La Justicia Ambiental urbana en la renovación de los barrios. Entrevista con Isabelle Anguelovski

La Justicia Ambiental urbana en la renovación de los barrios. Entrevista con Isabelle Anguelovski.

Entrevistador: Santiago Gorostiza

Isabelle Anguelovski, investigadora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), realizó su doctorado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT, 2011). Antes había estudiado un máster en desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria en la Université de Paris I – Sorbonne (2001), y trabajó en distintas organizaciones internacionales.

Su amplio rango de intereses de investigación incluye, entre otros, la planificación urbana y ambiental, los movimientos sociales vinculados al medio ambiente y, muy especialmente, las cuestiones de Justicia Ambiental en las ciudades. Recientemente, ha sido galardonada con el Premi Nacional al Talent Jove, otorgado por la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.

En la presente entrevista abordamos su investigación más reciente en la que Anguelovski compara tres barrios de bajos ingresos, en distintas ciudades y contextos políticos, donde los vecinos se han organizado para mejorar la calidad de vida y el entorno. Se trata del Casc Antic, en Barcelona; Dudley, en Boston; y Cayo Hueso, en La Habana. Anguelovski analiza el vínculo de los vecinos con sus barrios y el trauma psicológico vinculado a la degradación y abandono de los mismos. A su vez, examina cómo el activismo para revitalizar estas zonas mediante proyectos como la creación de huertos urbanos o parques, entre otros, contribuye a paliar el trauma generado por la degradación y transforma positivamente la comunidad (ANGUELOVSKI 2013a, 2013b, 2013c, 2014).

De este modo, el trabajo de Isabelle Anguelovski aporta un nuevo marco para entender el concepto de Justicia Ambiental en las ciudades, que presta especial atención al derecho de las comunidades a un entorno sano y al acceso a Bienes Ambientales.

ENTREVISTA

¿Cuándo nace el concepto de Justicia Ambiental? ¿En qué contexto emerge?

Proviene de Estados Unidos y surge entre finales de la década de 1970 y principios de los ochenta, cuando la población negra de Warren County (North Carolina), al sur de Estados Unidos, salió a las calles para protestar contra los vertidos de PCBs que varias empresas estaban haciendo en el municipio. Aunque estas empresas estaban violando las leyes y la población había denunciado la situación a los poderes públicos, las agencias de medioambiente ignoraban los vertidos y las protestas. Ante esta situación, la población se manifestó en las calles denunciando la pasividad de las agencias y afirmando que por el hecho de ser negros no merecían que sus calles y jardines estuvieran llenos de contaminantes, poniendo en peligro su salud y la de sus hijos.

Esta fue la primera protesta, que dio visibilidad al movimiento, pero ya había algunos brotes de movimientos socioambientales que mezclaban el tema de la protección de la salud, el medioambiente y de las personas con desigualdades sociales y raciales. Denunciaban procesos de contaminación e impacto negativo en la salud por parte de varias fuentes: refinerías, proyectos de autopistas, vertederos, industrias de reciclaje, etc., todo ello en zonas en que la población negra o latina era mayoría.

A mediados de los años ochenta la investigación científica empezó a tomar en cuenta estos ejemplos e investigar estadísticamente el vínculo entre estos conflictos y el impacto en la salud. Así, mediante estudios epidemiológicos, se logró detectar un vínculo muy claro entre la exposición a contaminantes y la incidencia de cáncer y otros problemas de salud, etc. Pero no solo eso: también se mapearon regiones enteras y se comprobó que la población negra y latina estaba más afectada por estos procesos de contaminación que la población blanca y rica. Es en este marco que en Estados Unidos se empieza a utilizar el concepto de “Justicia Ambiental”.

En estos primeros años, la investigación se centra en lo que se denomina “Brown Environmental Justice”, todo lo referente al impacto negativo de actividades, los conflictos vinculados a vertidos, contaminación, extracción de recursos naturales, etc. Y es que aunque el concepto de “Justicia Ambiental” se empezó a usar en Estados Unidos, estas dinámicas y movimientos similares ya existían en otras partes del mundo, como Latinoamérica, India, o África – con el caso de Chevron o Shell en Nigeria. Normalmente eran casos en zonas alejadas de estos países, relacionados con la extracción de recursos naturales por empresas transnacionales y los impactos negativos que causaban en las poblaciones indígenas. Y ya había muchos movimientos que habían surgido para denunciar las violaciones de la salud y el medio ambiente por parte de grandes empresas transnacionales. Esto creció mucho en los años 90 y ahora, a medida que la frontera extractiva se mueve a zonas más alejadas, estallan conflictos por todas partes en los países del sur.

¿Y en Europa?

El estudio y las reivindicaciones ciudadanas usualmente vinculadas a la justicia ambiental no son nuevas en Europa, ni mucho menos. Se han dado desde hace décadas (incluso podríamos trazar reclamaciones similares hace más de cien años), pero el uso del concepto como tal sí es mucho más reciente. Por una parte, hay muchos casos de estudios por parte de investigadores europeos fuera de Europa. Investigadores que estudian los impactos negativos de la extracción de recursos naturales en África o  América Latina. Y sólo más recientemente, con un retraso de más de diez años con los Estados Unidos, hacia el 2000, sí se ha empezado a tomar la idea de Justicia Ambiental o Racismo Ambiental y aplicarla a nivel europeo de manera más sistemática. Los primeros estudios comenzaron en ciudades del Reino Unido para ver las discrepancias geográficas socioespaciales que puede haber en la contaminación ambiental y la contaminación por parte de empresas, incineradores, refinerías, etc. Se analizó como la población inmigrante y con menos poder socioeconómico del Reino Unido sufría más exposición a estas fuentes de contaminación que no la población de clase media y alta. En otras zonas como España es aún más reciente. Otros estudios recientes se centran en los impactos negativos de la extracción de recursos en los países que formaron parte de la Unión Soviética.

Lo que se estudia en Europa es siempre la parte más estadística: analizar donde está la población con mayor exposición a estas fuentes de contaminación e intentar ver si hay discrepancias sociales y raciales. Pero el análisis de procesos de Justicia Ambiental a nivel de renovación del barrio, de apego al lugar, no es un enfoque tan común. Se habla más del Derecho a la Ciudad, un movimiento que reclama cosas similares a los que en Estados Unidos se piden bajo el paraguas del concepto de Justicia Ambiental.

¿Se trata de los mismos problemas con etiquetas diferentes?

La aplicación o no aplicación de conceptos teóricos es algo interesante. Por eso a mí me interesó hacer un estudio transnacional, para comparar procesos, dinámicas, discursos, reivindicaciones, porque al final son las mismas, pero quizás las distintas poblaciones no emplean un vocabulario similar. Son fronteras artificiales.

¿Hay una dimensión específicamente urbana del concepto de Justicia Ambiental?

Martínez-Alier argumenta que la Justicia Ambiental está vinculada a procesos de metabolismo en la sociedad. Cuanto más necesita la sociedad producción de bienes para consumir, más recursos naturales se extraen, siempre con impactos negativos a las poblaciones vulnerables, en zonas alejadas, las fronteras extractivas. Esto favorece la extracción de recursos, y a la vez los conflictos, porque siempre necesitamos más producción, siempre necesitamos extraer más.

Pero cuando nos referimos específicamente a las ciudades, yo no creo que solo sea un problema de metabolismo social. En las ciudades no solamente se puede acumular beneficio por la extracción de recursos, transformación y venta, sino a través de la valoración y revalorización del suelo. Sobre todo en el caso de España, donde se ha construido tanto en las ciudades y sus alrededores, hay muchos intereses mezclados entre inversores, grandes empresas inmobiliarias y poderes municipales en los procesos de expropiación y especulación del suelo, cuando se trata de cambiar y renovar barrios. Al final, en estos procesos de “revitalización” de los barrios hay población que va a sufrir más cuando su barrio se “revitalice” para el beneficio de clases más altas. Estos procesos están vinculados a la valoración del suelo, van directamente unidos a cuestiones de Justicia Ambiental, y creo que son distintos en zonas más vírgenes o el medio rural, donde lo que importa son los recursos naturales del subsuelo o la superficie. En la ciudad se valora el espacio urbano como un espacio para obtener beneficio entre el suelo que vas a comprar o alquilar a bajo precio, porque es aún una zona degradada, o abandonada, y el beneficio que vas a poder acumular cuando se renueve. La diferencia entre el precio del suelo potencial, y lo que puedes aprovechar de este suelo. Y yo creo que esto es una de las partes características de la Justicia Ambiental en el ámbito urbano.

Otra cosa es que la complejidad de todas las actividades que se dan en el medio urbano, los usos que se hacen del suelo, hacen que los movimientos no sean quizás tan puros en cuanto a reivindicaciones. En un solo espacio puede haber un conflicto que estalla por un tema ambiental pero que luego abarca a otros sectores. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o la lucha contra los desahucios, que recientemente se ha ampliado de forma natural a la cuestión de la pobreza energética.

¿Qué diferencia hay entre el concepto de Justicia Ambiental Urbana y  el de Ecología Política Urbana?

No soy experta en Ecología Política Urbana, pero creo que ésta no parte tanto de un enfoque de desigualdades sociales y raciales como es la premisa de los que estudian la Justicia Ambiental Urbana. Creo que la Ecología Política Urbana estudia como instituciones del Estado, individuales, elites, poderes privados, se apropian de la naturaleza para transformarla de manera que cumpla con sus propios objetivos, pero no siempre hay el paso a decir luego cómo esto impacta a las poblaciones más vulnerables, qué desigualdades genera. Quizás la Ecología Política Urbana es una parte de la Justicia Ambiental Urbana, pero no se superponen totalmente.

En tu trabajo afirmas que cuándo los movimientos por la Justicia Ambiental se pusieron en marcha, iban en dirección opuesta al movimiento conservacionista tradicional. ¿Podrías explicar este conflicto?

Las organizaciones ambientales tradicionales, como WWF, IUCN, etc., priorizaban la protección de espacios puros, salvajes, sin pensar nunca en cómo la gente que vive en estos entornos dependen de los recursos de estos ecosistemas para sobrevivir, para sus necesidades básicas. Al querer crear un parque natural o una zona protegida, excluían del uso de sus recursos a poblaciones indígenas que habían tenido acceso a estas zonas durante cientos de años. Ante esta situación, el movimiento de Justicia Ambiental denunciaba que estos movimientos conservacionistas eran muy excluyentes, muy de gente blanca, privilegiada, interesada en proteger animales en extinción sin pensar que también había seres humanos viviendo en esos entornos. Y por esa razón, desde los movimientos de Justicia Ambiental se pedía a esas organizaciones que pensaran en los humanos como parte de la naturaleza. Además, también se denunciaba que el conocimiento de los “expertos científicos” se ponía por encima de todo, mientras que los conocimientos y tradiciones de las poblaciones indígenas se minusvaloraban. Las organizaciones de Justicia Ambiental reivindicaban el valor del conocimiento de la gente que había vivido toda su vida en esos entornos, reclamando que pudieran seguir en el manejo de esas zonas, contribuyendo a gestionar los recursos de manera sostenible.

¿Encontramos en las ciudades conflictos que muestren estas contradicciones entre el discurso de la sostenibilidad y la Justicia Ambiental, que presta más atención a los aspectos sociales?

Sí, de hecho creo que ahora ocurre algo relativamente similar al caso anterior en muchas ciudades. Hay un movimiento por la sostenibilidad urbana que apuesta por la renovación de las zonas ribereñas y costeras en las ciudades, y por la promoción de “edificios verdes”, el desarrollo de espacios de huertos comunitarios, etc., pero en muchos casos se hace sin pensar que van a desplazar y excluir a la gente que ha vivido en estos barrios toda su vida. Por lo tanto, se genera una tensión entre este discurso de sostenibilidad – que hace quince años era muy controvertido pero que ahora se ha normalizado y ha sido adoptado por muchos gobiernos municipales – y las organizaciones comunitarias de los barrios, los vecinos de toda la vida, que ven peligrar su hogar.

Además, es más difícil articular protestas contra estos proyectos de desarrollo urbano que vienen envueltos en un discurso ambiental.

Ciertamente, es muy difícil para las organizaciones que reivindican la Justicia Ambiental. Ellos siempre han querido que su barrio sea más verde, que haya espacios públicos de calidad, que haya zonas recreativas para niños. Pero al mismo tiempo, ahora son los agentes municipales y los inversores quiénes se apropian de estas demandas para, por ejemplo, impulsar urbanizaciones “verdes” de lujo, cuyos habitantes serán de clase social alta, y encarecerán el barrio, convirtiéndolo en inasequible para la gente que siempre ha vivido allí. ¿Qué puedes hacer cuando eres una organización de Justicia Ambiental en estos barrios? Por una parte quieres que se renueve el barrio, pero también que se beneficie de ello la gente que vive allí. Es un equilibrio de reivindicaciones muy difícil. Y es difícil hacer frente a este fenómeno de “gentrificación ambiental”, por el que se usa un discurso de sostenibilidad, de mejora del barrio, pero para nuevas capas sociales, no para los vecinos de toda la vida.

Hemos hablado de la Justicia Ambiental en tanto que lucha contra los impactos ambientales negativos. Pero los activistas del movimiento por la Justicia Ambiental también llaman la atención sobre la Justicia Ambiental en tanto que derechos de acceso a Bienes Ambientales. ¿Podrías explicar esta distinción?

Desde 1993, el movimiento por la Justicia Ambiental ha reclamado abiertamente que disfrutar de Justicia Ambiental es tener una alta calidad de vida en las zonas que habitas, juegas, trabajas y también donde rezas. Ya en los años noventa, el movimiento afirmaba que no solo estaban luchando contra impactos negativos, sino que también querían pensar a largo plazo como se pueden transformar los espacios donde vive la población más frágil. Pero el mundo académico ha tenido un gran retraso en considerar este tipo de demanda. Sólo a partir del 2000 – 2005 que se ha empezado a ver la Justicia Ambiental como un concepto mucho más holístico, más amplio que la lucha contra impactos ambientales negativos.

Un ejemplo de Bienes Ambientales sería el acceso a un buen sistema de limpieza y recogida de basuras. No todos los barrios de una ciudad suelen estar igual de limpios, ni se recoge la basura tan a menudo, ni tienen el mismo sistema de recogida. Los servicios municipales suelen dar atención desigual en función del barrio.

Otro ejemplo es el acceso a comida fresca, sana y asequible. Quizás en ciertas zonas del sur de Europa esto no se percibe tanto como un problema porque hay una agricultura local muy desarrollada, con mercados de proximidad asequibles, pero en ciertas zonas del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá hay lo que se denomina “desiertos de comida”, zonas en las que no hay supermercados ni mercados de productos frescos, por lo que la población que los habita tiene que desplazarse muy lejos para ir a buscar frutas y verduras. Y además, en estos barrios encontramos una acumulación proporcionalmente más alta de locales de comida rápida o tiendas de proximidad que venden snacks, etc. Por lo tanto, de manera estructural se provoca la obesidad. No solo es tu elección de dieta, es que es más barato, es lo que hay en tu barrio. Por esto muchas organizaciones luchan por la “Food Justice”, una parte de la Justicia Ambiental que se centra en el acceso a la comida fresca, sana y asequible.

Un tercer ejemplo sería el “Transportation Justice”: el acceso a un transporte público de calidad, a zonas con espacio peatonales, calles seguras con menos coches, zonas con aparcamientos para bicicletas, etc.

Un cuarto ejemplo es el acceso a una vivienda sana y asequible. Esto atañe también a la Justicia Ambiental; habitar viviendas en malas condiciones también determina enfermedades como el asma, la afectación por asbestos, etc.

Y un último ejemplo es el acceso a espacios verdes, donde se ve también que en muchos barrios marginales los espacios verdes no se usan porque son zonas de conflicto entre bandas o se dedican al tráfico de drogas – o sencillamente no los hay. Los espacios verdes como espacio de recreo para niños y gente mayor es otro bien ambiental al que la gente quiere acceder.

Toda esta parte de reclamar el acceso a Bienes Ambientales es parte de la reivindicación de una Justicia Ambiental positiva, “Green Environmental Justice”, en contraste a la “Brown Environmental Justice” que se refiere a la lucha contra impactos socioambientales negativos.

¿Cuál es el rol de los activistas en los barrios para impulsar mejoras en el acceso a estos Bienes Ambientales?

Creo que hay varios roles en diferentes momentos. Hay un momento inicial en el que la gente dice “basta ya”, basta ya de exclusión social, racial, de poderes públicos que no intervienen cuando hay una violación ambiental, de la calidad del aire, del agua, de contaminantes en el suelo. Gente que dice basta de violencia en los espacios verdes, que además están sucios, que no sirven para usos recreativos, un sentimiento muy fuerte de exasperación que empieza cuando el barrio está en una situación extrema de deterioro. O también en un momento en el que se percibe claramente que el barrio es un objeto de especulación, como fue el caso del “Forat de la Vergonya”, en Barcelona; cuando se percibe que la atención otorgada al barrio, la posible inversión, no va a ser para la gente que lo habita en ese momento, sino para agentes externos: turistas, gente de otros barrios que van a poder aprovechar el barrio cuando se renueve.

En un proceso más avanzado de lucha por la mejora del barrio emergen nuevos tipos de activismo. Se puede resumir en tres categorías: primero, gente que hace trabajo sobre el terreno, en la calle; que se mueve por limpiar un espacio vacío y abandonado y convertirlo en un huerto comunitario; para ello busca herramientas, tierra, semillas, apoyos, mano de obra para poder limpiar y reconstruir el terreno. Una segunda categoría sería el activista que aporta conocimiento, por ejemplo ONG ambientales, científicos epidemiológicos que pueden probar que ha habido contaminación, que ha habido impactos en la salud, y que luego van a poder ayudar en juicios. Y finalmente hay un activista de la financiación, que son fundaciones privadas que van a dar los fondos para renovar una parte del barrio, mediante las cuales los activistas logran atraer recursos para mejorar el barrio. Estas tres categorías de activismo van mucho más allá de la alarma inicial y se pueden unir para atraer recursos para la mejora del barrio que reviertan en sus habitantes.

Este impulso inicial a las mejoras comunitarias de un barrio va generando una inercia que arrastra a nuevos actores.

Sí, gente nueva, gente que tal vez no tenía ese apego histórico al barrio se va incorporando a medida que este activismo va creciendo. Estos tres tipos de activistas, los que hacen el bricolaje inicial, los que son más científicos y los que ayudan a lograr financiación, tienen una atracción muy fuerte por el barrio, aunque tal vez solo trabajen allí. Pero se sienten parte de los procesos históricos de lucha. Es algo que he visto en las entrevistas que he hecho con líderes comunitarios y vecinos. No solo arrastran a organizaciones de gente que vive en el barrio, sino a fundaciones y asociaciones que estaban fuera, pero que al ver el potencial humano del barrio y sus derechos violados, se suman a la lucha. Se suma gente que no era activista pero que pasa a proteger y apoyar estos procesos.

Ese vínculo entre la población y el barrio es una parte fundamental del impulso en la mejora del acceso a Bienes Ambientales. ¿Qué genera este apego hacia el barrio?

El apego al barrio tiene dos dimensiones: apego a las relaciones tradicionales del barrio, encuentros diarios, de diferentes lugares que se ven como simbólicos: estatuas, escuelas, edificios históricos, etc. Y también un apego muy fuerte a la parte histórica, a los valores del patrimonio cultural e histórico del barrio, las tradiciones de fiestas, música – esto es muy evidente en mi investigación, por ejemplo,  en el caso de Cuba.

Otra parte fundamental es el apego originado por el trauma que se dio en estos barrios. Gente que vivía procesos muy fuertes de destrucción de estos lazos sentimentales y de apego, y que sentía  que estas zonas deben ser protegidas. Ante la destrucción de calles enteras para poner lofts, por ejemplo, los vecinos veían amenazado su espacio vital, percibían que eran agresiones muy difíciles de aceptar. Este tipo de trauma estaba presente en los casos que estudié en Barcelona o Boston. Y aún aumenta más si se dan problemas de salud, por ejemplo enfermedades causadas por la contaminación del suelo, que llevaban a la gente al hospital y se sabía en el barrio, los vecinos lo comentaban. Y otro tipo de trauma: el de haber venido de otro país, inmigrantes que estaban en situación delicada encontraban otra. En conjunto, es lo que en mi investigación denomino “trauma ambiental”, trauma en tu barrio, ante todos estos procesos ambientales que afectan a tu salud mental, no solo a la física. La unión entre la parte negativa y positiva de las experiencias del barrio genera fuerza en los activistas para salir adelante: hay que salvar el patrimonio social, cultural e histórico del barrio, las relaciones que siempre se han dado, y hay que hacerlo de manera que el barrio vuelva a ser viable, que tenga buenas condiciones de vida, dentro y fuera de la vivienda.

En tu trabajo está muy presente la historia de las comunidades, de los barrios. Determinados momentos de referencia, de lucha conjunta, y también determinados activistas que representan un vínculo con el pasado. ¿Ante el trauma por la destrucción y degradación de estos barrios, es la nostalgia un factor de implicación en la lucha por mejorarlos?

Sí, creo que es un factor muy fuerte. En procesos de especulación tan fuerte sobre el territorio, de intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que cambian totalmente un entorno y las pautas de la vida de la gente, sus referencias y mundo visual, se generan procesos de trauma. Esto anima a la gente a pensar que su patrimonio debe ser valorado. No solamente se pueden mejorar las condiciones de vivienda destruyendo un edificio y construyendo algo muy moderno. Se puede renovar y rehabilitar, algo por lo que no se ha apostado para nada en España, por ejemplo. Aunque es más cara, la rehabilitación es más eficiente en términos energéticos. Además, cuando se vuelve a construir no es para la gente que ha vivido en el barrio. Siempre habrá menos viviendas, y no será para la gente que ha vivido ahí toda su vida. Muchas veces se trata de proyectos emblemáticos del gobierno municipal, que quiere vender una determinada imagen de la ciudad, pero al mismo tiempo cambia mucho el patrimonio. La destrucción de un barrio y realizar una intervención arquitectónica simbólica no genera necesariamente mejoras a la gente del barrio, pero sí causa un sentimiento de pérdida, de miedo a desaparecer.

Las iniciativas locales de ciertos barrios, que emprenden pequeños proyectos para recopilar antiguas fotografías, testimonios orales de los vecinos, pueden entenderse como un reflejo de esta situación, un proceso de reafirmación de esta memoria compartida.

La memoria visual de un barrio es muy importante. La fotografía es una manera para las generaciones nuevas de activistas, no solo de residentes, de ver los cambios que se han dado en el territorio, los cambios arquitectónicos, pero también las continuidades, el valor del patrimonio histórico. Tener esta memoria ayuda a construir este proceso de nostalgia y a pensar en lo que hay que proteger en el barrio.

Volviendo a la implicación de los activistas en la mejora de los barrios, hablas de la construcción de “refugios seguros” ante el trauma ambiental, ante el deterioro de los barrios.

Sí, me refiero por ejemplo a un huerto comunitario. Se suele hablar mucho del poder que tienen estos espacios para ayudar a la gente a construir relaciones sociales. Se destaca también la dimensión que hemos comentado previamente, de acceso a un bien ambiental, comida fresca. Pero lo que también me interesa es que estos lugares se usan como refugios mentales para gente que ha vivido traumas, como lugares para reconstruirse a sí mismos.

En el caso del barrio de Dudley (Boston), tenemos el ejemplo de un centro comunitario donde se hace mucho deporte, una zona de acceso a actividad física que se podría hacer en abierto. Pero como es un barrio que tiene problemas de violencia, los vecinos han decidido trasladar todas las actividades a este espacio, donde los padres tienen más seguridad de enviar a sus niños bajo la supervisión de mentores. Se usan estos espacios como lugares de formación casi política, para que después sus usuarios puedan contribuir ellos mismos al proceso de renovación del barrio. Estos refugios se construyen contra los procesos que se dan en la ciudad y son usados especialmente por jóvenes, ancianos, madres solteras o en situación más vulnerable, que allí encuentran refugio contra las amenazas que tienen en la vida cotidiana y contra el deterioro del barrio. Son lugares donde la gente se siente cómoda, donde se puede hablar de todo, por eso los denomino “refugios seguros”. En estos espacios simbólicos la gente experimenta nuevas ideas y procesos, y esto les empodera personalmente pero también contribuye a la mejora del barrio.

Los casos que has trabajado – Barcelona, Boston, La Habana – son distantes geográficamente y parecen partir de contextos sociopolíticos muy distintos. ¿Qué rasgos comunes has encontrado que te hayan sorprendido más?

Creo que estos tres casos muestran que las ciudades o los barrios se parecen más que los países y que los contextos políticos. Al nivel local de un barrio hay procesos bastante similares de explotación y transformación del suelo que impactan negativamente en estos espacios. En este sentido, los tres barrios estudiados eran similares. Frente al trauma, frente al deterioro, en los tres casos la gente decide movilizarse. Y en los tres casos encontré también similitudes en el tipo de apego al barrio: aunque no en los mismos aspectos, la gente valoraba los lazos sociales y el patrimonio histórico de su barrio. La movilización de base que se dio en los tres casos también tiene parecidos, porque en los tres encontramos equivalentes a los tres tipos de activismo comentados previamente: el activista que trabaja sobre el terreno, el que moviliza su conocimiento y experiencia al servicio del proyecto, y el que busca financiación externa – si bien este último no está presente en el caso de Cuba.  Además, en los tres casos el espacio del barrio se utiliza para demandas políticas que van más allá de la revitalización urbana: se reclama el derecho a la ciudad, a la planificación, a la participación democrática. Estas son metas políticas que van mucho más allá de la transformación de un solar en huerto comunitario; configuran un proceso de formación política.

Por último, al hablar de la mejora del acceso a Bienes Comunes, has mencionado la cuestión del transporte. ¿Cómo se relaciona con la Justicia Ambiental?

Es difícil de hablar del concepto de “Transportation Justice” en el caso europeo, porque en las ciudades más densas las conexiones de transporte público entre barrios son relativamente mejores y más asequibles. El concepto de “Transportation Justice” nace en Estados Unidos, sobre todo en las zonas más vulnerables de las ciudades, donde no hay transporte público y los pocos autobuses que hay son muy contaminantes. La población de estas zonas de la ciudad suele destinar varias horas a desplazarse a sus puestos de trabajo, puede pasar pocas horas en casa con su familia – de aquí la importancia de los “refugios seguros” mencionados previamente. Reclamar “Transportation Justice” es intentar que la gente tenga mejor acceso a los lugares donde necesita ir de forma cotidiana, crear nuevas rutas de transporte público, aumentar su frecuencia y reducir la contaminación que generan.

Pero a veces se dan situaciones contradictorias que están relacionadas con el concepto de “gentrificación ambiental”, mencionado previamente. Por ejemplo, en muchas ciudades de Estados Unidos se están creando carriles bici. Pero los activistas de toda la vida que viven estos barrios en transición se quejan de que los carriles se han creado en el momento en que nuevos estratos de población se han trasladado a estas zonas de la ciudad, no antes. Así, este supuesto bien ambiental que sería el acceso a la movilidad en bicicleta, se convierte en un símbolo de gentrificación para atraer a un determinado perfil de población.

De hecho, en todo el proceso de mejora impulsado por los activistas en los barrios, ¿no existe precisamente un peligro de que se genere un proceso de gentrificación, de que otros estratos de la población acaben disfrutando de estas mejoras, y no aquellos que las han impulsado?

Absolutamente. Creo que solo se pueden evitar estos procesos de especulación cuando la vivienda social tiene una gran presencia. Si no, estos nuevos espacios pueden ser capturados, y a medio plazo la gente tiene que irse y es reemplazada – sea por población de otras zonas de la ciudad o por el impulso del turismo. Muchas organizaciones de Justicia Ambiental están ampliando su estrategia para reivindicar viviendas a precio asequible porque saben que sin éstas las poblaciones no podrán quedarse en los espacios que han embellecido. La vivienda social permite dar continuidad a estos proyectos de mejora iniciados por los activistas porque facilita que sigan viviendo en el barrio. Por esto también ahora se dan alianzas entre grupos de Justicia Ambiental y los que reclaman el Derecho a la Ciudad, preocupados por la lucha contra la especulación del suelo, la expulsión de la población de sus barrios y los desahucios.

Agradecimientos

Esta entrevista se ha realizado con el apoyo del Programa “Personas” (Acciones Marie Curie) del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea FP7/2007-2013 bajo el acuerdo REA “ENTITLE. European Network of Political Ecology (PITN-GA-2011-289374)».

Referencias

ANGUELOVSKI, I. (2014), Neighborhood as Refuge. Community Reconstruction, Place Remaking, and Environmental Justice in the City, MIT Press.
ANGUELOVSKI, I. (2013a). Beyond a Livable and Green Neighborhood: Asserting Control, Sovereignty and Transgression in the Casc Antic of Barcelona, International Journal of Urban and Regional Research, 37:3, p. 1012-1034.
ANGUELOVSKI, I. (2013b). From Environmental Trauma to Safe Haven: Place Attachment and Place Remaking in Three Marginalized Neighborhoods of Barcelona, Boston, and Havana, City & Community, 12:3, p. 211-237.
ANGUELOVSKI, I. (2013c). New directions in urban environmental justice: Rebuilding community, addressing trauma, and remaking place, Journal of Planning Education and Research, 33:2, p. 160-175.

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