Responsabilidad global y extraterritorialidad en la pérdida de biodiversidad

David Llistar[1], Eneko Garmendia[2], Leire Urkidi[3], Iñaki Arto[2]

Palabras clave: Deuda Ecológica, Metabolismo Social, Biodiversidad, Impactos socioecológicos, Catalunya, País Vasco

¿Quién destruye la biodiversidad global? Aunque existen evidencias claras que el aumento del comercio internacional, y con ello de los flujos de energía y materiales asociados, contribuyen significativamente a la pérdida de biodiversidad, lo cierto es que no existen demasiados estudios globales sobre cómo las economías más consumidoras interfieren sobre la biodiversidad más allá de sus fronteras. A los autores de este artículo sólo les consta que se hayan realizado tres estudios con la perspectiva de disponer de un diagnóstico sistémico que permita desplegar políticas públicas que permitan afrontar la extraterritorialidad de las obligaciones hacia la conservación de la biodiversidad. Estos son los casos del Reino Unido (Scott Wilson Ltd, 2006; y recientemente actualizado a través del estudio (West et al., 2013)), de Catalunya  (Llistar, Jurado et al., documento interno 2009, pendiente publicación) y de Euskadi (Urkidi y Garmendia, 2013).

Pese al número limitado de estudios, la necesidad de abordar esta problemática desde el punto de vista del desarrollo de políticas internas es, tal como veremos en este artículo, evidente. A continuación se expone brevemente la metodología y los principales resultados de los estudios catalanes y vascos, finalizando con un apartado conjunto de discusión y conclusiones.

La responsabilidad extraterritorial de la economía catalana en la pérdida de biodiversidad[4]

El primer reto metodológico al que se enfrentan los estudios de responsabilidad exterior en el ámbito de la biodiversidad es acotar el potencial abanico de temas a tratar en la investigación, que por defecto es de alcance mundial en lo geográfico, multisectorial en lo económico y multinivel en lo que a la diversidad biológica se refiere. En este caso se optó por acotar el marco de búsqueda a espacios geográficos de biodiversidad que cumplieran tres características: un intenso grado de pérdida de riqueza biológica; presencia de interferencias ambientales con origen en actividades económicas catalanas; y que dichas actividades tuvieran un fuerte efecto sobre la destrucción de biodiversidad. Dicho de forma sintética, se establecieron tres focos para el análisis: hotspots de biodiversidad, internacionalización catalana e impactos específicos en la diversidad biológica.

La huella en el exterior de la economía catalana.

En Cataluña, en 2012, vivían 7,5 millones de personas. Su economía representa alrededor de una quinta parte del producto interior bruto español (Idescat, 2013). Históricamente, Cataluña dispone de una base industrial importante. El porcentaje de producción generado por el sector industrial en 2010 fue del 18,5%, frente al 18,6% en la zona euro y el 15,6% a nivel estatal. A esta base industrial hay que añadir un sector terciario ampliamente diversificado que representa el sector con más peso de la economía catalana, con el 71,2% en el año 2010. El sector de la construcción se sitúa por debajo de los sectores de industria y servicios, con una participación de 9,1% en el PIB, y es actualmente el sector con mayor retroceso debido a la crisis (en 2005 tenía una participación de 16% en el PIB). El sector de la agricultura, similar al de otros países europeos, tiene poco peso en cuanto a la contribución al PIB, ya que en 2010 representaba el 1,1%.

No obstante, este tipo de caracterización de la economía no da cuentas del consumo de recursos que representan los diversos sectores en términos biofísicos ni del impacto que supone la importación de muchos de ellos en términos de costes socioambientales a nivel mundial, ni en el presente ni en el futuro.

El indicador simplificado más extendido a la hora de dar una idea de la disponibilidad de recursos y del impacto del modelo económico, social y ambiental de un territorio (por ejemplo, Cataluña) en el sistema ecológico planetario es la huella ecológica, aunque un análisis mucho más preciso puede obtenerse a través del estudio del metabolismo social que nos permite analizar la relación entre el uso de recursos naturales, los servicios ecológicos y la actividad económica de una sociedad dentro y fuera de sus fronteras (Martínez-Alier et al., 2010). De esta forma, el metabolismo social analiza en qué medida las economías “ingieren” materias primas, que son “metabolizadas” para producir bienes y servicios, y “excretan” residuos en forma de materiales desechados y contaminación. Esta metodología permite identificar, no sólo qué actividades económicas acaparan espacio socioambiental ajeno, sea de tipo transnacional o transgeneracional, sino también identificar dónde se produce dicho acaparamiento, un aspecto crítico a la hora de diseñar políticas públicas.

A partir de los principales flujos de materiales del sistema económico y el estudio de sus orígenes, se cruzaron los mapas de zonas de mayor riqueza de biodiversidad a nivel mundial[5] con el rastreo de impactos del “factor catalán”, a menudo recogidos a partir de referencias directas con colectivos de afectados, redes de justicia ambiental, o de literatura gris rastreada en hemerotecas e internet. La red de relaciones del ODG, con redes diversas de justicia ambiental, fue clave en muchos casos.

Se organizó la lista de hallazgos en función de los mecanismos de anticooperación según marcos conceptuales habituales en las redes de justicia socioambiental utilizados en la investigación activista del ODG y grupos afines, y descritos en la Teoría de la Anticooperación (Llistar, 2009). Los principales resultados son los siguientes:

Las importaciones: el primer vector de anticooperación destructor de biodiversidad.

Las importaciones catalanas actúan como la principal fuerza motriz transnacional de la pérdida de biodiversidad exterior.

La secuencia de impactos empieza a partir de una demanda localizada en un marco territorial como Cataluña, que se transmite hacia los países exportadores a través de una cadena de operadores comerciales y financieros que buscan el máximo lucro en el menor tiempo posible, y que sumada a otras contribuciones semejantes procedentes de otras economías consumidoras, termina con una suerte de presión extractiva de materias primas y especies vivas sobre territorios ricos con condiciones más favorables para el capital invertido.

A escala global, la extracción y la comercialización internacional del producto extraído ha sido señalada en la literatura como la causa central de degradación biológica. Por ejemplo, Lenzen et al., (2012) en Nature muestran cómo el comercio internacional de bienes como el aceite de palma, los textiles u otras manufacturas son la causa del 30% de las amenazas a la biodiversidad a escala mundial. La globalización de la economía también es responsable del avance de las fronteras agrícolas, petroleras, mineras en detrimento de bosques, comunidades humanas y otros ecosistemas de diversidad biológica y cultural.

Los modelos deslocalizados, como por ejemplo el actual sistema agroalimentario catalán (incluido el pesquero), o el sistema energético y mineral, propios de economías internacionalizadas como la catalana, se convierten en la práctica en sistemas de “depredación deslocalizada”, donde el comprador se desentiende de las condiciones de explotación en origen apelando a la falta de conocimiento, justificándose en la competencia, delegando responsabilidades y/o apoyándose en una falsa soberanía de las autoridades en los países exportadores. Las dificultades de gobiernos de Estados pequeños, frágiles y/o corruptos para extender un régimen protector de la biodiversidad, la asimetría de las fuerzas en contienda y los intereses particulares de las  élites gobernantes en los países conducen a una «ley de la selva contra la selva».

En el caso catalán se han analizado las importaciones de petróleo, gas, carbón, uranio, soja, aceite de palma, café, flores, pesca, madera, cobre, y las importaciones usadas para  bioprospección por parte de las farmacéuticas catalanas.

Las seis primeras materias primas citadas tienen un vínculo directo con el metabolismo social energético catalán y el modelo puesto en práctica por los decisores políticos. El 93% de la energía primaria que consumió la economía catalana en 2009 se produjo a partir de fuentes no renovables (petróleo y sus derivados en un 47,2%, gas natural en un 24,6% y uranio en un 20, 1%) (ICAEN, 2013). Por otra parte, estas fuentes de energía no se encuentran disponibles en su territorio, por lo que dependen en su totalidad de las importaciones de origen externo. Durante el periodo 2007-2011, la procedencia del petróleo fue principalmente, y por orden de importancia, de Rusia, México, Arabia Saudí, Irán, Nigeria y Libia. Mientras que durante el mismo periodo, el gas procedió de Argelia, Nigeria, Qatar, y Egipto, entre otros suministradores menores. El petróleo y gas consumido apuntan directamente a uno de los mayores desastres ecológicos y humanos de mundo, el del Delta del Níger. Por otro lado, Indonesia y Colombia fueron los principales suministradores de carbón, mientras que el biodiesel importado procedía de aceite de soja argentino y aceite de palma indonesio. El uranio utilizado por las tres centrales nucleares catalanas se alimentó de uranio extraído de Rusia, Australia, Níger y Kazajstán.

Las bases estadísticas disponibles en la mayoría de casos no permiten ubicar el origen de las importaciones y relacionarlas directamente con las áreas concretas de extracción, aunque algunos institutos cartográficos de estados como el ecuatoriano empiezan a georeferenciarlas y ofrecen sus datos en sitos oficiales. En ocasiones resulta efectivo cruzar los mapas de extracción oficiales con los de conflictos que se están creando de forma colaborativa por redes de afectado/as ambientales y resistencia como Oilwatch, Red Mexicana de Afectados Ambientales, Red Ríos, etc. En el caso del petróleo nigeriano o el carbón colombiano que llega a las fronteras españolas, es lógico relacionarlos con la extracción del Delta del Níger y de la gran mina a cielo abierto del Cerrejón en la Guajira, dado que son las principales zonas de explotación de esos dos stocks energéticos en cada uno de los países.

El segundo vector significativo en cuanto a responsabilidad transnacional de la economía catalana en la pérdida de la biodiversidad es el asociado al efecto que el cambio del clima tiene sobre los hábitats, los ecosistemas y las especies de zonas sensibles. Algunas predicciones sitúan una pérdida de aproximadamente una cuarta parte de las especies terrestres para el 2050 debido al cambio climático si no hay cambio de modelo (Campbell et al., 2009). Cataluña también tiene su parte de responsabilidad en esta problemática.

Un tercer vector es el que producen empresas de capital catalán operando fuera de sus fronteras bajo distintas fórmulas asociadas a la inversión extranjera o al comercio de servicios (inversión de planta, contratos de construcción de infraestructuras, presencia de capital financiero, servicios turísticos, etc.). Ello nos remite a analizar la presencia de transnacionales catalanas y de la financiación o garantía sobre operaciones llevadas a cabo por terceros actores, cuando estos destruyen por alguna vía la biodiversidad. Así, mientras que las inversiones catalanas en América Latina y África tienen un carácter ligado a las exportaciones de materias primas, que son las que mayor impacto tienen sobre la biodiversidad, las asiáticas están asociadas mayormente a la deslocalización industrial.

En este vector se analizaron los sectores de servicios financieros y banca, energía y agua, materias primas, empresas químicas y farmacéuticas, y construcción y hostelería. Los resultados son diversos y ofrecen evidencias que deberían desarrollarse en ulteriores investigaciones. Casos como el de la construcción de 40.000 viviendas de lujo en la zona de dunas cercanas a la ciudad brasilera de Natal (por el Grupo Sánchez, cofinanciado por Caixa Cataluña, Proyecto “Natal Elegance”). O el de la cementera Ciments Molins que opera en Bangladesh cerca de la frontera con la India y que ha sido denunciada por grupos locales. O el acaparamiento en Gambia de entre 150 y 200 mil hectáreas para producción de agrocombustible (por Mercatalonia Banjul, Co. Ltd, “Proyecto Afropalma 2020 Gambia”, cofinanciado por La Caixa). O fondos de inversión ofrecidos por el Banc Sabadell como el “Index UBS Commodity” que especulan con alimentos.

El estudio analiza también el fenómeno venidero del biodiversity offsetting[6], es decir, de los mecanismos financieros de mercantilización y compensación de la biodiversidad, todavía no implantados en Cataluña. Un nuevo vector de presión sobre la naturaleza, de financiarización y, finalmente, de desposesión.

Respecto al comercio de especies (vivas o muertas), se analizó, tanto el comercio legal reportado a CITES como los circuitos de tráfico ilegal.

El tráfico ilegal a nivel global se estima en cerca de 55.000 millones de euros, el tercero en importancia después del de drogas y de armas.  Por el territorio español pasa más del 30% de ese comercio ilegal de animales y plantas protegidas debido a su estratégica situación geográfica. Es utilizado como punto de enlace entre países de origen y países receptores (desde África ecuatorial y Latinoamérica hacia Europa y Japón; desde el Sudeste asiático hacia EEUU y Canadá). Se han reportado varios casos de tramas con implicación catalana.

Respecto al tráfico legal de especies, tal y como se constata en CITES-España (2012), desde 2004 hasta 2009 han predominado la importación de pieles, flancos y trozos de animales, que en un 98% corresponden a reptiles. Sobre todo, pieles de lagartos (géneros Tupinambis y Varanus), serpientes (género Python y Ptyas) y cocodrílos (género Cayman y Aligator). Una vez importados, muchos de ellos se reexportan en forma de pieles teñidas y acabadas, de zapatos, bolsos y demás manufacturas de piel. Un pequeño porcentaje de las pieles importadas se corresponde con mamíferos (zorro argentina, lince rojo, lince canadiense, etc.). La importación de animales vivos viene disminuyendo desde 2005 debido, en gran parte, a la restricción de importación de aves vivas debido a la gripe aviar. Aproximadamente el 85% de las importaciones son reptiles, predominando la iguana común (Iguana iguana) criada en cautividad, las tortugas (familias Emydidae y Testudinae) y algunas serpientes pitones. Como ejemplo representativo, en Cataluña se importaron de forma legal entre 2006-2007 514 unidades de hipopótamo procedentes de Tanzania y Zambia, o 2.175 camaleones de Ghana, Madagascar, Tanzania o Camerún.

¿Para qué? En origen, las fuerzas motrices en el comercio de especies -tanto legal como ilegal- son principalmente 4: el lujo (peletería, joyería, restauración) ligada a la exclusividad de especies raras y, por tanto, caras; la parafarmacia (por ejemplo, las cápsulas de Omega3 procedente de la grasa de foca que se consumen en las parafarmacias catalanas); trofeos, caza y pesca deportiva (como puso de manifiesto la caza de un elefante en Bostwuana por el Rey Juan Carlos, ambas especies amenazadas); la posesión de mascotas (como los macacos de berbería, especie endémica de las montañas del Rif y el Atlas magrebíes que se introducen en Europa a través de Algeciras).

Otros drivers específicos han sido considerados y analizados, desde los patrones de consumo turístico de los catalanes (3,5 millones de viajes emitidos durante el 2011 al extranjero), hasta la importación de madera ilegal, o la inclusión de criterios de conservación en las políticas oficiales con potencial impacto extraterritorial del gobierno catalán, como la compra pública ética, el apoyo público a la internacionalización de las empresas catalanas o la ayuda oficial catalana al desarrollo.

Igualmente, se ha puesto de relieve la estrecha correlación entre las pérdidas de diversidad biológica y de diversidad cultural (por ejemplo entre ecoregiones y grupos etnolingüísticos). La aplicación de conocimientos y costumbres tradicionales ha permitido proteger y mantener en el tiempo la biodiversidad única e importante de muchas de estas zonas. Un estudio de caso referido al pueblo wayúu en la Guajira colombiana afectado por la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina,  corrobora este fenómeno. Esta mina es uno de los dos orígenes principales de  suministro de carbón a Cataluña.

Hay que destacar que este estudio ha realizado un resumen cartográfico dinámico en el que se puede encontrar información sobre los principales impactos producidos (Figura 1).

Mapa dinámico de casos de pérdida de biodiversidad producida por anticooperación catalana (Fuente: ODG, 2012)

La responsabilidad extraterritorial de la economía del País Vasco en la pérdida de biodiversidad

En el caso del País Vasco (PV), el análisis de su metabolismo social revela que se trata de una economía altamente intensiva en recursos. En el año 2004, los Requerimientos Totales de Materiales (RTM) del PV ascendieron a las 108 toneladas per cápita (t/cap) (Arto, 2009). Este valor es similar al de Finlandia (109 t/cap), pero superior al de la mayoría de países de la UE como España (50 t/cap) o el Reino Unido (35 t/cap). De estos materiales, únicamente el 17% se obtienen dentro del PV, mientras que el 83% restante proviene de fuera de sus fronteras: el 35% de España y el 48% del resto del mundo.

Figura 1. Composición de los Requerimientos Totales de Materiales del País Vasco (Fuente: adaptado de Arto, 2009)

Esta dependencia externa está condicionada en gran medida por el elevado peso del sector industrial en la economía y por la escasa disponibilidad de recursos en relación con el tamaño de la región, población, PIB y estructura productiva. En este sentido, las industrias metálicas han sido tradicionalmente uno de los motores de la economía vasca, lo cual condiciona la composición de los RTM de la región: los minerales metálicos suponen el 46% de los RTM, la totalidad de los cuales son importados. Otra de las características de la economía vasca es su elevada intensidad energética, representando los combustibles fósiles el 17% de los RTM. La totalidad de estos combustibles fósiles se importa de otras regiones del mundo, lo que aumenta la dependencia externa de la región.

A continuación se señalan los principales vectores que vinculan el  metabolismo del País Vasco con la pérdida de biodiversidad más allá de sus fronteras territoriales. Para una descripción más detallada de los impactos socioecológicos asociados a la economía vasca ver Urkidi y Garmendia (2013).

Impactos ligados a la importación de combustibles fósiles

Las importaciones de gas y petróleo constituyen más del 90% del consumo de energía del PV. Estos combustibles fósiles  provienen de países como Rusia, Irán, México, Nigeria o Argelia, donde su extracción está causando en muchas ocasiones la deforestación de bosques, destrucción de numerosos hábitats, daños a la fauna terrestre y marina, lluvia ácida, contaminación de recursos hídricos y la emisión de grandes cantidades de CO2 y otros desechos tóxicos, con graves afecciones para los ecosistemas y las comunidades cercanas. Por poner solo un ejemplo, se estima que en los últimos cincuenta años sólo en el Delta del Níger, una de las regiones abastecedoras del PV, se han derramado más de 13 millones de barriles de petróleo, el equivalente a 50 veces lo vertido en el accidente del Exxon Valdés. Por otro lado, en consonancia con lo observado en el caso catalán, cabe destacar los impactos de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas del uso de combustibles fósiles en el PV. En este caso, la deuda de carbono del PV (medida en términos de la deuda histórica acumulada por las emisiones de CO2) superó en el año 2005 los 5.000 millones de €, más del 9% del PIB de ese año (Hoyos, 2009).

Derrame de crudo en el Delta del Niger (Fuente: Sosialistisk Ungdom under Creative Commons)

Impactos ligados a la importación de agrocombustibles

El PV también presenta un elevado volumen de importaciones de agrocombustibles. En 2010, las importaciones vascas de aceite de palma alcanzaron la cifra récord de 35.000 toneladas. El 96% de este aceite provenía de Indonesia, el mayor productor de aceite de palma del mundo. En este país las plantaciones de palma africana (Elaeis guineensis) se están  expandiendo alarmantemente impulsadas por la demanda de la industria agroalimentaria y energética. Se estima que la mitad del terreno ocupado por estas plantaciones se habría logrado a costa de la tala de bosques primarios (Koh et al., 2008) en algunas de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, poniendo en riesgo especies endémicas en peligro de extinción como el orangután de Borneo (Pongo pygmaeus) o el tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae).

Sin embargo, estas no son las únicas especies amenazadas. En las plantaciones de palma sólo se encuentran entre un 5% y un 53% de las especies de aves que habitan en los bosques primarios, un 10% de las especies de mamíferos medianos o grandes y un número menor de invertebrados, especies clave para el desarrollo funcional de los ecosistemas, por ejemplo, en la polinización o en el ciclo de nutrientes (ver Persey y Anhar, 2010). La expansión de la palma también está provocando el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas junto a una creciente vulneración de derechos humanos por parte de las compañías y las fuerzas de seguridades privadas y estatales. Paradójicamente, en Europa y el PV los agrocombustibles se están promoviendo para reducir las emisiones de GEI, a pesar de que la proliferación de este monocultivo está causando la liberación de una gran cantidad de carbono: con una superficie de menos del 0,1% del planeta, Indonesia contribuye al 4% de las emisiones globales de GEI debido a la destrucción de bosques y turberas.

Rescate de orangutanes apresado en una plantación de palma en Borneo (Autor: Karmele Llanos)

Impactos ligados a la importación de minerales

A pesar de la tradición minera de ciertas zonas del PV, en la actualidad todos los metales utilizados en la región son importados desde el exterior. Por su volumen e impacto destacan las importaciones de estaño, níquel y aluminio.

Las importaciones vascas de estaño constituyen el 70% de las importaciones del Estado español y el 9% de la Unión Europea, y suponen el 29% de los RTM del PV. El estaño se utiliza principalmente para la producción de cápsulas de taponado para el vino y se extrae principalmente en el Sur, en países como Bolivia, donde la deuda ecológica de los países europeos se remonta a épocas coloniales. Debido a su baja concentración, la extracción de estaño requiere remover grandes cantidades de roca y otros materiales (6.791 toneladas por cada tonelada de estaño) causando importantes daños ambientales. Además, durante el proceso de fundición se generan grandes cantidades de residuos tóxicos y emisiones. En el caso de Bolivia, la extracción de estaño está causando la degradación de numerosas cuencas como la de Huanuni (Oruro), donde la contaminación por drenaje ácido y metales pesados ha generado  importantes impactos sobre la flora y la fauna (Zamora et al., 2010). La contaminación afecta a la vegetación de ribera y lacustre, a los cultivos, a la fauna acuática y salvaje, al ganado, y por ende, a la salud humana. Varias especies endémicas de flora de gran valor ecológico, entre otras, la lampaya (Verbenaceae) o la Chersodoma (Compositae) se están viendo amenazadas (Zamora et al., 2010). La cuenca fue declarada Zona de Emergencia Ambiental en 2009.

Colas, sedimentos apilados en la cuenca del Huanuni, Bolivia (Autor: Leire Urkidi)

Las importaciones de níquel al PV alcanzaron su máximo en 2006 y supusieron el 30% del total del Estado español. Este níquel proviene principalmente de Rusia, desde ciudades como Norilsk, donde se localiza el mayor yacimiento de níquel del mundo. Debido a la extracción de este metal, la ciudad se encuentra entre las 10 más contaminadas del mundo y no tiene un solo árbol en 48 kilómetros a la redonda debido a la lluvia ácida. Para hacernos una idea, en esta ciudad al año se emiten más de 4 millones de toneladas de desechos tóxicos (ej. cobre y arsénico) a la atmósfera.

Las importaciones de aluminio también constituyen una fuente importante de deuda ecológica en el PV. Sólo en 2010, estas importaciones ascendieron a 66.000 toneladas. En este caso, además de los efectos directos del proceso de extracción, los daños relacionados con la producción de aluminio tienen que ver con los recursos energéticos necesarios para su transformación (según World Watch Institute el 2% del consumo de energía mundial se dedica a la producción de aluminio). Para satisfacer esta demanda de energía se están construyendo grandes represas hidroeléctricas en países como Mozambique y Brasil (origen de las importaciones vascas), destruyendo bosques tropicales, inundando áreas protegidas y obligando a la reubicación de miles de familias, muchas de ellas provenientes de comunidades indígenas con un gran vínculo territorial.

Impactos de otras actividades económicas de empresas vascas en el exterior

Además de los impactos relacionados con las importaciones de materias primas, existen actividades de empresas vascas en el exterior que están afectando gravemente a la biodiversidad global y a los ecosistemas de otras regiones del mundo. Por ejemplo, tras el agotamiento de los recursos pesqueros en el Atlántico, en la actualidad, la mayor parte de las capturas de la flota vasca se llevan a cabo en otros océanos donde los stocks pesqueros y la pesca tradicional se ven amenazados por la expansión de la pesca industrial. A modo ilustrativo, en el año 2004 la mitad de la flota pesquera vasca se dedicaba a la pesca de poblaciones de túnidos en el Océano Indico.

En las últimas décadas, las empresas vascas han invertido más de 60.000 millones de € en Inversión Extranjera Directa, correspondiendo el 85% de esa cantidad a empresas de los sectores financiero y energético. Entre sus actividades con mayor impacto sobre la biodiversidad, destacan las inversiones y préstamos en el sector de la minería, la agroindustria, la extracción de petróleo y las centrales hidroeléctricas principalmente, pero no exclusivamente, en Sudamérica. Estas actividades han sido vinculadas a la apropiación indebida de tierras, violación de derechos humanos, contaminación y agotamiento de reservas de agua y daños irreversibles para la biodiversidad. La construcción de la mega planta Hidroeléctrica de Barra Grande (ver Foto 4), que supone la inundación de 8.138 hectáreas de bosques primarios, o el Proyecto Camisea de gas natural en la Cuenca del Bajo Urubamba (sudeste del Amazonas peruano) son dos ejemplos de los numerosos proyectos financiados por empresas con domicilio social en el PV (como el BBVA), con graves afecciones para la biodiversidad.

Construcción de la represa de Barra Grande en Brasil (Fuente: International Rivers)

Conclusiones

Las conclusiones de ambos estudios demuestran como desde el punto de vista de las políticas de conservación y, sobre todo, del grave problema de destrucción de la biodiversidad planetaria, las economías altamente internacionalizadas y de alto nivel de consumo analizadas estaban en distinta medida interfiriendo en los puntos más ricos en biodiversidad. A través de una economía globalizada, el sistema socioeconómico carece de controles en cuanto a sus efectos sobre la biodiversidad exterior y presenta un comportamiento habitual en los mecanismos de anticooperación Norte-Sur (Llistar, 2009). Es decir, no existen controles públicos para evitar la presión fuera de las fronteras, salvo en materia de comercio de especies vivas, ni tampoco una valoración de qué políticas internas causan un mayor daño, a qué dispositivos transnacionales se debe, ni sobre qué ecoregiones, ecosistemas, hábitats, especies y endemismos del planeta se producen. Por ello, en los estudios se aconseja la inclusión de criterios de responsabilidad exterior sobre la pérdida de biodiversidad global en las distintas medidas gubernamentales. Es decir, introducir el principio de extraterritorialidad, o mejor dicho, de «responsabilidad global» en las políticas domésticas. Algo muy parecido a lo que en el ámbito de las políticas de ayuda al desarrollo se conoce como “coherencia de políticas” para el desarrollo: la eficacia en la erradicación de las insoportables desigualdades mundiales (o en sus términos más naif, la erradicación de la pobreza) no deben atajarse sólo mediante las políticas de ayuda oficial al desarrollo (AOD), sino sobre todo mediante las políticas para frenar los impactos negativos. Algo que requiere una aproximación  de conjunto de la acción de Gobierno (“The whole government approach”) (Millán, 2013).

Satisfacer las necesidades de toda la humanidad preservando la biodiversidad y los ecosistemas, que son esenciales para la continuidad de la vida humana en el planeta, es probablemente nuestro mayor reto como especie (Ehrlich et al., 2012). Ello requiere una profunda transformación de los modelos de producción y consumo y de las relaciones comerciales y humanas entre los países enriquecidos y empobrecidos, entre los seres humanos y la naturaleza. Las economías más opulentas, como la vasca o la catalana, deben ajustarse a criterios ambientales y sociales más allá de sus límites territoriales y, para ello, deben contener sus aspiraciones de crecimiento ilimitado y reducir sus niveles de consumo. De esta forma, favoreceríamos la reducción de los impactos ambientales globales y dejaríamos de limitar el acceso de las comunidades del resto del mundo a sus propios recursos, a los servicios de sus ecosistemas y a su bienestar. Los desafíos son enormes, pero los esfuerzos son inevitables si realmente queremos evitar el colapso del planeta y lograr una sociedad más justa y sostenible.

Por otra parte, ambos casos de estudio muestran los múltiples canales por los que Cataluña y el País Vasco interfieren negativamente sobre la conservación de la biodiversidad a escala global y en los pueblos que dependen de ella directa (campesinado, pueblos indígenas, pescadores) o indirectamente (población urbana y periurbana). Es decir, describen lo que podríamos conceptualizar como una anticooperación ambiental catalana y vasca desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad. De modo que resulta lógico inferir dos resultados útiles, el primero de visión y el segundo metodológico:

i)- Si existe anticooperación, existe una responsabilidad exterior. Mejor dicho, una “responsabilidad global” dado que se distribuye por el globo, aunque como hemos visto, predominan  las interferencias sobre ecoregiones tropicales biológicamente muy productivas, y/o en países empobrecidos con estados incapaces de controlar las presiones sobre su territorio. De aquella responsabilidad global de economías y sociedades como la catalana y la vasca, se desprende una obligación moral que algunos han referido como deuda ecológica y que tiene carácter histórico. Pero también una obligación pragmática que resuelva urgentemente la brecha entre la retórica oficial vociferada ante el problema mundial de la quinta gran extinción y los “servicios” de los ecosistemas, y la orientación de las políticas públicas estatales o subestatales. Por ende, se trataría de incluir criterios de respeto a la naturaleza global en todo el espectro de medidas de los distintos gobiernos, especialmente en los devoradores de materias primas. En el argot tecnocrático podría apelarse a la aplicación del principio de “coherencia de políticas para la conservación” de la biodiversidad planetaria; pudiéndose inspirar en otros campos incipientes de las políticas públicas donde se busca aplicar el principio de extraterritorialidad desde una perspectiva cosmopolita, como en el campo de la coherencia de políticas para el desarrollo, o en códigos legales estatales que evitan violaciones a los derechos humanos en países terceros, como la Aliens Tort Act estadunidense.

ii).-  Este tipo de estudios deberían ser replicados en otros marcos administrativos. Principalmente a escala estatal, donde se centraliza buena parte de las competencias regulatorias y, por supuesto, para el marco europeo y cualquier otro regionalismo internacional. La metodología triple-foco planteada en estas investigaciones (análisis de la internacionalización, análisis de los impactos, análisis de las zonas críticas), aunque laboriosa, es relativamente fácil de aplicar en otros países o marcos administrativos consumidores. Ahora bien, disponer de evidencias sistematizadas no es garantía de que se consiga aplicar criterios de responsabilidad global en la actuación de los gobiernos. En cualquier caso, resulta un paso previo y necesario que puede conducir a una paulatino cambio de marco cognitivo en las políticas  de conservación, hoy desplegadas en una arquitectura obsoleta y en un escenario de destrucción global urgente. La presión para ese marco necesario debe, si es posible, proceder desde fuera y desde dentro de las instituciones. En este mundanal ruido urgen visionarios/as.

Agradecimientos

El caso de estudio de Cataluña es el resultado de los encargos de la Generalitat de Catalunya al ODG. El equipo de investigación ha sido formado por A.Jurado, M.Vargas, A.Pérez, M.Ortega, D.Ortega, A.Schimpf, R.Sànchez, E.Peritz, E.Galán, P.Ariza, M.Conde, R.Binimelis, B.Mínguez y D.Llistar.

El caso de estudio del País Vasco es el resultado del Proyecto BIORES desarrollado por el equipo de investigación formado por I.Barcena, R.Bermejo, D.Hoyos, R.Lago, M.Mantxo, L.Musoles, I. Arto, L.Urkidi y E. Garmendia y financiado parcialmente por el Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOCAD)  del Gobierno Vasco (PRO-2010K3/0009) y el proyecto CSO2010-21979 del Ministerio de Ciencia e Innovación.‏

Referencias