Joan Martínez Alier*
Palabras clave: IPBES, Colombia, pluralidad de valores, HANPP, servicios ambientales
Keywords: IPBES, Colombia, value pluralism, HANPP, environmental services
Este número de Ecología Política tiene entrevistas con Unai Pascual y Patty Balvanera, integrantes destacados del IPBES, y nos gustaría que, como brillante coautora e investigadora de este equipo, nos des también tu opinión. En primer lugar, brevemente, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora, tus trabajos principales?, y ¿cuál ha sido tu papel en el IPBES?
Gracias, Joan, por tus generosas palabras. Yo soy profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Allí mismo me formé como economista y desde mis primeros años como profesional empecé a trabajar en investigación en temas ambientales, principalmente haciendo valoraciones económicas de la naturaleza. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría y doctorado en el campo de la economía ecológica en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para ese entonces mi aproximación a la valoración ambiental tenía una perspectiva crítica hacia la valoración monetaria y se adhería al principio del pluralismo de valor. Este es un principio de la economía ecológica en el que se reconoce que existen diversos valores o razones por las que la gente considera importante la naturaleza. Por ejemplo, porque la naturaleza o el territorio provee los medios de sustento, como el agua o los alimentos, o por el arraigo cultural o sagrado que tejemos con ella. Todas ellas son razones —como bien nos has enseñado— que no pueden ser reducidas a un solo lenguaje de valoración.
Entre 2018 y 2021 tuve la oportunidad de estar vinculada al IPBES como autora líder en el marco de la evaluación de los múltiples valores de la naturaleza, que precisamente se fundamentaba en el principio del pluralismo de valor de la economía ecológica. Hice parte del capítulo del informe que se encargó de desarrollar algunas de las contribuciones conceptuales. En especial, estuve a cargo, junto con un grupo extraordinario de colegas, de integrar en el informe el rol de las relaciones de poder en el campo de la valoración de la naturaleza, un vínculo que ha estado casi ausente en el campo de la valoración, mas sí ha sido un foco de la ecología política.
¿Hay suficiente campo profesional para jóvenes investigadores, activistas, profesores de universidad en Colombia en las ciencias socioambientales, la economía ecológica, la ecología política? ¿Tienes la sensación de luchar contra la corriente? Pienso que los economistas y hasta los geógrafos tratan de hacernos la vida imposible. Espero que no estés de acuerdo, que en Colombia sea más fácil.
Yo creo que en Colombia, como en otros contextos, es muy común considerar que lo ambiental es un tema menos importante —y que además no es transversal— que otros temas considerados prioritarios, como el desarrollo económico. No favorece el discurso de que somos un país rico en recursos naturales, por lo que pareciera que tenemos suficiente «naturaleza» para sacrificar en pro del desarrollo. Esta visión, que minimiza y desdibuja lo ambiental, reduce la posibilidad para que investigadores, activistas y profesores encuentren campo profesional más allá de los campos académicos que se han dedicado tradicionalmente a estos temas (campos que se hacen cada vez más estrechos y competitivos). A ello habría que sumar la exclusión que enfrentan investigadores y activistas que son mujeres, madres, indígenas, racializadas o de identidades de género no hegemónicas.
Con la llegada de Gustavo Petro al Gobierno nacional, lo ambiental se ha articulado de forma central al discurso político, lo cual tiene a medios de comunicación, políticos y economistas hablando de temas como el cambio climático, transiciones energéticas o la conservación de la Amazonía. Estos temas han levantado la oposición de grupos de poder que ven en la agenda ambiental un riesgo para el statu quo, por lo que creo que también en Colombia la economía ecológica y la ecología política nadan contra la corriente. En algunas ocasiones la corriente no ha estado tan en contra. Por ejemplo, mis colegas economistas en mi departamento estuvieron de acuerdo en que los estudiantes de Economía de la Universidad del Valle vean obligatoriamente una asignatura de ciencias ambientales. Una pequeña victoria para nosotros, los economistas ecológicos, que posiblemente hubiese sido difícil de lograr en un programa de economía menos plural.
Ahora, en octubre y noviembre de 2023, tanto en la conferencia de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) en Santa Marta, en Colombia, como en la de Eco-Eco en Santarém, en Brasil, observo que la intención de cobrar dinero por mantener la biodiversidad (vendiendo los recursos biológicos y los servicios ambientales), y también la ilusión de cobrar dinero por la absorción de carbono, están muy vivas en las políticas públicas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas de ello?
Estos instrumentos basados en el concepto de la compensación de emisiones matizan la necesidad de cambios radicales y urgentes para enfrentar la crisis climática, tales como reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, estos mercados se configuran alrededor de una red de actores (compradores, intermediarios) que suelen ser ajenos a los territorios en los que son implementados y que se guían por el principio de maximizar ganancias. En Colombia ya estamos observando los conflictos asociados al boom de los mercados de carbono, donde la mayor parte de los bonos de carbono se venden a partir de bosques en territorios colectivos de comunidades indígenas y afros. Por ejemplo, hay denuncias de comunidades que no se habían enterado de que hacían parte de un proyecto de venta de bonos de carbono. Se han presentado irregularidades en el consentimiento, participación y acceso a la información de las comunidades, además de rupturas internas en las mismas. Este año una juez ordenó la suspensión de un proyecto con estas problemáticas en una comunidad indígena en el departamento de Nariño, al sur del país, y se espera próximamente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre esta materia.
Así las cosas, cuesta creer que los mercados sean la solución a la crisis socioambiental que enfrentamos hoy. No niego que en un contexto como el colombiano se requieren recursos para comunidades que carecen de los satisfactores básicos para una buena vida y que han sufrido los embates de la guerra. Pero se requerirán diseños institucionales que articulen otras miradas diferentes a la mercantilización de la naturaleza, y que respeten la autonomía, los sistemas de conocimiento y las cosmovisiones de las comunidades.
El IPBES ha fomentado un fuerte movimiento internacional en contra de la obsesión de dar un valor monetario a los servicios ambientales. En contraste, por ejemplo, con el proyecto TEEB de hace algunos años, que argumentaba que, para que los Gobiernos se preocuparan de la biodiversidad, había que mostrarles el valor en dinero de los manglares, del bosque tropical, de los páramos y otros ecosistemas. Contra ese argumento, el IPBES está ganando la batalla intelectual, con la idea de «las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano» y la pluralidad de valores. ¿Cómo ves y explicas tú estos asuntos?
Puede que mi perspectiva sea parcial, pero creo que influyó mucho que investigadores economistas ecológicos (y del campo de la sustentabilidad afines a la mirada de la economía ecológica), se articularan activamente en estas plataformas científico-políticas, que inicialmente trabajaban con el concepto de servicios ecosistémicos, como lo fue el Millenium Ecosystem Assessment o el TEEB. Allí se sembraron algunas semillas discursivas que todavía eran marginales, pero que recogieron luego frutos en el escenario del IPBES. Este último ha hecho un esfuerzo importante de integrar el conocimiento indígena y local, por lo que la idea de reconocer múltiples sistemas de conocimiento, cosmovisiones de las relaciones sociedad-naturaleza y valores plurales también tuvo eco en estos actores. Creo que iniciativas como el Millenium Ecosystem Assessment o el TEEB, o incluso el reciente Informe Dasgupta, sobredimensionan el papel de valoración económica para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Precisamente, el informe de valores de IPBES evidenció que las valoraciones económicas no han tenido un mejor chance de ser articuladas en la toma de decisiones. Más importante aún, entender la crisis socioambiental global también como una crisis de valores implica enfocar nuestros esfuerzos a discursos no monetarios y no mercantilistas de la naturaleza. Hoy creo más en la fuerza transformadora del arte que en las valoraciones monetarias.
Una última pregunta. La noción de «valores plurales» (instrumentales, relacionales, etc.) está imponiéndose, gracias al IPBES y al trabajo de varios economistas ecológicos. Pero a veces me parece, y esta es la pregunta, que ustedes en el IPBES ven los conflictos ambientales como una consecuencia de esa pluralidad de valores. Supongamos que una compañía minera llega a extraer carbón del páramo en Colombia (para ganar dinero) y la comunidad se opone en nombre de su identidad tradicional, o de los valores ecológicos u otros valores. Parece una lucha de lenguajes de valoración, y sin duda lo es. Pero yo opino que los conflictos ambientales NO nacen de esa disparidad de valores, sino que nacen del aumento y cambios del metabolismo social. En este ejemplo, nacen de la minería de carbón –como en otros lugares podría ser la minería de níquel, o el fracking de gas o las plantaciones de palma de aceite etc. En mi opinión, el IPBES tal vez debería poner más atención en el metabolismo social y en sus indicadores (como la HANPP). ¿Qué opinas tú?
Es una pregunta difícil, Joan. Estoy de acuerdo contigo en que la diversidad o disparidad de valores no es lo que genera un conflicto ambiental, sino el aumento y cambios del metabolismo social. Estos cambios del metabolismo social tienen una expresión material en un territorio concreto: desviar y acaparar un río, el efecto en la salud, por ejemplo, de aspirar el polvillo del carbón, la destrucción de ecosistemas que son el sustento de comunidades locales. En ese sentido, podríamos decir que, cuando una comunidad lucha en contra de un proyecto minero, está luchando en y por una dimensión material, pero al mismo tiempo esa lucha es una lucha de visiones de mundo y, por lo tanto, de valores. El conflicto ambiental lo que hace es desvelar las visiones del mundo en disputa. En ese sentido, creo que el uso del concepto metabolismo social y sus indicadores puede y debe ser integrado con el análisis de visiones y valores sobre la naturaleza en el contexto de IPBES y académico en general.
Por otro lado, tu pregunta es importante porque nos hace recalcar que la solución a los conflictos ambientales no está necesariamente en la negociación o el cambio de valores de los actores involucrados. Supongamos que el gerente de esa empresa minera se concientiza de la necesidad de conservar los ecosistemas para la provisión de agua o por respeto a la visión sagrada que tienen de estos las comunidades locales. Ese mismo día lo despiden y ponen a uno en el cargo que sí sepa hacer dinero. Este ejemplo nos llevaría a preguntarnos cuáles son las estructuras sociales que subyacen a los cambios de metabolismo social y, sin duda, tendríamos que apuntar al sistema capitalista. Y a su vez, podríamos preguntarnos qué visiones de mundo y valores articula y moviliza el capitalismo. Estaríamos seguro de acuerdo en que un sistema que priorice el cuidado de la vida en la Tierra no podría movilizar los mismos valores que el capitalismo.
Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación a dialogar contigo.
—
*Profesor emérito. ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona. E-mail: joanmartinezalier@gmail.com
—