Carlos Santos*
Durante el mes de octubre de 2006 se realizarán acciones globales de celebración del derecho humano al agua, tomando como referencia el segundo aniversario del plebiscito constitucional sobre el agua aprobado en Uruguay el 31 de octubre de 2004. La agenda de los movimientos del agua están confluyendo —en un momento de avance contra la mercantilización de este bien común— a partir de los logros ocurridos en el Foro Social Mundial en Caracas y en el Foro Internacional en Defensa del Agua en México, durante este año. Los desafíos parecen ir más allá de la consolidación de una agenda común de estos movimientos, a nivel global, pasando a la identificación y promoción de un modelo alternativo, público y sustentable de gestión del agua.
En el inicio de 2006 ocurrieron dos hechos de suma importancia hacia la consolidación de un movimiento a escala global en la defensa del agua como un bien común. Primero, en el marco del IV Foro Social Mundial en Caracas, como consecuencia de la aglutinación de diferentes actividades, se acordó una declaración común entre las organizaciones europeas y latinoamericanas que promueven alternativas públicas a la privatización del agua. Luego, en México, con la realización del Foro Internacional en Defensa del Agua, se demostró que los movimientos sociales han acumulado suficiente legitimidad como para desbancar el papel central que habían tenido hasta ahora las grandes corporaciones e instituciones financieras, para captar incluso el apoyo de algunos gobiernos.
A México se llegó luego de un proceso de aglutinamiento entre las organizaciones y movimientos de América Latina, América del Norte y Europa, que había comenzado en el Foro Social Mundial (policéntrico) de Caracas. Allí, en la última semana de enero de 2006, se había generado una declaración que recogía las diferentes perspectivas de los movimientos sociales sobre el agua y sentaba las bases para la construcción de una agenda común a futuro.
La declaración define los puntos centrales de una agenda común entre los movimientos: exige la exclusión del agua de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Tratados de Libre Comercio (TLC) y demás acuerdos internacionales de comercio e inversiones así como la abolición del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Al mismo tiempo, este documento común plantea que la gestión del agua debe estar en manos públicas, comunitarias, participativas y para ello «es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo hidrológico mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales, estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas, donde se haga efectiva la participación ciudadana en todas las instancias de planificación, gestión y control».
En México mientras tanto, entre el 14 y el 22 de marzo, tuvieron lugar los dos acontecimientos internacionales más importantes en relación al agua. Por un lado el IV Foro Mundial del Agua, patrocinado por las grandes corporaciones del sector y las instituciones financieras internacionales, y por otro el Foro Internacional en Defensa del Agua, que nucleó a organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo que luchan por una gestión pública, participativa y sustentable del agua. Fue la primera vez que los movimientos sociales que promueven una visión del agua como «bien común» lograron articular un foro alternativo al Foro Mundial del Agua.
La «Declaración conjunta de los Movimientos y Organizaciones Sociales sobre el Agua» de Caracas fue uno de los insumos centrales utilizados para la elaboración de la propuesta de Declaración que llevó el Ministro de Aguas de Bolivia, Abel Mamani —ex dirigente de la FEJUVE, Federación de Juntas Vecinales, de El Alto—, al interior del IV Foro Mundial del Agua.
El texto recogía cuatro puntos fundamentales: 1) consideraba el agua como un derecho humano fundamental, 2) establecía las bases para una gestión pública y participativa, 3) planteaba la exclusión del agua de los acuerdos comerciales y 4) contenía referencias críticas al proceso que condujo a los Foros Mundiales del Agua (en el caso del Foro de México los participantes debían pagar una inscripción del orden de los 120 dólares diarios para poder ingresar al lugar donde se llevaba a cabo el foro).
En el proceso de negociación que se dio en México, la posición de Bolivia fue discutida con los representantes oficiales de Venezuela, Cuba, Brasil, Paraguay, Uruguay y algunos países europeos. En la negociación jugaron un papel importante los delegados de movimientos sociales próximos a estas delegaciones. Finalmente la declaración «complementaria» a la declaración oficial del IV Foro Mundial del Agua fue firmada solamente por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela.
Los cuatro puntos centrales de la declaración de Bolivia fueron mantenidos en el texto de la declaración alternativa, con un «matiz» con respecto al tema agua y libre comercio, señalando la «profunda preocupación sobre los posibles impactos negativos que cualquier instrumento internacional, como tratados de libre comercio e inversiones, pueda tener sobre los recursos hídricos, y reafirmamos el derecho soberano de cada país a regular el agua en todos sus usos y servicios».
Los movimientos y organizaciones sociales en defensa de una visión del agua como bien común se enfrentan ahora al desafío del «octubre azul». Así se ha denominado al conjunto de acciones globales que se desarrollarán en celebración del derecho humano al agua, tomando como «hito» la aprobación del plebiscito constitucional de Uruguay, el 31 de octubre de 2004, donde se consagró el agua como un derecho humano y se sentaron las bases para una gestión pública, participativa y sustentable de este bien.
Seguramente, el «octubre azul» será un paso más en la consolidación de un movimiento global «en defensa del agua y de la vida», o por lo menos de la construcción de una agenda común entre los diferentes movimientos.
Sin embargo, los mayores desafíos radican sin duda en la construcción de un nuevo modelo de gestión del agua; necesariamente debe ser un modelo público, necesariamente debe ser participativo y controlado socialmente pero —sobre todo— debe considerar a los territorios «productores» de agua como parte de ese proceso de gestión.
Para ello, este movimiento debe lograr una mayor incidencia en los ámbitos donde se definen estas políticas. Es clara la responsabilidad y culpabilidad de las instituciones financieras internacionales en la promoción del modelo «privatizador» del agua. También ha sido claro el involucramiento de algunos gobiernos en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones del sector.
La declaración alternativa al IV Foro Mundial del Agua, firmada por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela es un significativo avance con respecto a los posicionamientos hegémonicos que favorecían al sector privado del agua anteriormente. La tarea de los movimientos ahora se ha duplicado. A la tarea defensiva, de «cerco» al neoliberalismo del agua, se agrega ahora una tarea ofensiva, de promoción de un nuevo modelo de gestión pública del agua, que solucione los problemas de la gente común y genere consciencia sobre la necesidad de preservar el agua para las generaciones futuras.
Cuando pensamos en ese modelo, muchos miramos la gran experiencia de las Mesas Técnicas de Agua de Venezuela, que desde 1993 —algunos años antes del inicio del proceso bolivariano— viene trabajando en ese sentido. Sin duda, la construcción de ese «nuevo» modelo será mucho más local e indefinida de lo que podamos imaginar. Es necesario experimentar con creatividad e imaginación, con el horizonte de que «otra gestión del agua es posible».
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* REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
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