Conflictos socioambientales de la acuicultura del camarón en Centroamérica*
Un análisis desde la justicia ambiental
Maria Mestre Montserrat**
INTRODUCCIÓN
La industria acuícola del langostino ha sido promovida en muchos países del mundo por gobiernos, agencias de desarrollo e instituciones financieras internacionales como mecanismo para el desarrollo de zonas empobrecidas. Este es el caso de la zona del Golfo de Fonseca de Nicaragua y Honduras (en la costa pacífica), una de las regiones más densamente pobladas de Centroamérica y, a la vez, una de las más pobres, cuya economía depende en buena parte directamente de la pesca y recolección de mariscos, realizadas de forma artesanal (Ambrosio, L. 2006).
Son muchos los que han cuestionado y estudiado los impactos ambientales negativos de la implantación de esta industria como mecanismo de desarrollo (por ejemplo, Rivera-Ferre (2009)), sin embargo existen pocas referencias a sus graves impactos sociales, como son los crecientes conflictos socio-ambientales que a menudo se generan entre las comunidades costeras y los actores de la industria acuícola.
¿CÓMO EMPEZÓ TODO? LA HISTORIA DE LA «MULTIPLICACIÓN DE LOS CAMARONES»
La actividad acuícola industrial se inició a principios de los años setenta en Honduras, y en la segunda mitad de los 80 en Nicaragua con proyectos de pequeña envergadura. Pero lo que empezó en pequeñas experiencias experimentales ha crecido de manera muy destacada llegando a producciones totales el año 2008 de 26.584 y 14.690 toneladas en Honduras y Nicaragua,1 respectivamente, con crecimientos de producción total de más del 200% en los últimos diez años (período 1998 – 2008) en ambos países. El destino mayoritario de la producción es la exportación, principalmente al mercado de EE UU y Europa. Así, allí donde había estuarios y lagunas naturales, se han ido construyendo grandes piscinas para la producción de los langostinos; en Nicaragua se pasó de una superficie en producción de 771 hectáreas en 1989, a 10.396 en 2009 (INPESCA, 2010), y en Honduras de 750 hectáreas en 1985 a 14.954 en 2000 (Stanley, 2002).
¿Quién movió los hilos de esta impresionante expansión? En el ámbito de las inversiones, instituciones financieras internacionales como, por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, invirtieron capital en los primeros años de la actividad. En el ámbito comercial se ha promovido la exportación de este producto hacia Europa, inicialmente con el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, substituido a partir de 2012 por los Acuerdos de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, o hacia Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR), acuerdos que fijan un arancel cero para la exportación de langostinos. También desde los países centroamericanos se cuenta con una serie de mecanismos de promoción de la inversión exterior, como son concesiones fiscales, garantías a la inversión extranjera o incentivos a la exportación. Por ejemplo, la empresa española Pescanova se encuentra en zona exenta de impuestos, tanto en Nicaragua como en Honduras.
¿QUIÉN CONTROLA EL NEGOCIO?
Las exigencias del mercado de exportación (producciones altas, cumplimiento de estándares en el producto, etc.) han favorecido un modelo productivo cada vez más intensivo y tecnificado con altos costes de inversión tanto inicial como a nivel productivo. Estas exigencias han excluido del sector a las pequeñas sociedades comunitarias dedicadas a la producción de langostino, que sobre todo en Nicaragua tuvieron una gran importancia en los inicios de esta actividad. Así, las pequeñas cooperativas han sido progresivamente absorbidas por las grandes empresas transnacionales. Empresas españolas como Pescanova o Jaime Soriano (Dagustín) se encuentran entre las principales empresas del sector, sobre todo Pescanova, que el año 2008 tenía el 58% del total de la superficie en producción de Nicaragua (Mestre et. al., 2010). Más allá de las áreas concesionadas en ambos países, la concentración se repite en toda la cadena del producto. Así, ésta actualmente se caracteriza por una fuerte integración vertical, donde pocas compañías integradas controlan todo el proceso productivo (laboratorios de larvas, alimentación, plantas procesadoras y distribución en el mercado global) (Cisnna et al., 2001), lo que dificulta mucho la aparición de alternativas para los productores artesanales.
En realidad lo que tenía que ser una fuente de riqueza para la economía de la zona ha terminado generando una pérdida de poder de las comunidades pesqueras locales en relación al uso de sus recursos naturales generándose graves conflictos sociales (véase figura 1). Las instalaciones industriales se ubican en zonas pobladas por comunidades muy pobres que tienen un uso comunal de los recursos costeros. La respuesta de la industria del langostino frente a los robos de su producto es exclusivamente tomar medidas de vigilancia armada, ya sea privada o estatal, como sucede en Nicaragua, donde desde el año 2008 existe un acuerdo entre la Asociación de Acuicultores de Nicaragua y el ejército y la fuerza naval del país (El Nuevo Diario, 2008). Con esta actuación se dificulta el acceso al recurso costero, generándose situaciones conflictivas y al mismo tiempo se empobrece aún más la población, favoreciéndose así la creación de condiciones de marginalidad que incentivan aún más los robos.
Los sucesivos conflictos entre la vigilancia de las granjas acuícolas y los pescadores de la zona han producido en los últimos años la muerte de 12 pescadores en Honduras (Varela, 2003; La Tribuna, 2007; El Heraldo, 2007a, 2007b) y al menos uno en Nicaragua, y heridos en ambos países, produciéndose en algunos casos invalideces. También se han documentado casos de detenciones irregulares con defectos procedimentales y con acusaciones que las comunidades de pescadores perciben como falsas (robo, asociación ilícita, usurpación de tierras, amenazas a la industria, etc.). Igualmente hay pescadores que señalan que se dan casos de restricciones en la navegación por los canales de los estuarios para llegar a las zonas de pesca, detenciones y persecuciones en el mar, y acoso a través del reclamo constante de documentación. En Honduras, las detenciones también se han llevado a cabo cuando ha habido movimientos de resistencia a la expansión de la industria camaronera en áreas protegidas.
Tratar de reducir la conflictividad existente a través de una mejor gestión de la seguridad es una aproximación insuficiente para afrontar los problemas de fondo en el desarrollo del modelo acuícola en la región; y no permite realizar procesos creativos que faciliten el mejor desarrollo de la zona. Para estructurar alternativas posibles que permitan disminuir la conflictividad social y en paralelo mejorar la calidad de vida y ambiental de la zona, a continuación se realiza un análisis desde la justicia ambiental, del que surgen una serie de propuestas alternativas.
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA JUSTICIA AMBIENTAL
Si analizamos el conjunto de políticas públicas de promoción de este modelo productivo desde una perspectiva de justicia ambiental según la definición realizada por Schlosberg (2007), se deben tener en consideración cuatro dimensiones. Comparando la situación actual con un objetivo deseable, nos damos cuenta que detrás de todos estos conflictos existe la evidencia de un rotundo fracaso de determinadas políticas como herramientas de desarrollo. En la tabla de la página siguiente se detallan las principales problemáticas detectadas según las cuatro dimensiones de la justicia ambiental.
Y DE AHÍ EMERGEN UN SINFÍN DE IDEAS ALTERNATIVAS A ESTE MODELO DE DESARROLLO…
En vistas a estos resultados resulta evidente que una solución a la conflictividad socio-económica en la zona basada en las políticas de seguridad resulta del todo insuficiente. Al contrario, para poder solucionar la problemática social detectada es necesario desarrollar un conjunto de políticas alternativas a este modelo o de políticas de gestión de los conflictos ya generados. Algunos ejemplos de actuaciones a llevar a cabo son:
1. Debe revisarse la función que tiene la acuicultura, adaptando el modelo de producción actual a las capacidades y características socioambientales de la zona. Para ello deben revisarse los modelos acuícolas que se están promocionando y diferenciar adecuadamente entre los diferentes sistemas de cultivo (artesanal, extensivo, semiintensivo e intensivo). También es necesario revalorizar el rol de la pesca artesanal. Deben preferenciarse aquellas modalidades de explotación que comporten una mayor distribución de la riqueza en la zona, una mejor distribución del beneficio social generado y menores impactos ambientales. Esta revisión de políticas requiere una aproximación integral y no únicamente sectorial, por lo que deben revisarse, entre otras, la gestión del territorio (asegurando un acceso justo a los recursos naturales), los criterios de asignación de derechos de explotación, las políticas de desarrollo, las políticas de apoyo a la actividad productiva a nivel nacional y los procesos de negociación de acuerdos comerciales internacionales. Igualmente es necesario una mayor rigurosidad en la aplicación de la legislación ambiental y laboral ya existente.
2. Deben crearse y reforzarse canales de procesamiento y comercialización de los productos pesqueros artesanales. Para una mejor redistribución de la riqueza en la zona se requieren canales alternativos a los actuales (principalmente centrados en la exportación y controlados por muy pocos actores de gran dimensión). La salida de estos canales tradicionales y la implantación de nuevos canales de procesamiento y distribución requiere de una fase de apoyo inicial por parte de la administración pública, y debe tener en cuenta las dificultades en anular las vinculaciones existentes entre pequeños productores, grandes distribuidores y comercializadores, sobre todo en el ámbito financiero.
3. Deben fortalecerse las asociaciones de pescadores y pequeños productores acuícolas, y articular mejoras en los procesos de participación en la toma de decisiones. Si se quiere conseguir un mayor desarrollo de la región es necesario que tan pronto como sea posible se refuerce significativamente la defensa de los intereses de los pequeños productores y pescadores artesanales. Esto requiere mejoras significativas en su articulación política y una mayor independencia en su representatividad ante las instituciones. El proceso de integración de intereses entre pequeños productores no es fácil y requiere recursos y un refuerzo inicial que debe ser facilitado por diversos organismos: administración, ONG, etc. En paralelo a la generación de estas estructuras autorepresentativas se requiere también implementar mejoras en la sistemática de participación de estas entidades en los procesos de decisión, especialmente cuando éstos tienen lugar a escala estatal e internacional.
4. Se requiere llevar a cabo políticas que tengan como objetivo la resolución de los conflictos puntuales entre los usos acuícolas y pesqueros. Es necesario incorporar mejoras significativas en la planificación de los usos del suelo, asegurando un acceso equitativo a los recursos marinos y territoriales disponibles, así como establecer canales de mediación ante los conflictos generados. Esta propuesta debe entenderse como un mecanismo que permita generar las condiciones adecuadas que faciliten una revisión en profundidad del modelo de desarrollo en la zona. No es una solución en sí misma a los conflictos socio-ambientales, pues mediante esta medida únicamente se apaciguan los conflictos, pero no se solucionan los aspectos estructurales que los generan, y por tanto no se contribuye significativamente a medio y largo plazo a su desaparición.
Pero la pregunta principal que se plantea es si a pesar de la evidencia de su fracaso ¿los organismos nacionales e internacionales que desarrollan políticas en la zona, querrán y serán capaces de frenar la maquinaria de este ruinoso modelo de multiplicar camarones como estrategia de desarrollo?
REFERENCIAS
AMBROSIO, L., NAVARRETE G. (2006), Identificación de un proyecto Araucaria XXI en el Golfo de Fonseca. Informe Final para la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo). Disponible en http://www.ccad.ws/ documentos/Id_proyectoAraucariaXXI_Golfo_Fonseca.pdf (Última visita mayo, 2011).
El Heraldo, 28 de abril de 2007a: Pescadores denuncian violación de sus derechos.
El Heraldo, 26 de noviembre de 2007b: Pescadores denuncian indiferencia del Gobierno. Ambiente hostil entre pescadores y acuicultores, p. 22.
El Nuevo Diario, 14 de febrero de 2008: Vigilancia militar en las granjas camaroneras.
INPESCA (2010), Anuario Pesquero y de Acuicultura 2009. Editorial CIPA (Centro de investigaciones pesqueras y acuícolas de INPESCA).
La Tribuna, 27 de noviembre de 2007: Pescadores denuncian agresiones de vigilantes de fincas camaroneras.
MESTRE M., GARCÍA, F., ORTEGA M. (2010), Empresas pesqueras españolas en Centroamérica. Pescando en aguas revueltas. Estudio realitzado para la ONG Veterinarios Sin Fronteras. Inédito.
RIVERA-FERRE, M.G. (2009), Can Export-Oriented Aquaculture in Developing Countries be Sustainable and Promote Sustainable Development? The Shrimp Case. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, nº 22, 301-321 pp.
SCHLOSBERG, D. (2007), Defining environmental justice. Theories, movements and nature. Editorial Oxford University Press, Oxford.
STANLEY, D. (2003), The Economic Impact of Mariculture on a Small Regional Economy. World Development, vol. 31, No. 1, 191-210 pp.
VARELA, J (2003), Denuncia en contra de la industria acuícola del camarón, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y del Gobierno de Honduras, por incumplimiento de la Constitución de la República, leyes nacionales y compromisos internacionales, causando con ello destrucción, contaminación de humedales costeros y violación de derechos humanos en el Golfo de Fonseca, Honduras. Presentación de los casos de estudio de Granjas Marinas San Bernardo y El Faro en el Tribunal Centroamericano del Agua. San José, Costa Rica, 28 de noviembre.
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* Este artículo se ha escrito en base a la investigación «Análisis y propuestas de actuación para la resolución de conflictos socio-ambientales pesqueros en Centroamérica», llevada a cabo por la Fundació ENT y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El trabajo ha contado con la financiación del Institut Català Internacional per la Pau.
** Miembro de ENT Medi Ambient i Gestió (www.ent.cat) (mmestre@ent.cat).
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1 Según Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service de la FAO.
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