La economía verde: términos y contenidos

Jordi Roca

El término economía verde se asocia actualmente a la perspectiva que el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha dado a la reciente Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20, perspectiva que comprensiblemente ha generado airadas críticas al enfoque adoptado. Empezaré, sin embargo, señalando que para mí el término economía verde aún me despierta, en primer lugar, connotaciones positivas porque lo asocio al título de un libro aparecido precisamente en 1991, justo antes de la Cumbre de la Tierra de la que ahora se han conmemorado las dos décadas. Se trata del libro de Michael Jacobs (The Green Economy, Pluto Press, Londres; traducido por la editorial Icaria como La economía verde), un libro que el autor considera de economía socioecológica,[1] que considero excelente y que, a pesar de los años transcurridos desde que fue escrito, aún es muy recomendable.

La referencia a este libro sirve para enfatizar que un término tan genérico como economía verde puede tener muy diversas acepciones y que, por tanto, podemos decir que existe un conflicto sobre cómo darle contenido, sobre su significado. Lo mismo pasa con un término como sostenibilidad que en parte debe su difusión a que muchas veces se ha utilizado de forma vacía o incluso para defender políticas que nada tienen que ver con la justicia ambiental intra e intergeneracional. Pero sería apresurado abandonar este término por parte de los que realmente defienden un mundo más justo y que preserve los intereses de las generaciones futuras. Incluso puede reivindicarse el término desarrollo sostenible que en su definición inicial se planteaba como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades»[2] y ello a pesar de que el propio informe Brundtland que popularizó el término jugó con la ambigüedad del término desarrollo, tradicionalmente identificado con crecimiento económico.

Lamentablemente, veinticinco años después del informe Brundtland, en la página web del PNUMA podemos leer: “En términos prácticos, una economía verde es aquella cuyo crecimiento del ingreso y el empleo es conducido por inversión pública y privada que reduce las emisiones de carbono y la contaminación, estimula la eficiencia energética y de los recursos y previene la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos”.[3] Caen así en saco roto, décadas y décadas de críticas al uso de indicadores como el PIB como medida del éxito económico. Críticas profundas y multidimensionales: desde la economía ecológica, la economía feminista, la economía institucionalista, la economía del desarrollo de enfoque crítico,… Es verdad que en la síntesis de recomendaciones de Hacia una economía verde del PNUMA se puede leer que “los indicadores económicos convencionales, tales como el PIB, ofrecen una imagen distorsionada del rendimiento económico” lo que es prometedor hasta que vemos que se citan como un ejemplo a seguir “los métodos de cálculo del ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial”[4] que se basan en considerar a las diferentes formas de capital (“fabricado” –en máquinas, edificios,…–, “humano” y “natural”) como perfectamente sustituibles entre sí y que concluyen que para la mayor parte de los países del mundo la “economía sigue una trayectoria sostenible”[5] (¡) porque la inversión en capital fabricado y en educación compensaría la pérdida de “capital natural”.

El informe no tiene reparo –saltándose todos los problemas de orden técnico y de orden moral que ello plantea– en afirmar que “es posible calcular los valores económicos de los servicios de los ecosistemas, siendo el valor presente de los mismos una parte fundamental del «capital natural»”.[6] La naturaleza se trata pues como una forma más de capital, valorada también en dinero. Es curioso el contraste entre los fracasos en los intentos de medir en dinero los servicios ecosistémicos de forma general y científicamente sólida y el empecinamiento con el que se pretende llevar a cabo el proyecto.[7]

En términos simplificadores podríamos decir que muchas personas convencidas de la necesidad de dedicar muchos más esfuerzos a la conservación ambiental se fueron convenciendo de que esto sólo tendría eco social si se demostraba que los ecosistemas generan (lo que es muy verdad) servicios que benefician a los seres humanos y, luego, en un nuevo paso, pensaron que el tema solo pasaría a un primer plano político si dichos servicios se medían en valor monetario. El lenguaje de los servicios ecosistémicos fue el del Millennium Ecosystem Assessment mientras el paso siguiente queda evidenciado por el famoso proyecto internacional The Economics of Ecosystems and Biodiversity liderado por Pavan Sukhdev.[8] En el prefacio a un primer libro editado bajo dicho proyecto, Sukhdev apunta tres razones para justificar los esfuerzos de valoración económica (léase monetaria).[9] El primero es que la valoración sirve como “autorreflexión” sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre –que muchas veces quedan ocultas– de nuestro comportamiento; ciertamente es bueno conocer lo mejor posible todas las consecuencias del deterioro ambiental y ello incluye datos monetarios como, por poner un ejemplo, los gastos sanitarios adicionales derivados de la contaminación o los gastos inducidos para limpiar un área contaminada por un vertido petrolero. Todo esto es relevante para la “reflexión” pero obviamente también se debe reflexionar sobre consecuencias de nuestras acciones que no comportan gastos monetarios o que no son traducibles en dinero sin una fuerte dosis de arbitrariedad.

El segundo argumento que da Sukhdev –citando al famoso economista ambiental, fallecido hace años, David Pearce– es que dado que todas las decisiones comportan costes y cuando decidimos comparamos implícitamente costes y beneficios lo mejor es hacer explícitos los valores. Por supuesto toda decisión informada debe comparar pros y contras (si se quiere beneficios y costes entendidos en sentido amplio) pero lo que no es en absoluto necesario –ni muchas veces conveniente– es medir previamente todos los costes y beneficios en una unidad común (el dinero). La comparabilidad entre alternativas no implica la “conmensurabilidad” en una misma unidad.[10]

Como tercer argumento, leemos: “la mentalidad inherente centrada en el mercado de la sociedad moderna está tan profundamente arraigada (y nuestra casi inequívoca asociación entre “precio” y “valor”) que el mero dispositivo de demostrar el valor económico que la naturaleza proporciona a la riqueza pública puede en sí mismo ser una importante estrategia para el cambio que buscamos”.[11] Más que discutible razonamiento ya que la estrategia para cambiar la actitud dominante hacia la naturaleza debería precisamente cambiar las mentalidades. A veces uno tiene la sensación de que lo que guía el esfuerzo por poner a toda costa valores monetarios a los servicios ecosistémicos es un pragmatismo mal entendido: lo importante es que salgan valores elevados, poco importa cuáles sean siempre que sean lo suficientemente grandes para despertar la conciencia pública. Como propaganda, se ha de reconocer, puede ser a veces efectiva pero la perspectiva es, desde luego, muy poco satisfactoria desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista político ya que –cuando sea especialmente difícil estimar algún servicio ambiental concreto derivado de la conservación y traducirlo en dinero– se hará especialmente difícil justificar la conservación en base a no perder valores “económicos”.

En el prefacio que estamos comentando aparecen claramente las contradicciones que comporta el (muchas veces) bien intencionado propósito de estimar el valor económico de la biodiversidad y los ecosistemas para promover la conservación ambiental. Tradicionalmente el papel de dichas estimaciones se enmarca para los economistas en el llamado análisis coste-beneficio: se trata de comparar en valor monetario diferentes aspectos de una decisión y obviamente si los beneficios económicos se estiman superiores a las pérdidas ambientales (valoradas en dinero) la conclusión debería ser que no se justifica la conservación. Sukhdev se preocupa por esto y defiende que la valoración monetaria es buena siempre que justifique la conservación pero “hay siempre el riesgo de que los decisores mal orientados o los interesados en la explotación podrían querer utilizar estos precios [los “precios sombras” de los servicios ambientales] para fines malos”.[12] ¿De qué sirve precisar un valor si sólo se quiere utilizar cuando da determinados resultados y no cuando da otros? Mucho más coherente y menos oportunista era la posición planteada por Jacobs en el libro citado: “es cierto que las decisiones políticas se toman con frecuencia (…) sobre la base de criterios financieros, y que en algunos casos la valoración monetaria del entorno puede ayudar a salvar importantes activos naturales. Pero las personas preocupadas por el medio ambiente que defienden estas técnicas [se refiere a la valoración monetaria ambiental y al análisis coste-beneficio] tienen el problema de que éstas no siempre producen el resultado «correcto». En muchos casos, sobre todo los relativos a especies y hábitats naturales raros pero no especialmente bellos, quizás la gente no estaría dispuesta a pagar demasiado por protegerlos, por lo que entonces los valores serán bajos. A los que han utilizado la técnica les resultará difícil sostener que en otro no es apropiada porque el resultado no les conviene. Creo, lo cual aún es más preocupante, que el uso generalizado de dicha técnica pueda alentar en la sociedad la actitud de que el entorno es tan solo otra mercancía susceptible de ser valorada por la «disposición a pagar» privada, basada en el mercado. Si esta actitud se difunde, es muy improbable que se produzca ningún tipo de apoyo a la conservación de la naturaleza. Por ello, mi temor estriba en que, aunque la utilización de los métodos de estimación monetaria pueda ayudar a los defensores del medio ambiente a ganar algunas batallas a corto plazo, no evitará que a la larga pierdan la guerra”.[13]

Dos conclusiones. La primera es que hay términos que se utilizan con significados muy diferentes y vale la pena resistirse a abandonarlos a favor de los que le dan un significado distinto (o incluso contrario) aunque hay que reconocer que a veces la batalla puede estar prácticamente perdida frente a instituciones con un gran poder mediático. La segunda es que las metodologías y conceptos de análisis deben ser lo más sólidas posibles y no caer en un pragmatismo de cortas miras y no sólo por honestidad intelectual sino también porque estoy convencido de que a largo plazo es lo mejor para avanzar políticamente hacia un mundo más justo y sostenible.

Jordi Roca Jusmet