Amaranta Herrero Cabrejas [*]
El mapa presenta:
45 conflictos socioecológicos rastreados en el Estado español, del pasado y del presente, relativos a una gran diversidad de temáticas y con un variopinto repertorio de actores sociales involucrados, motivaciones, estrategias y tácticas desarrolladas, y resultados conseguidos. El mapa fue desarrollado en el marco del proyecto EJOLT.
Datos clave España
Población: 46.507.760 habitantes (el quinto país más poblado de la UE)
Extensión: 604.846 Km2
Tasa del Paro: 24,5%
Desigualdad: En 2012 fue el segundo país con más desigualdad social de la UE tras Letonia.
Metodología
La mayor parte de los conflictos documentados se rastrearon entre septiembre de 2013 y febrero de 2014. Se buscaba identificar aquellos conflictos socioambientales de relevancia histórica con gran repercusión mediática y los que habían desencadenado movilizaciones cuantitativa o cualitativamente significativas. Se consultó a figuras destacadas del movimiento ecologista del Estado español. En por lo menos quince de los casos mapeados se contactó con las portavoces de estas luchas y se realizaron entrevistas semi-estructuradas, presenciales o por teléfono. Estas entrevistas también sirvieron para ampliar la lista de conflictos. Se documentó el contenido y la evolución de estos conflictos mediante fuentes secundarias (principalmente prensa escrita). Se identificaron más luchas de las que aparecen reflejadas en el mapa, pero para mantener el equilibrio interno del mapa, no se han incluido todas. Sin embargo, se ha intentado que, por lo menos, haya un ejemplo de lucha ilustrativa de cada tipología de conflicto.
Tendencias clave
En los casos analizados, y reforzando lo que ya se ha apuntado en el campo de la sociología ecológica (Sempere, Martínez y García, 2007), se desprende que, en relación a la internalización de los imperativos ecológicos de esta era, el sistema político español se caracteriza por su notable retraso en relación a otros países europeos. Como ilustran muchos de los casos del mapa, frecuentemente existen grupos de la sociedad civil que asumen un rol motor en los conflictos ambientales para impulsar cambios en la legislación ambiental y contrarrestar así el efecto de tener un estado mayoritariamente anclado en anacrónicas concepciones sobre bienestar, desarrollo y ética, que parece no entender la magnitud, la gravedad y la urgencia de la crisis ecológica. Aun así, afortunadamente, en algunas ocasiones el sistema político español se muestra lo suficientemente receptivo para integrar cambios en la legislación ante las presiones de los grupos ecologistas. Por ejemplo, el amplio movimiento anti-fracking en Cantabria presionó al gobierno regional para prohibir la extracción de gas por fractura hidráulica en esa región (aunque pocos meses después de la prohibición el Tribunal Constitucional la cancelaría por considerar que se estaban invadiendo las competencias del estado central).
El factor europeo ha sido extremadamente importante para la resolución de varios conflictos en el Estado español. La Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves han permitido que diversos grupos ecologistas acudan a estas instancias supraestatales para poner presión externa sobre el gobierno español. Los resultados de esta estrategia no siempre han sido los mismos, pero en diversas ocasiones se ha conseguido que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condene la negligencia y la permisividad del Estado español ante lo que algunos autores denominarían «crímenes ambientales» (White et al., 2010). Por ejemplo, en el conflicto de las explotaciones de carbón a cielo abierto en el Valle de Laciana (León), la dimensión europea resultó decisivo para visibilizar las ilegalidades que rodeaban la extracción de carbón a cielo abierto y para poner fin a la minería a cielo abierto en la región.
Otros casos rastreados en el mapa se han transformado en victorias para los grupos movilizados. Los motivos de estas victorias varían en función de los elementos contextuales de cada caso. Hay algunos en los que la presión popular ha obligado a la cancelación de algún proyecto y otros en los que otros factores contextuales (p. ej.: cambios en la legislación o la publicación de cierta información) han sido decisivos para frenar las amenazas y daños socioambientales.
Por último, cabe destacar la creciente importancia de los movimientos en defensa de los derechos de los animales. Y es que, como argumenta Jamieson (1998), la lucha por la liberación animal es parte de la ética ecológica. Las cada vez más numerosas y frecuentes movilizaciones contra sádicas tradiciones medievales como la del Toro de la Vega, en Tordesillas (Valladolid), o las despiadadas Becerradas de Algemesí, (Valencia), son algunos ejemplos del auge de este tipo de luchas. Por mantener cierto equilibrio con el número y la tipología de conflictos, en este mapa solamente hemos incluido dos casos de conflictos de tinte animalista, que además presentan muchas diferencias entre ellas; la lucha por conseguir la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y la lucha por proteger el lobo ibérico. Apostando por nuevas concepciones éticas sobre la justicia y el comportamiento moral, y fuertemente articuladas mediante las redes sociales, un creciente número de personas – con una fuerte presencia de jóvenes y mujeres – se están organizando para forzar el reconocimiento de algunos derechos de los animales no humanos con los compartimos el planeta.
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[*] Dra. Amaranta Herrero, Genøk, Centre of Biosafety (amaranta.herrero@gmail.com)
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