Samuel Martín-Sosa Rodríguez. Responsable Internacional de Ecologistas en Acción (internacional@ecologistasenaccion.org).
Palabras clave: tope, recursos, cuotas, energía no renovable, dinero-cuota
INTRODUCCIÓN
Desde hace años, algunas organizaciones seguimos de cerca los debates y propuestas que se desarrollan en el ámbito de la política ambiental de la Unión Europea (UE). Las políticas promovidas desde Bruselas para mejorar el comportamiento ambiental están muy centradas, en general, en la ecoeficiencia. Y las propuestas lanzadas en relación al uso de recursos, no son una excepción. La Estrategia Temática «Hacia un uso sostenible de los recursos naturales» (Comisión Europea, 2005), contemplada en el 6º Programa de Acción Medioambiental, o la reciente «Iniciativa emblemática para una Europa eficiente en recursos» (Comisión Europea, 2011), publicada como una de las siete patas sobre las que se asienta la Estrategia Europa 2020 (heredera de la Estrategia de Lisboa), son buenos ejemplos de ello.
El diagnóstico sobre el actual uso insostenible de los recursos es claro en ambos documentos. Sin embargo el principal motor propuesto para avanzar hacia la sostenibilidad es simplemente usarlos de forma más eficiente. Y el objetivo del crecimiento económico es algo irrenunciable que acompaña como un dogma a cualquier propuesta. El primero de estos documentos plantea el objetivo de ir hacia «un aumento de la eficiencia de los recursos junto con una reducción del impacto ambiental negativo de su uso, de manera que las mejoras globales en el medio ambiente vayan acompañadas de crecimiento». Estas estrategias se basan en la creencia de que es posible desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y por tanto del impacto ambiental. La Comisión Europea defiende, según lo explicita el segundo documento mencionado, que «usar los recursos de forma más eficiente permitirá hacer más con menos, y supondrá crear más oportunidades económicas para las empresas y empleo para los trabajadores, mejorar la productividad, reducir los costes y estimular la competitividad». Todo en uno.
Esta premisa ignora que las mejoras en la eficiencia se ven a menudo superadas por el aumento global de consumo de recursos inherente a la lógica del crecimiento. La eficiencia en el uso de muchos recursos ha aumentado, y sin embargo también lo ha hecho en general el uso global de muchos de ellos, como veremos. El efecto rebote que el aumento en la eficiencia conlleva es algo conocido que no podemos ignorar al hacer estos planteamientos. Por otro lado, detrás de los desacoplamientos parciales o relativos conseguidos, que con frecuencia exhiben los defensores de estos postulados como prueba de que las medidas de eficiencia bastan, se esconden a menudo «exportaciones» de los impactos: una economía que deslocaliza aquellos procesos productivos más intensivos en el uso de materiales y energía, puede «permitirse» exhibir un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo en una economía global, los cómputos del uso de recursos deberían ser también globales. No hay, en ninguna propuesta política realizada en el ámbito de las instituciones europeas, un llamamiento a reducir de forma absoluta el uso de los recursos, a establecer topes que no se deban sobrepasar para permanecer dentro de nuestra «cuota» ecológica, en cuyo ámbito ya si, operen las medidas de eficiencia planteadas.
Esta situación ha motivado que algunas organizaciones ecologistas europeas (ANPED,1 CEEweb for Biodiversity,2 y Ecologistas en Acción3) hayamos creado la Resource Cap Coalition (en adelante, RCC),4 una coalición que aboga por el establecimiento de topes absolutos en el uso de recursos. La coalición pretende llamar la atención de las instituciones europeas sobre la necesidad de operar dentro de los límites de los ecosistemas, lo que debe llevarnos a marcar niveles en la extracción o el uso de los recursos que no debemos rebasar. (Xanax) Esto debería ser prioritario y previo a la aplicación de las medidas de eficiencia que se plantean. La RCC trabaja con la ayuda de expertos y académicos en la formulación de herramientas económicas para el establecimiento de dichos topes. Y elabora en base a dichas herramientas, propuestas políticas con las que intentar convencer a quienes toman las decisiones.
POR QUÉ NECESITAMOS TOPES
Las fuentes de recursos básicos como el agua, la pesca, la madera, los suelos fértiles para cultivar alimentos, el aire limpio, los recursos energéticos, están sometidas cada vez a mayores presiones. En el mundo se multiplicó por 12 el consumo de combustibles fósiles durante el siglo XX, al final de cual se extraían también 34 veces más recursos materiales que al comienzo (Figura 1). Cada persona consume hoy en la UE 16 toneladas de materiales al año, 6 de las cuales se convierten en residuos, acabando la mitad de ellas en un vertedero (COMISIÓN EUROPEA, 2011).
Necesitamos extraer menos recursos y no solo usarlo más eficientemente
Este ritmo en la extracción de los recursos, está poniendo en riesgo la funcionalidad de muchos ecosistemas, y por tanto su capacidad para realizar procesos como la depuración del agua y el aire, la regulación del clima o la provisión de alimentos. Y está contribuyendo a una acelerada pérdida de biodiversidad, que tiene lugar actualmente a un ritmo entre 1.000 y 10.000 veces superior a lo que acontecería de forma natural (UICN Red List, 2007). Según el Índice Planeta Vivo de WWF, en los últimos 40 años hemos perdido un 30% de las especies de vertebrados (WWF, 2010). Los datos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) apuntan a que cada año se extinguen en el planeta entre 10.000 y 50.000 especies, lo que hace algunos científicos hablen la sexta extinción masiva.
El continuo crecimiento económico hace aumentar esta presión sobre los recursos. Como cada vez es más difícil encontrar la mayoría de los recursos dentro de las propias fronteras, las economías ricas los buscan (y compiten por ellos) en países empobrecidos. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la pesca, cuyas «fronteras de extracción» se van expandiendo cada vez más, acudiendo las flotas a caladeros cada vez más lejanos. En la Conferencia de Río de 1992, de forma paralela a un muy acertado diagnóstico ambiental, se ponía sobre la mesa la necesidad del desarrollo —a través del crecimiento económico— como la fórmula para solventar la pobreza, a la vez que se fiaba al avance de la tecnología la capacidad futura para resolver los impactos ambientales. Y aunque el crecimiento ha sido el credo oficial en las últimas décadas y sigue siendo el mantra recitado para resolver las crisis actuales, parece claro cuanto menos que hasta la fecha no ha sido capaz de resolver las desigualdades sociales, el hambre y la pobreza, y mucho menos de solventar la crisis ecológica ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo. La incapacidad para cuestionar el crecimiento y lograr ubicarlo en el lado de las causas en lugar del de las soluciones, está detrás del hecho de que no se estén planteando medidas que vayan más allá de la eficiencia, cuando esta presión inmensa sobre los recursos que hemos expuesto parecería deber conducirnos a la lógica conclusión de que necesitamos extraer menos recursos y no solo usarlo más eficientemente.
Sin embargo los organismos internacionales, décadas después, siguen empeñados en la misma vía. El Panel Internacional de Recursos, dependiente del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) lanzaba recientemente un informe sobre desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de recursos (International Resource Pannel, 2011). El informe, que cuestiona el Producto Interior bruto (PIB) como indicador, plantea tres escenarios en relación al uso futuro de recursos. El escenario más radical, llamado de «fuerte contracción y convergencia», plantea que la extracción global de recursos en 2050 vuelva a los niveles globales de 2000 pero con un reparto planetario donde todo el mundo consuma lo mismo, lo que obligaría a los países ricos a reducir su consumo per cápita alrededor de un 66-80%, pero también obliga a los países que en 2000 se clasificaban con «en desarrollo» a reducciones que rondan el 10-20%. Este escenario sería, en términos de huella de carbono per cápita, consistente con las recomendaciones del IPPC de mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 ºC. Es difícil imaginar que semejante escenario drástico, que aún así apenas implica reducir el uso de recursos sobre lo que consumimos hoy en términos globales —a pesar de que desde hace 3 décadas vivimos por encima de los límites del planeta—, pueda conseguirse solo mediante desacoplamiento y eficiencia como plantea el informe.
Desde la RCC consideramos que el aumento global en la demanda de recursos que llevará aparejado el seguir por la senda del crecimiento, superará inexorablemente los «ahorros» conseguidos a través de la eficiencia. Las decisiones políticas no pueden ignorar, como mencionábamos en la introducción, el llamado efecto rebote que se produce cuando el aumento de la eficiencia provoca una reducción de los costes de producción o utilización. Puede darse un efecto directo (cuando el consumidor usa más recursos porque su precio global se ha abaratado), un efecto indirecto (cuando los ahorros derivados de un menor coste producido por el aumento de la eficiencia en el uso de un recurso, son utilizados en aumentar el consumo de otros recursos), o un efecto macroeconómico (el aumento de la eficiencia de la economía en el uso de recursos conduce a un aumento del crecimiento). La literatura sugiere que son estos efectos indirectos y macroeconómicos los más significativos a escala nacional y global. Parecen además a priori, los más difíciles de controlar y mitigar (Jenkins, Nordhaus, y Shellenberger, 2011).
Parece lógico pensar que esa contracción en el uso de recursos tendrá que pasar por un replanteamiento de la necesidad de las economías ricas de seguir creciendo, si queremos realmente converger y alcanzar esa equidad social. Porque ese uso insostenible y abusivo de los recursos por solo una parte de la población planetaria, plantea un asunto distributivo inapelable. Debe por tanto colocarse en el centro del debate relativo a los recursos, el tema crucial de la deuda ecológica, que los países industrializados del Norte han contraído (y continúan incrementando) con los países empobrecidos del Sur, mediante la apropiación creciente de sus recursos y el uso y contaminación de su espacio ecológico, lo que amenaza la propia subsistencia y acceso a los recursos más esenciales por parte de un gran segmento de la población.
CÓMO DEFINIR LOS TOPES
Hablar de recursos y de establecer topes, es indudablemente generalizar en exceso. Cada recurso es distinto. Algunos son renovables y otros no. Algunos son relativamente abundantes y otros escasos. Unos se concentran en pocos países y otros están relativamente extendidos geográficamente. Existen a menudo lagunas de conocimiento en relación a la cantidad del recurso existente, y en relación a distintos aspectos de su uso. Es necesario hacer valoraciones relativas a la distribución y al acceso.
Porque ese uso insostenible y abusivo
de los recursos por solo una parte
de la población planetaria, plantea un
asunto distributivo inapelable.
Desde la RCC consideramos no obstante que se pueden definir una serie de principios generales que deberían servir de guía para el establecimiento de topes (ver Cuadro 1).
A la hora de elegir indicadores y herramientas para definir los topes para los recursos, podemos encontrar en el trabajo académico ya desarrollado, varias opciones a considerar (Análisis de Flujos de energía y materiales, HANPP, la huella ecológica, la mochila ecológica, el agua virtual, etc.). Además, la RCC propone avanzar en el desarrollo de nuevos indicadores y estudios que completen las lagunas informativas existentes. Para ello es necesario completar datos y mejorar el conocimiento de los procesos biogeofísicos relativos a los recursos, su agotamiento, su regeneración, los impactos ambientales asociados, etc.
Un elemento importante que debe ser también tenido en cuenta es la participación de la sociedad. En este sentido es importante a la hora de definir los topes, considerar la importancia que determinados recursos pueden tener para la subsistencia de las personas, o el valor determinado que una comunidad otorga a un recurso concreto. Una valoración estrictamente económica o científica dejaría al margen estos aspectos necesarios. Además una participación real del público puede permitir aumentar la tolerancia social hacia el establecimiento de límites, al tomar conciencia del problema y hacerse la población partícipe del mismo. Esta participación debe tener lugar a tiempo y ser de buena calidad, asegurando que la base del debate la constituya información independiente, y que exista un proceso previo de capacitación del público para participar de forma activa.
LIMITAR EL USO DE ENERGÍA NO-RENOVABLE
Como hemos apuntado, la puesta en marcha de procesos de calidad para la definición de topes, o las lagunas científicas existentes en relación a los recursos, no deberían constituir un obstáculo para que empecemos a crear desde ya una cultura de los límites, basada en el establecimiento de algunos topes. Nos encontramos inmersos en una crisis multidimensional (ecológica, energética, climática…) de magnitudes que justifican sobradamente la urgencia de la puesta en marcha de medidas que limiten nuestro uso de recursos, aún a riesgo de que sean imperfectas o insuficientes.
Nuestras economías operan actualmente como si pudieran vivir al margen de los límites ecológicos donde se desarrollan. Necesitamos realizar un viaje colectivo desde el discurso de la eficiencia al de la suficiencia. Urge una transición socio-económica hacia una sociedad sostenible que pasa a juicio de la RCC por la visibilización de esos límites.
Desde la coalición consideramos que un buen comienzo sería empezar limitando el uso de energía no renovable en las economías ricas. La energía es un recurso que podríamos considerar «horizontal», en tanto en cuanto condiciona o está relacionado con el resto, afectando a todo el sistema de producción y consumo. Gran cantidad de las cosas que la gente hace al día requiere el consumo de energía: cocinar, calentarse, refrescarse, transportarse, iluminarse, utilizar el ordenador, el móvil o el videojuego, ver la televisión, etc. Es además necesaria para extraer y utilizar otros recursos, por lo que una limitación en su uso puede tener en cierto modo un efecto cascada.
La insostenibilidad de la energía nuclear y el agotamiento de los combustibles fósiles (junto con la grave situación climática creada por su uso), hacen imperativo el reducir el consumo de energía no renovable, mediante ahorros directos, medidas de eficiencia energética, y transición hacia fuentes renovables.
Un sistema como el propuesto a continuación conllevará necesariamente un cambio de percepción de la sociedad, que permita por primera vez a gran escala tomar conciencia de que las decisiones individuales en torno a los usos que hacemos de la energía no son baladíes.
SISTEMA DE TOPE Y CUOTAS DE ENERGÍA NO RENOVABLE PARA LA UE
Tope y cuotas. Desde la RCC proponemos un sistema de tope en el uso de energía no renovable en toda la UE. Por debajo de ese tope, existiría un reparto de cuotas entre países, sectores y personas. Dos de los criterios fundamentales sobre los que se asienta esta propuesta son a) la reducción del tope cada año y b) el reparto equitativo.
El objetivo de reducción se fijaría en relación a un año de referencia, que sería el año anterior al de la puesta en marcha del sistema. Cada año el tope se bajaría en un porcentaje acordado en relación al consumo del año anterior. Y ese porcentaje tendría que definirse en base a criterios científicos. Si tenemos en cuenta los escenarios planteados por el IPCC5 o el Panel Internacional de los Recursos (International Resource Pannel. 2011), el objetivo de reducción tiene que ser bastante drástico, con un tope bastante bajo, para conseguir unos niveles de consumo que logren reducir sensiblemente nuestro impacto.
El Parlamento Europeo sería el organismo encargado de, en base a esas recomendaciones científicas, definir un tope a cumplir en un periodo de 10 años, para permitir una planificación económica a largo plazo. El objetivo anual se publicaría a comienzos de cada año, con la cuota de energía no renovable (en Petajulios) para ese ejercicio.
El reparto de cuotas se realizaría de forma gratuita entre los Estados miembros (EM) de la Unión. El criterio para el reparto sería el uso de energía no renovable por parte de cada país en el año de referencia y el objetivo de reducción nacional. El objetivo de reducción de energía no renovable de cada país debería en principio estar en línea con el objetivo europeo, aunque es necesario tener en cuenta la diferencia en el consumo per cápita de energía no renovable entre países. Así, aquellos países con un consumo per cápita menor, o aquellos países que en los años previos a la puesta en marcha del sistema ya vinieran realizando un esfuerzo significativo en la transición hacia un sistema de menor uso de energía no renovable, podrían verse parcialmente recompensados de forma inicial en el sistema. Esto permitiría una transición más armonizada hacia un objetivo de reducción común europeo cuyo resultado sería que cada persona en la UE recibiera al final la misma cantidad de cuota.
Dentro de cada país habría asignación de cuotas a la población y a los sectores económicos. Las asignaciones a cada sector, así como la propia designación de los sectores (agricultura, transporte, industria, etc.) las haría cada EM con la participación de todas las partes interesadas, incluido el público general.
Cada persona recibiría una cantidad determinada de cuotas. La base general de la propuesta es, recordemos, una parte igual de cuotas per cápita. Dado que no todos partirían de las mismas necesidades de energía, el desarrollo de respuestas a nivel de toda la sociedad (por ejemplo, desarrollando el transporte público) sería clave para que todos los ciudadanos gozaran de las mismas posibilidades de reducir su consumo de energía no renovable. La cuota anual individual (derecho de consumo) se especificaría en megajulios (MJ). El derecho de consumo cubriría la suma del consumo (de energía no renovable) del hogar, en materia de energía primaria calorífica, electricidad, así como el combustible utilizado para el transporte privado.
Existiría una organización gestora de la cuota que sería la responsable de recoger el derecho de consumo para todos los consumidores en una tarjeta de distribución de energía individual con un código PIN privado, al comienzo de cada año. La tarjeta de distribución de energía sería una especie de cuenta corriente que indicaría la cantidad disponible de energía no renovable para ese año, donde los suministradores de energía registrarían la cantidad de energía consumida en cada pago, en los momentos en que tiene lugar el comercio de la energía (facturas mensuales de electricidad y calefacción, adquisición de combustible en estaciones de servicio). Es necesario aclarar que esto no alteraría la relación contractual habitual entre compañías suministradoras de energía y consumidores. Es decir, el registro de consumo de cuotas y el pago de las facturas de la electricidad (por tomar un ejemplo), serían procesos independientes. La tarjeta permitirá comprobar el balance periódicamente, y así monitorizar el consumo anual. El gestor de cuota enviaría notificaciones sobre el estado de las cuentas de forma regular mostrando el nivel de consumo. También sería necesaria la existencia de un organismo gestor de cuotas a nivel europeo, que controlara el consumo de energía no renovable por parte de cada EM.
Excesos mayores tendrían como
consecuencia costes progresivamente
más altos
Si una persona (o un sector, o un EM) lograra un bajo consumo de energía no renovable, por debajo de la cuota otorgada, esos ahorros serían ingresados por el organismo gestor de cuota en su cuenta en forma de dinero-cuota canjeable solamente en un mercado certificado (que veremos más adelante).
Los consumidores sólo podrían usar más energía no renovable de la permitida comprando cuotas extras a través del gestor de cuota. Las cuotas extra se pagarían en moneda nacional. Este comercio de los derechos de consumo, gestionado a través del gestor de cuota, se llevaría a cabo entre todos los grupos de consumidores dentro de cada EM, es decir, no se limitaría sólo a la población. Así mismo, el comercio también podría tener lugar entre los EM. De esta forma, el gestor de cuota comercia con los derechos de consumo de los que consumen de más y los que consumen de menos.
El dinero-cuota tendría que ajustarse a los precios actuales de la energía para asegurar que las fluctuaciones de los últimos no coloquen en desventaja a los participantes del mercado de cuotas. Aun así, la tasa de la cuota tendría que ser definida por el gestor de cuota, de acuerdo a si el conjunto de la sociedad hubiera o no alcanzado el objetivo de reducción de consumo establecido a nivel nacional.
Cuando un EM superara el tope nacional establecido para ese año, las cuotas extras compradas por los consumidores a partir de ese nivel tendrían un sobrecargo, progresivo y acorde al nivel de sobreconsumo. Es decir, si una persona necesitara comprar unas pocas cuotas más de las asignadas para, por ejemplo, hacer frente a unos días de invierno especialmente crudo, si hubiera cuotas en el mercado (es decir, si no se ha superado el tope nacional) se pagarían al precio normal establecido. Si el tope nacional ya hubiera sido superado, las primeras cuotas extra se pagarían con un sobrecargo que se iría incrementando y que debería hacerse progresivamente inasumible para la mayoría de los bolsillos en caso de ser muchas las cuotas adquiridas. Excesos mayores tendrían como consecuencia costes progresivamente más altos. El importe del suplemento se debería fijar flexiblemente, teniendo en cuenta cualquier circunstancia objetiva (por ejemplo, las razones del exceso en el consumo).
Ciertamente este sistema propuesto no resuelve la desigualdad de partida de «quien más tiene, más consume ». Pero es importante considerar el efecto que puede tener la combinación entre objetivos de reducción anuales ambiciosos (que van bajando drásticamente cada año), con un sistema de fuertes recargos desincentivadores. Así, las personas con alto nivel económico acostumbradas a un alto consumo energético, posiblemente solventarían al comienzo del sistema sus consumos por encima de la cuota otorgada mediante la compra de cuotas extras. Pero a medida que el funcionamiento del sistema avanzara, y el tope anual se fuera reduciendo, necesitarían comprar tantas cuotas (con sobrecargo) que se haría muy gravoso desde el punto de vista económico también para estas personas no avanzar hacia una disminución del consumo de energía no renovable. Por otro lado, se propone que las recaudaciones provenientes del pago de cuotas extras sirvan para nutrir un Fondo Rotatorio (que veremos en seguida). El previsible sobreconsumo inicial, especialmente por parte de personas de alto nivel económico, sería de algún modo la garantía de la existencia de fondos para que el sistema comience a funcionar.
Todas las operaciones conllevarían el pago de un pequeño porcentaje en concepto de comisión para cubrir los costes de funcionamiento del sistema.
Mercado de servicios y productos ambientales. El dinerocuota sería canjeable en un mercado abierto y certificado que operara de acuerdo a normas éticas y medioambientales. Dentro de este mercado solo podrían entrar los productos y servicios se proveyeran con la menor presión posible sobre el medio ambiente (en términos de uso de energía y de materiales, necesidades de transporte, residuos y contaminación, etc.) y haciendo uso de las mejores tecnologías disponibles. Dentro de los aspectos sociales, se daría prioridad a una tasa elevada de mano de obra humana, especialmente en casos donde personas con discapacidad participen en el proceso. En caso de adoptarse la propuesta, será necesario un reglamento de la UE que especifique las condiciones basadas en los principios anteriores.
Evidentemente, la experiencia nos enseña que los procesos de certificación no funcionan si no se establecen unos criterios serios basados en un análisis independiente y multidisciplinar. De nada serviría por ejemplo aceptar en dicho mercado un producto como sostenible, porque se haya producido con un proceso eficiente, si esto ha ocurrido en el otro extremo del mundo, con afectación a las poblaciones locales y su forma de vida, y teniendo que desplazarse miles de kilómetros para llegar a nuestras manos. Esta certificación deber ser exigente por tanto para que signifique un avance real hacia patrones de producción y consumo más sostenibles.
La moneda del mercado sería el «dinero-cuota». Este dinero no tendría interés y sustituiría al dinero existente por medio de señales electrónicas. La moneda nacional proporcionaría la garantía del ‘dinero-cuota’ a través de la compra de cuota con moneda nacional por aquellos que consuman de más. Además, el «dinero-cuota» podría convertirse en moneda nacional con una comisión del 20%. Asimismo, estaría permitido pagar tasas y contribuciones sociales en aquella moneda. En cada transacción donde se usara el «dinero-cuota», el cliente pagaría con la tarjeta electrónica. Esta convertibilidad, el posible uso social, además de la posibilidad de utilizar esta moneda en un mercado donde comprar también productos básicos, convierte a las cuotas de energía no renovable en una especie de renta básica.
Fondo Rotatorio. Este instrumento del sistema está pensado para proporcionar préstamos de dinero-cuota a quien quisiera realizar ahorros en energías no renovables por medio de una mejor eficiencia y cambiando a energías renovables y, de esta manera, alcanzar el objetivo nacional en el futuro. Por ejemplo, el fondo podría financiar la instalación de placas solares, aislamientos de viviendas, transición a sistemas de calefacción menos impactantes, electrodomésticos más eficientes,… o ¿porque no?, adquisición de bicicletas. Esta herramienta es fundamental en esta propuesta para incentivar la transformación de las pautas de consumo y producción hacia un menor uso de materiales y energía, y estimular el mercado de productos y servicios medioambientales. El fondo se nutriría, entre otras fuentes, de la recaudación proveniente de la compra de cuotas extras. Los préstamos serían libres de interés, y el pago del préstamo se haría por medio de los ahorros en los derechos de energía utilizados a través de un año. Los costes de operación del Fondo serán cubiertos por una pequeña comisión de todas las transacciones.
Servicio de apoyo. De forma paralela a las medidas anteriores, se plantea la necesidad de establecer un servicio de asesoría y apoyo gratuito que asistiera a los ciudadanos y sectores, mediante consejos y ayuda en la planificación en el proceso de transición hacia una sociedad con bajo consumo de energía no renovable.
Ventajas e inconvenientes. Esta propuesta de tope y cuotas presenta varios riesgos y problemas sin resolver. No incluye la energía «incorporada» en las importaciones. No aclara como se distribuirían derechos de consumo entre personas situadas fuera del sistema, como inmigrantes ilegales. Al ser una propuesta de mercado, que podría tener coladeros que permitieran la acumulación. Pero también presenta importantes puntos fuertes como que el tope disminuya año a año o que el reparto sea equitativo. También que los derechos de consumo no estén sobredimensionados. O que el dinero-cuota sea libre de interés y permita una especie de renta básica…
OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN AL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES
La RCC considera importante complementar medidas como la anterior con otras que contribuyan a avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles. Una medida interesante, que requiere del acuerdo internacional, es la adopción de protocolos de adaptación al agotamiento de los combustibles fósiles, en la línea del protocolo de Rimini, también llamado protocolo de Uppsala.6 Este protocolo propone ir reduciendo, de forma cooperativa entre países, las importaciones y exportaciones de petróleo para adaptarse a la tasa de agotamiento. Esto permitiría adaptarse mejor al pico del petróleo, y transitar de una forma más ordenada hacia una sociedad post-fosilista. Sería además interesante que esta propuesta estuviera atravesada por un principio de «yasunización» (en referencia a la iniciativa ecuatorianaYasuni-ITT7), por el que el acuerdo podría incluir el compromiso de no explotación de las reservas que se encontraran en determinadas zonas de alta biodiversidad o donde su explotación entrara en conflicto con poblaciones indígenas y su modo de vida.
OTROS TOPES
En el seno de la coalición continuaremos con el trabajo con expertos para la mejora de los topes propuestos y sugerir otros nuevos. Hay varias ideas encima de la mesa que podrían desarrollarse en un futuro, como establecer topes a la cantidad de residuos permitidos por municipio, o topes a la extracción de agua de los acuíferos, propuestas ambas muy interesantes para países mediterráneos con problemas de erosión y sequía.
BIBLIOGRAFÍA
COMISION EUROPEA (2005), «Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales» http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0670:FIN:ES:PDF
COMISION EUROPEA (2011), «A resource-efficient Europe– Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy» http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf
INTERNATIONAL RESOURCE PANNEL (2011), «Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth». UNEP http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/Decoupling_Report_English.pdf
UICN Red List (2007), «Species extinction. The facts». SpeciesSurvival Commission http://cmsdata.iucn.org/downloads/
species_extinction_05_2007.pdf
WWF (2010), «Living Planet Report 2010. Biodiversity, biocapacity and development» http://awsassets.panda.org/downloads/lpr2010.pdf
JENKINS, J., NORDHAUS, T., y SHELLENBERGER, M. (2011). «Energy Emergence. Rebound & Backfire As Emergent Phenomena» Breakthrough Institute. http://thebreakthrough.org/blog/Energy_Emergence.pdf
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3 www.ecologistasenaccion.org.
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