Sebastián Valdomir y Martín Drago*
Las negociaciones de libre comercio que está impulsando la Unión Europea (UE) en América Latina bajo el formato de los denominados «Acuerdos de Asociación», intentan consolidar un amplio conjunto de beneficios y posiciones ventajosas para las corporaciones europeas en diversos sectores económicos, incluidos los servicios financieros.
En septiembre y octubre del 2007 la UE inició respectivamente las negociaciones con el bloque de países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)1 y con los países centroamericanos (Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Belice). A fines de 2007 concluyeron las negociaciones entre la UE y los países de la cuenca del Caribe y República Dominicana (comprendiendo a Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Guayana, Santa Lucía, St. Kitts and Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago). Si a todos estos países se les agrega el proceso de negociaciones actualmente estancado con el MERCOSUR, y los Tratados de Libre Comercio que la UE ya tiene suscriptos con México y con Chile, resulta claro que se trata de una estrategia para reestructurar por la vía comercial toda la relación de la UE con los países de la región.
Las características que posee la nueva estrategia de relación comercial de la UE fueron oficialmente dadas a conocer en octubre de 2006 bajo el titulo de «Una Europa Global; competir en el mundo». La estrategia coloca a los Acuerdos de Asociación y la creación de zonas de libre comercio como los mecanismos para asegurar el acceso seguro a reservas energéticas, provisión estable de materias primas y finalmente, mercados abiertos y sin restricciones para las empresas europeas.
Estos «Acuerdos de Asociación» van mucho mas allá de la liberalización recíproca del comercio de bienes mediante la reducción de los impuestos y aranceles para acceder a los respectivos mercados, pues en efecto también incluyen la apertura de los sectores de Servicios, Inversiones y Compras Gubernamentales, además de fuertes sistemas de protección a los Derechos de Propiedad Intelectual.
De manera genérica todas estas negociaciones implican la no regulación de los sistemas financieros que sirven de plataforma a la acción de las corporaciones europeas, pero concretamente es en el capítulo de Servicios donde se incluyen disposiciones para los servicios financieros bajo la premisa de asegurar «la libre circulación de capitales relacionados con inversiones directas», así como la «liquidación y repatriación de dichas inversiones y de las ganancias que hayan generado».(2) Se trata de permitir y asegurar que las entidades financieras europeas —que ya ocupan posiciones dominantes en los mercados financieros de la región— puedan expandirse en aquellos países donde todavía no han ingresado y profundizar su control de mercado a nivel hemisférico. Como los servicios no están sujetos al pago de aranceles o de impuestos de aduanas, las negociaciones apuntan a eliminar las medidas domésticas (leyes, normas, reglamentos) que discriminan contra los servicios o proveedores de servicios extranjeros. (Klonopin) Y además de los servicios financieros, se incluyen áreas como la energía, las telecomunicaciones y el turismo, entre muchas otras.
Es preciso señalar que los servicios financieros comprendidos en estas negociaciones incluyen desde la venta e intermediación de seguros, actividades bancarias y préstamos en general, incluidos los hipotecarios, a la administración de fondos de pensiones y hasta el intercambio de todo tipo de instrumentos monetarios y financieros negociables como bonos o acciones.
Este marco general de las negociaciones comerciales que está impulsando la UE en América Latina procura establecer un tipo de relación a futuro entre ambas regiones, pero para cerrar el diagnóstico de cuál es la relación actual es preciso partir del hecho que las empresas europeas ya poseen un poder muy grande (económico, político, financiero y hasta cultural) en su accionar cotidiano sobre los territorios de Latinoamérica. Y este poder ha motivado diverso tipo de relaciones con las economías nacionales y regionales que reciben los diferentes tipos de inversión, así como con los pueblos y comunidades locales que en ciertas situaciones se ven enfrentados a actores transnacionales que violan sus derechos a la tierra, al agua y a vivir en sus territorios. Precisamente con motivo de la última Cumbre de mandatarios de la UE y América Latina y el Caribe (Lima, Perú, 16 y 17 de mayo de 2008), se realizó una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos a las Transnacionales europeas, donde fueron denunciadas mas de 20 empresas por diverso tipo de violaciones a los derechos humanos en su accionar en la región.(3)
Una dimensión central para las grandes empresas europeas en América Latina radica precisamente en contar con sistemas financieros adecuados tanto para asegurarse la movilidad del capital y la extracción de ganancias hacia las sedes centrales desde las filiales en la región, como también para facilitar la financiación que viabilizan sus proyectos en ella. Por eso, en las negociaciones actuales en curso existe un fuerte énfasis en liberar de cualquier tipo de regulación al movimiento de capitales y a los Servicios Financieros en general. La presencia de muchas de las principales empresas europeas que hoy están instaladas en América Latina es posible por los créditos que obtienen de bancos públicos y privados, en muchos casos, también europeos.
Se trata entonces de bancos y entidades de crédito europeas que financian a empresas europeas para que éstas puedan concretar sus proyectos de extracción de bienes naturales en América Latina. Y en este esquema participan tanto entidades públicas, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Nórdico de Inversiones (NIB, por sus siglas en inglés), como los principales bancos privados europeos que además, son dominantes en las plazas financieras de América Latina.
Entre los ejemplos mas representativos de los impactos ambientales y territoriales de proyectos que han sido financiados por estas entidades, es preciso mencionar el apoyo del NIB al proyecto hidroeléctrico Urrá I, que motivó graves conflictos sobre las comunidades indígenas y de pescadores del río Sinú en la región norte de Colombia, por la inundación de mas de 7000 hectáreas en el departamento de Córdoba. En cuanto al BEI, en el caso colombiano ha financiado la penetración de empresas europeas en el sector de los servicios de telecomunicaciones, además de diversos proyectos de infraestructura. En el caso de Uruguay, tanto el BEI como el NIB han financiado proyectos con diversos impactos ambientales, como son respectivamente los monocultivos forestales (empresa ENCE, de España) y la instalación de una megaplanta de celulosa (empresa Botnia, de Finlandia) que además ha generado un grave conflicto binacional con Argentina que aún se dirime en el Tribunal de La Haya. Finalmente, el BEI también ha jugado un papel muy relevante en la financiación de diversos proyectos en Brasil, sobre todo en los sectores de servicios de electricidad y telecomunicaciones, forestación e interconexión energética.
De eso trata entonces la estrategia de Europa Global; se pretende asegurar las posiciones ya controladas por el capital europeo en la región, y barrer las regulaciones que todavía existen en los países para el accionar de los inversores extranjeros. Se trata de aplicar la misma política que rige en la UE para el ámbito financiero —que prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales en el marco de un mercado único para los servicios financieros— hacia las otras regiones.
Los efectos de los Tratados de Libre Comercio que la UE suscribió con México y Chile son los que indican esas «posiciones ya controladas», pues precisamente fueron los instrumentos que posibilitaron que las empresas financieras europeas pudieran establecerse como dominantes en el sector de los servicios financieros, mediante la adquisición de bancos nacionales por parte de los europeos o directamente por la radicación en las plazas locales.
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* REDES – Amigos de la Tierra Uruguay. Correo electrónico: sebastian@redes.org.uy, ifis@redes.org.uy.
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1 En la fecha de finalización de este artículo las negociaciones UEComunidad Andina se encuentran paralizadas, pero con indicios de que serán retomadas en breve.
2 Texto borrador propuesto por la Unión Europea a los países centroamericanos con fecha 19 de diciembre de 2007. Documento confidencial que fue distribuido en www.bilaterals.org.
3 Para mas información sobre los casos y empresas demandadas ante el Tribunal consultar: www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/ taxonomy/term/464.
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