Pablo Gilolmo Lobo [*]
Palabras clave: Namibia, apartheid, reparto de la tierra, colonialismo, mercado
Namibia logró su independencia de Sudáfrica en 1990. En 1962 el gobierno sudafricano había encargado a la ‘Odendaal Comission’ un informe para el desarrollo económico, que concluyó con la propuesta de reorganizar la división del país entre tierras exclusivas para granjeros blancos y reservas de nativos (Werner, 2011: 28-30). Este sistema de apartheid (ya presente en lo que hoy es Namibia desde 1951) estaba destinado a dar continuidad a un modelo de planificación que respondía a lo que podríamos llamar teoricamente racismo filosófico eurocentrado, articulado teórica e históricamente con criterios económicos y demográficos provenientes de la teoría del espacio vital de Friedrich Ratzel (Olusoga, 2004). En efecto, en el periodo de dominio de Alemania (1885-1919) la empresa colonizadora sobre la entonces conocida como South West Africa se planteó no sólo como movimiento geoestratégico frente a otras potencias, sino también como una forma de ampliar el territorio nacional ante el crecimiento demográfico.En el proceso se promovió la anexión militar de vastos territorios con el fin de establecer en ellos grandes granjas comerciales, y se procedió al desplazamiento de nativos y a su utilización como fuerza de trabajo (Olusogo, 2014).
Esta política continuó durante el mandato sudafricano obtenido después del Tratado de Versalles, promoviendo el desplazamiento de granjeros blancos desde la superpoblada provincia del Cabo y arrinconando cada vez más a las poblaciones nativas en las reservas (Botha, ver la pagina web [1]). La reorganización del apartheid del ‘Odendaal Plan’ indica cómo aquellos criterios económicos y raciales continuaron reciclándose después de la II Guerra Mundial. Además, estas políticas alcanzaron altos grados de oficialidad institucional. Si bien en los inicios de la colonización alemana existía una coexistencia en el espacio de los blancos asentados y los africanos, con el ‘Odendaal Plan’ se alcanzó la más escrupulosa separación, sancionada legalmente. En las zonas destinadas a granjas se establecía la absoluta exclusividad para las familias blancas, mientras que los africanos debían contar con un permiso expedido sólo en caso de ser trabajadores por cuenta de los terratenientes, que en la práctica tenían derechos de disposición incluso sobre sus vidas. Esta sistematización y burocratización del horror puede considerarse un exponente más del integrismo racionalista eurocéntrico.
Mapa 1. Parcelación de la región Otjondjupa. (Fuente: modificado de Gilolmo, 2014)
El mapa 1 proviene de la investigación del autor para su tesis de máster en la University Of Namibia, que consistió en una caracterización espacial y análisis del reparto de la tierra en la región de Otjozondjupa en el año 2012, y una comparativa de la degradación ambiental entre distintos tipos de tenencia (Gilolmo, 2014). Esta región fue elegida para el estudio por ser representativa, al estar presentes dos tipos de tenencia de la tierra (comunal y privada) y algunas de las prácticas no reguladas (como el cercado ilegal por parte principalmente de agentes privados). Además, y sirviendo de precedente a los procesos actuales, en la época del apartheid ya hubo planes de desarrollo que implicaban la privatización de tierras comunales. En esta región la actividad agraria principal es la cría de ganado bovino, y conviven grupos de procedencia europea, Herero y San.
La reforma de la tierra fue una de las principales motivaciones de la lucha de liberación (Botha, sin fecha) pero sus avances son muy limitados. La división entre tierras comunales y privadas continúa exactamente igual que antes de la independencia. En las tierras comunales los planes de desarrollo prevén, como ya se ha hecho en las regiones de Kavango, Ohangwena, Oshikoto y Omusati (Meijs, Hager Y Mulofwa, 2014), supeditar los derechos sobre la tierra a criterios económicos que conllevan su privatización, con el objetivo de homologar su actividad a la de las granjas privadas establecidas durante la colonización. Esta privatización tiene precedentes históricos con la administración sudafricana la cual, siguiendo las recomendaciones del ‘Odendaal Plan’, dividió y asignó a los africanos más pudientes parcelas de tierra para su desarrollo como granjas comerciales (ver «pre-independence allocations» en el mapa) (Werner, 2011). Al mismo tiempo, la privatización ha continuado después de la independencia a través del cercado y apropiación ilegal de tierras comunales (ver «illegally fenced on the commonage» en el mapa) (Odendaal, 2011; Werner, 2011). Los planes de desarrollo del gobierno, amparados por la cooperación alemana principalmente, pretenden ahora regularizar el cercado ilegal (MLR et altera, 2012:6, 28-29), avalando así la desposesión sufrida por los sectores de población rural menos adinerados. En consonancia con los postulados liberales más conocidos (p. ej.: Hardin, 1968), estos planes de desarrollo se justifican en parte en la necesidad impuesta por la degradación ambiental supuestamente agravada por la tenencia comunal de la tierra. Existen evidencias, basadas en el estudio de largas series temporales de índices de vegetación (NDVI), que cuestionan seriamente esta suposición. (cf. Gilolmo, 2014: 64-100).
En la zona privada («Tenure in private Land») resulta clara la importancia de la clase, el capital y el mercado de compraventa de tierras que, además de la raza, determinan la estructura de propiedad (los siguientes datos provienen de Gilolmo, 2014: 42-53). El 73,7% de las tierras privadas siguen perteneciendo a propietarios blancos (en azul en el mapa). Esto indica la permanencia del sesgo racial. El 26,3% restante se divide entre propietarios africanos de la siguiente manera: un 24% ha sido adquirido con fondos propios (private funds), un 63,9% ha sido adquirido gracias a créditos subsidiados por el estado (state loan), y un 12,1% (resettlemet) corresponde a los programas de reasentamiento gubernamentales. Este reparto implica que un 87,9% (24+63,9) de las tierras accedidas por africanos desde la independencia pertenecen a personas con un grado de capacidad económica entre medio-alto (créditos subsidiados) y muy alto (fondos propios). Sólo el 12,1% de la tierra repartida ha sido puesta en manos de la población en situaciones económicas más precarias (ibid.). Esto indica que cuando las desigualdades raciales son superadas lo hacen en favor de aquéllos con capacidad para participar en el mercado de tierras, lo que alude a la clase y a la acumulación de capital, probablemente conectados con el favoritismo político. Es curioso que durante la investigación que dio lugar al mapa 1 no fuese posible hallar publicada representación alguna que diera cuenta del reparto de la tierra en función de categorías que permitiesen observar las particularidades descritas más arriba, a pesar de existir los datos y la capacidad para ello.
Discusión
Si bien en el pasado los criterios de la desigualdad se resumían fácilmente en el argumento de la diferencia racial, hoy en día esos mismos criterios siguen reciclándose bajo la apariencia de razones económicas de carácter técnico. Se atiende principalmente a la capacidad para pagar por la tierra (es decir, para obtener tierras de acuerdo a las leyes del mercado), y a la capacidad para producir. En la práctica estos dos criterios se unifican, y como indican los porcentajes de acceso a la tierra en función del estatus socio-económico, se favorece el acceso a aquellos con la capacidad de pagar por la tierra, asumiendo que éstos son quienes mayor capacidad tienen para obtener producción. La experiencia demuestra las fallas de esta lógica. Uno de los principales resultados indeseados del proceso redistributivo es que los nuevos propietarios no usan la tierra para producir, sino que la valoran como símbolo de estatus social (Shigwedha, 2005). Esto ocurre principalmente entre los propietarios que han adquirido sus tierras con fondos propios, es decir, precisamente los de mayor capacidad económica. Entre los que han adquirido tierras a través de créditos subsidiados, los niveles de morosidad son elevados. (Duddy, 2012). Además, la suposición de que el modelo de producción implantado por los europeos sea el mejor posible es cuestionable. Por lo tanto, también es cuestionable la necesidad de equiparar a aquel toda actividad agrícola, más aún al existir estudios que cuestionan que la privatización estimule la inversión y la productividad (Moyo y Chambati, 2012). El modelo colonial de granjas comerciales se puso en marcha y se mantuvo gracias a una enorme cantidad de subsidios, aparte de contar con otras ventajas importantes, como la gratuidad de la tierra y de la fuerza de trabajo de las que se benefició. En la actualidad, en ausencia de éstos subsidios y ventajas, este modelo atraviesa dificultades para poder mantenerse.
Pero aunque los nuevos propietarios sí llevaran a cabo un buen aprovechamiento económico de las tierras adquiridas, o la privatización resultara en un aumento de las inversiones y de la productividad, lo que encontramos en el fondo de estos asuntos es una cuestión de valores. La lógica de que la tierra no debe pertenecer a quien no tenga por objetivo sacar el máximo beneficio de ella destila del mismo modelo de jerarquización racial y epistémica (Santos, 2014; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 13-14), que existía bajo el apartheid. Puesto que este es un criterio colonial y capitalista que entiende la tierra como un bien exclusivamente económico, se infravaloran los otros aspectos que la tierra significa bajo una perspectiva africana. Muchos namibios asocian el derecho a la tierra con el derecho a vivir dignamente en comunidad, lo que incluye, pero no se limita, a la producción de alimentos. Esto explicaría en parte que se compren tierras pero no se utilicen para producir, pero al mismo tiempo muestra un desvío respecto al valor de tierra en la cultura tradicional, desvirtuando su significación social y adaptándola al marco capitalista que asocia estatus social y propiedad privada. Los valores coloniales se justifican actualmente gracias a la asepsia objetiva de los balances de negocio (que sólo tiene en cuenta la producción) en lugar de basarse en el racismo científico explícito como ocurría en el pasado. En otras palabras, la novedad es que hoy el negro puede redimirse de su condición de negro (y todo lo que ello implica bajo los postulados del racismo sistémico) a condición de que sea rico. Se puede aventurar que el criterio económico como única legitimación posible del derecho a vivir dignamente presenta una continuidad con el integrismo racionalista mencionado anteriormente, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias materiales.
Referencias
Botha, C., The Odendaal Plan: «Development» for colonial Namibia, http://www.namibweb.com/oden.htm consultado el 11 de octubre de 2014.
Casto-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (2007), El Giro Decolonial. Reflexiones para una Diversidad Epistémica Más Allá del Capitalismo Global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Duddy, Jm. (2012), Millions of Loans in Arrears. (thesmoothiebus.com) Agribank Exceeds Targets. The Namibian, 5 de diciembre. http://www.namibian.com.na/indexx.phparchive_id=103171&page_type=archive_story_detail&page=5 consultado el 7 de diciembre de 2012.
Gilolmo, P. (2014), Land Reform In Namibia Spatial Analysis And Land Degradation In The Otjozondjupa Region. Tesis de Máster en Geografía presentada para la University of Namibia.
Hardin, G. (1968), The Tragedy of the Commons. Science New Series, vol 162, p. 1243-1248.
Meijs, M., Hager, C.p. Y Mulofwa, J. (2014), Local Level Participatory Planning, an Approach Towards Tenure Security and Development Planning. Paper prepared for presentation at the «2014 World Bank Conference On Land And Poverty». The World Bank – Washington DC, March 24-27. http://www.oicrf.org/document.asp?ID=13952 consultado el 6 de agosto de 2014.
Mlr, Kfw, Gopa Y Ambero (2012), Road Map – «Support to Land Reform and Infrastructure Development in Communal Areas» Programme. Windhoek: MLR.
Moyo, S. Y Chambati, W. (2012), Unlocking the Economic Potential of Communal Land: Regional/African Experiences. EN RESEARCH DEPARTMENT-BANK OF NAMIBIA (Ed.), Bank of Namibia 14th Annual Symposium 2012. Unlocking the Economic Potential of Communal Land (pp. 38-74). Windhoek: Bank of Namibia.
Odendaal, W. (2011), Land Grabbing in Namibia: A Case Study from the Omusati Region, Northern Namibia, http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/82_Willem_Odendaal.pdf consultado el 11 de octubre de 2014.
Olusoga, D. (2004), Genocide & the II Reich, http://www.youtube.com/watch?v=O4OZ7Xc5pWQ » http://www.youtube.com/watch v=O4OZ7Xc5pWQ consultado el 7 de mayo de 2012.
Santos, B.s. (2014), Más Allá del Pensamiento Abismal: de las Líneas Globales a una Ecología de Saberes. EN SANTOS, B.S Y MENESES, M.P (Eds.), Epistemologías del Sur (Perspectivas) (pp. 21-66). Madrid: Ediciones Akal.
Shigwedha, A. (2005), Farms should not be seen as ‘status symbol’:Shangheta. The Namibian, 6 de julio. http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=13555&page_type=archive_story_detail&page=6170 consultado el 9 de agosto de 2013.
Werner, W. (2011), «What has happened has happened». The complexity of fencing in Namibia’s communal areas. Windhoek: Legal Assistance Centre.
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[*] Investigador independiente (gilol99@hotmail.com)
[1] http://www.namibweb.com/oden.htm
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Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria [1]
Mario Alejandro Pérez-Rincón [*]
Palabras clave: Conflictos ambientales, Colombia, mecanismos de resistencia, Justicia Ambiental, Neo-Extractivismo
Introducción
En Colombia, la especialización productiva dirigida hacía el sector primario potenció las ventajas comparativas asociadas a la abundancia de tierra, agua y clima, y con ello se generó un incremento significativo en el área utilizada por la dinámica económica extractiva. La expansión de estas actividades se encontró con formas de producción campesina y sociedades híbridas que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza, con lo cual se intensificaron de forma significativa los conflictos e injusticias ambientales.
Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza, se generaron grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que expanden sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. La expansión de estas actividades se encuentra frecuentemente con formas de producción campesina, con agricultura familiar, mezcla de cultivos para el autoconsumo y el mercado local, con culturas híbridas (García-Canclini, 1990) que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza y con poco respaldo institucional. La vulnerabilidad de estas comunidades potencia los impactos ambientales sobre las mismas, incrementando su exclusión sobre los recursos naturales de los cuales subsisten, afectando sus modos y medios de vida, sus redes sociales, sus estructuras culturales y sus derechos consuetudinarios, generándose un despojo del agua, la tierra, los territorios comunales, la biodiversidad, y otros bienes comunales.
En este contexto, este artículo tiene tres propósitos: i) Presentar los principales conflictos ambientales identificados en el país; ii) Identificar las actividades y agentes generadores de estos conflictos; y, iii) Conocer los mecanismos de resistencia que han desarrollado las afectadas para defender su acceso a los bienes comunes. Este trabajo se hará a partir de un inventario realizado para 95 casos de conflictos ambientales distribuidos por todo el territorio colombiano, siendo el mismo altamente representativo de las disputas ecológico-distributivas de la realidad nacional actual.
Conflictos ambientales y justicia ambiental
Partiendo de una definición amplia sobre conflicto social, éste se estructura a partir de una divergencia o incompatibilidad entre dos o más objetivos o intereses en pugna dentro de un sistema (Grasa, 1994). Sin incompatibilidad o contraposición de objetivos, no existe conflicto. Los objetivos en pugna pueden ser materiales, tangibles (es decir intereses y necesidades), o intangibles (sentimientos, valores, pautas culturales). De ahí que pueden distinguirse entre conflictos de intereses o conflictos de raíces profundas.
El conflicto no surge de manera automática ante cierto tipo de problemas o necesidades que padecen las colectividades o los grupos subordinados. Es un constructo social que requiere ciertas condiciones sociales, procesos cognitivos diferenciados y las redes sociales necesarias para hacer de la protesta una condición social y no individual y aislada, reactiva o espontánea. Es necesario reconocer el conflicto, latente o manifiesto, como una situación de malestar, presente en el sistema social, que hace posible la impugnación o rechazo de un acontecimiento que afecta a grupos excluidos o subordinados. El conflicto coloca en calidad de problema una relación de desigualdad, subordinación, injusticia u omisión que cause perjuicio, malestar o merme la calidad de vida y oportunidades de las personas (Agüero, 2011).
En esta perspectiva, los conflictos ambientales o conflictos ecológicos distributivos son definidos como:«(…) las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también los de otras personas y grupos» (Kousis, 1998).
En términos históricos, el concepto de «justicia ambiental» es un antecedente del estudio de los conflictos ambientales. Aunque, este concepto esta aún precedido por otro, el de «racismo ambiental», el cual irrumpe en el radar político y académico de EEUU en 1982 cuando activistas de derechos civiles se organizan para detener en el Estado de Carolina del Norte el vertido de 120 millones de libras de tierra contaminada con bifenilospoliclorados (PCB) en el condado de Warren, habitado en alta proporción por personas afroamericanas. El Condado de Warren se convirtió así en símbolo del nacimiento del movimiento social sobre la justicia ambiental, aspecto que la corriente ambientalista principal no había considerado, es decir, que las personas de raza negra y las comunidades empobrecidas se enfrentaban a riesgos ecológicos mucho mayores que las personas blancas (Mohai et al., 2009: p. 408-409).
Por otra parte, un tema más reciente asociado es el de justicia hídrica que estudia la creciente concentración del agua y de los derechos de agua en unas pocas, analizando los conflictos que surgen en consecuencia por parte de grupos indígenas y comunidades rurales, que reclaman sus derechos sobre el agua basados en reglas consuetudinarias locales (Boelens et al, 2011: 13-18). Los conflictos por el agua se originan por la distribución desigual, así como por la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática donde se toman las decisiones y se hacen las reglas del agua. «Los estudios de justicia hídrica buscan influir en el debate y apoyar las estrategias de la sociedad civil para lograr políticas de gestión del agua más democráticas, mecanismos de resolución de conflictos de agua más efectivos y una distribución más justa de los recursos hídricos» (Idem: 18).
Inventario de los conflictos ambientales en colombia
En la Figura 1 (mapa), se presentan los 95 conflictos inventariados dentro de esta investigación. Como se observa, el inventario incluye conflictos de todo tipo;: se ubican en buena parte de las regiones del país; son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía (agropecuario o biomasa, infraestructura, energía fósil, fumigaciones, generación de energía, minería y residuos sólidos); incluyen las diferentes fases de los proyectos o actividades generadores de los impactos (propuesta, planeación, operación e incluso abandono de los proyectos); afectan a distintos tipos de comunidades (población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes); son generados por diferentes tipos de empresas (nacionales, extranjeras y mixtas); afectan a distintos tipos de ecosistemas y de recursos naturales (tierra, agua, paramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc.); las comunidades afectadas desarrolla diferentes tipos de resistencias sociales (movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.) y recurren a diferentes tipos de instrumentos legales y jurídicos para defenderse y para buscar la justicia ambiental (actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa; etc.); entre otros.
Figura 1. Conflictos ambientales en Colombia. (Fuente: Base de datos Univalle – EJOLT, Colombia)
Actividades y agentes económicos generadores de los conflictos ambientales en Colombia
Una forma de caracterizar y analizar los conflictos ambientales es identificar las actividades y agentes generadores de las disputas; en este caso se hace referencia a los sectores económicos que generan los conflicto, y a las empresas propietarias de los proyectos o actividades que producen los impactos ambientales o sociales que afectan a las comunidades o a los ecosistemas.
Los sectores económicos generadores de los conflictos
Figura 2. Clasificación de los conflictos ambientales acorde al sector metabólico (A) y al producto o actividad generadora del conflicto (B) en Colombia (95 casos) (Fuente: Base de datos Univalle – EJOLT, Colombia)
La Figura 2 (A y B) muestra la clasificación de los conflictos acorde al sector económico y al producto específico generador del conflicto. Para Colombia, 34 de los 95 conflictos inventariados, están relacionados con la minería, lo que representa el 36% del total. Dentro de estos se destaca el oro, con 27 casos que representan el 29% de todos los conflictos y el 79% de las disputas mineras inventariadas. Dentro de estos casos se resaltan dos conflictos de minería de oro por su magnitud y relevancia para el país; el del páramo de Santurbán en Santander, donde tiene presencia la multinacional Greystar de Canadá y el conflicto en la mina La Colosa, Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionado con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica.
Por su parte, la extracción y exploración de energía fósil explica el 23% de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6%) y el petróleo con 9 casos que equivalen al 9,5% de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollan desde su extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación, principal destino de esta actividad. Se destacan los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), todos relacionados con la empresa Drummond (EEUU); y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).
En el tema petrolero se destacan los casos emblemáticos de la exploración en territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EEUU), Repsol (España) y ahora Ecopetrol (Colombia). El permiso de exploración y explotación de petróleo y gas fue cancelado por presión de las comunidades y las autoridades ambientales en San Andrés Islas. Asimismo, cabe resaltar el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, proyecto que se inició en 2011 y en el que actualmente se encuentran operando varias empresas, entre ellas, Ecopetrol, OXY (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), por los continuos conflictos con las comunidades de la zona y la reciente consulta popular en Tauramena que rechazó el uso de su territorio con fines extractivos.
Le siguen en importancia, como sectores causantes de conflictos ambientales, la extracción de biomasa, que representa el 14% de los conflictos, destacándose 6 disputas asociadas al cultivo de palma: Hacienda Las Pavas, Bellacruz, Curubadó y Jiguamiandó, Chocó, La Macarena, el acaparamiento de tierras baldías y la pérdida de manglares en Tumaco. Este sector se ha caracterizado en general por sus altos niveles de violencia. La caña de azúcar, las plantaciones forestales y la explotación de bosques también son otras actividades generadoras de conflictos.
En términos de infraestructura (9%), ha habido una dinámica creciente de construcción de puertos y carreteras, y se espera que para los próximos años este último sector se vuelva aún más conflictivo por la denominada IV Fase del Plan de Concesiones Viales, que implica grandes proyectos de este tipo. Para estos años evaluados, los principales proyectos generadores de conflictos en esta área son los puertos y la construcción de vías.
Los proyectos o actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica representan el 8%, explicados por la construcción y operación de 7 hidroeléctricas (7%). Se resalta que este tipo de proyectos son altamente impactantes por las implicaciones socio ambientales de la zona inundada y el desplazamiento de personas, cultivos y bienes patrimoniales. Por ejemplo: estos 7 proyectos inundan un área total de 107000ha y afectan a 73000 personas. Igualmente la inversión que se hace para el desarrollo de estos proyectos de infraestructura es cuantiosa. Los mismos suman un total de US$ 10376 millones. Por su nivel de impacto y el grado de intensidad del conflicto, hay que destacar 4 casos: El Quimbo, Hidrosogamoso, Urra II e Hidroituango.
Finalmente, el manejo de residuos sólidos, el turismo y la fumigación áerea recogen el 6% restante de los conflictos. Las empresas generadoras de conflictos Un aspecto importante de la caracterización de los conflictos ambientales es conocer las empresas responsables de los proyectos o actividades extractivas. La tabla 1 evidencia una alta relación entre los conflictos ambientales y el flujo de inversión extranjera (54% de los proyectos), siendo las empresas principalmente de Canadá, Australia, Sudáfrica, y otros países europeos (54%). La Tabla 1 también identifica el tipo de empresas por sector económico generador de conflictos. Allí, se muestra que las empresas extranjeras se ubican esencialmente en minería y en exploración y extracción de energía fósil.
| Tipo de empresa u organización | Total | |||
| Sector | Nacional | Extranjera | Mixta | |
| Aspersión aérea | 1 | 1 | 2 | |
| Biomasa | 26Destacan: Grupo Daabon y Asocaña. | 12 | 2 | 40 |
| Energía fósil | 22Destaca: Ecopetrol, | 48Destacan en carbon: Drummond, Glencore, BHP Billiton, Xstrata.En petróleo: BP, Emerald Energy, Sinochen Corporation, Oxy, Repsol, YPF. | 0 | 70 |
| Generación de energía | 11Destaca: ISAGEN, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Empresa de Energía de Bogotá (EEB). | 4 | 1 | 16 |
| Gestión del agua | 3 | 3 | ||
| Industria | 1 | 1 | ||
| Infraestructura | 18 | 15 | 33 | |
| Minería | 18Destacan pequeños mineros y minería informal | 47Destacan: Anglo Gold Ashanti; B2 Gold, Grand Colombia Gold, Continental Gold, Cosigo Resources, Holcim, Medoro Resources, Rio Tinto, Solvista, Votorantim (Brasil) | 65 | |
| Rellenos Sanitarios | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Turismo | 4 | 1 | 5 | |
| TOTAL | 107 | 131 | 4 | 242 |
| % | 44,21% | 54,13% | 1,65% | 100,00% |
Mecanismos de resistencia de las afectadas
Los impactos ambientales generados por los proyectos y actividades económicas extractivas, que afectan diferentes tipos de comunidades, generan a su vez distintos mecanismos y estrategias de resistencia y defensa de sus derechos y medios de vida. Dentro de estos mecanismos se encuentran las manifestaciones, los paros, los bloqueos, las gestiones institucionales, la defensa jurídica y, en muy pocas ocasiones, acciones de violencia.
Pero, igualmente, las empresas y fuerzas extractivas también despliegan estrategias y mecanismos para preservar, fomentar y mantener estas nuevas fuentes de acumulación de capital y extraer los recursos naturales requeridos para el desarrollo metabólico del proceso capitalista. Estas estrategias combinan el marco legal, los estudios técnicos, las relaciones de poder y de política, las redes de influencia, la corrupción, y en bastantes ocasiones el uso de la violencia. El empresariado extractivista también utiliza el lenguaje del «desarrollo», del interés nacional, del beneficio general; y cuenta con el respaldo del Estado; ambos agentes están en contra de los intereses locales y de grupos específicos de población que defienden su cultura, sus valores y sus medios de subsistencia.
Como consecuencia de estas disputas el proyecto puede continuar, puede paralizarse, pueden producirse acuerdos entre los afectados y las empresas generadoras del conflicto, puede haber compensaciones, pueden haber hechos de violencia que nieguen la otredad, la desaparezcan, la intimiden. También se puede recurrir al marco legal y jurídico existente para tratar de frenar, parar, o negociar el proyecto.
De tal manera, en este punto se analizan dos cuestiones centrales: i) Las acciones resultantes o consecuencias finales de los conflictos; y, ii) las herramientas jurídicas utilizadas por las afectadas para defender sus derechos.
Acciones resultantes o consecuencias finales de los conflictos
Se observa una gran bipolaridad en las soluciones o resultados finales de los conflictos: por un lado, un gran número de acciones son dirigidas a la negociación o al uso de instrumentos jurídicos; y por otro hay una tendencia a resolver los conflictos o demandas de las comunidades a través de las acciones violentas. Se ha observado que en 165 oportunidades se han usado herramientas pacíficas para resolver el conflicto incluyendo: demandas en los tribunales (27), criterios técnicos (27), aplicación de la norma (38), compensaciones (23) y negociación (50).
Pero al mismo tiempo se observan 151 casos donde las soluciones se han establecido por mecanismos violentos. En estos casos destacan amenazas a activistas (52), represión (33), desplazamiento (31), muertes en 22 de los casos y desapariciones en 13 de los casos analizados.
Además, es necesario destacar que 19 proyectos se han logrado detener por las luchas del movimiento social, alcanzando con ello una tasa de éxito del 20%, ya sea parcialmente o en forma definitiva. Esto es lo que se ha denominado «triunfos de la justicia ambiental».
Instrumentos legales usados por las afectadas
Dentro del marco jurídico utilizado por los afectados, destaca la normativa ambiental como el mayor recurso empleado con un total de 44 casos, representando casi la cuarta parte de los instrumentos usados en los diferentes sectores.
Por su parte, las acciones dirigidas a defender el derecho a la consulta previa existente en la legislación colombiana son también un recurso legal importante; en este caso se hace referencia a la Ley 70 y al Convenio 169 de la OIT. Estos instrumentos obligan a que deban ser consultadas las comunidades afrodescendientes e indígenas antes del desarrollo de un proyecto. Las herramientas señaladas representan casi la tercera parte del total de instrumentos legales usados por las comunidades para defender sus intereses.
Por otro lado, destaca igualmente la Acción Popular que se presenta en 6 ocasiones donde se reconoce el caso del acueducto de Pance. También la Tutela ha sido usada en 7 ocasiones, una de ellas en el conflicto minero en Titiribí, Antioquia. Estos son dos instrumentos de la legislación colombiana que sirven para defender los derechos colectivos e individuales de las afectadas (Figura 4).
A nivel de Consultas Populares o Plebiscitos, se han presentado cinco, que buscaban detener los desarrollos extractivos en sus regiones: el del páramo de Santurbán, que resultó exitoso; la consulta en el municipio de Piedras que votó negativamente el uso de su territorio para actividades mineras en el proyecto; La Colosa; la consulta en Tauramena y en los municipios de Urrao y El Jardín (Antioquia). Estas iniciativas han generado un conflicto jurídico entre la autonomía de los municipios y el interés de la Nación frente al uso del territorio.
Por su parte, en términos de Acuerdos Municipales anti-extractivistas originados ya sea por las administraciones locales o los Consejos Municipales, son diecisiete los establecidos para detener proyectos: cinco en minería, seis en actividades de extracción de biomasa, cinco en energía fósil y uno de un relleno sanitario.
Ahora, si se detalla esta información por sectores económicos se encuentra lo siguiente. El sector que más ha usado instrumentos legales es el de la minería (29%), seguido de la energía fósil con 28%, la biomasa 16%, la infraestructura con un 8% y la generación de energía y rellenos sanitarios con 7% cada uno. El resto tienen participaciones minoritarias.
Conclusiones
América Latina, y Colombia en particular, han fomentado la senda neo-extractivista a través del diseño e implementación de una serie de políticas construidas por las tomadoras de decisiones y por un contexto internacional que las promueve. En ese sentido la especialización productiva no es un proceso natural, sino una construcción política mediante estrategias económicas, tributarias, subsidios, inversiones en infraestructura, cambios institucionales y mecanismos normativos y legales. De forma particular en Colombia la política minera, energética y agrícola impulsada por los últimos gobiernos han potenciado el modelo extractivo. Esto ha implicado un cambio drástico en el uso del suelo, que choca con los planes de vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo la supervivencia de diversas especies, la disponibilidad de agua para consumo humano, las formas de vida y la supervivencia de comunidades urbanas y rurales. Muchas de las nuevas actividades se ubican en estos territorios generando o intensificando los conflictos ambientales.
En ese sentido se evidencia una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos en Colombia. La apertura económica y la desregulación de la mayor parte de las actividades productivas y extractivas por parte del estado en la década del noventa sentó las bases del modelo extractivista, acrecentado en el presente siglo. Esta situación es alimentada por la dinámica de la Inversión Extranjera Directa y la flexibilización de las normativas para la asignación de territorios para el desarrollo de actividades extractivas y el debilitamiento institucional ambiental y minero-energético.
Desde esta perspectiva se han identificado 95 casos de conflictos ambientales. Los resultados e intentos de solución de estos conflictos muestran, por un lado, un gran número de acciones asociadas a medios pacíficos como la negociación, el estudio técnico o el uso de instrumentos jurídicos; y por otro, un gran uso de los medios violentos para resolver los conflictos. Esto muestra la bipolaridad de la sociedad colombiana que se enmarca en los extremos entre negociación, juridicidad y violencia.
Sin embargo, a pesar de la cantidad de eventos de movilización y resistencia y de los «triunfos» de la justicia ambiental, las voces de las comunidades son invisibilizadas sistemáticamente. Diversas personas han sido víctimas de represión, persecución, judicialización, amenazas, desaparición y asesinato. Por otra parte, en los lugares donde se han desarrollado los proyectos, miles de personas han visto desmejoradas las condiciones de vida en sus territorios por el aumento del costo de vida, las alteraciones de las cadenas productivas, la pérdida del trabajo, el rompimiento de tejidos sociales, las afectaciones irreversibles al ambiente y el aumento de conflictos sociales y ambientales.
Referencias
Agüero, J. (2001). Entre las demandas reivindicativas y ambientales: conflictos por el agua en la zona metropolitana Córdoba-Orizaba, Veracruz, 1990-2006. Universidad Veracruzana.
Boelens, R., Cremers, L. y Zwarteveen, M. (2011). «Justicia Hídrica: acumulación de agua, conflictos y acción de la sociedad civil», pp. 13-25. En: Boelens, Cremers y Zwarteveen (eds.). JUSTICIA HÍDRICA: acumulación, conflicto y acción social. Instituto de Estudios Peruanos y Fondo Editorial Universidad Católica del Perú, Lima.
Ejolt (2014). Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade. Página Web: www.ejolt.org. Consultada: X/02/2014). García-Canclini (1990). Culturas híbridas. Estrategías para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo Editorial, México.
Grasa, R. (1994). «Los conflictos «verdes»: su dimensión interna e internacional». Ecología Política 8, Barcelona.
Kousis, M., (1998), Protest-Case Analysis: A Methodological Approach for the Study of Grassroots Environmental Mobilizations. The Working Paper Series, No. 570 . Center for Research on Social Organization, Department of Sociology, University of Michigan, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/51334/1/570.pdf.
Mohai, P., Pellow, D. and Timmons, R. (2009).Environmental Justice. Annu. Rev. Environ. Resour. 34, 405–430.
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[*] Profesor Universidad del Valle – Instituto CINARA, Cali, Colombia (mario.perez@correounivalle.edu.co)
[1] Investigación financiada por el proyecto CSO2010-21979 «Metabolismo social y conflictos ambientales» y por el proyecto EJOLT (Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade) de la Unión Europea.
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