Entrevista a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres [1]
DOI: 10.53368/EP65TErefamb01
Entrevistadora: Sandra Rátiva Gaona*
Palabras clave: Colombia, transición energética justa, crisis climática, justicia ambiental
Keywords: Colombia, energetic transition, climate crisis, enviromental justice
La ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres[2] tiene como responsabilidad impulsar una transición energética justa en Colombia, donde el Gobierno de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina llegó al poder en agosto de 2022 con una agenda progresista, que se anunciaba como representante de las demandas de cambios sociales expresadas en las movilizaciones populares de 2019 y 2021, incluida la agenda ambiental. El actual Gobierno colombiano ha planteado hondos debates al interior de un país tradicionalmente de derechas, pero también ha encarado polémicas globales, como los vínculos entre degradación ambiental, crisis climática y legalización de las drogas, o como las desigualdades internacionales derivadas del modelo extractivista.
Agradecemos la disposición de la ministra Vélez Torres para conversar sobre transición energética y para ahondar en algunos puntos que se vienen adelantando desde el Ministerio de Minas y Energía en Colombia y que sin duda enriquecen el debate internacional.
- El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro aspira a convertir a Colombia en una «potencia mundial de la vida», y para esto la cartera de Minas y Energía, que usted dirige, ha hablado de detener las nuevas exploraciones de combustibles fósiles, de hacer realmente eficientes los proyectos actuales de exploración y de mejorar los procesos de explotación en curso. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho y que dan soporte a esta pretensión del Gobierno colombiano de reducir la dependencia de los combustibles fósiles
El debate que hemos abierto como Gobierno obedece a la realidad innegable de que el planeta entero se encuentra en un escenario de crisis climática como consecuencia de la instauración de modelos económicos insostenibles, basados en la sobreexplotación de los recursos naturales y el consumismo desmesurado apalancado en un discurso de desarrollo económico infinito que entra en contradicción con un mundo de recursos finitos.
El problema trasciende lo económico y está centrado en la supervivencia de nuestro planeta y la vida que lo habita. En ese sentido, hemos sido reiterativos en que las motivaciones para diversificar nuestra economía y nuestra matriz energética para superar la dependencia de los combustibles fósiles son: a) las nuevas dinámicas planetarias resultado de los acuerdos y compromisos en la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, y el establecimiento de nuevos modelos económicos; b) el alto riesgo de debilitamiento económico que corremos como país teniendo en cuenta nuestra economía no diversificada que, además, depende de la demanda internacional de hidrocarburos y minerales; y c) el actual modelo minero energético no ha logrado transformar positivamente las condiciones de vida de las comunidades en los territorios donde se implementan los proyectos, por el contrario, han deteriorado los ecosistemas y agudizado las desigualdades sociales.
En cuanto al primer punto, afortunadamente, aún estamos a tiempo para llevar a cabo acciones globales en pro de formas de vida más sustentables, y, las tendencias globales empiezan a mostrar cambios. A modo de ejemplo, la inversión en exploración está disminuyendo a nivel mundial. Por tanto, cada vez es más difícil para las compañías de petróleo conseguir recursos (créditos) de la banca internacional para invertir en hidrocarburos. De hecho, el grupo de los G7 acordó dejar de financiar en el extranjero cualquier desarrollo de combustibles fósiles (carbón, petróleo), desde finales del 2022. Esto implica que aproximadamente 33.000 millones de dólares al año se dejarán de invertir en combustibles fósiles en el mundo y se buscarán nuevos sectores para estos recursos.
Justamente, nos enfrentamos a un panorama donde la demanda de los hidrocarburos tiene tendencia a disminuir. Acorde con modelos como el de BP Energy Outlook 2022 o el de la Agencia Internacional de Energía IEA, podría existir una marcada disminución de la demanda de hidrocarburos, especialmente de petróleo, en las próximas décadas. Esta cuestióno trae como consecuencia una competencia entre los países productores por suplir esa necesidad menor.
Debemos reconocer que Colombia, como país latinoamericano y del sur, está sujeta a las lógicas globales, así como en el pasado el modelo de consumo y explotación ha estado centralizado en algunos sectores poblacionales y nos ha posicionado como un país extractivista.
Y es así como llegamos al segundo punto: Colombia no es una potencia petrolera ni minera comparada a otros países. De hecho, bajo el panorama anteriormente descrito entrará a competir (como ya lo hace hoy) con un crudo que tiene un alto costo de producción. Sin embargo, las rentas extraordinarias y los ciclos de las materias primas han contribuido a que nuestra economía dependa de la economía primaria basada en productos como el petróleo, el carbón y el oro.
Somos conscientes de la importancia de los recursos fiscales que genera la actividad de los hidrocarburos para el país. Por esta razón, buscamos estimular la exploración y producción de las áreas que tienen licencias en la actualidad, de modo que se garantice el abastecimiento de la demanda nacional y se aproveche la bonanza temporal del mercado de carbón y petróleo. Sin embargo, sería irresponsable con el país y sus generaciones futuras no preparar la economía, la industria y la sociedad para la transición que estamos viviendo a nivel global, y que nos obliga a gestionar los riesgos a los que este cambio nos expone.
Por estas razones, y abordando el último punto, surge la necesidad de tener una nueva economía y una matriz energética sustentable y justa que tenga como centro la vida y esté comprometida con la lucha contra las desigualdades. Es necesaria la transición hacia un modelo alternativo, donde poco a poco vayamos superando nuestra dependencia frente a la economía fósil y que sea un instrumento de bienestar para todos y todas las colombianas.
2. Ha sido tan interesante como polémico escuchar las declaraciones y aclaraciones del presidente Petro y de usted, ministra, acerca de los impactos del cambio climático en países tan diversos y a la vez tan frágiles ecológicamente como Colombia, y la relación entre esta vulnerabilidad y la desigualdad que se ha acumulado a lo largo de la historia del país; por ejemplo, los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos en la producción y en los precios de los alimentos o incluso en la destrucción o daño de la infraestructura vial; en este orden de ideas. ¿Cómo se relaciona la crítica a las desigualdades internas, a las desigualdades internacionales y la transición energética? ¿Podemos hablar de una perspectiva anticolonial del cambio climático?
Hoy en el Gobierno estamos poniendo sobre la mesa el tema de la crisis ambiental y climática que enfrenta nuestro planeta y que viene desde la Revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, recrudecida por la generalización de un sistema capitalista que utiliza de manera expansiva y depredadora los ecosistemas, a los que hemos estado inmersos. Esta es una situación que los indígenas vienen advirtiendo desde hace años y que la ciencia ha logrado demostrar, llegando a la misma conclusión: si seguimos utilizando los recursos naturales de la forma en que lo hacemos nos llevaremos a la extinción de la vida.
El escenario en el que nos encontramos hoy, con un calentamiento global de 1,1 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, ha resultado en fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos que han generado la degradación de los ecosistemas y las comunidades que allí habitan, la pérdida de biodiversidad, afectaciones en la salud humana y agudización de las desigualdades sociales.
Sin embargo, en esta crisis climática las responsabilidades y consecuencias son diferenciales. Paradójicamente somos los países del Sur global los que menos gases de efecto invernadero emitimos, pero somos los que más sufrimos las consecuencias del cambio climático.
En el ranking mundial China emite más del 32% del total de las emisiones globales, seguida de Estados Unidos, el conjunto de países de la Unión Europea e India Por el contrario, Colombia solamente aporta el 0.54% de GEI en el mundo[1]. Aún así, los combustibles fósiles y los productos de las industrias extractivas siguen siendo nuestro principal producto de exportación siendo el 50,6% del valor FOB (Free onboard[2]) total de nuestras exportaciones[3]. Lo que nos ubica en un sistema económico sumamente colonial como un país exportador de los recursos no renovables que alimenta la maquinaria productiva de las potencias mundiales que más contaminan el planeta, planteando un reto no sólo para nosotros que implica reemplazar estas fuentes de recursos, sino también para el mundo en la sustitución de la matriz energética y las lógicas de producción.
Por el otro lado, la vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático es mayor que la de países desarrollados debido a que las condiciones de pobreza e inequidad agudizan los impactos. En el caso específico de Colombia, estas condiciones climáticas adversas llegan a afectar el sistema productivo del país. Además, existe un panorama de injusticia e inequidad que intensifican las afectaciones de la crisis climática en las poblaciones vulnerables afectadas históricamente por la violencia y la acumulación desigual de la riqueza.
Por estas razones, hoy como Gobierno hablamos de una transición energética justa que gire en torno a la justicia ambiental, social y económica, y que implique la transformación de nuestro modelo energético y productivo por otro modelo fundamentado en la sostenibilidad y la protección de la vida.
Esta apuesta demuestra que la lucha contra el cambio climático va más allá de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Representa un nuevo modelo minero-energético y económico que nos permita construir una economía descarbonizada y productiva, trascendiendo a las necesidades nacionales para abordar dinámicas globales y posicionando a Colombia como un ejemplo global en la defensa de la vida. Además, al buscar superar las desigualdades que históricamente ha sentido nuestro país, la estamos construyendo de forma participativa con todas aquellas personas que han sido marginadas de los modelos hegemónicos que hoy nos rigen. A día de hoy, las voces de las diferentes comunidades étnicas, mujeres, población rural y jóvenes son tenidas en cuenta para la cimentación de esta nueva orientación nacional.
Asimismo, hemos hecho el llamado a los demás países, para que asumamos la responsabilidad compartida que tenemos con el planeta. Los cambios deben ser drásticos y rápidos a fin de limitar el calentamiento a 1,5 °C, ya que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de aquí a 2030. De otro modo, el futuro de la humanidad será incierto.
Esta responsabilidad compartida requiere unir esfuerzos considerando las potencialidades y capacidades que tenemos todos los países. Esto implica una articulación global para el intercambio de saberes, tecnologías e inversiones para integrar las medidas de adaptación al cambio climático con acciones orientadas a reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
- El gobierno del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez representan una agenda política de cambio, que tuvo expresiones callejeras y populares masivas durante 2019 y 2021, y que de muchas formas convergieron electoralmente en el triunfo de un programa político que busca cerrar brechas, tramitar reformas de salud, de trabajo y fiscal, sin embargo, hemos visto en los progresismos una enorme dificultad por consolidar transformaciones en las estructuras productivas, económicas y financieras, que son las generan presiones ecológicas y aceleran los procesos de degradación socioambiental. En este sentido: ¿Cómo puede el Estado intervenir en dinámicas de mercado que van más allá de las fronteras nacionales, como el tema energético?
Desde una posición en la periferia de los centros de consumo de energía global, es clave entender las dinámicas económicas, tecnológicas y geopolíticas en materia de transición energética a nivel global. A nivel internacional, hay dos desarrollos de particular importancia para Colombia. El consumo de carbón térmico, especialmente en la cuenca Atlántica, y el consumo de petróleo, sobre todo el pesado y el ultrapesado, que es el de mayor exportación, principalmente en EEUU, China, Panamá y la India.
En 2021, por ejemplo, Colombia exportó 89 por ciento del carbón y el 63 por ciento del petróleo que extrajo, lo que representó ese año el 40 por ciento del valor total de las exportaciones colombianas. Como ya he explicando, el país depende en gran medida del comportamiento del consumo externo para poner en el mercado no solo sus dos principales energéticos, sino sus dos principales productos de exportación.
Recientemente se han vivido extremos en la demanda y precios de los hidrocarburos. La bajada de consumo de carbón y petróleo del 2020 y el aumento drástico que ocurrió en los precios y la demanda a finales del 2021. Luego, en 2022, la invasión de Rusia a Ucrania también disparó los precios. Todo esto muestra que el país tiene que entender los desafíos que enfrentan ambos mercados a nivel global.
Estamos seguros de que el país tiene que aprovechar los períodos de bonanza en el mercado del carbón y el petróleo, como lo estamos haciendo hoy. Pero también debe estar preparado para cuando se empiece a configurar escenarios de declive estructural en la demanda y los precios del petróleo y el carbón. Esta no es solo una tarea del Ministerio de Minas y Energía, estamos trabajando articulados con otras entidades del Estado como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades territoriales para apostar por la diversificación económica y reconversión productiva proactiva, preventiva y equitativa.
Tenemos el desafió de preparar a todo el sector minero-energético del país ante posibles declives en la explotación y la exportación de combustibles fósiles, así como de fortalecer la gobernanza de cierres mineros y, de la mano del Ministerio de Ambiente, la atención a impactos, posiblemente a perpetuidad, de las actividades extractivas.
Todo el Gobierno nacional está articulado para promover esquemas de sustitución de combustibles fósiles, especialmente allí donde ya es técnicamente posible y relativamente costo-eficiente (por ejemplo, mediante cocción con estufas de inducción en estratos 4-6 o movilidad eléctrica en vehículos de 2 y 3 ruedas).
Estamos promoviendo, de la mano del Ministerio de Industria, que lo máximo posible de las tecnologías para la transición energética justa, sea fabricado en Colombia y apoye los esfuerzos, tanto de reindustrialización a escala nacional, como de diversificación económica en los departamentos más dependientes de los combustibles fósiles.
Por último, pero no menos importante estamos desarrollando, de la mano de los territorios y sus habitantes, un nuevo modelo de relaciones socioterritoriales alrededor de los proyectos minero-energéticos.
- Desde los ámbitos académicos, que usted conoce muy bien, se hacen críticas importantes al concepto de «transición energética», que también ha sido fuertemente impulsado por las corporaciones mineras, petroleras y financieras por pretender resolver el problema de las crisis múltiples con una conversión tecnológica sin atacar los problemas de fondo relacionados con el capitalismo, con la colonialidad, con el patriarcado y con el imaginario de crecimiento económico que usted ya ha explicado a propósito de la polémica que generó su postura sobre la necesidad del decrecimiento para el norte global; nos gustaría saber ¿cómo se diferencia la propuesta que ustedes están impulsando desde el gobierno colombiano con la agenda internacional y corporativa de transición energética?
Las discusiones que hoy estamos dando no son nuevas, pero este es el momento crítico, la última oportunidad que nos está dando el mundo para actuar. Como he explicado, en Colombia, el cambio climático no es nuestro único desafío. Queremos que Colombia sea potencia de la vida, y para esto, debemos repensarnos los modelos y sistemas de vida en los que estamos inmersos, para poner en el centro la justicia ambiental, social y económica.
En ese sentido, es fundamental dar solución a las problemáticas estructurales, partiendo de varios retos. Uno de los más importantes es atender las demandas de nuestra sociedad por la historia sostenida de desigualdades. Como venimos hablando, las consecuencias del cambio climático son más severas en las zonas tropicales. Finalmente, sigue existiendo un costo socioeconómico alto frente a la dependencia de las materias primas necesarias para la transición.
Por ello, los desafíos no son únicamente técnicos y económicos, siendo necesario establecer discusiones políticas y ecológicas. Debemos cuestionarnos de fondo lo que realmente podemos hacer de forma distinta con la generación y uso de energía. Es decir, energía para qué, para quién y cómo.
Hemos desarrollado diferentes espacios de diálogo para garantizar la participación de todos y todas las colombianas en la construcción de esta política pública que será una herramienta al servicio de todos y todas, visibilizando las voces de aquellos y aquellas a quienes históricamente se les ha marginado. Con ello, esperamos poder resolver muchos de los problemas sociales, económicos y ambientales que perduran hoy en día. Así, estamos procurando atender de manera diferenciada las necesidades que surgen en relación con este sector.
- Está claro que, para el gobierno de Gustavo Petro, es una prioridad construir una Paz Total para Colombia, país que cuenta con una amplia historia de conflicto armado. Si bien hubo una desescalada muy importante con la firma del acuerdo de Paz del 2016, han perdurado las dinámicas de disputa de territorios por parte de otros grupos armados, tanto políticos, como vinculados al narcotráfico o al crimen organizado transnacional. Si, además, tenemos en cuenta que varias de las regiones afectadas por la guerra han sido simultáneamente zonas petroleras y de proyectos energéticos, tales como represas o, más recientemente, zonas de proyectos eólicos: nos gustaría que nos pudiera contar cómo se está abordando la construcción de la paz desde la agenda de transición energética austa
Somos un país abundante en vida pero, contradictoriamente, por varias décadas han abundado las desigualdades, la violencia y la muerte. En Colombia los territorios más ricos en recursos naturales son también aquellos que han vivido con mayor intensidad las desigualdades estructurales, perpetuando el conflicto.
Una de las prioridades de este Gobierno es la paz total, una oportunidad para que todos y todas las colombianas podamos vivir una vida digna y construyamos un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.
En este camino, como país, hemos dado importantes pasos como la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno. Sin embargo, la realidad de la implementación es desconcertante: en 2020 solo se había implementado el 28 por ciento (porcentaje muy inferior a lo esperado). Esta situación es realmente preocupante, porque indica una visión de la paz como la ausencia de actores armados, ignorando los esfuerzos estatales que deben desarrollarse para brindar garantías para la vida digna en temas de educación, infraestructura, seguridad alimentaria, oportunidades laborales, entre otros. Como consecuencia, los espacios abandonados por las FARC-EP, que el Estado no ha logrado recuperar están siendo ocupados, apropiados y usados por otros actores.
Por otro lado, en Colombia, el extractivismo tiene una particularidad que lo diferencia del resto de países de América Latina: el uso intensivo de la violencia para promoverlo, en este caso asociada al conflicto Interno Armando. En ese sentido, la transición energética justa tiene dos grandes retos para la construcción de la paz total.
En primer lugar, debe contribuir en el desarrollo de condiciones de vivienda digna en los territorios. Aunque el panorama de cobertura eléctrica es optimista, teniendo en cuenta que solo el 3,7 por ciento de los hogares colombianos no tienen acceso a este servicio, hay un desafío especial pues 73 por ciento de estos hogares se localizan en zonas no interconectables, es decir, ubicados en zonas donde también hay otras básicas insatisfechas y problemas de conflicto armado. Estamos comprometidos con el cumplimiento del punto del Acuerdo referente a garantizar condiciones de vida digna, a través del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) con el propósito de ampliar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales.
Además, una de nuestras propuestas es promover las iniciativas de las comunidades energéticas que permitirán que muchas familias colombianas se asocien para generar su propia energía por medio de fuentes renovables, que, además, contribuirá con la economía de sus hogares, ya sea gracias al ahorro o al desarrollo de proyectos productivos. Esto en búsqueda de democratizar la energía eléctrica y cerrar las brechas sociales y económicas de los colombianos históricamente excluidos.
En segundo lugar, esta apuesta es para nosotros una gran oportunidad de equidad y de justicia ambiental, de justicia retributiva y de la lucha por los derechos humanos en los territorios extractivistas. Buscamosque todos los proyectos del sector tengan un enfoque étnico, territorial y de género, que contribuya en el bienestar social de todo el país.
- En el período neoliberal hemos presenciado un masivo proceso de privatización, paralelo a la ampliación de las fronteras extractivas que han vulnerado derechos de pueblos, territorios y ecosistemas. En el marco de estos regímenes de propiedad transnacional, de marcos regulatorios que dejó el neoliberalismo, ¿cómo se están concibiendo a las comunidades energéticas? ¿Y cómo se articula esta propuesta con las inversiones extranjeras en megaproyectos de fuentes eólicas, solares o de hidrógeno?
Enlazado con el paradigma de desarrollo y modernidad, enmarcado en la lógica neoliberal, surge el modelo extractivista de los que hacen parte los hidrocarburos y la minería. Obedeciendo las dinámicas globales, en Colombia, las políticas de desarrollo económico como la apertura económica impulsada desde 1990, incrementaron la especialización en el sector de los recursos no renovables, y profundizaron la reprimarización de la economía.
Siguiendo el orden neoliberal que está implementado hoy en día en los recursos energéticos, donde el mercado y el capital están por encima de las definiciones del Estado, de la sociedad y de las comunidades, la regulación nacional ha estado orientada a favorecer la inversión extranjera directa. Con ello, se han mantenido los privilegios de actores privados, considerando los aportes económicos para el país, y restringiendo las funciones del Estado. Bajo este mecanismo terminamos exportando más materias primas desde el sur hacia al norte, principalmente, sin industrializar nuestra economía. Fruto de ello, se ha generado una dinámica en la que cada vez tenemos que extraer más para mantener la capacidad de compra de los bienes manufacturados, ocasionando mayores presiones sociales y ambientales.
La transición energética justa confronta este modelo al apuntar a que el Estado tenga más soberanía y más capacidad de decisión sobre su propio suelo y recursos, y como consecuencia, los beneficios se vean distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta apuesta busca transitar hacia un nuevo modelo económico productivo y una matriz energética diversificada y sostenible. Esto último, solo es posible si además de los cambios tecnológicos, se articulan discusiones sociales, económicas y ecológicas que conlleven a transformaciones estructurales.
La extracción de estos recursos está en función de alimentar la maquinaria productiva y el capital privado y no está apuntando a fortalecer las tecnologías o a afianzar un modelo de extracción más sostenible. Ese es el punto que diferencia nuestra propuesta de las iniciativas que se han venido desarrollando alrededor del mundo, cuyos impactos ya estamos presenciando. Dentro de esta gran apuesta nos referimos a la democratización de la energía en el sentido más amplio, es decir, a lo largo de toda la cadena de producción.
Esta visión de un nuevo modelo energético en el país no es contrario al mensaje que queremos dar de confianza a los inversionistas de proyectos de fuentes de energía no convencionales. Sabemos que Colombia tiene grandes potencialidades, principalmente por su alta disponibilidad de fuentes de energía renovable (solar, eólica, biomasa y recursos hídricos). Por ejemplo, dada su privilegiada ubicación geográfica, se prevén bajos costos de producción de electricidad y, por ende, bajos costos en la producción de hidrógeno verde.
Los inversores tienen la oportunidad de elegir entre una amplia variedad de proyectos de energía verde, geotérmicos y eólicos, que se adapten a sus necesidades y objetivos, y contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
Este tipo de proyectos ofrecen una rentabilidad atractiva. Según el BID (Banco Internacional de Desarrollo), los proyectos de energía verde, gas, geotérmicos y eólicos en el país tienen un TIER o IRR de entre el 7 y el 15 por ciento.
De modo que otro de los objetivos de la transición energética justa es reubicar a Colombia en el sistema mundial, no solo como una despensa de recursos o alimentos, sino como una nación generadora de nuevas tecnologías, de propuestas ambientales, energéticas y económicas para sustituir la economía carbonizada que ignora las necesidades sociales y ambientales.
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* Ambientalista colombiana. Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso Vélez Pliego, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. E-mail: agarimas2@gmail.com
[1] Véase: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2019 Report PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
The Hague, 2020 PBL publication number: 4068
[2] Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes (DANE)
[3] Véase: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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