Jordi Gascón*
Palabras clave: turismo sostenible, descampesinización, gestión participativa, capital social
Introducción
A medida que los impactos no deseados del turismo sobre los ecosistemas y las sociedades anfitrionas empezaron a ser evidentes, el sector turístico se dotó de una serie de mantras que, en el mejor de los casos, pretendían enfrentar estos problemas. En el peor, encubrirlos. La sostenibilidad ha sido el paraguas que los agrupaba. Alrededor del binomio turismo-sostenibilidad, se ha producido un notable volumen de investigación con pocos resultados prácticos. Esto se ha explicado por el desinterés o la oposición de la industria turística y de las instituciones públicas responsables de aplicar las propuestas y paradigmas generados por esa literatura técnica y académica (Buckley, 2012; Pulido Fernández, 2012). Se trataría de buenas ideas que no llegan a eclosionar. Pero también es necesario analizar la factibilidad de esas proposiciones destinadas a dar sostenibilidad al turismo. El presente artículo se inscribe en esta segunda tendencia.
Una de las tesis más difundidas, y la que queremos analizar aquí, asegura que un factor ineludible en cualquier modelo turístico que quiera ser sostenible es el control sustancial del nuevo recurso por parte de la población local a través de sus estructuras organizativas y/o instituciones de ámbito municipal (e. g. Cañada, 2015; Matarrita-Cascante, 2010; Milano, 2013; Murphy, 1985; Ruiz-Ballesteros y Gual, 2012; Scheyvens, 1999; Wray, 2011). Se trata de un principio democrático que asegura una gestión adecuada de los impactos no deseados, y que además permite que el lugar de destino reciba la parte de los beneficios económicos que le corresponden. Este principio se ha convertido en un axioma. Pero son diversas las dudas planteadas a esta afirmación. Entre otras, que este principio olvida que el destino es el último eslabón de la cadena de valor turístico: la comunidad está obligada a interaccionar con agentes foráneos que intermedian entre ella y el turista, y ese papel mediador puede permitirles imponer condiciones a la comunidad (Gascón, 2013; Liu, 2003; Telfer y Sharpley, 2008). O que la complejidad de la industria turística obliga a un conocimiento técnico y una experiencia que no siempre están presentes en la localidad de destino, lo que dificulta la gestión y el control del nuevo recurso (Addison, 1996; Blackstock, 2005; Jamal y Getz, 1999). O que el control local no asegura un equitativo reparto de los beneficios (Gascón, 2005; Simpson 2008; Mowforth y Munt, 2016).
Se ha afirmado que, si se cuenta con el suficiente capital social, estas dificultades son superables (Mbaiwa y Stronza, 2010; Park et al., 2012). De hecho, el capital social parece haberse convertido en el fundamento del desarrollo (e. g. Cruz Maceín y Casals, 2005; Woolcock y Narayan, 2000). No entraremos aquí en el debate sobre los intereses que oculta la utilización de este concepto en las políticas de desarrollo.[1] Pero imaginemos que a merced de ese tipo de capital u otras estrategias es posible superar las dificultades reseñadas: la población destino atrae turistas sin depender de intermediarios, acumula los conocimientos necesarios para gestionar el recurso, y funciona un sistema apropiado de distribución de los ingresos. En este caso, ¿es posible la autogestión, entendiendo como tal el control local sobre el nuevo recurso y sus efectos? Esta es la pregunta del presente texto. Nuestra hipótesis es que no necesariamente. Al menos, que no depende exclusivamente del modelo turístico elegido y de la capacidad organizativa local. Y es que el principio de la autogestión local del turismo parte de una premisa incierta: que las estructuras organizativas e institucionales locales tienen pleno control sobre el territorio. Sin embargo, su capacidad “legislativa” es muy limitada. La política y legislación estatal pueden determinar de forma más significativa el desarrollo del turismo a nivel local, que la capacidad organizativa de la población local, por considerable que sea su capital social.
La apuesta por un turismo sostenible en un contexto de democracia participativa
Examinaremos la hipótesis planteada a partir de un caso concreto: Cotacachi, un cantón rural del norte de Ecuador de población mayoritariamente campesina y quichua, pero donde tradicionalmente una minoría mestiza había dominado las instituciones políticas locales. En buena medida, por resultado de este control, las reformas agrarias ecuatorianas de las décadas de 1960 y 1970 habían tenido una repercusión escasa, aun cuando unos pocos latifundios acaparaban la mayor parte de la tierra (Ortiz, 2004). Sin embargo, en 1996 un joven economista indígena, Auki Tituaña, fue elegido alcalde. Y se inició una experiencia de gestión municipal alternativa y de democracia directa cuyo eje fue la aplicación de presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son una herramienta que permite a la ciudadanía tomar decisiones en políticas públicas a través de procesos asamblearios. La Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC), que agrupa las entidades asociativas del cantón, se convirtió en el agente social de interrelación entre ciudadanía y Municipio. El proceso y las asociaciones sociales que lo soportaban se fueron consolidando durante los mandatos de Tituaña y de los alcaldes posteriores. La capacidad política de la AUCC se evidencia en que, desde su creación, han salido elegidos como alcaldes aquellos candidatos a los que, más o menos explícitamente, han apoyado.
Asamblea general de la AUCC. (Autor: AUCC)
Pero este proceso no surgió de la nada. Fue el resultado de una evolución histórica de maduración del movimiento indígena. Lalander (2010) señala que este fortalecimiento surgió a partir de dos procesos organizativos: el establecimiento en Cotacachi de la Federación Ecuatoriana de Indios, organización de ámbito nacional fundada en 1944 por el Partido Comunista Ecuatoriano con la finalidad de impulsar el cambio de la estructura agraria; y la creación en 1977 de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), estructura organizativa autóctona que agrupa las comunidades indígenas del cantón y que se consolidó en un contexto de represión.
En la segunda mitad de los años 1990, al poco de iniciarse el proceso de democracia participativa, el Municipio y los agentes sociales locales a través de la AUCC impulsaron el turismo. Consideraron que el turismo permitiría enfrentar algunos problemas que padecían. En la zona andina podía viabilizar las economías campesinas y generar puestos de trabajo. Por ejemplo, en 2001 la UNORCAC creó la Runa Tupari Native Travel, una operadora de turismo comunitario. En la zona subtropical, organizaciones ambientalistas vieron en el turismo una alternativa a la actividad minera, causa de una sostenida conflictividad sociopolítica. Y también a un proceso de deforestación resultado del incremento de la producción pecuaria. El ecoturismo aparecía como una actividad que podía hacer un uso económico ecológicamente sostenible de sus recursos naturales. A mediados de los 2000, de los cuarenta y cinco proyectos alternativos que se desarrollaban en zonas rurales del cantón, siete eran de turismo (Ospina Peralta, 2006).
El desarrollo del turismo en Cotacachi no estuvo exento de desacuerdos entre el Municipio y las organizaciones sociales. Estas disensiones se debieron al modelo de gestión de algunos de los principales atractivos del cantón (Rhoades y Zapata, 2006). Fueron conflictos puntuales que coadyuvaron a un progresivo distanciamiento entre las organizaciones sociales y Auki Tituaña, que se materializó en un cambio de gobierno en las elecciones municipales de 2009, en el que aquellas auparon a la alcaldía al histórico dirigente de la UNORCAC Alberto Anrango (Lalander, 2010; Ortiz, 2013).
Turistas en la cabecera municipal de Cotacachi. (Autor: Jordi Gascón)
Y entonces, a la sombra de las iniciativas de desarrollo turístico, surgió un fenómeno que nadie esperaba: el turismo residencial de jubilados extranjeros. No era un nicho de mercado buscado, pero ni el Municipio ni las organizaciones sociales eran entonces conscientes de que diferentes modelos turísticos pueden tener consecuencias distintas. Así que el arribo de los primeros turistas residenciales fue bien recibido, en la confianza de que impulsaría la economía local. A finales de 2014, ya había unos setecientos turistas residenciales, en su mayoría norteamericanos.
Turismo residencial y gentrificación rural [2]
El turismo residencial surgió bien entrada la segunda mitad de la primera década del siglo. Como diferentes estudios ya han señalado, no es extraño que el turismo residencial aparezca donde previamente se han consolidado formas de turismo convencional, especialmente si se cuenta con suelo barato (Gartner, 1987; Hof y Blázquez-Salom, 2013). (https://www.bricks4kidz.com/) El desarrollo turístico crea las condiciones adecuadas para el posterior desarrollo del turismo residencial, y generan un “efecto llamada” a través de las acciones de promoción del destino.
El cantón entró a formar parte de la oferta que el grupo editorial estadounidense International Living presenta a través de su página web. Esta describe lugares adecuados para disfrutar la jubilación (Viteri, 2015). Estos jubilados extranjeros descubrían en el cantón tranquilidad, paisajes atractivos, un clima templado, un asequible costo de vida, relativa cercanía al aeropuerto de Quito, un sistema de salud fortalecido en los últimos años, y una colonia de coterráneos cada vez más numerosa.
Promoción de urbanización turística. (Autor: Jordi Gascón)
Para comprender el impacto del turismo residencial en la sociedad cotacacheña, es necesario conocer la estructura de tenencia de la tierra y las estrategias de reproducción del campesinado. Las reformas agrarias del Ecuador tuvieron muy poco impacto en Cotacachi (Ortiz, 2004), pero se gestó un dinámico mercado de tierras que incrementó las tierras en manos del campesinado y redujo el de los latifundios. Guerrero (2004) registró que entre 1990 y 2000 hubo 3.055 transacciones, y que en la zona andina generalmente se trató de parcelas pequeñas, de menos de cinco hectáreas.
Desde la oferta, el mercado de tierras se formó por varios factores. Uno fue el desinterés de numerosos propietarios en explotar sus haciendas. La venta en pequeños lotes era una forma de obtener ingresos extraordinarios para mantener gastos suntuarios, cubrir requerimientos de emergencia o capitalizar negocios urbanos. En otros casos, esas ventas sufragaron los costos del fracaso de algunas haciendas que intentaron tecnificarse. Aquellas que lograron modernizarse con éxito también tenían interés en desprenderse de terrenos que se habían convertido en marginales con la aplicación de tecnologías agroindustriales.
Desde la demanda, el interés procedía de un campesinado indígena en expansión demográfica y que practicaba la herencia divisa. Esto ha generado una extremada parcelación. La adquisición de tierras a las haciendas se convirtió en la estrategia que permitía la reproducción del grupo doméstico, a la vez que aumentaba la frontera del modelo campesino de producción. La mayor parte del campesinado de la zona combina la agricultura familiar con trabajos remunerados en zonas urbanas o como obreros agrícolas en las haciendas vecinas (Skarbo, 2006). Estas ocupaciones proporcionaban el capital para la compra de las parcelas. Tradicionalmente, los procesos de compraventa de tierras se establecían tomando como referencia el avalúo de la Municipalidad. Pero la demanda de suelo por parte del turismo residencial impulsó un rápido incremento del precio de la tierra.
Tabla 1. Lotes de terreno: comparación entre valor catastral y precio de venta. (Fuente: Oficina de Avalúos y Catastros del Municipio de Cotacachi y web de la inmobiliaria OXL – www.plusvalia.com)
| Lote | Tamaño | Valor catastral | Precio de venta |
| 1 | 176.000 m2 | 8.349,92 $US | 1.056.000,00 $US |
| 2 | 37.067 m2 | 33.173,39 $US | 100.000,00 $US |
| 3 | 291 m2 | 9.250,16 $US | 32.220,00 $US |
| 4 | 305 m2 | 9.699,00 $US | 33.790,00 $US |
Analicemos algunos lotes a la venta a principios de 2015 (tabla 1). Vemos que el precio de venta supera ampliamente la estimación de la Oficina Municipal de Avalúo y Catastro. De media, hemos calculado que el coste del suelo rural de las parroquias andinas de Cotacachi se multiplicó por tres entre finales de la década de los años 2000 y 2014 (lote 2). Pero en algunos casos ese incremento ha llegado a ser muy superior, como ejemplifica el lote 1. Factores que explican estas variaciones son la cercanía a la carretera o la existencia de agua en el terreno. El incremento se observa también en los lotes 3 y 4. El interés en presentar estos dos lotes está en que se trata de parcelas pequeñas. Por lo tanto, fuera del interés del turismo residencial, que ha adoptado un modelo de urbanizaciones que ocupan varias hectáreas. Pero sucede que el incremento del precio del suelo ha generado un efecto contagio que supera los límites de los terrenos realmente requeridos.
Y es que el turismo residencial impulsó la conversión de la tierra en una reserva de capital, al punto de que se ha desacoplado la demanda del turismo residencial y la oferta de suelo. Ya no hay interés por vender tierras. Aunque ningún contratista inmobiliario esté interesado en un determinado lote, el propietario ve que su precio se incrementa progresivamente sin tener que realizar ningún tipo de inversión. La simple propiedad de la tierra produce más beneficios que cualquier actividad productiva en la que se invierta el dinero de su venta. O genera mayores intereses del que ofrece el sistema bancario. En otras palabras, el encarecimiento del mercado de tierras favoreció un proceso especulativo autónomo. Ahora el precio de la tierra ya no tiene relación con la cantidad de suelo demandado por el turismo residencial. El negocio está en la propiedad del suelo, y no en su uso. Es el elemento que caracteriza una burbuja inmobiliaria.
Así tenemos, por un lado, un incremento del precio del suelo por encima de la capacidad adquisitiva del campesinado. Y, por otro, la conversión de la tierra en reserva de capital más allá de la demanda real de suelo urbanizable, que ha reducido el suelo disponible a la venta. Los dos factores han colapsado el mercado de tierras agrarias y las estrategias de reproducción campesina.
Almuerzo tras el trabajo comunitario. (Autora: Natàlia Riera)
El Municipio de Cotacachi siempre había sido displicente en el control de las tierras rurales. Existía la aceptación consensuada de que una construcción ilícita se podía regularizar con el pago de una multa poco sustancial. A consecuencia de esto, la recalificación del suelo (de agrario a urbanizable) siempre ha sido fácil. Este desinterés se convirtió en un problema con el surgimiento del turismo residencial. Ante sus consecuencias, el Municipio empezó a ser cauteloso a la hora de otorgar nuevos permisos de construcción, y se planteó aplicar ordenanzas dirigidas a mantener el carácter rural del territorio. Esto suponía establecer bajos índices de edificabilidad.
Pero esta propuesta de solución puede afectar negativamente a la sociedad campesina indígena. Y es que, en un contexto de fuerte crecimiento demográfico, la desactualización del catastro y la indolencia municipal por controlar el cambio de uso del suelo son factores que facilitan la reproducción campesina. Las nuevas generaciones de campesinos, cuando se independizan, levantan sus nuevos hogares en terrenos heredados de sus padres que previamente eran espacios de producción agraria, ganadera o forestal. De hecho, la indiferencia municipal a la hora de controlar el territorio era premeditada, necesaria para favorecer esa reproducción campesina. ¿Qué puede suceder si el Municipio empieza a controlar la recalificación del suelo? El destino ya maduro de Vilcabamba nos permite responder a esta pregunta.
Vilcabamba, parroquia de la provincia de Loja, al sur de Ecuador, empezó a atraer turismo residencial extranjero en la década de 1970. El proceso descrito para el caso de Cotacachi es muy similar al que Vilcabamba había padecido con anterioridad (Hayes, 2015). La Municipalidad, para intentar frenar el encarecimiento del precio de la tierra, estableció una normativa que limitaba el nivel de edificabilidad. El objetivo era mantener el carácter rural-agrario del territorio. Pero no funcionó. Por un lado, el turismo residencial se caracteriza por requerir amplios espacios ajardinados. Por lo tanto, normativas restrictivas de edificabilidad son adecuadas a su modelo constructivo. Y la conservación del paisaje rural no implica necesariamente el mantenimiento del espacio agrario. Por otra parte, la normativa dificultó la reproducción de la población local, que, como resultado de la minifundización, solo podía construir las viviendas de las nuevas generaciones en suelo rural superando el índice de edificabilidad permitido. Resultado: la normativa fue contraproducente. Acentuó la expulsión de campesinos del territorio y la descampesinización.
Entrada a urbanización residencial. (Autor: Ernest Cañada)
Conclusiones
Más allá de las diferencias puntuales entre Municipalidad y organizaciones sociales, la apuesta cotacacheña por el turismo tenía dos características. Por un lado, que todos estaban de acuerdo en que el objetivo en las zonas rurales era consolidar las economías campesinas, incrementando y diversificando sus ingresos, y defendiendo el agroecosistema frente a proyectos extractivistas foráneos. Y, por otro, que a mediados de la década de los 2000 Cotacachi acumulaba un volumen considerable de capital social: gobierno local que funcionaba con políticas de democracia participativa, y organizaciones sociales fortalecidas y coordinadas, capaces de designar a la máxima autoridad municipal y con dos décadas de experiencia en la participación y gestión de la política municipal. Objetivo manifiesto y capacidad política auguraban el desarrollo del tan anhelado turismo sostenible y autogestionado.
Y, sin embargo, la actividad económica que debía resolver buena parte de los problemas campesinos generó un subproducto, el turismo residencial, que los incrementó. Municipalidad y organizaciones sociales no han sabido enfrentarse a la gentrificación rural desatada por este subproducto. De hecho, no pueden. Y es que la única arma de la que disponen es la del ordenamiento territorial. Con ella pueden dictaminar qué territorio es urbano y cuál es rural, y decretar la edificabilidad máxima en ambos espacios. Insuficiente. Como demuestra el caso de Vilcabamba, intentar controlar la descampesinización estableciendo ordenanzas rigurosas sobre la edificabilidad no solo no es posible, sino que puede acelerar el proceso no deseado. En pocas sociedades rurales e indígenas encontraremos tanto capital social acumulado.
En pocas sociedades rurales e indígenas la sociedad civil tiene una participación tan activa en las políticas municipales. Se supone que estos son los elementos que permiten a la población local controlar el turismo. Entonces, ¿qué pudo suceder?
Resumamos lo acaecido en Cotacachi. La aparición de un contingente de población foránea con alto nivel adquisitivo interesada en adquirir tierras para sus residencias generó una espiral inflacionaria en el precio del suelo. Hasta entonces el mercado de tierras había funcionado a partir de factores locales, y el precio del suelo estaba limitado por las características de la economía de Cotacachi. El encarecimiento del mercado de tierras favoreció un proceso especulativo autónomo que superó la oferta y la demanda, ya que la tierra se convirtió en una reserva de capital. El aumento de su precio hizo que los propietarios del suelo dejaran de estar interesados en vender. Su interés radicaba en mantener la propiedad de unos terrenos que ofrecían una renta diferencial creciente sin ninguna inversión productiva. El resultado fue la formación de una burbuja inmobiliaria que dejó obsoletas las estrategias de reproducción del campesinado, que se basaban en adquirir pequeñas parcelas a las haciendas.
Cotacachi evidencia que la idea de un turismo autogestionado y sostenible a nivel local parte de una premisa errónea: que la población, a través de sus estructuras organizativas e institucionales locales, tiene pleno control sobre el territorio. No es así. Su capacidad legislativa es, en realidad, muy limitada. La política y legislación estatal determinan de forma mucho más significativa el desarrollo del turismo. Posiblemente, la única acción eficaz para frenar la gentrificación rural provocado por el turismo residencial sería prohibir la compra de tierras a extranjeros. Pero esa decisión está por encima de las prerrogativas municipales. Por mucho que sea el capital social, por muy definidos que sean los objetivos a alcanzar con el turismo, por muy claro que se tenga el modelo a implementar, Cotacachi demuestra que el desarrollo turístico puede superar el control y la gestión locales. En estos casos, se convierte en una caja de Pandora: se puede elegir mantenerlo cerrado, pero si se opta por abrirlo, no se puede confiar en que los resultados sean los previstos.
Gabinete dedicado a ofrecer servicios jurídicos al turista residencial. (Autor: Jordi Gascón)
La mitología hollywoodiana nos dice que los gremlins son animales adorables, hasta que se les alimenta pasada la medianoche. Entonces se convierten en monstruos reptilianos que lo arrasan todo. El caso de Cotacachi muestra que el turismo sostenible puede actuar de la misma manera. Debía ser la solución de los problemas que afectaban a las economías campesinas, y terminó siendo el mayor de ellos. Y es que una vez convertido un territorio en destino turístico, el desarrollo del turismo puede mantenerse en los cauces previstos, pero también desbordarlos y tornarse un fenómeno fuera de control sin que en ello intervengan las instituciones y organizaciones locales. Cuando se habla de turismo sostenible administrado por la población local, no deberíamos olvidar que se trata de una industria cuyo funcionamiento puede superar fácilmente las competencias legales y la capacidad de gestión de la población local.
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—
* Universitat de Barcelona y Foro de Turismo Responsable (jordigascon@ub.edu)
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[1] Para un análisis crítico del capital social como instrumento del desarrollo rural, véase Bretón, 2005.
[2] Esta sección se basa en una investigación etnográfica realizada entre enero y octubre de 2014, y cuyos resultados se han publicado en Gascón 2015, 2016.
