Francisco Astudillo Pizarro* y Karen Castillo Hidalgo**
Resumen: Con base en un análisis regional, abordamos el caso de la localidad rural de Morrompulli, ubicada en la comuna de Valdivia en la Región de Los Ríos (Chile). Desde 1980 el vertedero de Morrompulli recibe la basura sin tratamiento de las doce comunas de la región, lo que condena a las comunidades locales a la contaminación del aire, el suelo y el agua. Recurriendo a conceptos de la justicia espacial, afirmamos que Morrompulli constituye una zona de sacrificio regional, cuya configuración espacial da cuenta de los transversales intereses en su perpetuación. Asimismo, relevamos la invisibilizada lucha de sus comunidades por sus derechos desafiando el déficit democrático, en el marco de una economía política que mercantiliza la gestión de la basura.
Palabras clave: basurización, zonas de sacrificio, injusticia espacial
Abstract: Based on a regional analysis, we address the case of the rural town of Morrompulli, located in the municipality of Valdivia in the Los Ríos Region (Chile), where the Morrompulli landfill is located, which since 1980 has received untreated garbage from the 12 communes in the region, condemning local communities to air, soil and water pollution. In recent years, disasters have repeatedly contaminated the air, soil and water in the town. Using concepts of spatial justice, it is stated that the case of Morrompulli constitutes a regional sacrifice zone, whose spatial configuration accounts for the transversal interests in its perpetuation, while highlighting the invisible struggle of its communities for their rights, challenging the democratic deficit, within the framework of a political economy that commodifies waste management.
Keywords: garbagization, sacrifice zones, spatial injustice
Introducción
La Región de Los Ríos, caracterizada por sus cuerpos de agua y sus humedales, ha logrado construir una marca de prístina sustentabilidad. Valdivia, su capital, postula a la categoría de Ciudad Humedal por la Convención Ramsar (Cortés, 2024a), todo esto, a costa de sacrificar a la pequeña localidad de Morrompulli.
A veintiséis kilómetros de la capital de la Región de Los Ríos en la comuna de Valdivia (sur de Chile), en la pequeña localidad rural de Morrompulli se emplaza el vertedero municipal de Morrompulli, que desde 1980 recibe la basura de toda la región, de sus doce comunas. Si bien el vertedero es de propiedad municipal, opera en concesión privada a Servimar Ltda., y posee una extensión territorial de veinte hectáreas, aun cuando originalmente solo se autorizaron cuatro hectáreas (véase imagen 1). Durante los últimos años el vertedero ha mostrado crecientes síntomas de colapso, eventos que degradan el ambiente de Morrompulli y someten a las comunidades locales a vivir en riesgo de desastres y contaminación.
Imagen 1. Cartografía local de Morrompulli y el vertedero. Fuente: Elaboración Felipe Ochsenius en base a antecedentes IDE Chile, 2024.
Se configura así un problema integrado por una dimensión ecológica, caracterizada por derrumbes, contaminación del aire, el suelo y el agua; otra dimensión sociopolítica, que da cuenta del reclamo de las comunidades locales en su lucha socioambiental, y una dimensión regional, que alcanza a autoridades regionales, comunales y locales en la discusión por las implicancias del vertedero, su operación y futuro. En este contexto, la noción de zonas de sacrificio emerge como problema ecológico y político-territorial y también como herramienta de movilización.
A partir de una problematización regional, sistematizamos y analizamos antecedentes secundarios para describir los nodos que rigen la configuración territorial de masiva concentración de desechos en Morrompulli. Reflexionamos acerca de dos dimensiones de la justicia espacial: la distributiva y la procedimental (Astudillo et al., 2024). En esta línea, afirmamos que el concepto de zona de sacrificio materializa una estructura de injusticia espacial sustentada en un déficit democrático, destacando el rol el Estado, las instituciones públicas en sus distintas escalas político-administrativas, los intereses del mercado y de las comunidades a escala regional, que consolidan el sacrificio local en favor de una región sin basura.
Contexto nacional y gestión de la basura en Chile
El caso de Morrompulli debe ser contextualizado en el marco de los mecanismos institucionales y normativos que rigen la gestión de la basura en Chile, en el que destacan instrumentos como el decreto con fuerza de ley 725 (1968) o el decreto ley 3063 (1979), modificado por la ley 20.033 (2005), que establecen que la responsabilidad del manejo de residuos sólidos tanto domiciliarios como industriales recae sobre las municipalidades. Esta «descentralización» ha habilitado una privatización encubierta mediante la que los municipios entregan la operación de estos depósitos a empresas privadas en el contexto de un Estado subsidiario y neoliberal, generando lucrativos nichos de mercados concentrados (Pizarro y Jara, 2015).
Buena parte de los grandes depósitos en Chile son rudimentarios vertederos de acumulación de basura, sin sofisticación técnica ni obras de ingeniería. Su regulación data de 1980, con la resolución 2244 del Ministerio de Salud, que norma cuestiones como la ubicación, dotación, condiciones de operación y fiscalización de estos depósitos.
En las últimas décadas, se ha intentado priorizar el desarrollo de los denominados «rellenos sanitarios», es decir, obras de ingeniería de mayor complejidad que cuentan con una superficie acondicionada para la acumulación de residuos con el fin de mitigar la degradación de los suelos y la irrigación de líquidos a las napas subterránea.
La promulgación de la ley 20.920 de «Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del reciclaje» (2016) representa una innovación importante, a pesar de que muchos de los depósitos legales e ilegales vigentes en Chile siguen siendo vertederos rudimentarios.
La basurización de Morrompulli y el sacrificio regional
Históricamente vinculado a las luchas por la justicia ambiental en contextos de contaminación productiva de territorios y comunidades (Lerner, 2010; Viale y Svampa, 2014), el concepto de zonas de sacrificio ha sido objeto de una ampliación heurística más allá de la toxicidad de la contaminación productiva, incluyendo cuestiones como la pobreza, la destrucción de economías locales y otras formas sacrificiales (Hedges y Sacco, 2012). En ese marco, las comunidades de Morrompulli han denunciado su crisis ambiental como una expresión sacrificial, y la noción de «zona de sacrificio» se ha convertido en un tropo central a la hora de denunciar y problematizar la crisis, presente en intervenciones, discursos y movilizaciones comunitarias locales.
Por otra parte, en términos de su configuración espacial, la característica procedimental de las zonas de sacrificio es el déficit democrático, así como una asimetría de distribución de poder en el territorio (Astudillo et al., 2024).
Así, al instalarse en 1980 el vertedero en Morrompulli (en un contexto de dictadura militar), el Estado impuso a esta localidad el rol de víctima en un sacrificio del que se benefician las restantes doce comunas de la actual Región de Los Ríos: una región limpia rentabilizada por el mercado.
Durante más de cuatro décadas, doce comunas se han liberado de la responsabilidad de la gestión de sus residuos y del diseño de políticas públicas, en la medida de que han enviado sus desechos masivos sin ningún tratamiento a Morrompulli, como un territorio sacrificado y basurizado (Solís, 2023), cuyas comunidades han sido históricamente consideradas sujetos de desecho (Ureta y Landherr, 2018).
Esta forma de constitución de sujetos, patrón común en territorios basurizados, da cuenta de una de las estructuras subyacentes de toda configuración sacrificial e injusticia espacial: el déficit democrático, dado que las comunidades de Morrompulli nunca han podido incidir en las decisiones territoriales que les competen, sacrificadas por un poder central externo, pues la superación de las zonas de sacrificio requiere la creación de mecanismos de deliberación local incidentes en el ordenamiento territorial que apunten a una democracia socioambiental (Astudillo, 2023).
Imagen 2. Cartografía regional y ubicación de Morrompulli. Fuente: Elaboración Felipe Ochsenius en base a antecedentes IDE Chile, 2024
Queda en evidencia la contradicción entre los intereses generalistas de una región de 384.837 habitantes (INE, 2017), con doce comunas (Valdivia, Corral, Máfil, Mariquina, Los Lagos, Lanco, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Pangupulli, Futrono y Lago Ranco), y el interés local de familias de un pequeño sector rural, lo que revela una estructura de injusticia espacial a escala regional, sustentada en instrumentos de planificación regional y ejecutada por el Estado.
Actorías, controversias y dinámicas de acción colectiva
Aunque el vertedero se encuentra en Morrompulli, por efecto de la conectividad hidrológica, las afectaciones involucran también a las comunidades de Santo Domingo, Piedra Blanca, Los Guindos y Santa Elena. Todas estas localidades rurales del sector sur de la comuna de Valdivia aledañas al río Futa participan de la causa de la comunidad de Morrompulli, comparten sus posicionamientos y demandan el cierre del vertedero y el inicio de obras del futuro relleno sanitario.
Estas actorías han realizado diversas acciones colectivas contra la basurización, entre las que destaca la interpelación a autoridades locales y regionales, con manifestaciones en la Superintendencia del Medioambiente SMA (en Valdivia), cortes de ruta (interrumpiendo el tránsito en la ruta T-60 que conduce a la comuna de La Unión) y denuncias de derrumbes, derrames y filtraciones a través de videos viralizables.
La infraestructura del vertedero, antigua y sin la sofisticación técnica de los modernos rellenos sanitarios, no posee los sistemas adecuados para evitar la libre migración de gases, líquidos y olores, lo que deriva en la proliferación de plagas de insectos y roedores.
Luego de una serie de derrumbes de basura en 2023, se decretó emergencia sanitaria en 2024 por el colapso del vertedero y se anunció su cierre, lo que fue interpretado políticamente no como una alerta local de emergencia ecológica en Morrompulli, sino como una alerta regional (Diario Oficial de la República de Chile, 2024), en la medida en que Gobierno, municipios y comunidades de las doce comunas se enfrentarían a la necesidad de hacerse cargo de los residuos.
Así, las vecinas y los vecinos de Morrompulli se enfrentan a un amplio consenso regional en torno al sacrificio, que alcanza desde instituciones gubernamentales y municipales a comunidades de otras comunas, además de los intereses privados que capitalizan el negocio concentrado de la basura, quienes sostienen un interés común en mantener el vertedero operando.
Frente a esto, las comunidades de Morrompulli y las localidades vecinas han denunciado lo que denominan como la «falta de empatía» (Cossio, 2024) de Valdivia y del resto de las comunas de la región. En mayo de 2024, y frente a la posibilidad de cierre del vertedero, La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Región de Los Ríos (que asocia a las juntas vecinales de toda la región) manifestó su preocupación argumentando que sus comunas no están preparadas para hacerse cargo de sus propios residuos (Martínez, 2024). Así queda claro que la región no planea redistribuir la responsabilidad ni abrir una gestión de la basura por fuera de la lógica sacrificial y el negocio de la basura.
Por otra parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, en fiscalizaciones a la empresa concesionaria (2024), detectó deficiencias notorias en el control de vectores y el recubrimiento de residuos (Cortés, 2024b), una cuestión que también ha denunciado la junta vecinal de Morrompulli, así como el incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa, que, en lugar de retirar los residuos de los derrumbes, los recubre con ripio y tierra, sin ningún tratamiento adecuado contra eventuales filtraciones y escurrimientos. A su vez, la empresa Servimar, a cargo del vertedero desde 2004, ha argumentado que este ya estaba colapsado al iniciarse la concesión (Asociación Municipalidades Los Ríos, 2020) y que se limita a cumplir con los acuerdos y requerimientos, pese a que los incumplimientos son sistemáticos y datan de al menos una década (Pavez, 2024).
Imagen 3. Corte de la ruta T-60 por parte de comunidades de Morrompulli. Fuente: Diario de Valdivia (cedida).
En julio de 2024 las comunidades movilizadas cortaron la ruta T-60 (véase la imagen 3). «¡¡40 años de olvido!! Las comunidades dicen basta al daño ambiental. Somos zona de sacrificio», se podría leer en un pasacalle, lo que muestra la apropiación del tropo «zonas de sacrificio» por parte de las comunidades como herramienta de denuncia del desastre ambiental y su invisibilización durante cuatro décadas y para dar cuenta de acciones comunitarias contra la basurización (Vázquez, 2023) frente a la concentración de los costos del progreso (Fol y Pflieger, 2010) en la localidad.
A su vez, la alternativa propuesta por las autoridades regionales y locales es la construcción de un relleno sanitario (cuya construcción se ha retrasado) que reemplace al vertedero (Guarda, 2024), nuevamente ubicada en Morrompulli, solución que contaría con tecnologías de mitigación de impactos. Aunque sobre este horizonte hay convergencias importantes, esta solución reproduce la distribución del costo de mantener una región limpia en una asimetría que castiga a Morrompulli.
Conclusiones
El sacrificio de Morrompulli se ha construido a partir de un déficit democrático, derivando en lo distributivo en una concentración asimétrica de costos de la sustentabilidad (progreso) en Morrompulli, y en una capitalización de los beneficios en las doce comunas de la región, en un contexto de descentralización privatizante de la gestión de residuos y de mercados de basura concentrados y monopólicos.
Frente a esto, las comunidades locales se han apropiado de la expresión «zona de sacrificio» como forma de denunciar una realidad sistemáticamente silenciada frente a los transversales intereses de instituciones, actorías privadas y comunidades de toda una región, y posicionan su demanda de que se cierre el vertedero en el contexto político regional frente a una lógica sacrificial de mayorías que las perjudica y una región que las ignora.
La superación de la dinámica sacrificial requiere del desarrollo de mecanismos institucionales que redistribuyan poder y responsabilidad en el territorio regional, tanto como los costos y beneficios del progreso, de formas crecientemente más democráticas y equitativas en una región que busca capitalizar su perfil de sustentabilidad.
Referencias
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* Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y Universidad de Buenos Aires. E-mail: franciscoastudillo.59@gmail.com.
** Investigadora independiente.
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