Carlos Crespo*
Evo Morales en su posesión como presidente, en enero del 2006, proclamaba: «no es posible se privatice los servicios básicos. No puedo entender cómo los ex gobernantes privaticen los servicios básicos especialmente el agua. El agua es un recurso natural, sin agua no podemos vivir, por tanto el agua no puede ser de negocio privado, desde el momento que es negocio privado se violan los derechos humanos. El agua debe ser de servicio público». Más adelante reafirmaba que «las luchas por agua, por coca, por gas natural nos han traído acá hermanas y hermanos. Hay que reconocer que esas políticas equivocadas, erradas, interesadas, recursos naturales subastadas, servicios básicos privatizadas, obligó a que haya conciencia del pueblo boliviano. Estamos en la obligación de cambiar estas políticas».
Una de las primeras medidas del primer presidente indígena que ha tenido Bolivia, autodefinido como el gobierno de los movimientos sociales, fue la creación del ministerio del agua, con el mandato de reconducir las políticas hídricas de acuerdo a la nueva coyuntura.
Pero, este cambio en el enfoque gubernamental respecto al sector es resultado fundamentalmente de la iniciativa y acción de los movimientos sociales, a partir del 2000. La Guerra del Agua de Cochabamba, hoy considerado un hito en las luchas contra el capitalismo global, promovió la constitución de un movimiento nacional del agua diversa, que estos años ha resistido, desde diversos escenarios y tácticas, a la estrategia estatal de mercantilizar el agua y sus servicios, esto es su privatización y su incorporación a la disciplina del mercado. Entre ellos se destacan:
– La movilización exitosa de organizaciones campesinas del sudeste de Potosí contra el intento del gobierno de exportar aguas subterráneas al norte de Chile, con destino a la industria minera y el consumo de ciudades intermedias de aquel país.
– La capacidad del movimiento nacional del agua para proponer alternativas jurídicas a los reglamentos de la ley de agua potable y alcantarillado, que ya había sido modificada con la Guerra del Agua.
– El acuerdo alcanzado entre el gobierno boliviano y Bechtel, empresa norteamericana y socia mayoritaria del consorcio Aguas del Tunari, que había demandado ante el CIADI una compensación de 25US$ millones por la ruptura del contrato en Cochabamba. Gracias a la solidaridad internacional con la Coordinadora del Agua de Cochabamba (plataforma de organizaciones sociales, que articuló la resistencia cochabambina), la presión internacional de activistas y la opinión pública adversa para Bechtel, esta se vio obligada a negociar el pago simbólico de 1 dólar por las acciones y evitar mayor escándalo.
– La aprobación en el parlamento de una ley de riego, elaborada por las organizaciones de agricultores regantes, que protegen los sistemas de acceso y uso al agua basados en normas elaboradas por las mismas organizaciones, en algunos casos con una historia que va mas allá de la independencia de la república (los llamados «usos y costumbres»).
– La resistencia de la ciudad de El Alto, impulsada por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), contra la concesión de agua potable al consorcio internacional Aguas del Illimani (AISA-Suez), que culminó con la decisión del gobierno boliviano de terminar el contrato, en enero del 2005.
¿Cómo convertir estas victorias del movimiento social del agua en política pública? Ésta fue la apuesta de la delegación boliviana en el reciente IV Foro Mundial del Agua, a la cabeza de su ministro Abel Mamani (ex presidente de la FEJUVE El Alto), convertida en una de las estrellas del evento, tanto oficial como alternativo. Bolivia presentó un documento alternativo al oficial (aprobado previamente, en una alianza entre las multinacionales del agua y los países industrializados), donde se expresan algunos principios básicos que orientaran el nuevo proceso:
– El acceso al agua es un derecho humano.
– El agua fundamentalmente es un bien social y cultural, antes que económico.
– El agua pertenece a la tierra y a todos los seres vivos, incluyendo a los humanos.
– La gestión del agua debe ser pública, social, comunitaria, participativa, equitativa y sin buscar lucro.
– El agua debe ser excluido de todos los acuerdos de libre comercio (OMC, TLC, BIT).
– La demanda que el Foro Mundial del Agua se abra a otros actores y enfoques sobre la gestión del agua, particularmente los pobres.
Hoy, el país vive un periodo de profundas transformaciones, y el agua continuará siendo un tema de disputa, particularmente en la Asamblea Constituyente, actualmente en proceso; la demanda de las organizaciones sociales por recuperar los recursos naturales para los bolivianos, incluido el agua, debe expresarse explícitamente en la nueva constitución.
Por otro lado, el debate que se plantea el movimiento nacional del agua es, si la creación del ministerio del agua es producto de la demanda del movimiento, ¿éste debe articularse al esquema del gobierno del MAS y su líder Evo Morales, para desde allá promover los cambios tan deseados? Existen dos aspectos que requieren ser evaluados previamente: primero, cierta tendencia caudillista y autoritaria de Evo Morales, que restringe la libre discusión de propuestas y alternativas para la gestión del agua y sus servicios; segundo, el riesgo de cooptación del movimiento por parte del gobierno del MAS, para convertirla en brazo funcional del aparato estatal. Por ello es fundamental que el movimiento nacional del agua mantenga su autonomía, fortalezca su capacidad de acción colectiva e interpelación, apoyando, cuando sea necesario, toda medida gubernamental orientada a la gestión pública, comunal, sustentable y equitativa del agua. Entre los desafíos de corto y mediano plazo se hallan:
– Mejorar la gestión de la empresa de agua en Cochabamba, que a pesar de haber recuperado su carácter público y tener participación ciudadana, luego de la Guerra del Agua, no ha sido capaz de mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y reducir la corrupción.
– Un marco normativo e institucional de riego, que no sólo proteja y favorezca a los agricultores regantes (sector privilegiado económicamente de la economía campesina), como sucede actualmente, sino también a los campesinos e indígenas que carecen de agua, es decir los más pobres.
– La terminación del contrato de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario con la empresa AISA-Suez, evitando una demanda millonaria ante el CIADI. Al mismo tiempo, organizar una nueva empresa pública de agua sin fines de lucro, con participación social, eficiente y orientada a los sectores más pobres, hasta ahora excluidos del servicio.
– Reducir la sobreexplotación de acuíferos, particularmente en los valles y Chaco boliviano, así como la contaminación de fuentes, particularmente ríos y lagos (entre ellos el Titicaca), debido a la actividad minera (mayormente privada) e industrial.
– La probable implementación del IIRSA, un acuerdo continental de infraestructura promovida por el BID y la CAF, que incluye la explotación intensiva de acuíferos, visto con buenos ojos por el actual gobierno.
– Finalmente, una nueva ley de aguas, que recoja los avances logrados los últimos años y definitivamente cierre toda posibilidad de mercantilización del agua.
Esta agenda social del agua ¿coincide con la del actual gobierno? En varios aspectos no, y el MAS debe saber que la historia boliviana muestra que las transformaciones que ha sufrido el país han sido producto de la iniciativa popular antes que de las élites políticas o económicas. Hoy, el gobierno de Morales habla de construir «otro país», pero ello sucederá sólo si las organizaciones y movimientos sociales intervienen autónoma y democráticamente en el proceso.
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* REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
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