Camilo Arcos,* Pehuén Barzola Elizagaray,** Ofelia Agoglia,*** Juan A. Alvarez****
Resumen: A pesar de los crecientes esfuerzos de conservación, la biodiversidad global continúa disminuyendo. La Reserva de Biósfera Ñacuñán, primera área natural protegida (ANP) de Mendoza (Argentina), fue creada en el año 1961 por iniciativa del sector científico y marcó los rumbos de la conservación local posterior. Actualmente su administración se enmarca dentro de las lógicas de la biología de la conservación, con el sector científico como principal actor, que ha inclinado su rol hacia la investigación, especialmente en las ciencias naturales, a expensas del desarrollo local. Sus intentos de incorporar los aspectos sociales no alcanzan a integrar efectivamente a la comunidad local.
Palabras clave: Reserva de Biósfera, crisis ambiental, cogestión, racionalidad moderna
Abstract: Despite increased conservation efforts, global biodiversity is declining. The Ñacuñán Biosphere Reserve, Mendoza’s first natural protected area (NPA), was established in 1961 at the initiative of the scientific community and laid the groundwork for subsequent local conservation. Currently, its administration is framed by conservation biology logics, with the scientific sector as the primary actor, which has shifted its role to research, particularly in the natural sciences, at the expense of local development. Their attempts to include social aspects fall short of successfully integrating the local community.
Keywords: Biosphere reserve; environmental crisis; co-management; modern rationality
Conservación de la biodiversidad
A pesar del incremento en las áreas naturales protegidas, la biodiversidad se encuentra en continua disminución en todo el mundo, a tal punto que algunas investigaciones alertan de que nos encontramos en una sexta extinción masiva (Barnosky et al. 2011). Desde la ecología política (EP) se asocia este fenómeno a la escasez de abordajes críticos que incluyan aspectos sociales, políticos y éticos sobre la conservación (Klier, 2018; Büscher y Fletcher, 2022). En este sentido, la biología de la conservación (BC), como ámbito científico hegemónico dentro de la corriente conservacionista tradicional (Büscher y Fletcher, 2022), sigue teniendo dificultades para integrar a la comunidad en la toma de decisiones y las problemáticas de esos territorios.
La BC se consolida como disciplina autónoma hacia 1985 (Sarkar, 2005), planteando un campo de saber con reglas, objetivos y metodologías propios, con la pretensión de distanciarse de la ecología disciplinar, principal área que integró a su campo de saber los problemas ambientales (Klier, 2018). Se postula como una disciplina de crisis, en la que se debe actuar con urgencia para evitar la profundización de la pérdida de biodiversidad; inexacta, contemplando la estocasticidad de los sistemas vivos y asumiendo niveles de incertidumbre; basada en valores, ya que considera un valor intrínseco de lo viviente; interdisciplinaria, ya que pretende incorporar no solo conocimientos de las ciencias naturales, sino sociales, económicos y culturales, entre otros (Soulé, 1985; Klier, 2018). Así, la BC parecía distanciarse de la ciencia moderna a partir de una valoración extracientífica como motivación central de los objetivos de investigación.
Sin embargo, a pesar de constituir un avance fundamental en esta materia, un análisis crítico visibiliza una continuidad de la racionalidad moderna que separa naturaleza y cultura, y jerarquiza el conocimiento científico (sobre todo natural) sobre otros saberes, y, finalmente, la dimensión ética no es considerada en la mayoría de sus trabajos científicos (Klier, 2018). Los debates actuales en este campo, y particularmente desde la EP, proponen estrategias de conservación que van más allá de la eterna disputa «personas contra parques» que dividió históricamente al conservacionismo (Büscher y Fletcher, 2022). Conceptos como naturaleza y ambiente se convierten en significantes vacíos cuando se pretenden abordar desde un puro conocimiento científico apolítico (Swyngedouw, 2011). En contraste, la relación sociedad-naturaleza está determinada por convergencia y divergencia de intereses sociales, disputas de poder, y apropiación y distribución de los recursos naturales. Por ello resulta imposible pensar los procesos de conservación y restauración ecológica sin considerar la política como trasfondo. Desde la perspectiva de la EP, en esta falencia radica el fracaso de la BC en solucionar los problemas de pérdida de biodiversidad.
Reserva de Biósfera Ñacuñán
La Reserva de Biósfera de Ñacuñán se encuentra ubicada en el departamento de Santa Rosa, en el centro-este de la provincia de Mendoza (Argentina) (34º 03’ S y 67º 58’ W), y pertenece a la región biogeográfica del Monte. Posee una superficie de 12.232 hectáreas y se encuentra bajo la administración del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), institución dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y del Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR).[1] Ñacuñán forma parte del sistema de ANP de la provincia de Mendoza bajo la Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas (n.° 6045/1993). El cuerpo de guardaparques (dependiente de la DRNR), presente desde 2009, ostenta la responsabilidad de fiscalización y control.
Ñacuñán es la primera ANP de la provincia y se creó en el año 1961 como Reserva Forestal, por iniciativa del sector científico y el Gobierno provincial, sobre terrenos fiscales. Sus objetivos consistían en la recuperación y restauración de bosques nativos de algarrobo (Prosopis flexuosa), degradados a causa de la expansión vitivinícola y el ferrocarril desde finales del siglo xix (Claver & Roig-Juñent, 2001). La influencia de la biología de la conservación en la comunidad científica y los debates globales en torno a la conservación y el desarrollo llevaron a que en el año 1986 fuera recategorizada como Reserva de Biósfera, según el programa Man and the Biosphere (MaB) de UNESCO, «como enfoque alternativo y más realista de sustentabilidad, [que incorpora] el reconocimiento de las necesidades sociales y su compatibilidad e integración en la gestión y manejo de áreas naturales» (Claver y Roig-Juñent, 2001: 11). Se hacía hincapié en el desarrollo o asociación «entre conservación ambiental y actividades humanas, mediante investigación orientada a la solución de problemas, enseñanza, demostración y participación local» (Claver y Roig-Juñent, 2001: 12).
Su zonificación incluye una zona núcleo con máxima restricción, una zona de amortiguación y una de transición en la que se encuentra el pueblo de Ñacuñán, conformado hasta el año 2010 por catorce familias y un total de setenta y nueve personas (Torres et al., 2010). Alrededor de la reserva hay seis explotaciones pecuarias centradas en la cría y recría de ganado bovino, con extensiones que van de las 4.500 a las 54.000 hectáreas. En estas se ejerce la ganadería como actividad complementaria a otros ingresos (Torres et al., 2010: 183).
Hacia fines de los años noventa se evidencia una precarización en las condiciones de vida de quienes habitaban Ñacuñán, como efecto del cierre del ferrocarril. Esto se expresa tanto en la disminución de la población local como en una modificación de las actividades económicas predominantes. Aumenta el empleo público al 47 por ciento, y el resto se reparte entre changarines[2] (47 por ciento) y cuentapropistas (6 por ciento) (Torres et al., 2010). Además, las autoras destacan que esta población presenta altos niveles de pobreza y que los campos vecinos no han bastado para incorporarla al empleo rural, lo que incrementó la emigración.
Torres et al. (2010) señalan que quienes poseen los campos lindantes manifestaban una relación de indiferencia hacia la reserva, salvo como un lugar deseado para el arrendamiento transitorio para pastura en períodos de sequía prolongada. Por su parte, quienes habitan el pueblo encuentran mayores tensiones, viendo la reserva como un lugar distante y peligroso (Torres et al., 2010). Esta sensación se asocia al desconocimiento de su interior, la imposibilidad de participar en actividades turísticas y los incendios que se producen en su interior. Las tensiones entre este grupo y la administración de la reserva incluyen también la imposibilidad de realizar actividades de subsistencia como el «uso de leña para calefacción, la caza de fauna silvestre como complemento a la dieta y la posibilidad de pastorear animales de consumo doméstico» (Torres et al., 2010: 190). Por último, los relatos recuperados por estas autoras permiten advertir que «las mayores dificultades que enfrentan los pobladores de Ñacuñán se vinculan con la imposibilidad de revertir la crítica situación laboral que atraviesan» (Torres et al., 2010: 190).
La única posibilidad de participación pareciera darse de manera unilateral, solo cuando es instrumentada como parte de los protocolos de participación ciudadana en términos formales o por motivos puntuales. Ello dificulta la convergencia de los objetivos de la reserva con los de sus habitantes, comprendiendo la diversidad de intereses y asimetrías de poder e involucramiento en las instancias de toma de decisiones formales e informales.
Tensiones actuales
Las personas entrevistadas del sector científico vinculado al funcionamiento de la reserva reconocen ciertas relaciones laborales, de rivalidad y de cooperación entre ellos, y con las principales instituciones involucradas (escuela, municipio, servicios de provisión turística, sala de primeros auxilios, etc.). En su discurso se menciona explícitamente la necesidad de su participación en la gestión de la reserva a partir de los saberes populares, pero luego se confiesa que dicha participación es muy difícil y no siempre tenida en cuenta. «Aun cuando (…) encuentran motivos de preocupación ante la situación socioeconómica que atraviesan los pobladores, entienden que no son problemas de su área de competencia y que, por el contrario, caen en la órbita del Estado, local o provincial» (Torres et al., 2010: 193).
Las tensiones entre la población y la administración de la reserva han ido transformándose con el tiempo. Se ha verificado un acercamiento a la comunidad a partir de proyectos que favorezcan a los pobladores (por ejemplo, a través de generación de infraestructura sustentable, aumento de sus ingresos económicos a partir de producción artesanal con valor agregado, etc.) y se ha intentado modificar el rol punitivista del cuerpo de guardaparques hacia un enfoque de articulación social. Una entrevistada científica señala una primera caracterización válida para profundizar en la comprensión de la trama social. Existen dos grupos de habitantes: quienes tienen arraigo histórico en el territorio y han entablado un vínculo fuerte con el sector científico e institucional, con cierta retribución simbólica y material; y quienes están más distantes de tales beneficios. Estas personas expresan una rivalidad con las primeras, más que con los propietarios de los campos vecinos, con quienes solo mantienen un vínculo de tipo laboral a partir de algunos pocos empleos (en general, precarios).
Analizando las investigaciones que se llevan a cabo en la reserva, es posible comprobar el sesgo hacia las ciencias naturales que se le critica a la BC (Klier, 2018). La gran mayoría de los estudios se aboca a las dimensiones del soporte biofísico (83 por ciento) y el resto incluye dimensiones socioeconómicas (19 por ciento), pero apenas un 2,5 por ciento analiza los grupos humanos que viven dentro o sobre los límites del área protegida. Si bien en el presente han aumentado los trabajos con otra orientación, aún no se alcanza a comprender las tramas de sentido que rodean el uso que los grupos sociales hacen de los recursos naturales del ANP (Torres et al., 2010)[3].
La relación histórica entre la administración de la reserva y la población se ha dado de manera paternalista, pero no propositiva ni consensual. El sector científico comprende su papel de instrucción para el diseño y conservación que le asigna la ley, pero reniega de su rol ejecutivo y político al formar parte del funcionariado público. Si bien ha habido intentos de acercamiento a la población a través de proyectos que mejoren sus ingresos e infraestructura, el fin de la reserva se ha consolidado en torno a la tarea casi exclusiva de la investigación o la conservación, y el bienestar de quienes han habitado históricamente allí parece haber ocupado un rol instrumental, pero siempre primando las restricciones de uso y acceso a los recursos naturales de la reserva. Como contraparte, los propietarios de los terrenos lindantes a la reserva, con mayor capital económico, dedicados a la producción ganadera y generalmente foráneos, reciben los beneficios indirectos de la protección de la reserva sin los condicionamientos correspondientes. En otro orden, la comunidad de pobladores que está dentro de la reserva, si bien es heterogénea en cuanto a sus perfiles y dinámicas, no parece haber constituido algún tipo de representación institucional que permita canalizar las necesidades y demandas de manera formal y democrática.
En ese sentido, es necesario recuperar las dimensiones éticas y políticas de la conservación, aquellos principios que marcaban el rumbo de la conservación convencional en los albores de la BC, convergentes en las discusiones sobre la justicia social y ambiental como categorías que pueden abordarse desde la ecología política. Con relación a esto, un primer paso que consideramos virtuoso es la ampliación de la comisión de cogestión de la reserva, primero incorporando al Estado provincial, y posteriormente con la inclusión del municipio de Santa Rosa (año 2018), departamento donde se localiza la reserva, que puede aportar una mirada mucho más rica y anclada en el territorio, y abrir más posibilidades de negociación política entre las partes y facilitar gestiones que beneficien a los habitantes. También han involucrado a otras instituciones presentes en el territorio, a partir de reuniones ad hoc por invitación de la comisión o a partir del pedido de participación de estas instituciones por medio de representantes institucionales, con los cuales se establece una comunicación directa y permanente. A su vez, en una reciente entrevista a uno de los representantes del sector científico en esta comisión de cogestión, este comentaba que se está intentado incluir a los pobladores en la comisión, por ahora a través de la participación abierta y rotativa de aquellos habitantes que manifiesten voluntad de expresar sus demandas o necesidades particulares. Esto se complementa con los primeros pasos de los pobladores para la creación de una unión vecinal que les dé entidad formal y legal como sujeto colectivo. Aunque estas acciones son recientes, y su participación es de carácter consultivo, es una primera aproximación a una cogestión de la reserva con una mirada más democrática, que amplíe los objetivos de la reserva incorporando realmente a la comunidad y sus conflictos como parte constitutiva del manejo de la reserva, y promoviendo el espíritu de este tipo de reservas enmarcadas en el programa MaB de la UNESCO.
Referencias
Barnosky, A. D., N. Matzke, S. Tomiya et al., 2011. «Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived?». Nature, 471, pp. 51-57.
Büscher, B., y R. Fletcher, 2022. La revolución conservacionista: propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno. Barcelona, Icaria.
Claver, S., y S. Roig-Juñent (eds.), 2001. El Desierto del Monte: la Reserva de Biosfera de Ñacuñán. Córdoba, Triunfar.
Sarkar, S., 2005. Biodiversity and Environmental Philosophy: An Introduction. Cambridge, CUP.
Klier, G. R., 2018. Tiempos modernos: un análisis sobre los discursos de la biología de la conservación. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.
Soulé, M. E., 1985. «What Is Conservation Biology?». BioScience, 35, pp. 727-734.
Swyngedouw, E., 2011. «¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada». Urban, 1, pp. 41-66.
Torres, L., S. Claver, M. Delugan et al., 2010. «Lecciones aprendidas en la gestión de la Reserva de Biósfera de Ñacuñán y su área de influencia (Mendoza, Argentina)». Ciência e Trópico, 34 (1), pp. 176-200.
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* ICB (CONICET). E-mail: camiloarcos29@gmail.com.
** ICB (CONICET).
*** ICB (CONICET).
**** IANIGLA (CONICET).
[1] Originalmente la administración estaba a cargo del IADIZA, y en 2009 se firmó un convenio con el Gobierno provincial para cogestionarla con la DRNR, que además es la autoridad de aplicación de la Ley provincial de Áreas Protegidas. Este acuerdo fue ratificado en 2015 y posteriormente convertido en ley a partir de un decreto firmado por el gobernador de turno. Esta cogestión de un ANP es una singularidad dentro del sistema provincial de ANP.
[2] Peón urbano o rural que se contrata temporalmente para realizar tareas menores.
[3] Puede consultarse la Biblioteca Digital de la RBÑ en el sitio https://www.mendoza.conicet.gov.ar/iadiza/recursos/areas-experimentales/reserva-del-hombre-y-la-biosfera-nacunan/.
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