Cecilia Anigstein,* Natalia Carrau**
DOI: doi.org/10.53368/EP65TEbr03
Resumen: La crisis socioecológica está ocasionando destrucción, deterioro y transformación en los modos de subsistencia y el empleo, especialmente en los sectores más desprotegidos. En este escenario se identifican continentes del trabajo en la primera línea de exposición que comprenden tanto a las trabajadoras y los trabajadores directamente afectados y en riesgo como a los estratos que resultan esenciales para las políticas de adaptación y transición.
¿Estas realidades son consideradas entre las prioridades de las agendas de las políticas climáticas? ¿Qué papel juega la clase trabajadora en una transición socioecológica justa y popular? Este escrito propone reflexionar sobre estas preguntas a partir de la distinción entre un metabolismo para el excedente y un metabolismo para la subsistencia para analizar los límites del concepto empleo verde a la luz de articulaciones entre el movimiento sindical y el movimiento socioambiental en Argentina y Uruguay.
Palabras clave: trabajo, crisis socioecológica, metabolismo social, Argentina, Uruguay
Abstract: The socio-ecological crisis is causing the destruction, deterioration and transformation in the means of subsistence and employment, mainly affecting the most unprotected labor strata and women. In this scenario, emerging work continents are identified, in the first line of exposure, which include both the workers directly affected and at risk, as well as the strata that are essential for adaptation and transition policies.
Are these realities considered among the priorities of climate change policies? What role does the working class play in a just and popular socio-ecological transition? This paper distinguishes between a metabolism for surplus from a metabolism for subsistence to analyze the limits of green employment and just energy transition and focuses on trade union´s actions in Argentina and Uruguay that articulate with the socio-environmental movement.
Keywords: work, socioecological crisis, social metabolism, Argentina, Uruguay
Introducción
La crisis socioecológica y los eventos climáticos extremos están ocasionando destrucción y transformación de los medios de producción y de vida, en los modos de subsistencia, el trabajo y el empleo. Conllevan, además, un deterioro severo de los ingresos y las condiciones de trabajo, de la salud y la seguridad laboral. En los estratos laborales más desprotegidos y precarios, están teniendo lugar desplazamientos forzados que comprometen inclusive la supervivencia, y las mujeres son las más afectadas.
Las olas de calor, los incendios forestales, las sequías, los ciclones y las inundaciones ponen de manifiesto que amplios sectores de trabajadores (como los de la salud, alimentación, cuidados, defensa civil, bomberos, electricidad, agua, telecomunicaciones o transporte) son esenciales. Al mismo tiempo se multiplican los riesgos y se exacerban las condiciones de precariedad preexistentes de estos y de otros trabajadores, como los del sector de la construcción, la agricultura, la venta callejera o los servicios del turismo. En paralelo, millones de trabajadoras y trabajadores en todo el planeta se verán afectados por reconversiones productivas de gran magnitud (en agricultura, infraestructura, construcción o industria automotriz), por el desmantelamiento de ramas industriales completas (combustibles fósiles), así como por la construcción de nuevas infraestructuras y el desarrollo de sistemas energéticos renovables.
Este escenario permite identificar continentes del trabajo en la primera línea de exposición: afectados directamente por la creciente exposición a riesgos, involucrados en y afectados por la transición energética, y comprometidos en las tareas de adaptación y atención ante desastres.
Nos preguntamos si a estos sectores se los está considerando en las políticas climáticas, más precisamente en las políticas llamadas de empleo verde y transición energética. Pero también qué encarnaduras y demandas colectivas asumen. Para indagar en esta dirección, distinguimos sintéticamente un metabolismo para el excedente y un metabolismo para la subsistencia. Retomamos el concepto del metabolismo social (Toledo, 2013; Infante-Amate et al., 2017) en dos coordenadas: 1) el reconocimiento de que la realidad biofísica ejerce un límite al crecimiento económico, y 2) como clave analítica de la diferenciación entre valor de uso (la forma concreta, prosaica y particular del trabajo) y valor de cambio (la forma abstracta del trabajo que es la condición del intercambio económico).
El metabolismo para la subsistencia comprende áreas de trabajo no asalariado basadas en el patriarcado y el colonialismo, que son tanto una condición de la reproducción social como una fuente de superexplotación no regulada. Revela que la acumulación de excedentes depende de diferentes tipos de colonias —de mujeres y otros pueblos— y de la naturaleza, para mantener el modelo de crecimiento continuo (Mies, 2019). Su forma histórica fue el sistema de plantación que garantizó el suministro de azúcar, té, tabaco, ron o algodón para la reproducción de la fuerza de trabajo europea (Federici, 2018). Su despliegue fue global: campesinos expropiados en Europa occidental, comercio de esclavos en África, genocidio de la población indígena en América (De Angelis, 2012). En la actualidad supone una gran presencia emergente y una diversidad de formas coercitivas de trabajo que el capital succiona bajo jerarquizaciones y violencias sexistas y racistas. Formas de trabajo oculto que empequeñecen el mundo formal del empleo asalariado y modifican profundamente su comprensión (Caffentzis, 2020).
Ahora bien, el metabolismo para la subsistencia también puede entenderse como un proceso material o lenguaje de valoración potencialmente contrahegemónico y alternativo, que albergue y sea albergado por lo común, orientado por lógicas de reciprocidad y redistribución, asentado en las nociones de justicia social y ambiental, soberanía alimentaria y transición desde y para los pueblos.
El metabolismo para el excedente pone de manifiesto la clave de la acumulación capitalista: privar a las personas del acceso no capitalista y colectivo (los comunes) a los medios de subsistencia y producción mediante cercamientos (Caffentzis, 2020). Un fenómeno continuo y vigente que combina la tradicional explotación del trabajo con viejas y renovadas formas de acumulación primitiva, sobre todo en las naciones del Sur (De Angelis, 2012), e implica destrucción de las capacidades productivas, empobrecimiento y carestía de vida, guerra, desastre ecológico, contaminación y privatización del agua (Bonefeld, 2012).
Entre estos dos modos contradictorios pero interdependientes de producción de valor, se interponen relaciones de dominación, propiedad, instituciones y lenguajes de valoración. También transcurren conflictos anclados en luchas tanto ecológicas como distributivas, en los cuales las fuerzas desplegadas por el avance de la mercantilización capitalista enfrentan de manera indistinta la resistencia de los trabajadores y trabajadoras y las comunidades. En los conflictos ecológico-distributivos las demandas colectivas se refieren tanto al impacto biofísico de los modelos productivos como a las desigualdades de clase, étnico-raciales, de género o territoriales en su distribución (Alier y O’Connor, 1998).
Empleo verde, una cáscara vacía
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) define los empleos verdes como «empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente, ya sea en los sectores tradicionales, como en la industria o la construcción, o en sectores emergentes, como las energías renovables y la eficiencia energética» .
Desde hace más de una década, en los ámbitos de la gobernanza multilateral el empleo verde y la transición justa se instalaron como narrativa para abordar los impactos de la crisis climática. La OIT es el principal organismo (y único de carácter tripartito)[1] que promueve esta visión, pero encorsetada en un modelo del diálogo social con una indudable hegemonía del sector empresarial. Se observa un preocupante mecanismo de vaciamiento y captura corporativa de las agendas impulsadas por el sector trabajador en dicho organismo (Anigstein, 2022), que no logra ser contrarrestado con el impulso de lineamientos como las «Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos» de la OIT (2016) o iniciativas interagenciales como, por ejemplo, la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés) lanzada en 2013.[2]
En resumidas cuentas, la ofensiva del sector empresario en la OIT y otros espacios multilaterales se traduce en un candado que pretende disolver los pisos normativos y las definiciones históricas y, al mismo tiempo, impedir el avance de nuevos lineamientos y propuestas sindicales, fundamentalmente aquellas orientadas a reafirmar la libertad sindical y la negociación colectiva en general, y en los procesos de transición energética en particular, para defender los empleos, los ingresos y los derechos adquiridos (y, cuando no es posible, para garantizar la reconversión laboral y los retiros en condiciones dignas). Esta ofensiva también puede apreciarse en debates que tienen lugar en el seno de Naciones Unidas, como la propuesta de un tratado vinculante para que las empresas transnacionales sean responsables por las violaciones a los derechos humanos y los daños ambientales causados en todos los eslabones de las cadenas globales de producción controlados por ellas.
En las definiciones elaboradas y promovidas por la OIT, identificamos un doble punto ciego. Por un lado, son ciegos a la realidad del trabajo contemporáneo, en especial en el Sur global. Por el otro lado, la ceguera también abarca las formas realmente existentes que están asumiendo los procesos de transición energética e industrial, así como las respuestas desplegadas frente a los efectos de la crisis climática. Esto se debe en buena medida a que el empleo verde es una construcción abstracta, de carácter normativo y asertivo, asociada a un diagnóstico, unas soluciones y un lenguaje de valoración hegemónicos y por tanto fuertemente atravesados por la lógica del mercado.
De manera que la agenda institucionalizada del trabajo frente a los efectos del cambio climático se parece a una fiera escuálida sin garras ni dientes. Revertir este destino requiere, al menos, dos movimientos. El primero consiste en abandonar la cáscara vacía del empleo verde, concepto equívoco que evoca un universo imaginario empresarial sin conflictos ni sujetos. El segundo movimiento es más arduo; consiste en dotar los abordajes con experiencias concretas a fin de comprender su relación con el movimiento socioambiental y los procesos metabólicos.
Algunas organizaciones de trabajadores están incorporando estos enfoques críticos o alentando demandas colectivas articulados, en mayor o menor grado, con las reivindicaciones ecologistas que reclaman mutaciones en los modelos productivos.
Miradas sindicales en Argentina y Uruguay
El movimiento sindical latinoamericano tiene una extensa trayectoria de activismo socioambiental en el plano internacional. Particularmente la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) ha desarrollado una nutrida programática asociada con los principios de transición energética justa, soberanía alimentaria, desprivatización del agua y la energía y preservación de los bienes comunes.
En el plano nacional, el avance de estos debates y acciones es más desparejo, y está condicionado por tradiciones que denotan el fuerte arraigo de las concepciones desarrollistas, así como la persistente centralidad del trabajo asalariado formal y la negociación colectiva en el repertorio de acciones de los sindicatos. No obstante, se registran experiencias significativas de articulación entre los sindicatos y el movimiento ambientalista.
Los casos de Argentina y Uruguay nos muestran dos tipos de acción sindical diferenciada en el marco de conflictos ecológicos distributivos que provocan un ejercicio comparativo de gran interés para explorar desde la perspectiva de la ecología política.
Uruguay destaca por sus avances en la transformación de la matriz energética. En 2017 el total de la energía eléctrica generada no dependió de combustibles fósiles. Las sombras de este proceso, en cuanto a la matriz de propiedad que afianzó el nuevo marco regulatorio aprobado y el funcionamiento de un mercado energético con fuerte base privada, provocó una articulación entre el sindicato del funcionariado de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (AUTE), que representa al sector trabajador de la empresa pública de energía, y otras organizaciones sociales y movimientos ambientales para resistir de manera temprana la orientación corporativa de la transición energética, conectando las demandas laborales contra la precarización con una fuerte denuncia ciudadana contra la mercantilización y privatización de la energía.
Con todo y a partir de la confluencia entre plataformas programáticas de diferentes organizaciones sociales de corte popular, la pauta ambiental comienza a ser considerada de manera más clara y explícita en el movimiento sindical, a nivel de los sindicatos de base, pero también desde la más alta dirigencia del PIT-CNT. Actualmente la central sindical lanzó el III Congreso del Pueblo, un espacio de elaboración programática en articulación con otros movimientos sociales tradicionales (movimiento cooperativo, movimiento de estudiantes universitarios, organización de jubilados y jubiladas), que ahora tiene el interés explícito de incorporar otras sensibilidades y poner en discusión el modelo productivo, en particular el del agronegocio forestal. Por otro lado, Uruguay está atravesando la peor crisis hídrica de al menos los últimos cuarenta años, con una clara vulneración al derecho humano al agua que fuera consagrado en la Constitución a partir de la reforma impulsada en 2004 y aprobada en elecciones de ese mismo año. El PIT-CNT está acompañando los posicionamientos y llamados a movilización del sindicato de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE) y también convocando y apoyando iniciativas de espacios de articulación de organizaciones que promueven la justicia ambiental, asumiendo la retórica de esta convocatoria y la defensa del agua como una prerrogativa sindical. Aparecen así elementos combinados de la agenda ambiental y laboral que reflejan tímidas pero importantes transformaciones en la visión sistémica del sindicalismo uruguayo.
En el caso de Argentina, en cambio, no ha tenido lugar un proceso de transición energética. El avance de la discusión en el sindicalismo es más limitado y no constituye una prioridad de las organizaciones con representación nacional. Sin embargo, se registran valiosas experiencias de participación de los sindicatos de base en los movimientos que resisten el avance del extractivismo minero, reclaman la protección de los humedales o repudian la expansión de los agronegocios. Destacamos aquí el conflicto por zonificación minera en la provincia de Chubut en 2021.
La resistencia ciudadana al extractivismo en la provincia de Chubut tiene una larga trayectoria. Puede rastrearse en la victoria del movimiento «No a la mina» en la ciudad cordillerana de Esquel en 2003, que concluyó con la sanción de la primera ley provincial en el país que prohibía la minería a cielo abierto. Pero la ley 5001 preveía una zonificación ampliamente resistida durante casi dos décadas por afectar el cauce y el caudal del único río de la provincia y principal medio de abastecimiento de agua de la población. No obstante, la zonificación intentó imponerse por vía parlamentaria en diciembre de 2021. Esto provocó un importante conflicto por el agua que involucró de manera transversal a toda la sociedad, con amplia resonancia a nivel nacional. Los sindicatos más dinámicos de la provincia se unieron al movimiento «El agua vale más que el oro» y «El Río Chubut no se toca». La crónica de Ulacia (2022) resulta iluminadora. El apoyo sindical a las protestas fue determinante para la derogación de la norma que imponía la zonificación. La Central de Trabajadores de Argentina convocó un paro ambiental en todos los ámbitos de la Administración pública provincial, mientras que los sindicatos vinculados con la actividad pesquera, sector económico estratégico en Chubut, se posicionó rápidamente contra la aprobación de la zonificación minera. En un primer momento destacó el fuerte protagonismo de los estibadores, y luego se expandió a otros sindicatos hasta dar lugar a una importante articulación intersindical.
Conclusiones
La intervención sindical en conflictos ecológicos distributivos demuestra cómo los estratos laborales ligados al empleo asalariado formal y a una lógica metabólica para el excedente pueden sobreponerse a su condición estructural e intervenir directamente en acciones y procesos de lucha que movilizan lenguajes de valoración anclados en una concepción del metabolismo para la subsistencia.
Se evidencia (una vez más) que en la acción sociopolítica de las organizaciones sindicales de la región se moviliza un arco de demandas y tipos de acción que exceden con creces los intereses económicos corporativos y conflictos que se suscitan en los lugares de trabajo. En efecto, el movimiento de trabajadoras y trabajadores está inmerso en tramas territoriales que involucran tanto la satisfacción de necesidades básicas por la vía de estrategias colectivas de subsistencia (economía popular, ollas populares, organizaciones barriales, comunidades indígenas, afrodescendientes o migrantes) como también movimientos sociales (ciudadanos, comunitarios, políticos) que resisten la violencia corporativa, estatal y paraestatal, promueven la ampliación de derechos individuales y colectivos, la soberanía alimentaria, la desmercantilización y desprivatización del agua y la energía, y que a veces escalan en el plano nacional, regional e internacional.
El creciente protagonismo que están tomando las experiencias de articulación sindical con miradas provenientes del campo del movimiento por la justicia ambiental se suma a otras esferas en las que el sindicalismo se ha visto traccionado —no sin tensiones— e interpelado, como por ejemplo los feminismos. Sea por provocar debates postergados o enterrados o porque se asumen líneas de trabajo, estas articulaciones perfilan, por un lado, cambios en la propia dinámica del movimiento sindical y, por el otro, la maduración de coaliciones sociales de corte popular amplias y diversas capaces de disputar salidas contrahegemónicas o alternativas.
Estas experiencias muestran que los caminos recorridos por el ecologismo y el sindicalismo no solo se cruzan, sino que pueden confluir en un programa de transición socioecológica justa y popular.
Referencias
Anigstein, C., 2022. «Los sindicatos frente a la crisis socioecológica y la transición energética». En: M. Svampa y P. Bertinat (comps.), La transición energética en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 75-98
Bonefeld, W., 2012. «La permanencia de la acumulación primitiva. Fetichismo de la mercancía y constitución social». Theomai, 26, pp. 81-94.
Caffentzis, G., 2020. En letras de sangre y fuego. Trabajo, máquinas y crisis del capitalismo. Buenos Aires, Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo.
De Angelis, M., 2012. «Marx y la acumulación primitiva. El carácter continuo de los cercamientos capitalistas». Theomai, 26, pp. 39-59.
Federici, S., 2018. El patriarcado del salario. Buenos Aires, Tinta Limón.
Infante-Amate, J., M. González de Molina y V. M. Toledo, 2017. «El metabolismo social. Historia, métodos y principales aportaciones.» Revibec, 27, pp. 130-152.
Mies, M., 2019. Patriarcado y acumulación a escala mundial. Madrid, Traficantes de Sueños.
O’Connor, M., & Martinez-Alier, J. 1998. «Ecological distribution and distributed sustainability». In Sustainable development: Concepts, rationalities and strategies (pp. 33-56). Dordrecht: Springer Netherlands.
OIT, 2016. «Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos». OIT (2 de febrero). Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432865/lang–es/index.htm, consultado el 5 de julio de 2023.
Toledo, V., 2013. «El metabolismo social. Una nueva teoría socioecológica». Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 34 (136), pp. 41-71.
Ulacia, M., 2022. No fue no. Una crónica del chubutazo. Trelew, Remitente Patagonia.
—
* Conicet-UNGS, Argentina. E-mail: ceciliaanigstein@gmail.com.
** Udelar, Uruguay. Email: ncarrau@gmail.com.
[1] El tripartismo constituye uno de los principios fundantes de la OIT. En el contexto de este organismo, alude a la participación de Gobiernos, empleadores y trabajadores en los procesos de toma de decisiones y en la formulación de normas internacionales y de los mecanismos vinculados con estas. A nivel nacional, el tripartismo se manifiesta en diferentes niveles y en todos los casos se basa en el reconocimiento de que la participación equitativa de estos actores en procesos de diálogo social o negociación colectiva resulta positiva para la resolución de conflictos y la formulación de políticas vinculadas al empleo y la economía.
[2] PAGE es una iniciativa conjunta de Gobiernos de los veinte países socios y cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas: ONU Medio Ambiente, PNUD, OIT, Onudi y Unitar.
—
