Tlacaelel Rivera-Núñez,* Elizabeth Castro-Salcido**
Resumen: Los pueblos indígenas, al emplazarse en las zonas de mayor biodiversidad y reservorios de recursos estratégicos del planeta, son sujetos tanto de las políticas de conservación como de las expresiones de extractivismo, en algunas ocasiones a través de pactos paradójicos, pero pragmáticos, entre ambas agendas. Para hacer frente a esta doble situación, un número creciente de pueblos indígenas movilizados en América Latina están estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones defensoras de los derechos humanos y con la academia militante, a fin de aprovechar las vías legales para la defensa de su autodeterminación política, económica y cultural, así como para la construcción de espacialidades alternativas de custodia ambiental. Estos horizontes de lucha y posibilidad acogen un entendimiento territorial de la biodiversidad en su relacionalidad histórica y de sustento de entramados vitales de interexistencia humana y más que humana, distanciándose así de las imposiciones de la naturaleza como un logos occidental opuesto a la cultura.
Palabras clave: pueblos indígenas, neoconservación y extractivismo, defensas legales, espacialidades alternativas, territorio
Abstract: Indigenous peoples, located in the areas of greatest biodiversity and reservoirs of strategic resources on the planet are subject to both conservation policies and expressions of extractivism, sometimes through paradoxical but pragmatic pacts between the two agendas. To confront this double situation, a growing number of mobilized indigenous peoples in Latin America are establishing strategic alliances with human rights organizations and critical academia in order to take advantage of legal avenues for the defense of their political, economic and cultural self-determination, as well as for the construction of alternative spatialities of environmental stewardship. These horizons of struggle and possibility embrace a territorial understanding of biodiversity in its historical relationality and the sustenance of vital networks of human and more than human interexistence, thus distancing itself from the impositions of nature as a Western logos opposed to culture.
Keywords: Indigenous peoples, neo conservation and extractivism, legal struggles, alternative spatialities, territory
Introducción
Se estima que los territorios indígenas, con presencia en más de cien países, abarcan alrededor del 20 por ciento de la superficie mundial y se emplazan en una cuarta parte de las áreas ecológicas prioritarias del planeta (WWF et al., 2021). Además, los territorios de los pueblos indígenas representan el 70 por ciento de los sistemas ecológicos con menos presiones antropogénicas y custodian aproximadamente el 90 por ciento de los recursos genéticos del orbe (Fa et al., 2020). Del 14 por ciento de la superficie mundial establecida como Áreas Naturales Protegidas (ANP), más del 40 por ciento corresponde a territorios indígenas (Garnett et al., 2018). Más aún, los territorios indígenas que llevan a cabo acciones de custodia ambiental exitosas al margen de las ANP cubren aproximadamente el 17 por ciento de la superficie planetaria, lo que supera incluso al propio sistema internacional de ANP (Consorcio TICCA, 2021).
A nivel mundial, América Latina ocupa el segundo lugar en términos de diversidad de pueblos indígenas, únicamente superada por África. En América Latina, los territorios indígenas se extienden prácticamente por toda su geografía, desde la Patagonia en el Cono Sur hasta Oasisamérica en el norte de México, incluyendo la vasta región caribeña. En la actualidad, se estima que existen alrededor de seiscientos pueblos indígenas en el subcontinente, que conforman una población aproximada de 50 millones de personas, lo cual representa aproximadamente el 10 por ciento de la población de la región (Mikkelsen, 2021).
América Latina alberga alrededor del 70 por ciento de la vida terrestre del planeta, incluida una cuarta parte de los bosques del orbe, biodiversidad que en su mayoría se encuentra presente al interior de los territorios indígenas (Durand et al., 2019). Se estima que tan solo las regiones amazónicas, mesoamericanas y andinas albergan más del 15 por ciento de la biodiversidad planetaria y son centro de origen y diversificación de una cuarta parte de todas las especies vegetales y animales que conforman el sistema alimentario mundial (Clement et al., 2021). Del mismo modo, una proporción importante de los pueblos indígenas del subcontinente se emplazan en uno de los sistemas costeros más extensos del mundo, que contiene aproximadamente el 20 por ciento de los humedales del planeta. Además, los pueblos indígenas de América Latina custodian gran parte del tercio del agua disponible del planeta que se encuentra en el subcontinente, así como algunas de las mayores reservas de gas, petróleo y minerales estratégicos.
Debido a dicha riqueza biológica y energética, los pueblos indígenas en América Latina se encuentran en una encrucijada entre los intereses de conservación y las presiones extractivistas. Respecto al primer aspecto, dentro del nuevo Marco Global Kunming-Montreal, avalado por las 186 naciones parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, veinte países multiétnicos del subcontinente figuran bajo la prioridad más alta para que sus geografías biodiversas, que solapan con territorios indígenas, sean incorporadas en lo inmediato a los sistemas nacionales e internacionales de ANP y contribuyan así a la consecución de la conservación del 30 por ciento de la superficie terrestre y marina del planeta para el año 2030 (meta 30×30) (Sandbrook et al., 2023). Por su parte, en relación con la segunda vertiente de la encrucijada, Scheidel et al. (2023), a partir de los datos generados por el Atlas de Justicia Ambiental,[1] informan de que alrededor del 70 por ciento de los conflictos socioambientales de América Latina tienen lugar en territorios indígenas. Los principales proyectos extractivos que enfrentan los territorios indígenas del subcontinente son la minería, la explotación de combustibles fósiles, la expansión de la fronteras agroindustriales y las represas. Llama la atención que entre los diez pueblos indígenas con mayor registro de conflictos socioambientales contemporáneos del mundo figuren cinco pueblos de América Latina: mapuche, aimara, nahua, kichwa y guaraní (Sandbrook et al., 2023).
Para hacer frente a la encrucijada conservacionista y extractivista, un número creciente de pueblos indígenas movilizados en América Latina están estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones progresistas defensoras de los derechos humanos, así como con la academia crítica y comprometida, a fin de avanzar vías de lucha frente a los embates de despojo e imposición, aunado al surgimiento de figuras territoriales alternativas que buscan garantizar la custodia ambiental de sus espacios de vida desde lógicas propias.
Estado de doble excepción y naturalezas baratas
Debido a la acumulación de denuncias de base, activistas y académicas, cada vez les resulta más complicado a la «industria conservacionista»[2] y a las «locomotoras del desarrollo» mantener sus prácticas históricas de alienación y desposesión de tierras a destajo en los territorios indígenas (Kelly, 2011). Ante ello, el último par de décadas ha estado marcado por un insospechado estado de doble excepción entre ambos sectores. A través del planteamiento del estado de doble excepción, Le Billón (2021) explica por qué el conservacionismo abre espacio al extractivismo al interior de las ANP, a pesar de representar agendas antípodas. La convincente razón que expone el autor es que la conservación se enfrenta a la paradójica situación de ampliar las superficies naturales protegidas debido a presiones internacionales (como el arriba referido Marco Global Kunming-Montreal del CDB), mientras que las instituciones ambientales nacionales enfrentan recortes de recursos y personal a causa del adelgazamiento presupuestal de los Estados neoliberales. Es ahí donde los corporativos globales interesados en recursos naturales estratégicos se acercan a las instituciones conservacionistas para financiar su causa, a cambio de tornar laxas las normativas regulatorias, así como permeables los espacios protegidos, logrando además condonaciones fiscales y greenwashing por sus acciones «proambientales». De manera tal, los espacios naturales protegidos se van volviendo espacios empresariales permitidos, tanto para proyectos con eslóganes ambientales hasta cierto punto fundamentados, por ejemplo, ecoturismo, energías limpias, vivienda verde, como para proyectos devastadores como la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y la bioprospección farmacéutica y de ingeniería genética (gráfico 1).
Figura 1: Representación esquemática del estado de doble excepción entre el conservacionismo y el extractivismo como expresión pragmática de reproducción sectorial. Fuente: elaboración propia con base en Le Billón, 2021.
El estado de doble excepción (neo)conservacionista y extractivista tiene notables implicaciones para los pueblos indígenas emplazados al interior de ANP o en zonas de alta biodiversidad y concentración de recursos estratégicos. La principal afectación ya no es el desplazamiento forzado, como ocurría décadas atrás a causa de los modelos de conservación estricta y de extractivismo por despojo, sino el cambio en los medios de vida y la desterritorialización simbólica que trae consigo la mercantilización de la naturaleza. Muchos de los nexos entre conservación y extractivismo promueven el impulso de nuevas formas de sustento para los pueblos indígenas, desde la incorporación como mano de obra local en ganga para sus industrias –«ecoproletarios» en los términos de Neimark et al. (2022)– hasta los esquemas de incentivos económicos como el pago por servicios ambientales en sus distintas modalidades. Esto repercute en que algunos pueblos indígenas, al abandonar sus medios de vida anclados a las actividades productivas, a su paso también vayan dejando atrás los sistemas comunitarios normativos y ceremoniales que los arraigan simbólicamente al territorio, dando lugar a simples hospederos de naturalezas baratas y compensables que el capitalismo utiliza para satisfacer sus necesidades de materias primas, energía, alimento y trabajo (Moore, 2017).
Defensas territoriales a partir de los marcos legales
El principal mecanismo que están empleando los pueblos indígenas movilizados y sus aliados estratégicos para la defensa territorial frente a los embates conservacionistas y extractivistas en América Latina son los marcos legales tanto nacionales como supranacionales. De acuerdo a los nuevos enfoques de derecho, los acuerdos internacionales adquirieron la misma jerarquía normativa que las leyes constitucionales, ante lo cual los primeros se facultan como candados legales en caso de que las segundas violen o no les garanticen a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación cultural y a un medio ambiente sano. Las principales dimensiones que contemplan los acuerdos internacionales vinculantes para la mayoría de los países latinoamericanos tienen que ver con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública previa, libre e informada a través de procesos culturalmente pertinentes; el derecho a la autodeterminación política, económica y cultural; el derecho a desarrollarse en un ambiente sano; el derecho a contar con activos productivos; la erradicación de toda forma de discriminación; así como el derecho a participar en la vida pública de los asuntos ambientales del subcontinente (tabla 1).
A partir de este marco internacional de derecho, así como de los marcos constitucionales de cada país (de manera creciente plurinacionales y, en el caso de Bolivia y Ecuador, además desde el constitucionalismo ambiental profundo), especialistas en materia de derecho humano y ambiental de organizaciones civiles progresistas, así como fundamentalmente expertos y expertas en antropología jurídica, geografía humana y ecología política de las alas críticas y militantes de la academia, están acompañando a los pueblos indígenas en procesos de juicios internacionales y litigios estratégicos en contra de corporativos globales, empresas nacionales y, en algunos casos, de los propios Estados, por las prácticas de imposición y despojo que proyectan o ejecutan en sus territorios. En su gran mayoría, los juicios internacionales en América Latina se llevan a cabo en contra de industrias mineras, de hidrocarburos e hidroeléctricas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precedida por la Organización de Estados Americanos (OEA), apelando a violaciones al Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tocante al proceso de consulta previa. Por su parte, en el plano nacional, están creciendo los litigios estratégicos participativos, en los que los cuerpos de abogados y abogadas acompañantes pugnan por procedimientos en los que las propias personas afectadas asuman la responsabilidad directa de los juicios de los que forman parte, incluyendo la totalidad de procedimientos y actuaciones, con el propósito de que sean protagonistas efectivos de las acciones legales (Pérez Ruiz y Espinosa, 2018). A su vez, los litigios estratégicos participativos son acompañados de peritajes antropológicos para asegurar que durante el proceso jurídico los pueblos indígenas sean reconocidos en su diferencia cultural.
Es importante comprender los procesos legales de defensa territorial frente a conflictos ambientales no solo en su dimensión jurídica, sino también desde los ámbitos sociales, políticos y mediáticos. Cada logro legal por parte de algún pueblo indígena en América Latina contribuye a su empoderamiento comunitario, sienta precedente de una hoja de ruta, incentiva el involucramiento de más aliados estratégicos, y finalmente promueve el surgimiento de redes nacionales y subcontinentales de defensa territorial, como las asambleas de afectados ambientales y los tribunales de defensa de los pueblos.
Tabla 1: Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y ambientales que los pueblos indígenas y sus aliados estratégicos emplean en América Latina como vías legales de defensa territorial. Fuente: elaboración propia.
| Marco normativo | Organismo | Año | Signatarios | Enfoque de derechos |
| Acuerdo 169 | Organización Internacional del Trabajo | 1989 | 22 países | Derecho a la consulta previa, libre e informada, a través de procesos pertinentes culturalmente sobre los proyectos que pueden afectar a los territorios y modos de vida de los pueblos originarios y las comunidades equiparables. |
| Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas | Naciones Unidas | 2007 | 143 países | Derecho a la autonomía política, al autogobierno y a la libre determinación del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas. |
| Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas | Organización de Estados Americanos | 2016 | Aprobada unánimemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos | Derecho de los pueblos indígenas a las libertades fundamentales contenidas en el derecho internacional, libre de todas las formas de discriminación, con énfasis en la igualdad para las mujeres, en la libertad para definir instituciones propias y demandar a los Estados marcos constitucionales plurinacionales. |
| Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales | Naciones Unidas | 2018 | 33 países | Derecho a los recursos naturales, a la organización colectiva, a la participación, a la tierra, a las semillas y a la igualdad de género de las personas campesinas, incluidas, además de las actividades agrícolas, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la caza, la recolección, así como otras ocupaciones primarias y de transformación asociadas a las zonas rurales. |
| Acuerdo de Escazú | Comisión Económica para América Latina y el Caribe | 2018 | 25 países | Acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en los asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. |
Espacialidades alternativas como horizontes de posibilidad
A la par de las vías de defensa legal, un número creciente de pueblos indígenas en América Latina están consolidando figuras territoriales de custodia ambiental frente al extractivismo que buscan ir más allá de los esquemas de ANP, tanto en su modalidades gubernamentales y privadas convencionales como respecto a las nuevas expresiones de «acuerdos voluntarios» para la conservación. Estas figuras territoriales pueden ser entendidas en los términos de «espacialidades alternativas» propuestas por Ulloa (2012), esto es, como luchas materiales y simbólicas de los pueblos indígenas por definir de manera autodeterminada las valoraciones y usos del espacio, al margen de los intereses de actores políticos y económicos hegemónicos. Es importante precisar que por custodia ambiental nos referimos tanto al empleo mesurado como al cuidado de los entramados relacionales de vida, y no a visiones edénicas de la naturaleza. De hecho, una gran mayoría de los pueblos indígenas de América Latina mantienen ontologías relacionales o mundos de vida en los que coexisten sujetos humanos y más que humanos (Blaser, 2014), que son categóricamente opuestas a la ontología plana (separación naturaleza-cultura y secular-sagrado) con la que grosso modo opera el conservacionismo biológico (Gambon y Bottazzi, 2021). La radical diferencia entre el universalismo occidental que subyace al conservacionismo biológico y las ontologías relacionales de los pueblos indígenas es que para el primer sector la biodiversidad existe como un logos racional con unidades discretas y autocontenidas sujetas a cuantificación y evaluaciones a través de índices y valoraciones, mientras que para los segundos la biodiversidad es entendida en términos de mundos enteros y densos de interrelaciones vitales, inorgánicas y espirituales en donde nada preexiste a las relaciones que los constituyen. Este racionamiento nos lleva a entender la noción de naturaleza como un constructo moderno en realidad minoritario culturalmente, para dar paso al concepto de territorio como un eje tácito y concreto ordenador de la vida y los agenciamientos indígenas (Porto-Gonçalves, 2009).
Entre las principales espacialidades alternativas que están construyendo los pueblos indígenas figuran: los territorios de vida, comunidades indígenas autónomas, reservas campesinas, áreas sagradas de custodia, zonas libres de minería, transgénicos e hidrocarburos, así como los refugios interculturales de vida (figura 2). De estas espacialidades alternativas, únicamente las reservas campesinas son específicas de Colombia, el resto tienen representación en varios países. Dentro de ellas también destacan los territorios de vida, ya que son las únicas figuras impulsadas por una red de articulación global, el Consorcio TICCA (siglas de de territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales, organización internacional sin fines de lucro que amalgama organizaciones indígenas, activistas y académicos y académicas como miembros honorarios de más de ochenta países que están comprometidos con el desarrollo de acciones colectivas a nivel local, regional y mundial en materia de documentación, defensa y consolidación de estas figuras como una alternativa de custodia ambiental sensible a las realidades históricas y los retos actuales de los pueblos indígenas.
Tabla 2: Espacialidades alternativas de custodia ambiental que están construyendo los pueblos indígenas en América Latina. Fuente: elaboración propia.
| Espacialidad alternativa | Rasgo territorial
fundamental |
Principales países donde se expresan |
| Territorios de vida | Territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales que buscan vincular la custodia ambiental con la generación de medios de vida propios, a partir de esquemas de gobernanza locales y mediante un registro de autorreconocimiento de pares para la articulación en red y la defensa internacional. | Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, México, Guatemala |
| Comunidades indígenas autónomas | Espacios en los que los pueblos indígenas ejercen de manera efectiva el derecho a la libre determinación política y territorial, manejando los recursos naturales a partir de acuerdos y normas consuetudinarias, sistemas de cargos y trabajo comunitario. | México, Brasil |
| Reservas campesinas | Zonas agrarias dotadas por el Estado orientadas al desarrollo de economías campesinas, en las que se promueven modelos territoriales capaces de hacer converger las matrices agrícolas y forestales. | Colombia |
| Áreas sagradas de custodia | Espacios protegidos de cualquier tipo de uso por sus valores espirituales, en los que se llevan a cabo prácticas ceremoniales, rituales y contemplativas. Suelen estar asociados a cuerpos de agua, montañas, vegetación madura, y son el hábitat de especies simbólicas. | Ecuador, Bolivia, Perú, México, Chile |
| Zonas libres de minería, transgénicos e hidrocarburos | Áreas de importancia ecológica y cultural en las que se establecen explícitamente protecciones fácticas o jurídicas contra la exploración y explotación minera y petrolera, así como frente a la liberación de siembras transgénicas. | Brasil, Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Perú |
| Refugios interculturales de vida | Generalmente se trata de áreas migratorias de ocupación reciente en las que confluyen diferentes matrices culturales de pueblos indígenas y comunidades mestizas, quienes se organizan para establecer pautas de custodia ambiental y uso mesurado de los recursos naturales que incorporan y ponen en negociación diferentes idiosincrasias e historias de ocupar territorios. | Nicaragua, Guatemala |
Al desarrollarse al margen de las agendas internacionales, instituciones de gobierno y ONG ambientalistas, las espacialidades alternativas de los pueblos indígenas toman distancia de los incentivos económicos de conservación, como los presupuestos operativos de las ANP, los pagos por servicios ambientales (forestales e hídricos) o el impulso a medios de vida «sustentables» en los enclaves turísticos, agroproductivos y energéticos paradójicamente emplazados en los espacios naturales. A contrapunto, estas espacialidades alternativas están siendo orientadas por planes de vida como instrumentos políticos de planeación autogestiva que permiten a los pueblos indígenas contar con un horizonte y un acuerdo social consensuado para orientar y proyectar acciones comunitarias en el tiempo (Bolaños y Pancho, 2008). Una parte fundamental de dichos planes son las estrategias de vida que buscan seguir las comunidades para garantizar un sostenimiento digno, ante lo cual el impulso de las agroecologías y las economías sociales indígenas está ganando particular terreno como alternativas para la producción de alimentos sanos y culturalmente pertinentes, así como para el intercambio y la reciprocidad de bienes y servicios.
Conclusiones
Frente a las imposiciones conservacionistas, los despojos extractivistas y sus paradójicos pero pragmáticos nexos recientes, los pueblos indígenas movilizados de América Latina están construyendo –de la mano de sus alianzas estratégicas– tanto retaguardias legales como vanguardias espaciales para habitar el territorio en clave propia. En dicha empresa destaca la reivindicación de la custodia de la biodiversidad desde ontologías relacionales que la comprenden y accionan como entramados vitales de interexistencia entre humanos y más que humanos, y no bajo el logos occidental de una naturaleza opuesta a la cultura, desde el cual la biodiversidad adquiere el sentido de unidad discreta sujeta a índices y cuantificadores como las superficies protegidas o la relación aprovechamiento-ganancia en términos de recursos. Un aspecto interesante es que las vías de defensa jurídica y las especialidades alternativas de los pueblos indígenas en el subcontinente están pasando de ser casos aislados a volverse hojas de ruta que están atrayendo nuevas alianzas de actores extraterritoriales clave y que comienzan a articularse en redes globales de movilización, lo cual representa un horizonte posibilitador para consolidar instituciones y andamiajes capaces de avanzar esquemas de autodeterminación ambiental en los territorios indígenas de Nuestra América.
Referencias
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* Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A. C., México. E-mail: aaron.rivera@inecol.mx.
** Investigadora independiente, México. E-mail: castrosalcido.elizabeth@gmail.com.
[1] https://ejatlas.org/?translate=es.
[2] Alusión empleada por Wilshusen et al. (2002) para referirse al engranaje de agendas internacionales, financiadoras, Gobiernos, ONG y empresas que constituyen el aparato logístico y operativo de la conservación ambiental.
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