Alejandro Schweitzer*
DOI:doi.org/10.53368/EP64NPVep01
Resumen: «Transición ecológica» es una expresión en disputa. La clase capitalista transnacional la utiliza como oportunidad de negocios, y opera en cumbres y reuniones relacionadas con el nuevo régimen político-climático junto a Gobiernos y organismos multilaterales. La transición que proponen es desigual y combinada; impacta de manera diferente en espacios, grupos y clases; reconfigura territorios en tanto surtidores de energía, alimentos y materias prima, y externaliza presiones sobre la naturaleza para retomar la acumulación de capital. Se instala como nuevo consenso, con su horizonte de espacio vital y los caminos para alcanzarlo en disputa entre distintos pactos verdes y alternativas antisistema. Como casos se exponen los circuitos de acumulación orientados a materiales y energías de transición, las condiciones de producción y reproducción social, la adaptación del Estado al consenso de la transición y sus consecuencias en la reconfiguración de nuevos territorios de acumulación en el Sur global, en particular en Argentina.
Palabras clave: nuevo régimen político-climático, consenso de la transición, modo de vida imperial, territorios de acumulación, finanzas verdes y mercantilización de la naturaleza
Abstract: The ecological transition is a term in dispute. The transnational capitalist class uses it as a business opportunity and operates in summits and meetings related to the new political-climatic regime together with governments and multilateral organizations. The transition they propose is unequal and combined, It unevenly impacts spaces, groups and classes, reconfigures territories as suppliers of energy, food and raw materials and externalizes pressures on nature to resume capital accumulation. It is installed as a new consensus, with its horizon of vital space and the roads to reach it in dispute between different green pacts and anti -system alternatives. As cases, the accumulation circuits oriented to transition materials and energies, the conditions of social production and reproduction, the adaptation of the State to the consensus of the transition and its consequences in the reconfiguration of new territories of accumulation in the Global South, in particular in Argentina.
Keywords: new political – climatic regime, transition consensus, imperial way of life territories of accumuation, green finance and commercialization of nature
Introducción: de la gran implosión a la gran transición
El escenario global de inicio del milenio se caracteriza por el despliegue de nuevos procesos de mercantilización de la naturaleza de la mano de las commodities y las finanzas verdes. Motorizados por grandes capitales transnacionales, estos despliegues se inscriben en el proceso histórico de la expansión de la ecología-mundo capitalista desde su cuna en el norte de Europa hacia el conjunto del planeta a partir del siglo xvi, que provocó profundas modificaciones en espacios y naturalezas.
Los avances en las fronteras de mercantilización de la naturaleza fueron configurando lo que Rosa Luxemburgo en 1913 denominó territorios de acumulación, en los que el capital extiende sus redes comerciales con el objetivo de ampliar mercados para colocar su producción industrial y apropiarse de materias. En la medida en que suben los costos de producción o se agota el rol de surtidor de naturaleza, el capital se desplaza hacia nuevas áreas (Luxemburgo, 1968). La incorporación de otros espacios permitió al capital vencer las barreras generadas por la crisis socioecológica del feudalismo: una combinación de grandes hambrunas y enfermedades en sus inicios y guerra de clases generalizada entre los señores y los campesinos, en la cual los señores fueron derrotados (Moore, 2003: 113). El paso del feudalismo al capitalismo fue una transición ecológica realizada en la larga duración, motorizada por la expansión de la ecología-mundo capitalista.
La crisis actual difiere de todas las anteriores y se caracteriza por el cierre de la «gran frontera» (Moore, 2021). El estado actual de las condiciones de producción del capital tras siglos de sobreexplotación capitalista de la naturaleza, combinado con la crisis ecológica-climática generada por el propio capital, representa una barrera difícil de superar debido al agotamiento de las naturalezas baratas que constituyen gran parte de esas condiciones. La tendencia a la igualación en las pautas de consumo de potencias demográficas como China o la India genera cambios globales que acentúan la crisis ecológica y potencian modificaciones significativas, irreversibles y negativas en espacios y ecosistemas.
Brand y Wissen (2021: 73-74) proponen el concepto de modo de vida imperial y presentan el siguiente planteamiento:
El factor decisivo para la vida en los centros capitalistas es la manera como las sociedades en otras partes del mundo (en particular, en el Sur global) están organizadas y cuál es su relación con la naturaleza, ya que de esto depende garantizar la transferencia de la fuerza laboral que requieren las economías del Norte global.
El modo de vida imperial comienza con las élites del Norte global y se expande a sus capas medias y altas en los espacios subordinados; es el sentido común de la clase capitalista transnacional (CCT) que se va encaramando a la cúspide de un nuevo bloque histórico capitalista global (Robinson, 2013). La globalización del modo de vida imperial acentúa la crisis ecológica. El desarrollo desigual entre clases y espacios se combina con la naturaleza-surtidor/sumidero de otras partes del mundo.[1]
Este esquema se mantiene estable en la medida en que permite mantener relativamente bajos los costos de reproducción social en el Norte global y las capas medias. Estos bajos costos no solo impactan en la estabilidad social, sino que debilitan las demandas de mayores salarios y refuerzan el modo de vida imperial… hasta que se choca con la gran frontera o se desatan crisis que interrumpen el flujo permanente de energía o alimentos, como ocurre hoy en el marco de la invasión rusa a Ucrania.
Transición ecológica: pactos verdes y espacio vital
Las discusiones en torno a los límites de la naturaleza datan de finales del siglo xviii (Malthus, 1846), cuando el capitalismo se hallaba en plena expansión. En la segunda mitad del siglo xix, Ratzel (1897) desarrolló la noción de espacio vital, el Lebensraum. Las dos nociones, la de límites y la de espacio vital, apuntan al mantenimiento de la paz social, la primera mediante el control de la natalidad y en última instancia del consumo y la segunda por medio de la expansión del territorio del Estado hacia nuevos espacios. Estas nociones nunca perdieron actualidad. La lucha por el espacio vital ahora global es una guerra de clases ecológica, uno de los frentes de las guerras fractales del siglo xxi (Alliez y Lazzarato, 2021).
El aumento de las presiones sobre la biósfera por la CCT se da de manera directa por captura de la biocapacidad del Sur en forma de alimentos, energía y materia prima, y de forma indirecta por la especulación en el mercado de las finanzas, en el manejo de precios y el control del acceso a su espacio vital global. La exportación de altas huellas ecológicas de la CCT permite asegurar la estabilidad social en los centros, a costa de la depredación y desestabilización en otros lugares. Los nuevos territorios de acumulación no son ocupados por Estados, sino por grandes capitales transnacionales; Estados y élites locales resultan subordinados en este nuevo bloque histórico piloteado por la CCT. Su contracara es el retroceso global en las condiciones de reproducción de la vida de humanos y no humanos, despojos y desplazamientos forzados, militarización de los territorios y represión de las resistencias.
Frente al escenario de crisis ecológica, y posteriormente en clave ecologista, surgen nuevos pactos verdes en sus versiones estatal, como el New Green Deal de Estados Unidos impulsado por el Gobierno de Biden, o supranacional, como el European Green Deal; también en espacios sindicales, como la iniciativa de transición justa «Just Transition for Workers and Communities» (Cha et al., 2021), que responden a una orientación de ambientalismo moderado (Foladori, 2005). Existen iniciativas de nombre similar, anteriores en el tiempo y divergentes en sus orientaciones, emanadas de algunos partidos verdes europeos que cuestionan la visión hegemónica con distinto grado en la crítica al capitalismo.
Este horizonte permite sacar unas primeras conclusiones. Como afirma Lipietz (2012), los pactos de 1929 fueron acuerdos de clase que no buscaban solo la recuperación económica. Entre sus principales objetivos apuntaban a atenuar la protesta social y evitar así la progresión del nazismo, primero, y del comunismo, en posguerra. Era un pacto geopolítico. La crisis iniciada en 2007/2008 y que aún continúa es económica, y la geopolítica, el cierre de la gran frontera, condiciona la acumulación; para el capital la naturaleza es un enemigo egoísta. El New Green Deal ya está aquí, pero esta vez no es un pacto de clases, es un paso más en la consolidación del poder de la CCT mediante el salvataje de los bancos y los grandes capitales. Existe, asimismo, una multiplicidad de corrientes, como, entre otras, el ecologismo de los pobres y las ecosocialistas, que no apoyan este tipo de acuerdos y proponen alternativas radicales, puestas de manifiesto en contracumbres y en las calles.
La intensificación del uso de la naturaleza no humana por parte de los humanos define perfiles metabólicos históricos, espacialmente diferenciados y de clase. Desde la década de 1970 la humanidad en su conjunto superó la capacidad de regeneración de la biósfera en el mismo tiempo en que es consumida; los ciclos biogeoquímicos del planeta se transgreden sin tregua. Indicadores globales como la huella ecológica y la biocapacidad ilustran niveles de consumo desproporcionados y desiguales, lo cual contribuye a demostrar que esta carrera por la apropiación de los recursos atenta contra la vida en el planeta. Pero, como se plantea a continuación, son asimismo instrumentos que los negocios de las finanzas verdes se han apropiado (Global Footprint Network, 2019).
Estos planteos intervienen en el debate de la transición ecológica, así como en la definición de horizontes de sociedad, de planeta y territorios diversos y de los caminos a seguir para alcanzar esos horizontes.
La construcción del consenso de la transición ecológica
Para el sociólogo francés Bruno Latour, estamos transitando una mutación ecológica, un cambio de régimen. A diferencia de una crisis, de la que se puede volver, de la mutación ecológica no hay vuelta atrás. El nuevo régimen es climático y es político (Latour, 2015).
A diferencia de lo que sostenía Latour y siguiendo a Robinson (2013), en esta transición existen instituciones que se van conformando como un colectivo global a partir de las Cumbres por la Tierra, las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se constituyen en una especie de instancia parlamentaria del gobierno colectivo global del clima y también sesionan en las reuniones del G-20 y en el Foro Económico Mundial de Davos. Este colectivo no está integrado solo por las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas, sino también por los organismos multilaterales de crédito, como en Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central Europeo, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Junto a representantes de los Estados y grandes bancos, en los pasillos y salas de negociación caminan funcionarios de Gobiernos y de organismos multilaterales, grandes empresarios, representantes de fondos de inversión, inversores particulares y organizaciones no gubernamentales (ONG). En el marco de las sesiones de este colectivo global por el clima, se definen políticas asentadas en las finanzas verdes o en la minería espacial o submarina, y se debaten alternativas encuadradas en pactos verdes oficiales. No se trata de acciones concretas que apunten a modificar los patrones de consumo, excepto cuando da lugar a nuevos negocios. Mas bien se trata de la CCT en acción, defendiendo con uñas y dientes la persistencia del modo de vida imperial y la transición ecológica desigual y combinada.
En la década de 1970, ante la toma de conciencia del rumbo crítico que encaraba el planeta de la mano del productivismo industrialista y fosilista y los debates originados tras la publicación del Informe del Club de Roma titulado Los límites al crecimiento (Meadows et al., 1972), fueron emergiendo diversas concepciones sobre los problemas ambientales, sus causas y sus posibles soluciones. Entre otras, pueden mencionarse las corrientes verdes que apuntan a la regulación y los controles ambientales, hegemónicas, y otras de ambientalismo moderado que proponen medidas de mercado (Foladori, 2005). Ambas comparten la noción de humanidad indiferenciada del Antropoceno como causantes de los problemas ambientales, y en años más recientes sus límites se han tornado difusos. Estas tendencias tampoco se institucionalizan, pero a grandes rasgos permiten identificar las principales características que irá asumiendo el nuevo consenso de la transición. En la actualidad estos rasgos están presentes en documentos de organismos multilaterales, de Gobiernos y de grandes ONG globales. La XIII Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Kioto en 1997 abrió las puertas a nuevas oportunidades de negocio apuntando al financiamiento de la transición ecológica. El protocolo entró en vigencia en 2005 y una de sus primeras acciones fue habilitar la emisión de bonos de carbono con el objetivo de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, sumándose de este modo a acciones e instrumentos de las finanzas verdes que ya se aplicaban en algunos países y regiones desde la década de 1980 (Feydel y Bonneuil, 2015).
Entre sus propuestas, alternan mecanismos de control y regulaciones sobre usos, límites y cuotas de «recursos» e instrumentos de mercado encuadrados en las finanzas verdes: subsidios a la reconversión, mercados de compensación de emisiones, bonos verdes, bancos verdes, bonos de carbono, bonos catástrofe (Cat Bonds), seguros y reaseguros ambientales frente a riesgos de inundaciones, incendios, sismos o tsunamis que puedan sufrir tierras, aguas, bosques, especies y ecosistemas en riesgo, swaps para reconstrucción, para pandemias, más bonos de protección de especies, ecosistemas y bosques, para la provisión de agua y alimentos, reconversiones energéticas, derivados, títulos de programas alimentarios, hipotecas ambientales sobre bosques y humedales y un largo etcétera (Keucheyan, 2014).
El consenso de la transición ecológica empuja hacia adelante la frontera de mercantilización de la naturaleza, el gobierno colectivo de la transición hegemonizado por la CCT busca externalizar los efectos negativos de la crisis, a veces sin conciencia o negando la existencia del cierre de la gran frontera. El nuevo consenso expresa el carácter desigual y combinado de transición ecológica, con el Norte de camino hacia las energías renovables y sus periferias y el Sur pagando costes ecológicos: más extractivismo, más materias primas estratégicas, energías de transición, más megaproyectos, más acaparamiento de tierras para conservación y despojo de comunidades.
La nueva Argentina verde
Los proyectos de transición de la CCT se expresan en territorialidades orientadas a la expansión de la acumulación permanente, reproducción de condiciones para la expansión de las fronteras y de esquemas depredadores de nuevos territorios de acumulación.
En Argentina se extienden fronteras agropecuarias de la mano del cultivo de oleaginosas y la producción de alimentos para animales y biocombustibles exportados a China y al Norte global. Los datos más recientes de exportaciones argentinas (Indec, 2022) señalan el complejo de la soja como el mayor exportador en término de precios, 23.841 millones de dólares en 2021, un 30,59 por ciento del total de las exportaciones. Dentro del complejo de la soja, el producto que más aumentó en sus exportaciones durante la pandemia fue el biodiésel, con 236 por ciento de variación 2020-2021. El complejo cerealero le sigue con 13.981 millones de dólares, el 17,89 por ciento del total. El tercero en importancia es el automotriz, con el 9,11 por ciento y mayoritariamente destinado a Brasil, ya que se trata de una rama integrada a nivel del Mercosur. En cuarto lugar se encuentra el complejo de hidrocarburos y petroquímica, con el 6,68 por ciento, y le sigue muy de cerca el complejo bovino, con el 6,11: exportación de carne y, en menor medida, de productos lácteos. Por último, el complejo minero, con oro y plata, representó el 3,73 por ciento del valor exportado. Más abajo siguen dos complejos alimentarios: el frutícola y el pesquero. En síntesis, el perfil de Argentina es el de surtidor de alimentos, que representan más del 50 por ciento de sus exportaciones, seguido muy de lejos por la exportación de energía. El porcentaje de alimentos era aún mayor en 1993, primer dato de la serie histórica del Indec, siempre con la soja cerca del doble que los cereales, pero en 2012, al inicio del período, era menor: apenas superaba el 30 por ciento, y mayor la proporción de las exportaciones de energía.
Estos datos permiten explicar también el desarrollo desigual en términos de la distribución espacial del origen de las exportaciones: la producción bovina y cerealera se concentra en la región pampeana y la soja se distribuye entre esta región y en menor medida en el noreste. La Patagonia, colocada en segundo lugar en valor de exportaciones, también aporta en el rubro de los alimentos, centrada en la pesca, pero sobre todo en el complejo de hidrocarburos y la minería de oro y plata. La exportación de este último complejo también se sitúa en el noroeste y en Cuyo, aunque en menor proporción.
El análisis del funcionamiento de la transición ecológica en Argentina puede realizarse a partir de tres aproximaciones. En primer lugar, identificando los eslabones de circuitos de acumulación global asociados a la transición presentes en el espacio en estudio (Schweitzer, 2021) representados, entre otros, por la energía verde, como circuito emergente. En los salares del noroeste, que integran el triángulo del litio junto con los del sudoeste de Bolivia y el norte de Chile, se sitúan los eslabones inferiores del circuito de la electromovilidad. Las empresas transnacionales despliegan dos estrategias combinadas: la expansión de la extracción hacia nuevos espacios y la adquisición de emprendimientos en explotación. Al estar gran parte del territorio atravesado por la llamada diagonal árida de América del Sur, los potenciales de Argentina en energía solar y eólica se encuentran entre los mayores del planeta. En el oeste, más centrado en la solar, y en la Patagonia, en la eólica, se despliegan nuevos proyectos al servicio de la transición energética, generación de hidrógeno con uso de energía solar o eólica para la electrólisis del agua y obtención del hidrógeno. Otras inversiones se orientan al acaparamiento de tierras y agua, sobre todo en la Patagonia andina, desplazando comunidades y cercando territorios. Estos despliegues coexisten con la permanencia del extractivismo convencional de hidrocarburos y la megaminería metalífera.
En segundo lugar, para que estos circuitos funcionen, las empresas deben asegurarse condiciones de producción naturales, como sol, viento y agua para el hidrógeno verde, o agua, sol, energía y nutrientes naturales o semillas para el biodiésel, etc., que se acompañan de condiciones de capitalización, proporcionadas muchas veces por el Estado y las políticas públicas, y condiciones de circulación, consistentes en infraestructuras de transporte vial, ferroviario y puertos.
La tercera dimensión se relaciona con las políticas seguidas por el Estado nacional en las negociaciones en torno a la transición. Desde 2018 el Estado busca reglamentar el «mercado nacional de naturaleza», con el perfeccionamiento de mecanismos, en particular los llamados «bonos verdes, sociales y sustentables». Algunos de sus principales avances tuvieron lugar en la segunda mitad de 2019, al final del Gobierno neoliberal de Macri, como las emisiones de bonos realizadas por las provincias de Jujuy y La Rioja y bancos como el Galicia o el Santander Río. Pero la gran aceleración de este nuevo negocio se produce en 2020, con el Gobierno kirchnerista. Consultoras, financieras y el Estado nacional contribuyen a la regulación desde la Comisión Nacional de Valores, la encargada de regular, supervisar, promover y desarrollar el mercado de capitales, con bonos para la construcción de granjas eólicas con participación de capitales nacionales y bancos extranjeros como el Santander Río o el ICBC de China, entre otros.
Lo más notable fueron las negociaciones que durante 2021 impulsó el Gobierno nacional en el marco de las reuniones preparatorias para la XXVI Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26).
En una rápida cronología de los últimos pasos en la adhesión de Argentina a la consolidación del consenso de la transición ecológica, ubicamos en primer lugar la precumbre preparativa convocada por Joe Biden el 22 de abril por el Día Internacional de la Madre Tierra. La propuesta argentina se alineó con el New Green Deal de Biden y la internacional progresista, fue compartida por los presidentes Bolsonaro, López Obrador y Macron, entre otros, y apoyada por el papa Francisco. Consistía en la «movilización de recursos concesionables y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral, con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática […] para mejorar nuestro medio ambiente».[2]
La segunda reunión previa fue el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas convocado por el Gobierno argentino en el mes de septiembre y con participación de Argentina y otros seis países, junto a John Kerry, responsable de la acción climática por Estados Unidos, y el secretario general de la ONU António Guterres. En esta ocasión el mandatario argentino definió la justicia social ambiental como el nuevo nombre del desarrollo. Por último, el 30 y el 31 de octubre de 2021 se realizó en Roma la XVI Cumbre del G-20, la reunión de presidentes y ministros de finanzas de las veinte mayores economías del planeta, y apenas un día después, entre el 1 y el 2 de noviembre, los mismos ministros y presidentes se congregaron en Glasgow.
A fines de 2021 e inicios de 2022 se anunciaron nuevos megaproyectos e inversiones en energía (hidrógeno verde) y en minerales de transición. En algunas provincias más avanzados que en otras, son varios los proyectos en estudio. Se trata de una tecnología experimental por lo dificultoso de su almacenamiento y transporte, pero, en principio, menos contaminante que otras fuentes. En el caso del hidrógeno verde en plantas de generación proyectadas en la Patagonia a partir de granjas eólicas, dada la cantidad de energía necesaria, el espacio ocupado por las granjas puede llegar a abarcar más de diez mil hectáreas. Estos serán los nuevos «vacíos verdes». En otras áreas de actividad, como la extracción de hidrocarburos no convencionales, existen empresas privadas que intervienen en ese mercado de bonos de bosques para compensar emisiones en otras áreas, así como otras que financian sus inversiones en el mercado de bonos.
Conclusiones
Las políticas de transición ecológica impuestas por el gobierno colectivo global del clima bajo hegemonía de la CCT son profundamente desiguales y no resuelven el problema de la crisis ecológica. El escenario que se vislumbra para los espacios del Sur global es de cada vez más crisis, deterioro o pérdida de condiciones materiales de reproducción, así como de agudización de conflictos sociales ecológico-distributivos (Martínez Alier, 2007). La deuda externa y las finanzas verdes son los principales mecanismos impuestos por la clase capitalista transnacional para acceder al espacio vital y mantener los ritmos de la acumulación, implantando regímenes dependientes de la apropiación de la renta por explotación de la naturaleza y profundizando la dependencia de estas mismas actividades.
Los Estados subordinados y transformados cumplen el rol de gendarmes del extractivismo y la transición, lo que augura nuevas crisis políticas y posiblemente nuevas rebeliones populares en defensa de la vida. Las luchas contra la financiarización de la naturaleza van desde las resistencias al acaparamiento de tierras y agua y contra el desalojo de poblaciones en los territorios hasta la definición de políticas económicas y territoriales, y estos son apenas algunos frentes de batalla que debemos afrontar si queremos parar este tren aplicando el freno de emergencia. Si el capitalismo no avanza en la explotación de la naturaleza, no acumula, y si no acumula, se cae. Una transición ecológica verde y roja es cada vez más necesaria.
Referencias
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Brand, U., y M. Wissen, 2021. Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica en el capitalismo. Buenos Aires, Tinta Limón.
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* Investigador del Conicet, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Integrante de la Red Ecosocialista, Argentina. Cocoordinador del grupo de trabajo Clacso Fronteras, Regionalización y Globalización. E-mail: aschweitzer@uarg.unpa.edu.ar.
[1] La ley del desarrollo desigual y combinado permite comprender mejor los mecanismos que intervienen en los avances de las fronteras de mercantilización y en la configuración de los territorios de acumulación; con antecedentes que se remontan a textos de Marx y Engels, fue sistematizada por primera vez por León Trotsky en 1917 (Trotsky, 1933). Por su parte, James O’Connor (2001: 224-237) en 1998 utiliza esta teoría para poner en relación el desarrollo desigual y combinado con la crisis ecológica.
[2] Esta propuesta fue formalizada por el entonces ministro Martín Guzmán en la Cumbre del G20 de Venecia primero y luego en Glasgow. Véase https://www.pagina12.com.ar/337234-alberto-fernandez-en-la-cumbre-sobre-el-clima.
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