Los corregimientos de Medellín, Colombia. Percepciones y resistencias desde un territorio entre lo urbano y lo rural
Carlos Egio Rubio[1]
Eryka Torrejón Cardona[2]
INTRODUCCIÓN
En el centro de la ciudad de Medellín, en pleno corazón de Colombia, los autobuses rugen con estruendo entre edificios de cemento levantados en los años setenta. No es de extrañar que a la mayoría de los habitantes de la ciudad, sumergidos diariamente en este marco cotidiano, les resulte casi imposible imaginar que en su propio municipio, a unos pocos kilómetros, aún existan escenas y lugares que parecen de otro mundo y otro tiempo. El paisaje empieza a mutar conforme se aleja del centro. Los edificios y grandes avenidas dejan paso a las casas bajas, los cultivos y los restos de bosques hasta el punto de que a unos minutos en coche pueden encontrarse pueblos que aún mantienen parte de su tradición agrícola. Incluso, no muy lejos, fuera del municipio, pero sin salir del Área Metropolitana, aún deambulan tigrillos, monos titís y hasta pumas. Conocer esto ayuda a entender el gran reto que tienen entre sus manos la comunidad y los gestores del territorio.
Esta descripción encierra algunos matices. La periferia de Medellín forma un mosaico que va desde lo prácticamente urbano a lo prácticamente rural con todos los puntos intermedios imaginables. No obstante, ya sea por la construcción de autopistas y túneles para conectar el centro con el aeropuerto y con la costa, por proyectos de expansión urbana o por parques naturales que sirvan de lugar de recreo para los habitantes de la ciudad, siempre que se habla de medioambiente en la periferia surge la polémica.
En este artículo se abordan algunos de los resultados de un proyecto de investigación que se ha preguntado cómo perciben los habitantes de los bordes de la ciudad de Medellín las políticas de ordenación del territorio de su municipio y cuáles son sus formas de resistencia frente a estas.
El centro de la ciudad de Medellín visto desde uno de sus cerros
Identidad rural junto a una ciudad en crecimiento
El municipio de Medellín está situado en un valle cercado por montañas escarpadas en medio de la Cordillera Central de los Andes. A pesar de lo angosto del lugar –el escritor Héctor Abad Faciolince llegó a darle a la ciudad en uno de sus libros el pseudónimo de Angosta– en el municipio habitan más de dos millones de personas que necesitan recursos de un territorio 66,6 veces mayor que el que ocupan para mantener su estilo de vida (Agudelo, 2002). El crecimiento de la ciudad ha sido espectacular: hace cien años la población de Medellín era de poco más de cincuenta mil habitantes.
Los cinco corregimientos del municipio en los que se centró la investigación son poblaciones alejadas del centro que dependen jurisdiccionalmente de la Alcaldía. Aunque en realidad podría decirse que es la ciudad la que está inserta en los corregimientos, puesto que, según el Plan de Ordenamiento Territorial de 2006, el suelo calificado como rural (o rururbano) es casi tres veces más abundante que el propiamente urbano (Departamento Administrativo de Planeación, 2006).
San Sebastián de Palmitas
No obstante, esta descripción encierra realidades muy diferentes. Apenas se parecen entre sí el corregimiento de Altavista, casi conurbado con la ciudad e invadido por canteras y minas a cielo abierto, y el de San Sebastián de Palmitas, aislado en la ladera de una montaña y de vida y ritmo campesino. Entre esos extremos se encuentran, con sus peculiaridades, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena. Precisamente por esas diferencias sorprende que sus habitantes se sientan y quieran seguir sintiéndose rurales, aunque sean conscientes de que dicha ruralidad está en riesgo de desaparecer. De hecho, ése es precisamente el eje vertebrador de su identidad colectiva.
Además, muchos destacan el aporte de servicios ambientales, como el control de los ciclos hidrológicos y el suministro de agua de consumo para la ciudad, y opinan que son considerados como zona de expansión, recreo y despensa agrícola del resto del municipio sin obtener nada a cambio. Hay, por tanto, una tendencia clara de los movimientos ciudadanos en todos los corregimientos a defender su naturaleza rural frente a la presión urbanística y poblacional que ejerce la ciudad. De hecho, aunque la agricultura no sea ya la actividad económica predominante, ésta es considerada por sus habitantes como fuente de identidad y de resistencia frente a la urbanización.
La participación sin capacidad de decisión genera malestar
A pesar de que la ordenación territorial es muy reciente en Colombia, en los últimos quince años se han producido enormes avances. Ya en 2003, desde los corregimientos de Altavista y San Sebastián de Palmitas surgió una propuesta de trabajo que supuso el nacimiento en el municipio de la ordenación rural participativa. Se trataba del Plan de Estrategias Corregimentales (Plan ECO), una completa investigación financiada por la Alcaldía cuyo fin era la elaboración de unas estrategias para cada uno de los corregimientos que incluyeran la propuesta de alternativas para el manejo sostenible del territorio.
Esta tendencia se completó cuando aparecieron en escena los llamados Planes Especiales de Ordenamiento Corregimental (PEOC), con los que se pretendía paliar algunos de los fenómenos negativos identificados en el Plan ECO. De este modo, en un trabajo conjunto entre la administración local y los ciudadanos, surgieron propuestas como el Parque Ecológico Campesino de San Sebastián de Palmitas cuyo fin era promover un turismo ambiental en la zona del que se pudieran beneficiar la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, y eso es importante a la hora de interpretar algunas de las resistencias a la participación que pueden encontrarse hoy día, los PEOC carecían de un carácter vinculante.
Los participantes en uno de los talleres diseñan
un sociograma
En el momento en el que se desarrollaba la investigación en la que se centra este artículo, ciudadanos y administración trabajaban en un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Con las primeras propuestas ya planteadas en 2003, aún en el aire era perceptible el malestar en una población que lleva cerca de diez años colaborando en cientos de talleres y reuniones para planificar su territorio.
Es evidente que el reconocimiento de una identidad colectiva está muy ligado a la capacidad participación y decisión sobre las actuaciones que definirán los usos del suelo de una zona, puesto que estas tendrán importantes repercusiones sociales, económicas y ambientales. En el caso estudiado en este artículo, al prometerse un ordenamiento territorial diseñado con los actores sociales que habitan los corregimientos, adquiría en la conversación con estos una especial relevancia la necesidad de que la visión local sobre el territorio fuera tenida en cuenta por la administración. Es decir, quien habita los corregimientos pide que su opinión no solo sea escuchada, sino que tenga un impacto real sobre la planificación.
En este sentido, los ciudadanos admitían que existen desde la administración local escenarios abiertos para la participación ciudadana; sin embargo, los entrevistados destacaron que estos procesos no han dado como resultado la priorización de las propuestas surgidas desde las comunidades de la periferia.
“Muchas veces lo que prioriza la comunidad no se tiene en cuenta porque priman las políticas de turno” (Hombre adulto. Altavista).
Se hacía un especial énfasis en que son muchos los procesos participativos puestos en marcha desde las administraciones públicas y que la falta de resultados claros ha terminado por provocar que los ciudadanos contemplen con escepticismo los canales ofrecidos por la administración para la planificación del territorio. En este sentido, los expertos consultados coincidieron en afirmar que este escepticismo ha abierto nuevas vías de acción, participación y presión, sin cerrar el trabajo directo con la administración.
“El debate en la ciudad es muy interesante, porque las comunidades que marcharon fueron las mismas comunidades que participaron. Es decir, marchamos en la calle y nos movilizamos porque es un derecho natural, pero también nos sentamos con ustedes y conversamos” (Experto).
De hecho, en los últimos años se han sucedido marchas campesinas y en defensa del agua, tomas cívicas de espacios simbólicos de la ordenación territorial como el Parque Arví y protestas contra el nuevo túnel que pretende comunicar la ciudad con el aeropuerto. Asimismo, en 2011 representantes de los equipos de gestión de los planes de desarrollo en los corregimientos presentaron la Declaración de San José, en la que exigían, entre otras cosas, que se reconociera el valor estratégico ambiental de la zona, un “desarrollo centrado en la gente y sus territorios” y la priorización de los usos campesinos del suelo.
Distribución y coste de los beneficios ambientales
Lo descrito es el resultado de un modelo de desarrollo cuya distribución de costes y beneficios (ambientales, pero también económicos) es percibida como inequitativa. Los participantes (actores sociales muy diferentes entre sí) coincidieron en afirmar que mientras que los corregimientos tienen un importante papel en el aporte de servicios ambientales a la ciudad, asumen, por el contrario, una elevada carga en relación con los usos del suelo para fines residenciales e infraestructuras.
Este análisis se puede unir al de la literatura especializada, según la cual los diferentes instrumentos de planificación y ordenación territorial han supuesto un aumento del suelo de expansión. Este habría conllevado la implantación de usos urbanos que habrían vuelto más atractivo a los ojos de los habitantes de la ciudad este territorio, que empezaría a combinar calidades ambientales de la vida rural con comodidades de la vida urbana (Agudelo, 2012: 561), contribuyendo así a aumentar la densidad de población.
Al respecto, los habitantes tradicionales consideran que los corregimientos son olvidados por la administración al autorizar nuevas construcciones pero no mejorar los servicios públicos.
“Esos seiscientos apartamentos nos traen veinticuatro mil personas más en población, porque mínimo vienen papá, mamá y dos muchachos. Entonces carecemos de espacios de educación, carecemos de espacios de cultura-educación, de esparcimiento, entonces es un problema social” (Mujer adulta. San Antonio de Prado).
Por otro lado, los habitantes de los corregimientos suelen exigir contraprestaciones por la conservación de espacios naturales que ofrecen servicios ambientales a la ciudad.
CONCLUSIONES
Si ya de por sí el uso de metodologías participativas es importante para ahondar en cualquier problemática social, en el caso de los conflictos ambientales lo es aún más. Cuando hablamos de medioambiente son importantes, y han de ser tenidos en cuenta, los conocimientos técnicos, pero también los valores, normas y expectativas de la población (Martín y Garrido, 2006).
A pesar de que no exista un movimiento general de resistencia frente al modelo de desarrollo, las entrevistas llevadas a cabo a habitantes y actores que influyen sobre la planeación territorial en los corregimientos sacaron a la luz que existe un malestar extendido frente a este. En una misma postura coinciden miembros de movimientos ambientalistas, medios comunitarios, organizaciones de género, ONG, movimientos campesinos y organizaciones agrarias, e incluso miembros del funcionariado. Es decir, se percibe una defensa de las propiedades rurales del entorno incluso desde aquellos actores que no viven la ruralidad de una manera clásica.
Aunque se expresen de una manera difusa, las principales percepciones compartidas coinciden con principios fundamentales del concepto de justicia ambiental. La preocupación por la pérdida de identidad, en este caso muy ligada a un problema ambiental; la reivindicación de reconocimiento y capacidad de participación real en la planificación del territorio y la denuncia de una distribución inequitativa de costos y beneficios ambientales (Schlosberg, 2011) fueron una constante entre los entrevistados.
Agradecimientos
El proyecto, titulado “Los corregimientos de Medellín frente a las externalidades urbanas”, ha sido financiado con recursos del Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) en la Convocatoria de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes (versión 2012) y de la Estrategia de Sostenibilidad de Grupos (versión 2013) de la Universidad de Antioquia. Asimismo, hace parte del convenio Universidad Complutense de Madrid-Universidad de Antioquia para pasantía de investigación doctoral, con apoyo del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS). Está adscrito al Grupo Medio Ambiente y Sociedad.
Referencias
AGUDELO PATIÑO, L. C. (2002), Indicadores de sostenibilidad y ordenación del territorio: Huella Ecológica y ecosistemas estratégicos en Medellín, Colombia, Ponencia presentada en Ordenación del territorio, política regional, medioambiente y urbanismo, Gijón.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (2006), Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, Acuerdo 46 de 2006, Medellín: Alcaldía de Medellín.
MARTÍN, P. y GARRIDO, F. J. (2006), Metodologías participativas de investigación y planificación del medio ambiente, Medio Ambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociológica, Madrid: Thomson Editores.
PIEDRAHITA, C. y GONZÁLEZ, J. A. (2010), El ordenamiento territorial como mecanismo de transformación social: una mirada jurídica y política de la transformación urbana de la ciudad de Medellín, En: HERMELIN ARBAUX, M., ECHEVERRI RESTREPO, A. y GIRALDO RAMÍEREZ, J. (eds.) Medellín: Medio Ambiente, Urbanismo y Sociedad, Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
PROYECTO “Los corregimientos de Medellín frente a las externalidades urbanas”: http://corregimientos.wix.com/medellin
REDCIMAS, Red de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible: www.redcimas.org
SCHLOSBERG, D. (2011), Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario, Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional (41).
VILLASANTE, T. R. (2010), Conjuntos de Acción y participación rural. Documentación Social(155).
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[1] Universidad de Antioquia (cjegio@gmail.com)
[2] Universidad de Antioquia (eryka.torrejon@siu.udea.edu.co)
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