Inés Marco y Iolanda Fresnillo*
EL CICLO PERVERSO DEL ENDEUDAMIENTO
La industrialización y el desarrollo del modelo capitalista han avanzando en el mundo en base a procesos de endeudamiento. El crédito y, por tanto, la deuda son elementos consustanciales al proceso de crecimiento económico. «La pasión que predomina entre los individuos de una economía moderna es convertir la riqueza en deuda, que en el futuro genere un ingreso permanente; convertir la riqueza que es perecedera en deuda, que es perdurable. Una deuda que no se pudre, no tiene gastos de mantenimiento y produce intereses permanentemente» (Daly, 1999: 38).
Desde la perspectiva de los deudores, el objetivo de este endeudamiento es en principio invertir en procesos productivos para generar rendimientos suficientes para, una vez satisfechos los pagos de la deuda, obtener beneficios. Dichos procesos productivos no suelen tener en cuenta su vínculo con el mundo físico. La metáfora de la producción capitalista (Naredo, 2003) oculta un proceso de apropiación de la riqueza, y ha generado un patrón de crecimiento en términos monetarios que obvia los procesos de destrucción de la naturaleza y degradación de las condiciones de vida de las personas. La creación de valor añadido en los procesos de producción no contabiliza los costes reales de dicho proceso, subestima los costes generados durante los procesos de extracción de los recursos así como los costes laborales, e invisibiliza los espacios de desarrollo humano. La economía de mercado desplaza sus costes hacia la naturaleza y las clases trabajadoras.
Las deudas, en las que se incurre para fomentar estos procesos de producción, son expresadas en unidades monetarias, que no tienen límites físicos, pues se espera que crezcan de forma exponencial e ilimitada por la acumulación de intereses sobre el capital a retornar. Para hacer frente a su pago, los deudores (sean actores públicos o privados) tendrían que aumentar el rendimiento de los recursos que han tomado prestados de forma exponencial. Estos rendimientos suelen obtenerse mediante procesos de adquisición y extracción de recursos, por lo tanto sí están sujetos a límites físicos y dependen del ritmo de crecimiento de la naturaleza (Daly, 1999). En términos generales, para conseguir los recursos suficientes como para hacer frente a los pagos de las deudas y la acumulación de intereses, los deudores suelen apostar por una o varias de estas cuatro opciones: embarcarse en inversiones especulativas (burbuja inmobiliaria y financiera, que no pueden durar indefinidamente); aumentar la presión sobre los salarios de los trabajadores; incrementar los ritmos de producción y consumo de bienes y servicios; e intensificar los procesos de extracción de los recursos naturales.
En este contexto, emerge una tensión irresoluble entre garantizar el proceso de valorización del capital y garantizar el proceso de sostenimiento de la vida. Un conflicto permanente entre el capital y los trabajos, entre el capital y la vida (Orozco, 2010). Ocurre entonces que, ante la amenaza constante, se desencadenan acciones defensivas de repudio de la deuda para contrarrestarlas. La lógica exige que de algún modo restrinjamos el proceso de acumulación de deuda, limitando el efecto del interés compuesto, o aceptemos ocasionalmente repudios de la deuda como ajustes normales y necesarios para garantizar la defensa de la vida por encima de los derechos comerciales (Daly, 1999).
Históricamente nos encontramos con momentos en los que el endeudamiento se produce a niveles o ritmos más elevados que la capacidad de creación de riqueza, como en la actual crisis, en la que la demanda no es suficiente para los elevados y sobrantes niveles de producción. Esta crisis de sobreproducción, con un estancamiento del consumo (por la pérdida constante de capacidad adquisitiva por parte de las clases trabajadoras), provoca un descenso de los beneficios y, por tanto, mayores dificultades de retornar las deudas acumuladas y mayor necesidad de crédito para hacer frente a gastos y necesidades de inversión. «El modelo económico, desde principios del siglo XXI, había llegado a sus límites (de explotación, de sobreproducción, de tasa de ganancia y límites físicos y ecológicos), y que la burbuja del crédito, que se cita como causa, no es sino una consecuencia más de un sistema en decadencia y que tiene a las crisis como elementos inevitables de su dinámica» (Taifa, 2010). Momentos también en los que se los procesos de acumulación se encuentran con límites físicos, que revierten en los costes y por tanto en la necesidad de mayor crédito y mayor endeudamiento, como el impuesto por la restricción de fuentes de energía y su aumento de precio. Y finalmente, momentos históricos en los que shocks externos dificultan el retorno del crédito, como el estallido de burbujas financieras o inmobiliarias, o un brusco incremento de los intereses como sucedió en octubre de 1979, cuando la reserva Federal de Estados Unidos decidió de forma unilateral incrementar bruscamente los tipos de interés. Esos momentos históricos, y recurrentes, nos han llevado a sucesivas crisis de deuda. En todos esos momentos, los diferentes actores sobreendeudados, ante la incapacidad de generar la riqueza adicional necesaria para retornar la deuda, han afrontado dificultades para hacer frente a ese pago. Desde la crisis de la deuda de 1982, que estalló en México pero afectó a buena parte de los países periféricos en la década de los ochenta, se alargó durante los noventa y hasta prácticamente la actualidad en muchos países, la solución por parte de la economía ortodoxa y de las instituciones financieras internacionales (IFI), con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la cabeza, ha sido aportar más crédito a los países con dificultades de pago combinado con la aplicación de duros ajustes económicos. La actual crisis de deuda en Europa afronta una situación histórica en la que se conjugan los tres escenarios descritos (recesión económica, energética y shock especulativo) y, hasta el momento, la salida propuesta por instituciones internacionales (FMI, BCE, UE), mercados y gobiernos europeos sigue la estela de las impuestas a los países del Sur durante las décadas anteriores.
PAGAR LA DEUDA A COSTA DE LA POBLACIÓN Y LA NATURALEZA
Con el objetivo de estabilizar las economías afectadas por las crisis y reestructurarlas de modo que puedan afrontar sin problema los pagos del servicio de la deuda, desde las IFI, se promueven los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE). Con los años, estos programas han ido recibiendo diferentes nombres y adjetivos, pero en esencia siguen el mismo esquema, el marcado por el conocido como Consenso de Washington (Ramos 2003). Con el objetivo a corto plazo de eliminar el déficit público, equilibrar la Balanza de Pagos, y controlar la inflación, y a largo plazo de modificar la estructura productiva para hacerla más eficiente en su inserción en el mercado mundial, estos ajustes imponen medidas como la reducción del gasto y la inversión pública, la privatización de empresas del Estado, incluso en sectores estratégicos, o la desregulación laboral. Se reduce el papel del Estado, de lo público, considerado como ineficiente y deficitario por naturaleza, otorgando un papel más relevante en la economía a los actores privados, las grandes empresas transnacionales, los procesos de exportación y consolidación de mercados internacionales, y desregulación comercial y financiera.
Históricamente nos encontramos con momentos en los que el endeudamiento se produce a niveles o ritmos más elevados que la capacidad de creación de riqueza.
En el cuadro de la página siguiente elaborado por José Antonio Sanahuja en 1994 para ilustrar las medidas estrella en los diferentes planes de ajuste implementados en buena parte de los países del Sur a partir de 1985, no dista mucho del que elaboraríamos hoy en día para ilustrar los ajustes aplicados en Europa.
Así pues, este mismo esquema es el que, en buena medida, se está utilizando hoy en día en los países europeos para hacer frente a la crisis de la deuda en Europa, y que sigue vigente aún en muchos países del Sur que acuden al FMI en busca de crédito para hacer frente a sus problemas de pago de la deuda o de desequilibrios en la balanza comercial (Fresnillo, 2010). Por ejemplo, los nuevos fondos del FMI, destinados en teoría a hacer frente a la crisis y a sus impactos, paradójicamente vienen acompañados de las condiciones de siempre, medidas como la liberalización del sector financiero y bancario, o la imposición de limitaciones al gasto social y al déficit público. Estos ajustes provocan recortes en los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, limitando el acceso a los servicios públicos de salud y educación, aumentando la precariedad en el trabajo y el desempleo, dificultando el acceso a los bienes básicos de consumo, entre ellos la vivienda, y incrementando la desigualdad social y, en especial, la deuda con las mujeres, que tienen que hacer aún un esfuerzo mayor para sostener la vida a través de trabajos de cuidado y no remunerados. Estas políticas de ajuste significan un verdadero genocidio social, y la muestra la tenemos en los retrocesos sociales que han sufrido los países de América Latina, África y Asia durante años de aplicación de dichas políticas.
De hecho, los préstamos que el FMI ha otorgado en los últimos tres años para hacer frente a la crisis, tanto en Grecia o Irlanda, como en Europa del Este y los países del Sur, contienen condicionalidades al más puro estilo del Consenso de Washington. En el estudio realizado por la red europea Eurodad sobre los préstamos post-crisis otorgados a 10 países empobrecidos, se evidencia la existencia de condicionalidades para reducir o congelar salarios, reducción de déficit y recortes en el gasto social o trasladar los aumentos de precio del petróleo y los alimentos a los ciudadanos en forma de impuestos indirectos y subidas de precios (Molina 2009, Yoke Heong 2009).
Así pues, los impactos de los planes de ajuste, «recaen directamente sobre la clase trabajadora o más precarizada, las personas en procesos de exclusión social, y el medio ambiente. Sin embargo, se evita afectar a las clases propietarias del capital.» (Quién debe a Quién, 2011b). Pero las medidas de ajuste no sólo imponen una dura carga para la ciudadanía, sino también para el medioambiente. «Los llamados Planes de Ajuste Estructural no sólo implican recortes sociales, sino también la imposición de un modelo económico basado en la apertura de mercados y la exportación a toda costa de materias primas, con el sólo objetivo de conseguir divisas para pagar a los acreedores. Estos planes, lejos de significar una salida a la crisis de la deuda, han hundido a numerosos países en décadas de empobrecimiento y transfusión de recursos hacia sus acreedores» (Quién debe a Quién, 2011). La única salida a la crisis, según esta visión neoliberal, es una huída hacia delante en un modelo de crecimiento ilimitado, basado en la explotación de los recursos naturales (energéticos, agrícolas, minerales, pesqueros, forestales, etc.) y humanos (fuerza de trabajo y trabajo no remunerado), y en un incremento de los intercambios de mercancías y servicios en un mercado de ámbito mundial.
La situación es aprovechada por inversores y empresarios que, conocedores del déficit físico en energía y materias primeras en los mercados del Norte o en los países emergentes, encuentran en estas políticas de ajuste una buena oportunidad para, entre otras estrategias, adquirir las empresas extractivas públicas a partir de procesos de privatización (Carpintero, 2009), comprar o arrendar tierras de titularidad pública, invertir en agroindustria y promover monocultivos de exportación en los países necesitados de inversiones, u obtener concesiones y licitaciones para extraer los recursos naturales en unos términos ampliamente favorables para ellos.
La pésima gestión en términos sociales y ambientales por parte de estas empresas responde a la lógica capitalista: maximizar el beneficio, extrayendo la mayor cantidad en el menor tiempo posible y al menor coste.
Una de las consecuencias de estos procesos de ajuste ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas de los países del Sur, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Este proceso se da ahora también en Europa, como en el caso de la reciente privatización de la compañía pública islandesa HS Orka, productora de energía geotérmica, adquirida por la canadiense Magma Energy Corp, a raíz de la crisis financiera y de la deuda en Islandia (Millet, Toussaint 2011). Teniendo en cuenta sólo los flujos monetarios, y dejando a un lado lo que significa perder el control sobre un sector estratégico, diversos estudios recogen datos que muestran como estas empresas fueron vendidas en muchos casos muy por debajo de su valor real, debido principalmente al desigual poder de negociación y a las prácticas de corrupción. Lo que en principio se justificó como una medida destinada a mejorar la capacidad de pago de los Estados, sólo generó recursos a corto plazo, y trasladó los beneficios posteriores a los nuevos propietarios extranjeros. «Se suele dar el caso de que, en pocos años, la pérdida de beneficios futuros ha superado los ingresos percibidos en el momento de la privatización» (Carpintero, 2009: 121) De esta forma, los grandes capitales del Norte Global controlan hoy buena parte de las empresas extractivas, haciendo peligrar la soberanía energética de los países del Sur.
La pésima gestión en términos sociales y ambientales por parte de estas empresas responde a la lógica capitalista: maximizar el beneficio, extrayendo la mayor cantidad en el menor tiempo posible y al menor coste. Los recursos monetarios que queden en manos del estado dependerán del tipo de propiedad de las empresas, así como los regímenes impositivos. Países como México, que realizan la extracción de petróleo a través de una empresa de propiedad estatal (Pemex) obtiene el 100 por 100 de la renta petrolera. En el lado opuesto, Argentina, cuya extracción se realiza íntegramente a través de empresas privadas (privatizadas durante la aplicación de los programas de Ajuste Estructural en los años 90 para hacer frente a la creciente presión de la deuda sobre las finanzas públicas), ha obtenido entre un 40 y un 60 de la renta petrolera a través de sus sistemas tributarios. En Chile, una ley orgánica elaborada en los ochenta prevé que, ante una nacionalización de los recursos cupríferos, las empresas recibirán de parte del estado el valor actual de todos ingresos acumulados hasta la extinción del recurso mineral. (Kempf, 2011). Una muestra estremecedora del poder de las multinacionales en este país.
El neo-extractivismo progresista (Gudynas, 2009) practicado por algunos gobiernos de América Latina, basado en la propiedad estatal de las empresas y aumento de la presión fiscal a las empresas extranjeras, dedica los recursos obtenidos en la extracción de recursos a la lucha contra la pobreza, justificando de esta forma los impactos sociales y ambientales de este modelo.
UNA DEUDA ILEGÍTIMA
La deuda ha sido pues durante décadas una herramienta de dominación y neocolonialismo, que, a través de mecanismos como los descritos en las líneas anteriores, ha transferido del Sur Global al Norte Global ingentes cantidades de riquezas (tanto dinero como recursos naturales). La crisis de la deuda europea nos demuestra que esa transfusión de riqueza no se produce tan sólo entre el Sur y el Norte geopolítico, sino también dentro del centro del sistema, entre las clases populares y trabajadoras y las elites propietarias del capital y los medios de producción.
Ante la tiranía de la deuda, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han elaborado diferentes estrategias para abordar una salida social a las crisis de la deuda. En el marco de la definición de dichas estrategias, la sociedad civil, e incluso en algunos ámbitos académicos, se ha llegado a la conclusión de que la necesidad de cancelación de la deuda no es sólo una cuestión de reducción de la carga que supone su pago sobre el presupuesto del gobierno, para liberar recursos para el gasto social. La necesidad de acabar con la deuda es también, y sobre todo, una cuestión de justicia.
La deuda externa no sólo es injusta porque atenta contra los procesos de desarrollo, sino también porque se ha construido a lo largo de la base de mecanismos injustos, sirviendo a los intereses de unos pocos a expensas del bienestar y la supervivencia del pueblo. En el corazón de esta injusticia se encuentra el concepto de deuda ilegítima. La deuda externa debe ser cancelada, no sólo en la base de la inmoralidad de priorizar el cumplimiento de un contrato de préstamo sobre los derechos humanos, sino también sobre la base de su ilegitimidad.
La definición de lo que constituye una deuda ilegítima es aún motivo de discusión entre organizaciones sociales y académicos. Incluso algunos gobiernos como el noruego o el ecuatoriano, e instituciones como la UNCTAD, han trabajado sobre esta cuestión. La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador (CAIC), que realizó una auditoria de la deuda ecuatoriana entre 2007 y 2008, argumenta que «la deuda ilegítima se expresa en aquellos créditos contraídos por el Estado bajo condiciones inaceptables y que han vulnerado los Derechos Económicos y Sociales, Culturales y Ambientales y han dado viabilidad al despojo o la apropiación/explotación indebida (vía privatización) de los recursos naturales».1 Durante el encuentro Sur Norte de Estudio celebrado por la Campaña Internacional sobre Deuda Ilegítima2 en Quito en Septiembre de 2008, se alcanzaron diferentes consensos en relación a la definición de ilegitimidad. Así se consideran las condicionalidades impuestas por los prestamistas sobre el crédito (incluyendo la obligación de gastar el crédito en productos y servicios del país prestamista – créditos ligados), como base suficiente para la ilegitimidad, no tan sólo por los impactos que dichas condicionalidades puedan tener, sino también porque éstas constituyen una interferencia en la soberanía del país. La existencia demostrada de impactos negativos a nivel económico, social y ambiental, constituye también base para argumentar ilegitimidad, teniendo en cuenta no sólo los impactos inmediatos sino también aquellos indirectos. Todos aquellos reclamos de deudas contratadas por regímenes ilegítimos, constituirán reclamos ilegítimos, y tan sólo el pueblo de un país puede determinar la legitimidad o no de un régimen. Finalmente, toda deuda adquirida para hacer frente al pago de una deuda ilegítima previa, será considerada también ilegítima (Fresnillo, 2008).
La deuda externa no sólo es injusta porque atenta contra los procesos de desarrollo, sino también porque se ha construido a lo largo de la base de mecanismos injustos, sirviendo a los intereses de unos pocos a expensas del bienestar y la supervivencia del pueblo.
El propio ODG, junto con la red ¿Quién debe a Quién?,3 ha trabajado en una definición que considera ilegítima toda aquella deuda acumulada por préstamos que, directa o indirectamente, comprometen la dignidad de los ciudadanos o pone en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos. Tal deuda se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y civiles reconocidos por los países en todo el mundo, o que ignoran las normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y entre pueblos. Algunos de los fenómenos, mecanismos o comportamientos que han ocurrido a través de las deudas ilegítimas son la opresión de los pueblos, genocidios, guerras imperialistas, corrupción, distribución desigual del bienestar, generación de pobreza, despotismo, interposición en la soberanía y, obviamente, desastres ecológicos.
En este sentido, deudas generadas para financiar la construcción de grandes presas hidroeléctricas, el fomento de la agroindustria o los agrocombustibles, la financiación de industrias extractivas y de la extracción y exportación de combustibles fósiles y energías sucias, entre muchas otras deudas producto de créditos que, directa o indirectamente, han tenido impactos a nivel de contaminación, destrucción ambiental, pérdida de biodiversidad, deforestación y otros conflictos ambientales, pueden y deben considerase como ilegítimas.
También deberíamos considerar como ilegítimas aquellas deudas que se están empezando a generar a partir de los créditos que ofrecen instituciones como el Banco Mundial como parte de los compromisos de los países más industrializados para la lucha contra el cambio climático. En efecto, buena parte de los compromisos para financiar la adaptación y mitigación del cambio climático en los países del Sur en las Conferencias de la UNFCCC de Copenhague y Cancún, se están vehiculando a través de fondos gestionados por el Banco Mundial, que a su vez los ofrece a los países receptores en forma de créditos. En este caso, se tratara sin duda de deudas ilegítimas, generadas para afrontar unos impactos, los del cambio climático, cuya principal responsabilidad recae en los países más industrializados. Endeudar al Sur Global para que puedan hacer frente a una problemática generada desde el Norte Global no parece la forma más generosa de hacer frente a las responsabilidades de los países más contaminantes. Dichos créditos son ya una realidad, pues el Banco Mundial ha empezado ya a atorgar créditos para la lucha contra el Cambio Climático a países como Bangla Desh, Marruecos, Sudáfrica o Egipto, en los que se ha generado ya esta deuda climática ilegítima.
¿POR QUÉ ILEGÍTIMA? LA JUSTICIA MÁS ALLÁ DE LA LEGALIDAD.
La mayor parte del debate alrededor de la deuda ilegítima ha girado en torno a las bases legales de este concepto. A pesar de la importancia de alegar bases legales sólidas a partir de las cuales establecer los conceptos de deuda odiosa y deuda ilegítima, especialmente en lo que se refiere a su reconocimiento en los niveles institucionales, creemos que no podemos restringirnos a las limitaciones de lo que está reconocido por la jurisprudencia internacional.
«El derecho de voto para las mujeres o el derecho a una jornada laboral de ocho horas son hitos sociales que han sido conseguidas gracias a un férrea lucha contra las normas establecidas, incluso cuando han estado respaldadas por la ley, reivindicando la legitimidad de ciertas demandas ante la evidente ilegitimidad de situaciones tal como la discriminación contra la mujer o la explotación laboral. La reivindicación de estos derechos fueron realizadas en respuesta a los principios de justicia, argumentados racionalmente y validados en todos los casos, y estos gozaron de un alto grado de respaldo social.» (RAMOS, L. 2008). La (i)legitimidad es el escalón previo a la (i)legalidad, una fase en la que las normas sociales evolucionan, basándose en argumentos racionales y en consonancia con la sociedad en cuanto ésta toma conciencia de que ciertas situaciones, comportamientos o estructuras deben ser modificadas por su inmoralidad, arbitrariedad, parcialidad, por ser abusivas, indeseables, perniciosas, injustificables o de naturaleza inconsistente; en resumen, porque son injustas. La ilegitimidad por lo tanto expresa el consenso generalizado, respaldado por argumentos racionales, acerca de una realidad particular que es injusta.
Cuando hablamos de deuda ilegítima, no debemos por lo tanto limitarnos a la deuda que puede ser considerada contraria a la ley en términos de legalidad internacional. Aunque algunos hechos que conducen a lo que definimos como deuda ilegítima pueden ser legales, desde el punto de vista de la sociedad civil disponemos de argumentos racionales y compartidos para mostrar que una situación particular es injusta y que, por tanto, debe ser considerada como ilegítima. La definición de deuda ilegítima debe rebasar lo que es normalmente establecido por la ley, incluidas todas esas situaciones que la sociedad en general considera injusta o inaceptable. Nuestra principal referencia debe ser por tanto la justicia, no la legalidad.
Aunque algunos hechos que conducen a lo que definimos como deuda ilegítima pueden ser legales, desde el punto de vista de la sociedad civil disponemos de argumentos racionales y compartidos para mostrar que una situación particular es injusta y que, por tanto, debe ser considerada como ilegítima.
Así pues, si un gobierno como el boliviano, presionado por financistas y constructores Brasileños, se endeuda para poder construir una carretera en pleno territorio indígena y parque nacional , no sólo provocando deforestación y destrucción de biodiversidad en la zona, sino también en contra de la opinión de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan esa región, por mucho que el Gobierno haya sido elegido democráticamente y esté actuando de acuerdo con la legalidad vigente, estaremos claramente ante una deuda ilegítima.
CONCLUSIONES: DEUDAS ILEGÍTIMAS O ILEGITIMIDAD DE LA DEUDA
La ilegitimidad se puede abordar crédito a crédito, analizando el proceso de endeudamiento en todos sus diferentes pasos. Bajo esta perspectiva analizaremos, principalmente mediante procesos de auditoría, las disposiciones de los contratos, el proceso y las condiciones adscritas al crédito y el destino e impacto final, directo e indirecto, de los fondos. Ese análisis deberá ser integral, es decir, atendiendo no sólo a las condiciones financieras, sino también a los impactos y conflictos socioambientales generados de forma directa e indirecta. Con todo ello no tan sólo determinaremos si un préstamo y su consecuente deuda se pueden declarar ilegítimos, sino también dirimir responsabilidades de los diferentes actores que participan en el proceso.
Una parte muy importante del endeudamiento en las economías capitalistas está vinculado a la financiación de un modelo de producción, comercio y consumo esencialmente insostenible, con impactos ambientales de gran alcance.
Pero más allá de los casos concretos, podemos considerar la ilegitimidad de la deuda en su globalidad, en tanto que mecanismo de dominación y empobrecimiento que perpetua unas relaciones internacionales injustas y desiguales, y que responde fundamentalmente a los intereses de los acreedores. En este sentido, y como se ha argumentado al inicio del artículo, una parte muy importante del endeudamiento en las economías capitalistas está vinculado a la financiación de un modelo de producción, comercio y consumo esencialmente insostenible, con impactos ambientales de gran alcance. En términos generales, no sólo deberíamos considerar aquellas deudas ilegítimas que han sido generadas por la financiación de proyectos o procesos vinculados con impactos y conflictos ambientales, sino que deberíamos plantear la ilegitimidad de la deuda como mecanismo intrínseco al proceso de destrucción ambiental e insostenibilidad que supone el sistema capitalista.
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* Inés Marco (ines-marco@hotmail.com) y Iolanda Fresnillo (ioland a.fresnillo@odg.cat), miembros del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
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