Beatriz Rodríguez-Labajos [*] y Begüm Özkaynak [**]
Palabras clave: conflictos mineros, justicia ambiental, bases de datos georreferenciadas, estadística descriptiva
Introducción
Las bases de datos de conflictos mineros son una fuente de aprendizaje sobre cómo emplear de manera efectiva el mapeo en apoyo a resistencias de justicia ambiental. Así, desde 2007, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)[1] reúne a organizaciones que colaboran en establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en América Latina. Un grupo de investigación en la Universidad de McGilll, en Montreal ha catalogado conflictos socio-ambientales vinculados a compañías mineras canadienses (MICLA)[2]. El sitio web del movimiento ‘No a la mina’[3], surgido en la resistencia al proyecto minero de Esquel, en Argentina, se ha consolidado como un recurso de referencia sobre la oposición a la minería de gran escala a cielo abierto.
A partir de este tipo de información, es posible observar que lo largo de un conflicto acontecen diversas circunstancias frente a las cuales los activistas se posicionan de diferente manera. Por ejemplo, son conocidos proyectos que se han llegado a paralizar: de minería de uranio en Gabón, de oro en el cerro Wirikuta (México) o de carbón en el Páramo del Almorzadero (Colombia). Sin embargo, si preguntamos a los activistas en cada caso si consideran la situación como un éxito de la justicia ambiental, la respuesta puede llegar a ser muy diferente.
Frente a la dificultad de definir el concepto de manera objetiva, y observando la práctica de las organizaciones de justicia ambiental, es posible preguntarse: ¿qué circunstancias se reconocen como éxitos o como fracasos de la justicia ambiental?; ¿es suficiente o necesario que el proyecto se paralice?; ¿hasta qué punto cuentan los impactos sufridos?; ¿cómo se integran las expectativas respecto a la actuación de los poderes del Estado?; ¿cómo interpretar las dinámicas que se desarrollan al interior de las comunidades a raíz del conflicto?
La minería resulta un ámbito de particular interés a nivel global para indagar y entender este tipo de factores definitorios de los logros de la justicia ambiental. Por un lado, como se ha visto, existe una amplia base de información disponible. Por otro, los conflictos mineros revelan injusticias ambientales en una perspectiva metabólica global. Pueden existir conflictos a lo largo de todas las etapas de la vida útil de los minerales como mercancías (o commodity chain, en la literatura anglosajona). Los conflictos mineros articulan luchas locales frente a la desposesión, con los elementos que sustentan un metabolismo social creciente a escala global, para el cual el uso de recursos minerales (no renovables) es fundamental (Bridge, 2008; Özkaynak et al., 2012).
En este artículo abordamos el potencial analítico del mapeo de conflictos – con referencia a los conflictos mineros – para beneficio de las organizaciones de justicia ambiental. Partimos de la experiencia del proyecto EJOLT y el Atlas de justicia ambiental (http://ejatlas.org), para ilustrar cómo el concepto de justicia ambiental puede ser reformulado a partir del análisis estadístico de los argumentos aportados por los activistas a la hora de calificar sus propios logros. Con este objeto, y en base a la perspectiva metabólica ya mencionada, establecemos una delimitación operativa de conflicto minero como aquel que está relacionado con la extracción de minerales, su procesamiento y transporte, así como la gestión de desechos en proyectos mineros concretos, lo que circunscribe los conflictos, fundamentalmente, a las escalas local y regional.
En particular, el artículo se centra en el problema analítico de incorporar en la teoría de justicia ambiental el conocimiento activista sobre los determinantes del éxito en casos de conflictos de la justicia ambiental. Esto es, se trata de entender por qué un resultado concreto, en el contexto de un conflicto (anti-minero), es visto por los movimientos de resistencia como un logro o como un fracaso de la justicia ambiental. Éste es un punto delicado que combina la percepción de los activistas y las comunidades que éstos apoyan, con hechos concretos que se pueden argüir para explicar el éxito o fracaso de la protesta. El punto de partida va a ser, por lo tanto, esencialmente cualitativo y con un gran componente de subjetividad.
En este artículo explicamos cómo transformar datos cualitativos en datos que faciliten el análisis cuantitativo, incluyendo el uso de métodos de estadística descriptiva, y utilizamos los resultados para ofrecer una contribución a la definición de justicia ambiental. En las siguientes secciones se detalla la metodología y materiales de trabajo, se presentan resultados y, finalmente, se discuten los mismos a la luz de su contribución a las definiciones existentes de justicia ambiental.
Métodos y materiales
El Atlas EJOLT de Justicia Ambiental, que recopila información sistemática de conflictos ecológico-distributivos, en un esfuerzo conjunto entre academia, grupos de la sociedad civil y personas interesadas en apoyar esfuerzos de resistencia ante la injusticia ambiental (véase Temper et al., 2014). Entre los numerosos campos de información que conforman cada entrada en esta base de datos que se incluye la pregunta «¿Considera que el caso representa un logro para la justicia ambiental?», para lo que se ofrecen tres posibles respuestas: ‘Sí’, ‘No estoy seguro/a’ y ‘No’. A continuación, se solicita una justificación de la respuesta.
Como se verá, el conjunto de razones aportadas en la explicación es enormemente variado. Al margen de aquellos pocos casos en los que se aduce falta de información o no se contesta, las respuestas se pueden clasificar en razones ‘favorables’ a la justicia ambiental (como la paralización del proyecto, la obtención de compensaciones o el fortalecimiento del tejido social) y razones ‘desfavorables’ a la justicia ambiental (como que el proyecto esté operando, la falta de cumplimiento del marco legal o la amenaza latente de la reactivación del proyecto).
Es común que se dé una combinación de razones positivas y negativas a la hora de calificar tanto los logros como los fracasos. En los casos en los que la respuesta es ‘no estoy segura’, la miscelánea de razones es aún más acentuada y compleja. En consecuencia, un análisis estadístico que realice un conteo simple de ‘Sí’, ‘No’ o ‘No estoy segura’ puede pecar de simplista. Por otro lado, una posible recodificación de casos puede llegar a vulnerar los datos aportados por los activistas y no es replicable.
Propuesta metodológica
Ante esta disyuntiva proponemos una metodología simple pero de gran efectividad analítica, que permite convertir cualquier posible respuesta a una escala de 0 a 5 en un gradiente ordinal de «logros de la justicia ambiental». Dicha metodología consiste en las siguientes etapas:
1. Codificar cada una de las razones aportadas en la explicación de cada uno de los casos.
2. Clasificar dichas razones en ‘favorables’ o ‘desfavorables’ para la justicia ambiental. De acuerdo a nuestra experiencia, este paso no implica arbitrariedad, puesto que las justificaciones aportadas dejan claro cuándo hay una consideración positiva o negativa de una determinada situación.
3. Estimar la frecuencia de cada razón aportada e identificar la razón (o razones) más frecuente(s) en la respuestas ‘sí’ y ‘no’ a la pregunta: «¿Este caso es un éxito de la justicia ambiental?». A partir de esta etapa, es posible tabular el conjunto de los casos de acuerdo a la clave mostrada en la Figura 1.
Figura 1. Niveles de éxito para la justicia ambiental en la resistencia anti-minera (Fuente: Elaboración propia)
4. Utilizando la clave mostrada en la Figura 1, clasificar cada caso en diferentes niveles de éxito para la justicia ambiental de la resistencia anti-minera. Éstos se deben entender como grupos analíticos expresados en una escala ordinal en la que las distancias entre los valores no tienen por qué tener una correspondencia en la distancia entre las categorías. Específicamente, los criterios de clasificación son los siguientes:
(0) El caso es considerado como un fracaso para la justicia ambiental (respuesta ‘no’) y para explicarlo se aducen razones exclusivamente desfavorables.
(1) Al tiempo que el caso es considerado como un fracaso para la justicia ambiental (respuesta ‘no’), la explicación incluye algún factor favorable que puede matizar dicho fracaso.
(2) La razón más frecuente en los casos de fracaso aparece en este caso, pero al mismo tiempo se aducen razones positivas, por lo que no se está seguro del nivel de éxito.
(3) La razón más frecuente en los casos de éxito aparece en este caso, pero al mismo tiempo se aducen razones negativas, por lo que no se está seguro del nivel de éxito.
(4) Al tiempo que el caso es considerado como un logro para la justicia ambiental (respuesta ‘sí’), se dan factores desfavorables que matizan este resultado.
(5) El caso es considerado como un logro para la justicia ambiental (respuesta ‘sí) y para explicarlo se aducen razones exclusivamente favorables.
Datos
Se clasificaron 354 casos de conflictos registrados en el Atlas EJOLT de Justicia Ambiental, desde su lanzamiento hasta octubre de 2014, que se ajustaban a la delimitación mencionada de conflicto minero (Figura 2). Si bien no se trata de un registro exhaustivo de casos, su representatividad es aceptable, especialmente para las regiones de América Latina y el Caribe, África y Europa. La concentración de conflictos en América Latina es consistente con la ola de movilizaciones como respuesta al aumento de las inversiones del sector minero en la última década (Walter, 2014).
Figura 2. Casos de conflicto minero, por región (Fuente: Elaboración propia con base en datos de EJOLT)
Resultados
¿Cuál es el nivel de éxito percibido en las luchas por la justicia ambiental en materia de minería?
La situación más generalizada en los casos de conflicto minero es la de una respuesta negativa la pregunta de si el caso constituye un éxito de la justicia ambiental, lo que supone casi la mitad de los casos registrados. En un 35% de los casos no existe elemento favorable en el caso que matice esta percepción. Cuando no se está seguro acerca del nivel de éxito, lo más común es que el proyecto minero esté operativo. Así es en el 28% de todos los casos, frente al 5% en los que el proyecto se ha paralizado pero no hay una convicción de logro alcanzado. Finalmente, en torno al 21% de los casos de conflicto minero se consideran éxitos para la justicia ambiental, aunque únicamente en un 13% del total de los conflictos esto obedece a consideraciones exclusivamente favorables (Fig. 3).
Figura 3. Nivel de éxito en conflictos anti-mineros
(Fuente: Cálculos propios)
La percepción más frecuente en todas las regiones del mundo (excepto en América del Norte y en la región Asia-Pacífico) es la de que los conflictos mineros se resuelven en fracasos, sin paliativos, de la justicia ambiental, siendo África la región en que, con diferencia, esta situación es más acentuada. En el caso de América del Norte, los fracasos suelen venir acompañados de ciertas condiciones favorables, y por esa razón se registran ya en la categoría siguiente (nivel 1) o, incluso, de manera muy frecuente, el peso de que estas condiciones favorables hace que se llegue a dudar de si realmente se trata de un fracaso o de un éxito (nivel 2) (Figura 4).
Observando los casos de éxito claro de la justicia ambiental, la regiones más favorecidas en términos relativos son, por este orden, Asia-Pacífico, Norteamérica y América Latina y el Caribe, siempre en porcentajes mucho más modestos que en caso de los fracasos. En Europa, el grueso de los logros vienen acompañados de factores desfavorables que hacen que los éxitos se registren en un nivel inferior (nivel 4), siendo así la región en la que esta situación de logros matizados es relativamente más común.
Figura 4. Porcentaje de casos en cada nivel de éxito, por grandes regiones mundiales (Fuente: Cálculos propios)
La Figura 5 muestra un mapa de intensidad que permite visualizar el nivel de justicia ambiental más frecuente (moda estadística), por país.
¿Qué factores configuran la percepción de éxito para la justicia ambiental en la resistencia anti-minera?
A menudo, la combinación de elementos favorables y desfavorables en cada conflicto dificulta poder hablar de verdaderos éxitos de la justicia ambiental. En este sentido, el uso del término ‘logros’ de la justicia ambiental, como lo emplea Pérez Rincón (2014), podría ser más apropiado. La Tabla 1 ordena los elementos identificados en las respuestas desde los más desfavorables a los más favorables para la consecución de la justicia ambiental.
Figura 5. Mapa de intensidad en la percepción del nivel de éxito en resistencias anti-mineras (Fuente: Elaboración propia)
Nota: Se representa la moda del nivel de éxito (en promedio para los casos multimodales)
El principal factor para el éxito de la justicia ambiental es el hecho de que el proyecto esté operando o no. El 64% de los conflictos mineros que se consideran fracasos para la justicia ambiental están en operación o construcción, y el 91% de los casos que se consideran éxitos son proyectos suspendidos o paralizados.
Con todo, el proyecto en sí mismo no es la única razón que menoscaba la justicia ambiental. Factores como la presencia de impactos se dan en un 35% de los casos de fracaso, y una respuesta gubernamental inadecuada explica el 29% de las injusticias percibidas. Por otra parte, incluso ante situaciones en las que el proyecto está en operación, pueden identificarse logros para la justicia ambiental; esta situación no es frecuente (0,8% de todos los casos registrados), pero representa un perceptible 4% de todos los casos de éxito. En este caso, la consolidación de redes de activismo (51% de los éxitos), desarrollos legislativos favorables (19% de los éxitos) o la percepción de apoyo gubernamental (11% de los éxitos) se encuentran entre los logros para la justicia ambiental.
Tabla 1.
Razones argüidas para la justificación del fracaso o del éxito de la resistencia anti-minera (porcentaje respecto al total de conflictos (n=354) y respecto al subtotal de casos por cada tipo de respuesta (-nN, nNS, nS-)
(Fuente: Cálculos propios)
Los niveles 0 y 1, los más bajos en cuanto a logros de la justicia ambiental, normalmente van de la mano de diferentes formas de continuación, reactivación o expansión de proyectos mineros. No obstante, son diversas las razones que acompañan a esta situación. Las más frecuentes tienen que ver con la constatación de impactos observados, especialmente los relacionados con la contaminación y el impacto en el recurso hídrico, así como con las inadecuadas compensaciones posteriores.
La falta de respuesta gubernamental aparece como el tercer factor más frecuente de fracaso. Está relacionada, por una parte, con la falta de la debida atención a quejas de las comunidades y, por la otra, con la percepción del apoyo dado a las compañías, que en un número no desdeñable de casos (19 casos de fracaso) se traduce en presiones a los activistas a través de estrategias de criminalización y represión. El incumplimiento de acuerdos entre las comunidades y las compañías, o de acato a disposiciones legales, también son frecuentes en la falta de respuesta institucional satisfactoria a las demandas de los activistas.
Un aspecto importante en la percepción de falta de éxito se liga a que la amenaza continúe tras la consecución de un determinado logro. Ello puede obedecer a que los impactos del proyecto se mantienen a pesar de su posible paralización. La latencia de la amenaza se debe también al temor de que el proyecto se reactive al cabo de un tiempo. Esta es una preocupación particularmente marcada en los conflictos mineros.
Los niveles 2 y 3 aparecen a menudo cuando el proyecto se encuentra todavía en la fase de planificación, y es pronto para poder juzgar la situación, o cuando existe la posibilidad de que un proyecto paralizado pueda ser reactivado. Aparecen, igualmente, en aquellos casos en los que el proyecto se paraliza, pero sus impactos perduran. Otra razón es que el proyecto se paralice por motivos no directamente vinculados a las acciones de resistencia, sino a contingencias, como un desastre natural o por el quiebre de la empresa.
Los niveles 4 y 5 van frecuentemente asociados a la paralización del proyecto. Sin embargo, pueden reconocerse logros para la justicia ambiental pese a que el proyecto continúe, cuando se obtienen compensaciones adecuadas o se controlan situaciones previamente desfavorables. Esto sucede, por ejemplo, cuando mejoran los estándares de salud, seguridad o ambientales de los proyectos, o cuando se garantizan derechos fundamentales previamente vulnerados.
Potencialmente, puede darse la circunstancia de que una misma combinación de razones favorables y desfavorables sea calificada de manera diferente en términos de justicia ambiental. Hay muchos factores que influencian la subjetividad de los actores (por ejemplo, la fase en la que se encuentre el conflicto). El presente análisis respeta estas subjetividades, al tiempo que ofrece una explicación de la justicia ambiental basada en la frecuencia de determinados factores en unos casos o en los otros.
Figura 6. Las claves de la justicia ambiental en conflictos mineros
¿Qué aportan estos resultados a las definiciones más utilizadas de justicia ambiental?
A partir de los trabajos de Schlosberg (2013, 2007), queda de manifiesto la importancia de los aspectos de participación y reconocimiento en las situaciones de injusticia ambiental. En este sentido, la definición de justicia ambiental va más allá de los importantes contribuciones de Bullard (2001, 1994), Agyeman et al. (2003) o Mohai y Saha (2007), que enfatizan las cargas ambientales desproporcionales sobre comunidades desfavorecidas, generalmente por razones de raza o nivel de ingresos.
Con base en los resultados expuestos, se confirma que, en los conflictos de minería, los aspectos distributivos (asociados con la operación del proyecto, la percepción de sus impactos o la obtención de compensaciones apropiadas) son indudablemente determinantes en la percepción de logros o fracasos de la justicia ambiental. Con todo, los componentes de participación o reconocimiento juegan un papel crucial. Por una parte, estos factores, asociados a demandas no atendidas de la comunidad, aparecen en un visible 8% de los casos de fracaso. Por otro lado, se identifican (marginalmente) como una razón por la cual la paralización de determinados proyectos no llega a considerarse un éxito. Igualmente, en un notable 51% de los casos los logros de la justicia ambiental se asimilan a la mayor visibilidad y posicionamiento frente al poder ligado a la consolidación de redes o auge del activismo.
Con objeto de proporcionar elementos para el desarrollo conceptual de la justicia ambiental, los factores presentados se han analizado en virtud de su frecuencia en los diferentes niveles de éxito (Figura 6).
La clave central para un logro de justicia ambiental es, sin lugar a dudas, la desaparición del proyecto percibido como el origen de la injusticia. Originado desde el proyecto, existe el interés de que no genere impactos. En relación a la reacción de la comunidad, tanto al proyecto como a sus eventuales impactos, la aspiración es mantener un nivel de cohesión social de los actores movilizados que garantice un diálogo equilibrado con el poder, ya sea éste económico (por ejemplo, la corporación minera) o político (vinculado a los poderes del Estado). De estas relaciones entre la comunidad movilizada y el poder surgen expectativas de respuesta institucional (entendida como la de los poderes del Estado).
En cada una de estas claves, la situación va a caracterizarse en un gradiente que va desde las circunstancias más cercanas a un contexto de justicia ambiental, a las más alejadas. Ello explica que ninguno de los factores por sí solo sea capaz de determinar una situación de justicia, sino que la percepción de éxito surge del balance de los diferentes ámbitos.
Conclusiones
Este artículo contribuye de diferentes maneras a los estudios sobre justicia ambiental. Desde la perspectiva de la definición del concepto, se ha señalado la relevancia de cuatro aspectos clave en la identificación de factores de éxito o de fracaso. Tienen que ver con las características del proyecto, sus impactos, las relaciones entre la comunidad y el poder, y la respuesta institucional a las demandas sociales. También se incide en la relevancia de la dinámica de los procesos, particularmente ante el temor a la reactivación de los proyectos, así como en la permanente amenaza de nuevas presiones. Esta característica puede ser más marcada en los conflictos mineros, en los que la disponibilidad de recursos está muy determinada por aspectos geográficos.
Desde una perspectiva metodológica, se ha avanzado en el uso de herramientas estadísticas para la determinación de principios generales que ayuden abordar el estudio del movimiento global de justicia ambiental, en el que, hasta ahora, han prevalecido los estudios de caso. El hecho de contar con una categorización de los éxitos en una escala ordinal facilita el uso de herramientas estadísticas más sofisticadas que las que se pueden utilizar cuando se codifica la justicia ambiental en términos de ‘ausencia’ o ‘presencia’. Los resultados obtenidos confirman la congruencia del enfoque adoptado y su pertinencia en problemas analíticos donde el concepto tenga y/o involucre posiciones normativas. Este es el caso de la interpretación de justicia ambiental en conflictos asociados a otras temáticas, como el uso de la tierra o el agua o, incluso, la interpretación de otros conceptos difusos como la calidad de vida.
El presente análisis apunta asimismo a conjeturas que pueden ser útiles para futuras investigaciones. Por ejemplo, el análisis de los niveles de éxito alcanzado en casos de resistencia anti-minera parece sugerir diferencias entre grupos de países. Esto lleva a considerar la hipótesis de que el nivel de éxito esté asociado a alguna característica de dichos grupos, como su nivel de ingresos. Al mismo tiempo, las características diferenciales de las mercancías minerales (metales básicos, preciosos, energéticos, etc.) pueden tener importantes repercusiones en término de los logros de la justicia ambiental, particularmente en lo que se refiere a la persistencia del interés en explotar depósitos que pueden ser claves para el mantenimiento futuro del metabolismo global.
Agradecimientos
Este artículo es parte de los trabajos de preparación del informe «Towards successful resistance: An systematic assessment of contemporary mining conflicts», en el marco del proyecto Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (EJOLT), financiado por la Comisión Europea (G.A. 266642). Agradecemos a los coautores del informe, en particular a Patricio Chávez y a Claudio Garibay, por substanciales contribuciones a la base de datos. Agradecemos igualmente a un/a revisor/a anónimo/a sus valiosos comentarios al manuscrito. Igualmente, se agradece a Cem İskender Aydın and Kaner Atakan Türker por su asistencia en el procesamiento de los datos.
Referencias
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Bridge, G. (2008), Global production networks and the extractive sector: governing resource-based development. J. Econ. Geogr. 8, p. 389–419.
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Bullard, R.D. (1994) Unequal protection: environmental justice and communities of color. Sierra Club Books, San Francisco, CA.
Mohai, P. y Saha, R. (2007), Racial Inequality in the Distribution of Hazardous Waste: A National-Level Reassessment. Soc. Probl.
Özkaynak, B., Rodriguez-Labajos, B., Arsel, M., Avcı, D., Carbonell, M.H., Chareyron, B., Chicaiza, G., Conde, M., Demaria, F., Finamore, R., Kohrs, B., Krishna, V.V., Mahongnao, M., Raeva, D., Singh, A.A., Slavov, T., Tkalec, T., Yánez, I., Walter, M., Živčič, L. (2012), Mining conflicts around the world: Common grounds from an environmental justice perspective. EJOLT Report No. 7.
Pérez Rincón, M.A. (2014), «Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis», en: Garay, J. (Ed.), Minería En Colombia: Control Público, Memoria Y Justicia Socio-Ecológica, Movimientos Sociales Y Posconflicto. Contraloría General de la República, Bogotá, Colombia, pp. 253–325.
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Schlosberg, D. (2013), Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. Env. Polit. 22, p. 37–55.
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[*] Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. (labajos_bea@yahoo.com; beatriz.rodriguez@uab.cat)
[**] Department of Economics, Boğaziçi University. (begum.ozkaynak@boun.edu.tr)
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