Rosabel Sotolongo*

DOI: doi.org/10.53368/EP64NPVop03

Resumen: Las perspectivas de la transición ambiental en múltiples escenarios globales se han sustentado sobre paradigmas epistémico-políticos hegemónicos, discursos neutrales matizados de verde y significantes descontextualizados. Los límites de estos paradigmas han sido visibilizados desde el pensamiento crítico revolucionario y alternativas socioecológicas latinoamericanas. El estudio de los fundamentos relativistas, las propuestas políticas fragmentadas y los basamentos neoclásicos de políticas globales de consenso exigen un profundo análisis para evitar la asunción acrítica de postulados ecologistas y el carácter conservador de las políticas ambientales. Los desafíos de los actores socioambientales y los vacíos del discurso ambientalista, desde la experiencia cubana, se colocan como prisma de análisis en la comprensión de la relación poder-ambiente.

Palabras clave: transición socioambiental profunda, vacíos verdes, alternativas socioambientales, micro-macro poder

 

Abstract: The perspectives of the environmental transition from multiple global scenarios have been supported by hegemonic epistemic-political paradigms, neutral discourses tinged with greenwashed and decontextualized signifiers. The limits of these paradigms have been made visible from revolutionary critical thinking and Latin American socio-ecological alternatives. The study of the relativistic foundations, the fragmented political proposals, the neoclassical foundations of global consensus policies require a deep analysis in order to avoid the uncritical assumption of ecological postulates and the conservative nature of environmental policies. The challenges of the socio-environmental actors and gaps in the environmental discourse, from the Cuban experience, are placed as a prism of analysis in the understanding of the power-environment relationship.

Keywords: deep socio-environmental transition, Green gaps, socio-environmental alternatives, micro-macro power

 

Introducción

En la década de 1970, las discusiones globales en torno al tema ambiental asumieron las lógicas y métodos neoclásicos. La influencia de paradigmas como la modernización ambiental fundamentó el marcado sesgo economicista y tecnocientífico en las soluciones ambientales de la época. Desde las primeras conferencias globales se perpetuaron mecanismos para la comprensión y la resolución de la crisis ambiental ajenos a cambios estructurales profundos, maquillados con soluciones relativistas.

El devenir de estrategias ambientalistas contemporáneas como el Green Deal europeo mantiene el statu quo y reproduce la lógica colonizada en la perspectiva de la sostenibilidad ambiental. La búsqueda de soluciones al cambio climático se sintetiza en conceptos como eficiencia energética, descarbonización, economía circular, cooperación internacional y mecanismos financieros de apoyo a la transición de los países vulnerables, todo ello con políticas públicas orientadas al fomento de la inversión en tecnologías verdes (sobre todo en el sector primario), apoyo a la innovación industrial, transporte público sano y desarrollo de ciudades verdes. Sin embargo, en América Latina, los pactos verdes como el europeo se traducen en políticas homogeneizadoras, asistencialistas, políticas de inclusión-exclusión, con una perspectiva de solución que queda atrapada en la propia lógica de inversión, de difícil acceso para los pueblos no occidentales, que pretenden mimetizarse a partir de ayudas y financiamientos insuficientes en comparación con los bienes comunes extraídos de los pueblos.

Las bases fundantes parten de una misma racionalidad fragmentada, ahistórica y marcadamente occidental en tanto obvia las causas, las estructuras y la heterogeneidad de puntos de partida de vida y ocultan las responsabilidades históricas concretas con deformaciones estructurales. Esta es la huella ecológica de los países del Sur en su máxima expresión exportada por el sujeto transnacional contemporáneo.

Mientras los pactos verdes occidentales se centran en soluciones paralelas a la profundización del extractivismo sin cuestionar las lógicas y los niveles de producción y consumo a nivel macrosocial e internacional, los intentos de construir alianzas entre las empresas, el sector agropecuario y los Gobiernos frente a las finanzas sin control neoliberales (Pacto Verde Europeo o Nuevo Pacto Verde Global de 2019) no escapan del establecimiento de jerarquías entre poderes fácticos. La preocupación ambiental continúa enfocada en la preservación de materias primas o stock de recursos naturales para garantizar la reproducción de la economía capitalista, y la agenda económica y pragmática no se concreta. La proclama de regulación de los usos intensivos de sectores extractivistas (el sector textil, construcción, electrónica, plásticos), la superación de la pobreza energética y el freno de la fuga de carbono entran en contraste con la reproducción de ganancia como deidad. De ahí la imposibilidad recurrente del capital para materializar políticas de transformación socioambiental profunda.

América Latina llega desde un lugar histórico de deformación estructural, con una deuda social y ecológica no saldada, debida a los siglos de conquista y colonización, así como al neocolonialismo extractivista contemporáneo. La realidad de nuestra América visibiliza el financiamiento de una economía de commodities con inversión extranjera, privatización de las economías, profundización de la dependencia a partir de las consecuencias neoliberales, desaparición de los defensores socioambientales y etnocidio. Los discursos de financiación no se preocupan por las bases estructurales de la degradación ambiental, y las políticas de transición ambiental se han diseñado de acuerdo con un reordenamiento eurocentrado de lo urbano y lo público (referidas a energías limpias, economía circular, transporte y descarbonización del sistema energético).

El discurso global alerta sobre la necesidad de disminuir los índices de consumo en los marcos de la economía individual, mientras los niveles de producción crean y proponen en gran medida el mercado y los índices enajenados de consumismo.

El Pacto Ecosocial del Sur ha perfilado nuevos caminos que articulan justicia social y justicia ambiental e invitan a construir imaginarios colectivos, entre movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, así como Gobiernos locales alternativos, para cambiar las relaciones de fuerza. Se trata de mecanismos fundamentales que se orientan hacia nuevas propuestas de ley, y otras estrategias con una incidencia real en la imposición de estos cambios a las instituciones existentes. Aboga por cambios estructurales como la transformación tributaria solidaria, la anulación de las deudas externas de los Estados, la construcción de una nueva arquitectura financiera global, la creación de sistemas nacionales y locales de cuidado, y de economías y sociedades posextractivistas. Busca priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes, la integración regional y mundial y la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, para generar soberanía y proteger de la especulación a quienes la cuidan y trabajan.

De ahí que en la experiencia cubana se ha materializado la transformación estructural como fundamento significativo de la agenda ambiental alternativa, a pesar de encontrarse en los marcos de los esquemas globalizados de vida y en diálogo con los indicadores de programas ambientalistas globales. Los vacíos no contemplados en las propuestas globales se repiensan continuamente en la resistencia.

En el devenir de la práctica social y el pensamiento ambientalista cubano, en un juego dialéctico de casualidad y causalidad histórica, se rompe con las lógicas homogéneas de las primeras políticas globales ambientales dependientes y las posteriores neoliberales, utilizando prácticas de descrecimiento, de autogestión y resistencia, de resignificación de las necesidades sociohistóricas satanizadas, burladas y deslegitimizadas en gran medida por cualquier lógica de mercado, incluso aparentemente ambientalista.

Con reflexiones profundas devenidas del proceso de rectificación de los años ochenta y el advenimiento del período especial, tras el cual queda desprovista del 80 por ciento de las relaciones comerciales con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en el país se potencia la innovación y la búsqueda creativa de soluciones alternativas socioeconómicas inherentes a una racionalidad ambiental.

 

Utopías abiertas ambiente-poder. La alteridad pensada desde Cuba

La experiencia cubana se ha volcado en la transformación socioambiental del proceso material de producción y reproducción de las relaciones de producción, de las relaciones de propiedad, los marcos político-jurídicos y el reordenamiento de la vida social con un enfoque descentralizado y apuestas por el cambio en la división del trabajo dentro de la familia, los patrones de uso de la tierra, la educación, etc.

Al mismo tiempo que Cuba se posicionaba en la Cumbre de la Tierra con un análisis crítico de los problemas ambientales globales, ocurrían cambios cualitativos, estructurales y legislativos sobre las cuestiones del medio ambiente en la isla. A pesar de que desde los primeros años de la revolución ya existía una preocupación por el ambiente, en el año 1992 esta se integra, a partir del referendo constitucional, a la perspectiva del desarrollo económico y social.

En la práctica sociopolítica, ante los desafíos de la década de 1990, se abandonan los modelos tradicionales de desarrollo y se promueve «la sustitución de las industrias energéticamente intensivas y el modelo productivo agrícola basado en insumos desde el exterior» (Gemas, 2006: 12), con una concepción de desarrollo sostenible destinado a satisfacer necesidades endógenas.

En el aspecto jurídico, desde la creación de los marcos de la Ley n.º 81 de Medio Ambiente (1997), la política ambiental cubana rompe con el aspecto formal de las legislaciones ambientales capitalistas atendiendo a las causas estructurales de los problemas. En 2022 la nueva Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha profundizado la perspectiva legal alternativa en torno al tema ambiental. La reproducción de la vida se constituye como sujeto de derecho, más allá del ilusionismo burgués.

Las posibles lógicas de subsunción formal y real de la naturaleza quedan coaptadas con la ley, que suprime toda posibilidad de  extranjerizar los bienes naturales. La soberanía del Estado sobre el uso de los bienes naturales (artículo 2) se constituye como un principio rector que agota la posibilidad de la privatización según criterios de utilidad y márgenes de ganancia.

La imposibilidad de corporativizar el uso de los bienes naturales se sostiene desde la perspectiva de regulación del mercado y la incorporación de la planificación consensuada en todos los planes, proyectos, estrategias nacionales y sectoriales relacionados con los bienes comunes. La ley clarifica los límites de las prerrogativas y corresponsabilidad en la gestión y control ambiental de las instancias de la Administración central del Estado, las organizaciones superiores de dirección del sistema empresarial, las formas de gestión no estatal y la inversión extranjera en la transformación de los bienes naturales (artículo 13).

El carácter determinante de la propiedad estatal sobre los bienes naturales no prescinde del reconocimiento del derecho de propiedad de los territorios sobre sus recursos genéticos o la participación en la «concepción, desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de producción de los conocimientos locales» (artículo 41). La nueva ley establece como obligaciones ineludibles (artículo 15 inciso m) la consulta previa, libre e informada a la comunidad sobre la transformación de los bienes naturales del territorio, establece el acceso público a la información sobre la gestión ambiental e información ambiental (artículo 134). Contempla la gestión integral de riesgos, con la activa participación de las comunidades, entidades y órganos locales del Poder Popular y la sociedad en general.

La preocupación acerca de la posibilidad de expropiación de saberes ancestrales sobre la naturaleza, semillas y materiales genéticos (incluido el genoma de plantas exóticas en los bosques tropicales, tradicionalmente aprovechadas por los habitantes indígenas), arrebatados en los márgenes de modelos neoliberales de desarrollo a los pueblos originarios, se plasma en la negativa en la ley a que sean explotados por universidades privadas extranjeras u otras lógicas inherentes al funcionamiento de las sociedades neoliberales. La ley regula la comercialización de especies exóticas y la protección de la diversidad biológica, además de reconocer el derecho de propiedad intelectual como elemento intangible.

La aprobación de los derechos ambientales se ha entendido como un proceso abierto y contextual. Las legislaciones en materia ambiental han sido expresión profunda del trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, actores socioambientales y comunitarios, relación academia-política, con un diálogo popular en torno a la negación del desarrollo de prácticas y lógicas colonizadas.

En el propio período del advenimiento del COVID-19 se aprobaron otras legislaciones, como los decretos ley n.º 4 de la Comisión para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados (2019), n.º 9 de Inocuidad Alimentaria (2020), n.º 388 de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la Agricultura y la Semilla (2020), n.º 31 de Bienestar Animal (2021), entre múltiples normativas, como respuesta a las aspiraciones sociales. Frente a la preocupación por una alimentación sana inherente a las directrices de los pactos verdes, de difícil cumplimiento ante los pactos coexistentes Estado-empresas transnacionales en países occidentales, Cuba regula de forma preventiva la producción agrícola y los posibles impactos de la utilización de la transgénesis en semillas, animales y plantas en el país.

Las iniciativas de proyectos socioambientales de organizaciones sociales y de masa se plasmaron en los lineamientos de la política económica y social aprobados en 2011, y no solo se han desarrollado estrategias puntuales de dinamización del microespacio local y municipal, sino también condiciones políticas y jurídicas para la necesaria descentralización de la planificación de la economía y la aplicación integral de la perspectiva del desarrollo local. Con ello surgen nuevas formas de propiedad y de gestión económica (micro, pequeñas y medianas empresas: mipymes), como cooperativas no agropecuarias, sujetos convocados para el autoabastecimiento municipal y el desarrollo territorial bajo principios de sostenibilidad.

El fortalecimiento de los modelos sostenibles comunitarios de desarrollo, las iniciativas locales de producción de alimentos, las formas de trueques e intercambio solidarias y el fortalecimiento de los mercados locales impulsan una resignificación constante en materia financiera, económica y espiritual. La «Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista» (Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 2021) se orienta, a su vez, hacia el estímulo de la innovación científica y tecnológica para «contribuir a proteger y recuperar el medio ambiente» (2021: 21), con una visión descentralizada y basada en el principio de territorialidad de la gestión ambiental, para enfrentar los problemas del subdesarrollo.

El panorama es complejo. Coexisten narrativas colonizadas en el imaginario social que contemplan las comunidades como receptoras y no como protagonistas de una actividad económica, equilibradas en correlación con sus valores de respeto y relación biunívoca con el entorno. A la visión dialéctica y horizontal sobre el papel del entretejido social, aún se le contrapone la tradición asistencialista del imaginario individual y social. Las dificultades socioeconómicas derivadas de las dinámicas del mercado mundial coexisten con el acompañamiento y el fortalecimiento de las iniciativas locales.

 

Conclusiones

Los desafíos en la construcción de una relación armónica con el ambiente abren un abanico constante de diálogo y práctica histórica y política para potenciar, desde el estudio situado en Cuba, alternativas donde la producción se pondere dentro del circuito de la vida, y se resignifique todo discurso o política con propuestas ambientales creado con un enfoque antropocentrista. Se busca estimular soluciones que se aproximen al tejido social, más allá de las propuestas financieras y tecnocientíficas, promover un diálogo de saberes que trascienda los discursos de expertos, potenciar la circulación y horizontalidad en la toma de decisiones en torno a la problemática ambiental que incluya a las comunidades implicadas en las decisiones.

Desnudar las sinapsis de soluciones hegemónicas ambientalistas pensadas con una racionalidad instrumental neoclásica permite a la orientación de toda transformación social «no quedar atrapada por las restricciones del orden existente al mantenerse en dependencia del objeto de su negación» (Mészáros, 2001: 26). En el actual contexto global, las alternativas locales disputan su autorreconocimiento en la reproducción de la vida.

La conciencia del carácter colonizado de las soluciones tecnocientíficas y economicistas que conducen a la cosificación de los bienes naturales debe ser resignificada invariablemente ante necesidades económicas y financieras, la fuerza centrípeta del mercado a que se enfrenta toda resistencia socioambiental.

Romper con la racionalidad economicista, fragmentada, supone comprender desde dónde se construye el discurso ambientalista, crear pactos y estrategias desde el no capital, sin perder de vista la coexistencia, el impacto de tales discursos y estructuras dominantes, en pos de visibilizar las deudas y desafíos de los sujetos socioambientales en el actual contexto. Cuba ha sido ejemplo de intentos por construir en los marcos de división material e intersubjetiva del trabajo una nueva manera de organizar la estructura de la vida, profundizando en las formas equilibradas de descentralización y planificación, el uso de los bienes comunes con énfasis en la reproducción de la vida. La correlación de fuerzas para deconstruir el discurso hegemónico y trascender la lógica colonizadora de las soluciones verdes se coloca como espacio en continuo desarrollo, en pos de que toda política de transición ambiental profunda no se quede en los márgenes de una negación simple de las lógicas del capital, sino que trate de ser una solución socioambiental creativa.

 

Referencias

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 2021. «Conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista». Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/cuba_conceptos_y_lineamientos_2021_2026.pdf, consultado el 3 de enero de 2023.

«Decreto Ley n.º 4. de la Comisión para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados», 2019. Gaceta Oficial Ordinaria, 52.

«Decreto Ley n.º 9 de Inocuidad Alimentaria», 2020. Gaceta Oficial Ordinaria, 76.

«Decreto Ley n.º 31 de Bienestar Animal», 2021. Gaceta Oficial Extraordinaria, 25.

«Decreto Ley n.º 388 de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la Agricultura y las Semillas, 2020. Gaceta Oficial, 57.

Gemas, 2006. Sociedad y entorno. Cuba: una visión filosófica. Registro 1590-2006. Cenda, La Habana.

«Ley de Reforma Constitucional», 1992. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria, 7.

«Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente», 2022. Asamblea Nacional del Poder Popular, La Habana.

«Ley n.º 33 de Protección del Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales», 1981. La Habana, Academia de Ciencias de Cuba.

«Ley n.º 81 del Medio Ambiente», 1997. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria, 7.

Mészáros, I., 2010. «Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición». Pasado y Presente, 21.

Ministerio de Economía y Planificación, 2021. «Estrategia económico-social para el impulso de la economía y enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid 19». Disponible en: https://www.mep.gob.cu/es/node/344, consultado el 3 de enero de 2023.

 

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