Martín Scarpacci*
DOI: doi.org/10.53368/EP65TEep02
Resumen: La transición socioecológica plantea un profundo cuestionamiento de la base moderno-colonial extractiva, la cual de manera duradera y mediante relaciones desiguales de poder produce una resultante social y espacial específica, extremadamente depredadora en las periferias multiescalares del mundo. Este artículo, con enfoque holístico, propone pensar una serie de problemáticas integradas en las que el espacio social se entiende como el gran catalizador ambivalente donde se condensan los distintos modos de opresión y liberación. El artículo amarra la potencialidad de la transición energética justa y popular al derecho a la ciudad. Se formula que las infraestructuras y los servicios poseen el potencial de producir espacio urbano de calidad, de reequilibrar las desigualdades y, en definitiva, de democratizar la ciudad y, por tanto, de brindar al conjunto social las condiciones materiales e inmateriales para el desarrollo de una vida digna en armonía con el ambiente. La ineludible transición energética, sumada a la variable espacial, se presenta como una oportunidad inigualable para descarbonizar y democratizar la ciudad, y al mismo tiempo avanzar hacia una transición socioecológica.
Palabras clave: transición energética, transición socioecológica, derecho a la ciudad, derecho a la energía, transformación del espacio social
Abstract: The socio-ecological transition poses a deep questioning of the extractive modern-colonial base, which in a lasting way and through unequal power relations produce a specific social and spatial result, extremely predatory in the multi-scale peripheries of the world. With a holistic approach, this article proposes to think about a series of integrated problems in which the social space is understood as the great ambivalent catalyst where the different modes of oppression and liberation are condensed. The article anchors the potential of the just and popular energy transition to the right of the city. It is formulated that infrastructures and services have the potential to produce quality urban spaces, to rebalance inequalities, and, ultimately, to democratize the city and, therefore, to provide the social group with material and immaterial conditions for the development of a dignified life in harmony with the environment. The unavoidable energy transition, added to the spatial variable, is presented as an unparalleled opportunity to decarbonise and democratize the city, and at the same time move towards a socio-ecological transition.
Keywords: energy transition; socioecological transition; right to the city; right to energy; transformation of social space.
Introducción: las dos caras del proceso urbano
La crisis de civilización múltiple y duradera que atravesamos se yuxtapone al caos sistémico que provoca la convulsa transición de la hegemonía global de Estados Unidos a China. Ante estas profundas y agitadas transformaciones, el modo de producción selectivo y financiarizado que impulsa el capitalismo contemporáneo promueve un uso instrumental de los territorios y refuerza la antigua división socioespacial del trabajo. En ese esquema de intercambios económicos y ecológicos desiguales, América Latina deviene en una mera plataforma de extracción de commodities. De modo que el subcontinente se mantiene subordinado a alimentar con sus recursos primarios la urbanización planetaria mediante extensas y blindadas cadenas globales de valor comandadas por un reducido grupo de oligopolios transnacionales (Scarpacci, 2022).
Las divisiones y las siempre crecientes desigualdades entre campo y ciudad, entre Norte y Sur global, entre centros y periferias (locales, regionales, nacionales, globales), como también el aumento de las distancias entre la producción y el consumo —que desconecta y desequilibra la reproducción orgánica del sistema tierra—, acrecientan la fractura metabólica planetaria. La humanidad, a lo largo de sus ciclos sociohistóricos, ha transformado la naturaleza mediante el trabajo con el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales, proceso social que, sin embargo, siempre ha estado condicionado por el modo de producción de su tiempo (Marx, 2014).
En el presente esa relación humanidad-producción-naturaleza se mantiene. No obstante, con el capitalismo, emerge una diferencia sustancial, pues los antiguos modos de producción estaban inherentemente articulados a las necesidades de uso de cada sociedad. El modo de producción capitalista rompe con la relación producción-necesidad, instaura un proceso de acumulación por acumulación, y deliberadamente orienta la producción hacia el valor de cambio a expensas de la mano de obra barata de los excluidos y de la depredación de los ecosistemas del mundo.
En el orden mundial moderno-colonial capitalista, América Latina y el Caribe ocupan un rol subordinado y dependiente, con su espacio social sujeto a múltiples explotaciones naturales y humanas que se replican en sus diferentes escalas espaciales, lo cual da cuenta de su estructura congénita desigual. De modo que no es extraño que hoy coexistan sistemas de producción con altos índices de informalidad y baja productividad con cadenas globales de valor de punta, cada vez más eficientes y concentradas, que materializan extensos tentáculos planetarios configurados por relaciones desiguales de poder (Scarpacci, 2022). A nivel del consumo ocurre lo mismo: mientras los sectores más acaudalados consumen cada vez más, amplios sectores de la población no consiguen satisfacer sus necesidades básicas.
El intercambio económico y ecológico desigual nos obliga a pensar procesos de redistribución en los que «las economías desarrolladas deberán consumir menos energía y las economías en desarrollo deberán consumir más energía, pero todos deben consumir distinto» (Bertinat, 2020). La lógica de la desigualdad es siempre dinámica y, por ello, difícil de aprehender, y es, además, multiescalar, por lo que ese proceso redistributivo también debe enfrentar las desigualdades globales, nacionales, regionales y locales.
El Antropoceno (o sus denominaciones variantes) amenaza las diferentes formas de vida humana y no humana sobre la Tierra. Los peligros adquieren una dimensión nunca antes vista y ponen en jaque la propia estructura del orden mundial sostenido sobre un modelo estatocéntrico, militarista, consumista y, claro está, fósil dependiente. Ante las catástrofes en curso, la generación de gases de efectos invernaderos y el consecuente cambio climático, la crisis civilizatoria múltiple y generalizada, el caos geopolítico global, el colapso ambiental, la piromanía capitalista, las epidemias y la guerra conforman una amalgama apocalíptica con escala y profundidad sin precedentes.
Las advertencias del presente catastrófico que hoy vivimos tienen por lo menos ya medio siglo. Lefebvre señalaba que, entre todos los problemas de la fase crítica que hoy atravesamos…
… la naturaleza aparece en primer plano. La industrialización y la urbanización, asociadas y concurrentes, destrozan la naturaleza. El agua, la tierra, el aire, la luz, los elementos, en suma, están amenazados de destrucción. Los plazos se van a cumplir, y de manera precisa. Así, hacia el año 2000, haya o no guerra nuclear, el agua y el aire se hallarán tan polucionados que se hará difícil la vida sobre la Tierra. (Lefebvre, 1972: 33).
En este contexto, la sociedad urbana y el proceso de urbanización juegan un papel central, pues juntos son la casa de comando del proceso de acumulación y la causa de buena parte de las rupturas ecosistémicas. Pero, al mismo tiempo, contienen el germen de una transformación que puede poner un alto a la infinita destrucción creativa del capital.
Desde una perspectiva situada e integral, nos preguntamos cómo realizar una transición socioecológica idiosincrática, holística y abierta a procesos distributivos que promuevan la justicia ambiental y socioespacial y mejoren las condiciones de vida de los diferentes grupos que conforman una sociedad. Y desde una perspectiva más práctica, completando lo anterior, qué tipos de estrategias y acciones concretas se pueden rescatar y cuáles se pueden desarrollar para enfrentar el cambio climático y las desigualdades multiniveles y sistémicas. Tenemos claro que las preguntas son extremadamente ambiciosas, y si bien aquí no pueden responderse por completo, sí podemos dar algunas pistas y abrir paso a una respuesta colectiva y procesual que retomaremos en trabajos posteriores.
La transición energética: un problema político
No es posible solucionar un problema sistémico sin modificar las estructuras que lo crearon. Por ello, la transformación socioecológica exige un profundo cuestionamiento de la base moderno-colonial extractivista que, mediante relaciones desiguales de poder, produce una resultante socioespacial específica. Sin embargo, si bien existe un consenso relativo sobre la necesidad cada vez más urgente de avanzar hacia una transición energética de fósil a renovables, ello no significa necesariamente un cambio estructural.
Asimismo, la necesidad inaplazable de concretar una transición energética estaría en condiciones de apalancar un proceso mucho más amplio que habilite una transición socioecológica total. Proponemos, en consecuencia, una serie de acciones integradas para enfrentar una transición energética, considerando el espacio social como el gran catalizador del conjunto de problemáticas del cambio.
Ahora bien, la transición energética puede darse por dos vías muy diferentes: una transición corporativa u otra de corte popular. Esto es trascendental y marca dos procesos antagónicos, pues la forma en que se produce, distribuye y consume la energía afecta profundamente los modos generales de la vida social (Bertinat y Chemes, 2022).
La transición energética corporativa entiende la energía como un bien de cambio y se asocia a un paradigma hegemónico productivista e instrumental. Por su parte, la transición popular está marcada por el pasaje de una concepción de la energía de carácter concentrado y mercantil capitalista a otra que la concibe como bien común en términos de derecho y renovable en sentido pleno (Bertinat et al., 2020).
Para Marx (2014), las épocas económicas se diferencian entre sí por los instrumentos de trabajo que una sociedad utiliza, de modo que los medios de producción no solo indican el grado de desarrollo de la fuerza de trabajo humano, sino también las relaciones sociales en las que la sociedad produce y trabaja. La descarbonización no es un asunto exclusivamente técnico, sino que también es un proceso amarrado al modelo productivo fósil y a los actores específicos que lo administran y, de modo más amplio, al sistema jerárquico de relaciones sociales y su vínculo instrumental con la naturaleza.
Por tanto, restringir la comprensión de la transición energética a una cuestión meramente tecnológica equivale a sumergirse en un determinismo técnico reduccionista. Asimismo, esta visión limitada del mundo que promueven las transnacionales y los organismos multilaterales consigue instalar a nivel global lo que se ha definido como narrativa-capitalista-tecnocrática (Svampa, 2018). En otras palabras, el capitalismo verde hi-tech se acopla al nuevo ciclo de acumulación cambiando la fuente de fósil a renovables, pero permanece su lógica instrumental y expoliadora. Es decir, si antes acumulaba quemando materia orgánica y despojando a los grupos sociales, ahora acumula por conservación y por desfosilización (Argento y Kazimierski, 2021; Argento y Slipak, 2022).
Todo esto da cuenta de que el sistema social que produce desigualdades y despojos no solo se mantiene, sino que ahora, con el cambio de escala que permite el alcance tecnológico, se diversifica, se perfecciona y se proyecta hacia el futuro acoplado en la transición energética en su fase corporativa. Por el contrario, para conseguir cambios estructurales como los que urgen, es necesario considerar el intenso juego de relaciones sociales de poder al que la transición energética está sujeta, exponer su reduccionismo y, en última instancia, entender que la transición no es una cuestión meramente técnica, sino un problema sobre todo político.
Si entendemos que la política se sostiene sobre relaciones de poder, la transición energética corporativa bloquea una transición socioecológica, dado que sus actores están mucho menos preocupados por la transición en sí que por la conservación de las estructuras en las que reposan y se perpetúan sus posiciones de privilegio. La transición socioecológica como fenómeno complejo, por el contrario, demanda transformaciones de fondo, las cuales podrían ser impulsadas por la transición energética popular. Ello demanda entender la transición como oportunidad de cambio de usos y prácticas sociales que, al mismo tiempo, al ser parte de un sistema interrelacionado, produce su propio espacio.
Dado el intenso juego de relaciones desiguales de poder, y dada su propiedad ambivalente (opresión-liberación), el espacio social condensa y constituye la base material y simbólica a disputar. En ese sentido, Lefebvre (1972) afirmó que «quien produce espacio lo domina», es decir, o lo produce el gran capital en su transición corporativa a nivel de mercancía, o lo hacen los pueblos en su transición popular como bien común. Por otra parte, no podemos olvidar que el subcontinente latinoamericano no está solo, sino que es parte relacional, subordinada y constituyente del sistema mundo moderno colonial capitalista (Laó-Montes, 2022) y, por tanto, está atravesado por su concepción hegemónica de mundo.
El derecho a la ciudad como motor de la transformación
El metabolismo social está definido por los diferentes flujos de materia y energía que produce una sociedad al procesar la naturaleza. De hecho, es posible analizar la historia de la vida humana en su totalidad a partir de la relación entre sociedad y naturaleza vista a través del prisma de la energía. Según Bertinat y Argento (2022), puesto que la energía es una fuerza necesaria para el desarrollo de la vida —y con características específicas para la vida urbana contemporánea—, debe ser entendida como un derecho humano, inclusive como un bien común fruto del trabajo social. Existe, pues, una interdependencia profunda entre naturaleza y sociedad, y, por tanto, para que la sociedad presente y futura se reproduzca, la naturaleza también debe hacerlo.
Este derecho es una prerrogativa para el conjunto de los seres vivos, más allá de la especie humana; los derechos humanos coexisten con los derechos de la naturaleza. La materia y la energía en tanto naturaleza procesada con trabajo social establecen un todo ligado. Así concebidas, tanto la energía como la naturaleza son prerrogativas necesarias para que las sociedades presentes y futuras alcancen una vida posible y digna (Bertinat et al., 2012). Estas afirmaciones también dejan claro que las ciudades son de facto naturaleza procesada; no existen antagonismos entre humano-naturaleza, sociedad-naturaleza ni ciudad-naturaleza.
Muy pronto Lefebvre expuso el concepto horizonte de derecho a la ciudad (o a la naturaleza procesada), y al hacerlo dio un giro epistémico a las concepciones espaciales-territoriales. Además, en su planteamiento, la ciudad tampoco es antagónica al campo. Para el filósofo marxista, en la sociedad urbana que hoy conformamos a escala planetaria «la relación urbanidad-ruralidad no desaparece, por el contrario, se intensifica» (Lefebvre, 1975: 26), de modo que, la continuidad urbano-rural nos permite pensar el espacio social como un todo indivisible y continuado que no se agota en el objeto físico que conforma la ciudad (Scarpacci, 2022). El derecho a la ciudad irrumpe para sumar a la lucha que anhela justicia social la noción complementaria e indivisible de justicia espacial.
En esa misma línea, Bertinat (2020) explica que «la transición energética no es un problema tecnológico, sino un problema social, económico, político y ambiental que tiene que ver con la organización de la sociedad» en el espacio social. El especialista lo plantea casi como un juego de relaciones dinámicas dialécticas en el que la energía es también, como en el caso de Lefebvre, un derecho. Para Bertinat, conseguir una transición energética de carácter popular requiere que cada uno de nuestros países trabaje en la deconstrucción de la lógica mercantil capitalista del sistema energético para finalmente cambiar esa lógica por una de derechos donde prime la justicia social de su uso con el fin de garantizar una vida digna que incluya el hábitat y las condiciones de vida.
Desde esta perspectiva, al concebir la energía como un indicador de necesidades básicas e impulsar una distribución justa, y en el marco de los derechos (Bertinat et al., 2020), la transición energética popular se enfrenta a la desigualdad estructural latinoamericana. Esta idea convierte la transición energética popular en una poderosa herramienta con potencial para impulsar una transición de fondo abierta, diversa y global, es decir, una transición socioecológica.
Entre el derecho a la ciudad, que reclama vivienda digna, justicia social y espacial, y el derecho a la energía, entendida como necesidad humana básica y extraída de la naturaleza con trabajo social, existe una articulación sinérgica. Se trata de un todo inextricablemente ligado en el que el espacio social es, como decíamos, el gran catalizador ambivalente (opresión-liberación) donde se condensan los conflictos, pero también las posibilidades de ruptura.
Así, diferentes campos de lucha, en apariencia incomunicados, conforman un juego recíprocamente interligado de relaciones en las que, si un elemento se afecta, los otros también lo hacen. La ciudad, el territorio, la naturaleza y el acceso a la energía constituirían un todo indivisible soportado y producido en un espacio social que nunca es neutral, sino un producto de los actores de acuerdo a los intereses que representan.
En esa matriz reflexiva, David Harvey retoma la poderosa idea del derecho a la ciudad de Lefebvre y explica acerca de la cuestión de qué tipo de ciudad o territorio queremos:
No puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que representamos. El derecho a la ciudad [o al espacio social, o al territorio] es, por tanto, mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos (Harvey, 2013: 20).
Y un poco antes apunta que la tarea política que sugería Lefebvre «consiste en imaginar y reconstituir un tipo totalmente diferente de ciudad» o de territorio, o de sistema mundo, si queremos ser aún más ambiciosos. Pero, «eso no puede ocurrir sin la creación de un vigoroso movimiento anticapitalista que tenga como objetivo central la transformación de la vida urbana cotidiana» (Harvey, 2013: 14), y las infraestructuras pueden ser un vector de esa transformación.
En este contexto de complejidad creciente en el que todos los tiempos de espera están agotados y todas las alarmas revientan, en el que las desigualdades estructural,[1] distributiva[2] y representacional[3] se expresan a nivel multiescalar (local, regional, nacional, global), es evidente que la respuesta a la encrucijada no puede ser única, acrítica, generalizada e indistinta. Todo ello nos enfrenta, como sugería Benjamin, a la necesidad urgente de «accionar el freno de emergencia que mueve la locomotora de la historia universal», cuya caldera combustiona energía fósil —o por desfosilización— mientras a toda marcha avanza hacia el abismo maquinal del progreso que nos arrastra tras el horizonte irreflexivo del crecimiento económico sin fin y, de paso, al punto final.
Democratizar y descarbonizar la ciudad: el poder de cambio de las infraestructuras
El derecho a la ciudad es una noción que tiene el poder de agrupar múltiples tipos de injusticias, ya que no solo reclama el derecho individual a la vivienda, sino que establece parámetros y horizontes colectivos para alcanzar una vida urbana digna y, por tanto, colectiva, en un ambiente saludable. La ciudad, y de manera más amplia el territorio —soporte y producto insustituible de las relaciones sociales—, contiene latente la potencialidad de avanzar hacia procesos de democratización y descarbonización del conjunto de la vida social. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo de manera concreta? Es aquí, y en el contexto de la transición energética, donde aparece el potencial contenido en los servicios y en las infraestructuras urbanas.
Las infraestructuras de servicios, cualesquiera que sean (transporte, agua potable, energía, residuos, Internet, etc.), almacenan la capacidad de democratizar el espacio social y, por tanto, de producir una vida contemporánea digna para quienes puedan acceder al servicio que estas ofrecen. En este punto, es importante recordar que los gases de efecto invernadero que se miden para analizar el calentamiento global corresponden, en primer lugar, al pasivo de la energía que consume la urbanización; en segundo término, al transporte de cargas y de pasajeros, y en tercero, a los gases emitidos por los residuos urbanos.
Por lo tanto, se propone que para descarbonizar la ciudad es necesario repensar la trilogía de servicios e infraestructuras que conforma la energía, el transporte y los residuos, en conjunto responsables del cien por ciento de los gases de efecto invernadero. De modo que la necesaria transición energética, sumada a la variable espacial, se presenta como una oportunidad inigualable para descarbonizar y democratizar la ciudad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una transición socioecológica. Las infraestructuras y los servicios contienen el potencial de producir espacio urbano de calidad, de reequilibrar las desigualdades y, en definitiva, de democratizar la ciudad y brindar al conjunto social las condiciones materiales e inmateriales para el desarrollo de una vida digna.
En esa trilogía integrada, que representa el total de los gases de efecto invernadero, según hemos apuntado, se encuentra el talón de Aquiles del calentamiento global y del consecuente cambio climático. Si pretendemos producir cambios estructurales, el modo en que se ejecutan y funcionan esas infraestructuras juega un papel central. Ahora bien, los servicios que las infraestructuras proveen no están distribuidos en el territorio de manera democrática ni tampoco se organizan en el espacio de acuerdo a las necesidades sociales. Las relaciones de poder condicionan su uso, y el poder como tal está amarrado al poder económico y político. Por ello, cuando hablamos de infraestructuras y servicios, como ya hemos mencionado, no podemos restringir la problemática a la esfera técnica, que también por supuesto es importante.
En ese sentido, hablar de infraestructuras y servicios como…
… hablar de transición energética es hablar de recursos, políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, medioambiente, derechos humanos, estrategias empresariales, avances tecnológicos, diversificación productiva, relación entre energía y distribución de la riqueza, relación entre energía y matriz productiva, etc. Hablar de transición es comprender las intrincadas relaciones entre infinidad de factores, la diversidad de concepciones —sistémicas y contrasistémicas— y aspiraciones que existen (Bertinat, 2016: 6).
El intrincado juego de relaciones sociales de poder afecta también, por supuesto, la forma, la distribución y el tipo de uso que se concede a las diferentes infraestructuras y servicios. Esto, al mismo tiempo, define con fuerza las condiciones de la vida urbana y las afectaciones producidas al ambiente. Así como existen luchas por alcanzar el derecho al agua, también existen luchas por alcanzar el derecho a la energía, que, como hemos señalado, y de acuerdo con el derecho a la ciudad, es extensible a todos los servicios básicos, como vivienda digna y asequible, energía, agua potable, movilidad, alimentos, trabajos de calidad, etc. Por tanto, no solo se trata de debatir un tipo de fuente energética, de movilidad o de sistema de recolección de residuos, sino de repensar la construcción de nuevas relaciones sociales a lo largo de la producción, la distribución y el consumo.
En suma, la energía —y la ciudad— puede entenderse como una mercancía, como lo hace la transición corporativa, o, por el contrario, desde una lógica de derechos, como un satisfactor de necesidades y una herramienta de democratización socioespacial, tal como propone la transición energética popular. En esa propiedad, inherente a las infraestructuras y los servicios urbanos, reside latente la posibilidad de una transformación que nos conduzca a una transición socioecológica total. La trilogía energía-transporte-residuos, observada con la lente de la transición energética justa y popular, y del derecho a la ciudad, almacena la potencia de avanzar hacia ciudades descarbonizadas y democráticas. Frente al par opuesto ontológico mercancía-derechos, el mantra justo y popular de Bertinat y Chemes (Bertinat, 2020; Bertinat y Chemes, 2022) nos recuerda el camino a transitar: desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar son nombres diferentes del común denominador de democratizar la ciudad y ejercer el derecho a reinventarla.
Conclusiones: breve desenlace abierto
Argumentamos que, dados los límites físicos planetarios, la transición energética debe realizarse de una manera u otra. No es posible seguir emitiendo gases de efecto invernadero sin profundizar de modo irreversible la crisis múltiple que atravesamos. También señalamos que la posibilidad de cambio está amarrada a relaciones sociales de poder y que la transición energética es un problema profundamente político. Dicha transición puede darse por dos vías antagónicas, una corporativa y otra popular. La primera se concentra en cambiar la fuente energética de fósil a renovables, manteniendo la estructura social desigual que ya conocemos. La segunda alienta un cambio completo y entiende la transición energética como una oportunidad única para, además de diversificar las fuentes energéticas, cambiar la matriz productiva y revisar todo el conjunto de relaciones y prácticas sociales. A nivel conceptual y práctico concreto, defendemos el derecho a la ciudad como una noción que enfrenta múltiples tipos de injusticias, y consideramos que las infraestructuras poseen el doble potencial de democratizar y descarbonizar las ciudades. La transición energética popular asociada al derecho a la ciudad es capaz de desencadenar procesos virtuosos que nos empujen a una transición socioecológica total, esto es, hacia un nuevo espacio social. Tal disputa está amarrada a la construcción colectiva de múltiples y diversos horizontes sociales, que alienten las más osadas virtudes democráticas y acciones creativas que permitan alcanzar una vida humana digna, saludable y en armonía con el mundo que temporalmente habitamos.
Agradecimiento
Al Taller Ecologista Rosario y a los sabios comentarios de las evaluadoras.
Referencias
Argento, M., y M. A. Kazimierski, 2022. «Acumulación por conservación y desfosilización. El consenso ecotecno corporativo del cambio climático». Prácticas de Oficio. Investigación y Reflexión en Ciencias Sociales, 29, pp. 7-21.
Argento, M., y A. Slipak, 2021. «Litio en Sudamérica. Más extractivismo en la acumulación por desfosilización». Energía y Equidad, 3, pp. 70-75.
Bertinat, P., 2016. Transición energética justa. Pensando la democratización energética. Montevideo, FES.
Bertinat, P., 2020. Desbordes: una puerta abierta con América Latina. Bogotá (entrevista). Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/desbordes-una-puerta-abierta-con-america-latina/article/pablo-bertinat.html.
Bertinat, P., y M. Argento, 2022. «Perspectivas sobre energía y transición». En: M. Svampa y P. Bertinat (comps.), La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones. Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 49-74.
Bertinat, P., y J. Chemes, 2022. «Transición energética y disputa de sentidos». Informe Ambiental 2022, Conicet, pp. 131-140.
Bertinat, P., J. Chemes y L. Forero, 2020. Transición energética. Aportes para la reflexión colectiva. Rosario, Taller Ecologista.
Bertinat, P., J. Chemes y L. Moya, 2012. Energía y derecho. Rosario, Taller Ecologista.
Harvey, D., 2013. Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Barcelona, AKAL.
Laó-Montes, A., 2022. 50 aniversario Ippur-UFRJ. (7 de noviembre, conferencia magistral). Disponible en: https://www.youtube.com/live/UtzhCMRZBZg?feature=share
Lefebvre, H., 1972. La revolución urbana. Madrid, Alianza.
Lefebvre, H., 1975. El derecho a la ciudad. Barcelona, Península.
Marx, K., 2014. El capital I. Crítica de la economía política. México, Fondo de Cultura Económica.
Scarpacci, M., 2022. Un proyecto instrumental para las periferias. Dimensiones de poder, geometrías variables y agronegocio en la región Rosario, Argentina (1995-2021) (tesis doctoral).
Svampa, M., 2018. «Imágenes del fin. Narrativas de las crisis socioecológicas en el Antropoceno». Nueva Sociedad, 278, pp. 151-164.
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[1] Exclusión sistemática e histórica.
[2] Inequidad entre hombres y mujeres.
[3] Exclusión o negación de las minorías.
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