Danilo Urrea y Juana Camacho*
Agua y saneamiento básico es uno de los temas donde el Banco Mundial (BM) y otras agencias financieras multilaterales, han intervenido dentro de su estrategia de reducción de pobreza y promoción del desarrollo sostenible en Colombia. Desafortunadamente al contrario a lo pregonado por el Banco, el agua como servicio público ha sido objeto de procesos de privatización y mercantilización.
Colombia es considerado un país donde las recomendaciones de las instituciones financieras multilaterales tienen una acogida positiva, lo que significa una aplicación efectiva de las políticas trazadas por los organismos internacionales.
Un ejemplo claro es el de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que dentro de su proceso de modernización, financiado por el Banco Mundial en 2005, se planteó como objetivo principal la transformación de empresa estatal proveedora de servicios públicos a empresa comercializadora de dicho servicio, orientada hacia la demanda del mercado (World Bank 2005b, pp. 4-5).
Por otra parte, la empresa también promovió la participación de agentes privados en el Sistema de Distribución de Agua Tibitoc, siguiendo las recomendaciones del BM, y también promovió el incremento de las tarifas durante el período de implementación del proyecto (World Bank 2005b, p 6). Finalmente, el Banco consideró como aspecto negativo que la administración distrital no aceptara la contratación de un operador privado para la provisión del servicio, es decir que mantuviera el carácter público del servicio (World Bank 2005b, p 16).
Otro ejemplo importante es la financiación que hizo el BM al proyecto en la ciudad de Cartagena, denominado Aguas de Barcelona – Aguas de Cartagena. En esta Ciudad, como en otras de la Costa Caribe colombiana, la prestación del servicio de acueducto está en manos de operadores privados, lo que en palabras del Banco representa el éxito de los casos de mejoramiento de la gestión a través de la participación privada en los servicios de agua y saneamiento.
Según el BM la estrategia «PSP (Participación del Sector Privado) es la más prometedora para lograr el mejoramiento institucional en las compañías del sector de Agua Potable y Saneamiento…» (World Bank 1999, p.7). Para que esta estrategia permanezca en el tiempo el Banco exige como condición del préstamo que las «autoridades distritales mantengan la participación del sector privado en la provisión del servicio de agua y alcantarillado en Cartagena» (World Bank 1999, p.7)
En esta misma línea y con características similares, es decir, favoreciendo a los operadores especializados y agentes de privatización del servicio, hay dos proyectos más financiados por el Banco en el sector de agua y saneamiento básico: el proyecto de infraestructura y gestión de los servicios de agua y alcantarillado en La Guajira (World Bank 2005c) y el proyecto de Asistencia para la reforma del sector de agua en Colombia (World Bank 2000).
En el primero, el Banco sugiere que la mejor forma de llevar a cabo las actividades del proyecto es la intervención del sector privado en el manejo del servicio a nivel urbano, con el fin de incrementar eficiencia y alcanzar estabilidad financiera (World Bank 2005c, p. 4).
En el segundo proyecto, de alcance nacional, el Banco resalta la disposición del gobierno colombiano para la adopción de estrategias sugeridas desde esta institución, y a continuación enfatiza la importancia de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, dada su capacidad para resolver los problemas (World Bank 2000, p. 3).
UN MODELO YA FRACASADO
La referencia al papel del Banco Mundial en regiones como la Costa Caribe colombiana permite introducir una reflexión acerca de las consecuencias del proceso de privatización recomendado por el BM en Colombia.
La participación de empresas mixtas en la prestación del servicio de agua y saneamiento básico, lo que para el Banco representa el éxito en el mejoramiento de la gestión a través de la participación privada, ha generado diversos conflictos ambientales que generalmente son enfrentados por las comunidades más empobrecidas.
Entre dichos conflictos podemos señalar: la vulneración paisajística y fragmentación territorial por la construcción de estaciones de bombeo de aguas residuales en zonas residenciales, y las consecuencias de contaminación y afectaciones a la salud que esto representa; la contaminación y desarraigo territorial por la construcción de colectores pluviales en territorios ancestrales indígenas, proyectos que no cuentan ni siquiera con los estudios adecuados de impacto ambiental; la facturación indebida que en muchas zonas se realiza para un 100% de las viviendas, cuando únicamente entre el 12 y 13% de la población recibe un servicio de agua completamente ineficiente, además de ser aguas no aptas para el consumo humano; la apropiación, por parte de las empresas, de redes comunitarias que han sido construidas con el esfuerzo de la población durante varios años; la política de anulación y desconocimiento de los acueductos comunitarios como estructuras democráticas para la prestación del servicio.
Así, un modelo que desde la óptica de las instituciones financieras internacionales se muestra como exitoso, y que, con la complicidad de los gobernantes, pretende ser desplegado por todo el país, resulta completamente nefasto al dar una mirada a sus implicaciones en el contexto social en el que se aplica, pues, desafortunadamente, al tiempo que las empresas obtienen importantes rendimientos financieros, se violan sistemáticamente los derechos de la población, sobre todo los de las comunidades más empobrecidas, quienes enfrentan la mayoría de los conflictos mencionados.
A MANERA DE CONCLUSIÓN…
Desafortunadamente, las políticas impuestas por la banca multilateral continúan teniendo resonancia en Colombia, y en la actualidad son implementadas por el gobierno nacional a través de los principales instrumentos de política pública consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, en su capí- tulo referente a Agua y Saneamiento Básico. La aparición de los llamados Planes Departamentales para el Manejo Empresarial del Agua reproducirán el modelo de privatización que fue impuesto en la Costa Caribe colombiana.
Sin embargo, se adelantan hoy en el país iniciativas que entre otros objetivos persiguen detener las manipulaciones de las instituciones financieras internacionales, y al mismo tiempo avanzar en la defensa integral del agua, pues no son únicamente los asuntos relativos al endeudamiento los que privatizan y mercantilizan el agua y la vida, aunque juegan un papel importante entrecruzados con otras estrategias. La propuesta del Referendo por el Agua tiene entre sus reivindicaciones el devolver la gestión al Estado y las comunidades organizadas sin ánimo de lucro, lo que implica el manejo soberano del patrimonio hídrico, sin la injerencia políticoeconómica de la banca multilateral.
BIBLIOGRAFÍA
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* CENSAT Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia. Correo electrónico: agua@censat.org; deuda@censat.org.
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