso de mínimos fue alcanzado.

El protocolo de Nagoya

El Protocolo de Nagoya establece un marco internacional que debe asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la Parte que proporciona los recursos genéticos y obliga a cumplir condiciones de cooperación previa y mutuamente acordadas a la Parte que usa los recursos.

Los países del Sur tenían un gran interés en la aprobación de un Protocolo fuerte y vinculante, por motivos evidentes. En cambio, los países del Norte consideraban esta cuestión como menos importante, ya que para ellos el gran tema de preocupación es frenar el ritmo de pérdida de diversidad biológica, por razones básicamente económicas, aunque también incidió la creciente preocupación de las sociedades y la comunidad científica por el estado de la naturaleza en general.

El acuerdo logrado en Nagoya sobre ABS, a pesar de ser un punto de partida esencial, se ha criticado como muy insuficiente. Se ha usado una afortunada metáfora para describirlo: hacía falta construir una herramienta para recoger agua, y el utensilio creado en Nagoya es del tamaño necesario, tiene la forma adecuada y está hecho del material adecuado. Sin embargo, está lleno de agujeros que lo hacen, por ahora, inaplicable. El Protocolo se basa en el hecho que un usuario potencial de un recurso genético (por ejemplo, una compañía farmacéutica del norte) desea usar un recurso genético y/o conocimiento tradicional (por ejemplo, el principio activo de una planta endémica de un bosque tropical) con fines comerciales. Entonces, el usuario sólo puede hacer ese uso mediante el Conocimiento Mutuo Consentido y en unas Condiciones Previas Pactadas con el poseedor de ese recurso (por ejemplo, un pueblo indígena).

Los déficits principales tienen que ver con los problemas que existen a la hora de definir quién es el titular del derecho sobre determinado recurso genético o conocimiento tradicional asociado a su uso. Los pueblos indígenas, poseedores ancestrales de muchos de esos conocimientos, no tienen entidad jurídica, ni es sencillo delimitar su alcance territorial y temporal. Además, los Estados no siempre (más bien casi nunca) representan y recogen adecuadamente los intereses de esos pueblos indígenas.

Por otro lado, no se crea ningún organismo que asegure el cumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo. No se puede, por tanto, apelar a ningún tribunal internacional para dirimir disputas cuando se incumplan los requisitos establecidos en el Protocolo.

El Plan estratégico 2011-2020

El Plan Estratégico 2011-2020 incluye 20 metas principales denominadas “Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”[15], organizadas en cinco objetivos estratégicos:

• Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad.
• Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible.
• Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.
• Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos.
• Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad.

A pesar de tratarse de una herramienta fundamental, el Plan Estratégico fue valorado por organizaciones sociales como insuficiente para el objetivo que persigue[16]. Especialmente porque las medidas incluidas en las Metas de Aichi fueron “recortadas” en los momentos finales de negociaciones, especialmente por los países con gobiernos más ultraliberales (Canadá, Australia) o bien los países empobrecidos o en rápido crecimiento que no deseaban ver recortadas sus opciones de “desarrollo” por restricciones ambientales (Brasil, África), mientras no se solucionara el tercer eje de las negociaciones: la financiación. Brasil estimó en 200.000 millones de dólares el importe necesario para implementar el Plan Estratégico entre 2011 y 2020 en los países del Sur, pero la negociación embarrancó en el objetivo de fijar una cifra. Así las cosas, lo único que se concretó fue el procedimiento para calcular, a partir de 2012 (COP 11 en Hyderabad, India), la cantidad que cada país del Sur necesita para llevar a cabo del Plan.

Sin embargo, a fecha diciembre de 2013 y una vez celebrada la COP de Hyderabad, sigue sin concretarse ni la cifra ni el origen de los fondos que los países ricos deben aportar a los pobres para poder conservar su biodiversidad.

La sociedad civil en las negociaciones del CDB

La participación de los pueblos indígenas en el CDB se vehicula a través de organizaciones que los representan, quienes eligen el sistema de representación de acuerdo a sus costumbres.

Las ONG intervienen como un sector diferenciado, en calidad de observadores, igual como los pueblos indígenas. La mayoría de las ONG más activas y críticas se organizan en la Alianza del CDB[17], una estructura paraguas que lleva a cabo el seguimiento y la función de lobby ambiental en todo el proceso del CDB, no solo las COP, sino de todos los órganos subsidiarios y grupos de trabajo.

En España, desde hace años, Ecologistas en Acción desarrolla una tarea continua de monitoreo de las políticas de biodiversidad del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, tanto en cumplimiento de la legislación estatal y europea como de los acuerdos internacionales. Así, en 2010 se hizo un seguimiento específico de la COP10, que se divulgó en directo a través de un blog[18]. Igualmente, en la COP11 de la India, se desarrolló una tarea de divulgación de los debates y acuerdos (o falta de ellos), tanto hacia la comunidad científica como hacia la población en general[19].  Como ejercicio propositivo, esta misma ONG lanzó en 2011 una Guía para las administraciones públicas en España con el objetivo de contribuir a la implementación del CDB y de sus Metas de Aichi (GAVILAN, 2011-1). Hay que decir, sin embargo, que las administraciones han mostrado muy poco interés por llevar a la práctica los compromisos del CDB, pese a que los tratados internacionales forman parte del cuerpo legislativo vigente en España.

Pese al interés y recursos invertidos por las ONG internacionales en participar en el proceso del CDB, estas mismas organizaciones alertan continuamente de la desigual capacidad de influir en las negociaciones sobre la biodiversidad y otras materias ambientales (cambio climático, o el debate sobre la “Economía Verde”, por ejemplo) respecto de los intereses privados representados por lobbies de las principales corporaciones empresariales transnacionales.

Así, existen campañas mundiales de denuncia de la cooptación de estas grandes corporaciones hacia el proceso de las Naciones Unidas[20], influyendo mediante métodos legales o delictivos sobre los negociadores en beneficio de sus intereses monetarios. Resulta muy interesante, por ejemplo, la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo[21], lanzada durante la Cumbre de la Tierra de Río+20, en el año 2012.

Nuevas amenazas en la segunda década del tercer mileni

La visión economicista de la naturaleza y su biodiversidad, que tiene su principal base teórica en los estudios de “La Economía de la Biodiversidad y los Ecosistemas[22]” (TEEB), se pusieron de manifiesto de forma sangrante en la Cumbre de Río+20, con la apuesta de la comunidad internacional, presionada por los sectores económicos especulativos (fondos de inversión de los grandes bancos, empresas extractivistas y organismos financieros internacionales) por la llamada “economía verde” y “economía azul”.

Frente a esta amenaza, las organizaciones sociales ecologistas, campesinas, indígenas, de mujeres, etc., se reunieron en Brasil durante la cumbre de Río+20, en la llamada Cumbre de los Pueblos, para articular las resistencias y reforzar el apoyo mutuo de los pueblos que combaten esta oleada neoliberal. La Declaración final[23] es un excelente ejemplo de denuncia de las nuevas estrategias de los poderes financieros, así como de la defensa del bien colectivo por encima del interés privado.

En este sentido y en el marco español y europeo, en diciembre de 2011, Ecologistas en Acción realiza una jornada de debate bajo el título Valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos que se convierte en una publicación (GAVILÁN, 2011-2) en la que se analizan algunos de los peligros que en los años sucesivos se están demostrando como reales[24].

A modo de conclusión

La actual es, además de financiera, económica, social, ética, política e institucional, una crisis ecológica. Los dos elementos más significativos de esta crisis son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y ambos amenazan muy seriamente la estabilidad relativa de la vida en la Tierra de la cual dependemos en buena medida.

La descripción de la crisis ambiental que se puede leer en los informes científicos actuales  relativos al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad da la razón en gran medida a los miedos y denuncias que los primeros movimientos ecologistas, en las décadas de 1960 y 1970, lanzaban al calor de las oleadas keynesianas que impulsaron el “crecimiento” económico en los países del norte. Pero, paradójicamente, la constatación del acierto de los críticos “verdes” al capitalismo neoliberal no ha llevado a sus máximos defensores al cuestionamiento de sus dogmas y principios de funcionamiento. Más bien al contrario. Las políticas ultraliberalizadoras que impone la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en los países europeos rescatados son una vuelta de rosca más en la lógica de hacer del mercado la única fuerza rectora de la sociedad. Son las mismas políticas impuestas en latinoamérica o el sudeste asiático en las décadas de 1980 y 1990 bajo el Consenso de Washington y que significaron el despegue del PIB de aquellos países a costa de la aniquilación de los servicios públicos e incluso del concepto de “estado social”, a la par que la depredación de los recursos naturales de aquellos países, tanto por el capital transnacional como por sus propias oligarquías nacionales (CASTRO, 1994).

El reto es sin duda formidable, pero la necesidad apremia. Es probable que durante algún tiempo las recetas neoliberales, junto a la persistente colonización cultural y las crecientes estrategias de control y represión social logren mantener el status quo y permitir que, en lo fundamental, el sistema no cambie y las élites económicas sigan acaparando la mayor parte del capital. En este intervalo, los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza con toda probabilidad van a continuar acentuándose. Esto incrementará las contradicciones y engrosará las filas de pueblos desposeídos y desesperados que reclamarán soluciones y una vida digna.

Si la sociedad fracasa en prevenir la extinción masiva de especies, probablemente las generaciones futuras vivan mucho peor de lo que lo ha hecho la humanidad (por lo menos en ciertas partes privilegiadas del planeta) en los siglos XX y XXI. En ese hipotético futuro, la población se preguntará cómo fue posible que, a principios del siglo XXI, con la capacidad tecnológica actual, el conocimiento científico y el desarrollo cultural general, la humanidad fuera incapaz de ver la magnitud de la tragedia que se avecinaba y actuar en consecuencia.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es una de las mejores herramientas de las que dispone la comunidad internacional para hallar los caminos que transiten de forma pacífica y ordenada hacia una sociedad que, necesariamente, cumplirá con la Visión incluida en el Plan Estratégico del CDB: “Viviendo en harmonía con la Naturaleza: para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.”

Gobiernos, empresas, organizaciones sociales e individuos tienen la oportunidad de aprovechar esta herramienta antes de que sea demasiado tarde y se hayan traspasado los umbrales críticos. Las negociaciones sobre cambio climático no son un buen augurio, pero aún existe algo de tiempo para reaccionar.  Probablemente, la clave estará en la capacidad de los pueblos y de sus organizaciones sociales de ser conscientes de las amenazas que la crisis actual y las nuevas estrategias corporativas suponen para su propia supervivencia, y de reaccionar de manera acorde a ello.

Referencias

CASTRO Herrera, Guillermo,  “Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina”, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura – Casa de las Américas, 1994.

EEA – European Environment Agency, “Species of European interest” (SEBI 003/CSI 007), 2010. (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/species-of-european-interest/species-of-european-interest-assessment)

GAVILÁN, L.P., Grau, J y Oberhuber, T., “Cómo cumplir con las Metas de Aichi. Manual de Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica”, Ecologistas en Acción[25], 2011-1.

GAVILÁN, L.P., Grau, J y Oberhuber, T., “Valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos”, Ecologistas en Acción[26], 2011-2.

REES, William E., «Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out«, Environment and Urbanisation 4, Vancouver, 1992.

SECRETARÍA del Convenio sobre la Diversidad Biológica, “Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3”, Montreal, 2010, p. 94.

WILSON, Edward Osborne, The Future of Life, 2002.

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