Megaproyectos turísticos y ecoturísticos, del despojo al cercamiento de bienes comunes de comunidades rurales en México [1]
Lirio Azahalia González Luna* y Rosalía Vázquez Toriz**
Palabras clave: Ecoturismo, megaproyectos, bienes comunes, México
El turismo en expansión, megaproyectos turísticos
Una de las fuerzas mundiales del avance del capital ha sido el turismo, cuya demanda se sumó a la expansión de la “tercerización” de las economías; las inversiones fluyeron para adecuar infraestructura que penetró en territorios otrora no capitalistas. Con la infraestructura creada se apuntaló la nueva apropiación, asentada en territorios de comunidades rurales con la promesa de generar empleo a cambio de aceptar el “desarrollo turístico”, y que más bien se convirtió en un nuevo modo de discriminación y colonización. Desplazadas estas por la tecnificación laboral o expoliadas de sus territorios por así convenir a “los intereses nacionales”, el aparato institucional del Estado va encaminando un modelo turístico afín a la reproducción de la ganancia, tal como ocurrió con la población de Santa María Huatulco, que dio paso al centro turístico “Bahías de Huatulco” en el estado de Oaxaca, México.
Las políticas gubernamentales mexicanas de fomento del turismo, organizadas desde la posguerra, después de la década de los cincuenta, consideraron el mercado a través del crecimiento económico. Con la demanda turística, la promoción de inversiones financieras (DPI) avanzó espacialmente reproduciendo la desigualdad centro-periferia: las regiones subdesarrolladas ofrecían sus ventajas competitivas a través de sus destinos, mientras que los flujos de capitales financieros buscaban acomodo para asentar sus inversiones y fomentar nuevos mercados para la demanda creciente de viajeros.
Con la geofagia del capital (Bartra, 2014), el despojo de tierras, la privatización y especulación tomaron fuerza. Y el turismo añadió nuevos ejes de valorización económica: con la identidad étnica, mostrados como un legado cultural ajeno, con el paisaje y la belleza escénica de los ecosistemas, se incorporó la mercantilización de los espacios. En México, costas y zonas arqueológicas se adecuaron para la demanda y oferta turística, como sucedió con los sitios de patrimonio mundial emblemático o las áreas naturales protegidas (ANP). La expansión del negocio del turismo continuó especialmente en zonas de playas; la propuesta espacial y territorial se basó en planes maestros urbanísticos. Un modelo inspirado en la economía de enclaves, impulsado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), cuya planeación y expansión turística se expresó en distintos estados del país. Tal es el caso de los “centros turísticos integralmente planeados” (CTIP), creados a través de los créditos obtenidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ofrecer financiamiento a capitalistas.
Para la expansión turística en el territorio nacional se escogieron cinco regiones en costas, en Baja California, Loreto y Los Cabos, en Oaxaca, Huatulco, en Quintana Roo Cancún, en Guerrero, Ixtapa Zihuatanejo, con el discurso de un desarrollo que fomentaría el empleo, la captación de divisas y el desarrollo regional. Sin embargo, las políticas gubernamentales fundamentalmente favorecieron al mercado, a inversionistas y a la obtención de ganancias.
Megaproyectos turísticos y la sustentabilidad
En los noventa, los megaproyectos turísticos a partir de los CTIP de FONATUR encuentran reacomodo en el marco de los tratados de libre comercio o de integración regional, con un nuevo discurso, el de la sostenibilidad (Leff, 2010: 21). Con la justificación de resarcir los daños ecológicos y degradación ambiental, enfrentar el cambio climático y combatir la pobreza, los megaproyectos turísticos se abren paso en ámbitos no capitalistas, en territorios bioculturales (Toledo, 2008), mercantilizando la biodiversidad y cultura de las comunidades rurales mediante el aparato institucional cuyo discurso es generar proyectos productivos de turismo de naturaleza o alternativo, que conceptualiza como viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales y de ecoturismo, siendo viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma (SECTUR, 2004: 23). Cabe señalar que las políticas de turismo para las comunidades indígenas y campesinas mexicanas se impulsan especialmente por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Un indicador de la privatización con el ecoturismo es forzar a las comunidades a abandonar sus prácticas productivas en el campo, sustituyéndolas por actividades turísticas, ya que los programas a los que pueden acceder ahora apuntan a la tercerización con la prestación de servicios turísticos. El expresidente de México, Felipe Calderón, lo dijo abiertamente en octubre de 2011 en Chiapas, cuando se refirió a que el turismo es una opción a la desigualdad (Herrera, 2011). Es decir, abandonar el campo es ya una política de gobierno (Camacho, 2012: 6).
De este modo, el ecoturismo se suma a los paquetes tecnológicos y productivos que se imponen mediante financiamiento, capacitación y asistencia técnica y que están cobijados con programas intersectoriales y proyectos derivados de la “asistencia al desarrollo”, estando presentes distintos actores de diferentes órdenes de gobierno y de la iniciativa privada. Aunque sobran ejemplos que dan cuenta del trasfondo de despojo de estos tipos de iniciativas de desarrollo, destacamos dos ocurridos en el estado de Puebla. El primero se ubica en la Sierra Norte, cuando en 2007 un proyecto fomentado por la CDI propuso, en terrenos que intentó comprar, la creación de hoteles establecidos en ecosistemas locales con vistas a acaparar los manantiales que surten diferentes poblaciones del municipio de Cuetzalan (Meza, 2014: 170-171). Por otra parte, hoy día se está promoviendo el proyecto de desarrollo inmobiliario “Crystal Lagoons”, que pretende construir una playa artificial en el municipio de Tepeojuma (Llaven, 2016), despojando del agua a distintas comunidades indígenas y campesinas que basan sus actividades productivas de este líquido vital.
Como se observa, estos proyectos intentan apropiarse de bienes comunes, así como también penetran en la vida y la dinámica del sujeto campesino, conminándolo a “salir de la pobreza” y prometiéndole que lo logrará cuando emprenda estos proyectos. Sin embargo, uno de sus resultados es la destrucción de la riqueza natural y el debilitamiento del tejido social de las zonas rurales indígenas, tal como ocurre con los centros ecoturísticos en Chiapas en los que los conflictos en las comunidades se han exacerbado con proyectos de este tipo, afectando su vida comunitaria (Camacho, 2012: 4-10).
Actualmente, en México, como en el resto de América Latina, se imponen proyectos extractivistas. Un análisis hemerográfico de 2012 a 2016 reveló 286 agresiones contra el patrimonio biocultural en 420 municipios del país, que generaron un número igual de conflictos socioambientales. Entre estos se encuentran veinticuatro megadesarrollos turísticos (Toledo, 2016). Siguiendo la discusión que Eduardo Gudynas realiza sobre el extractivismo (2009: 187-223), brevemente apuntamos que los megadesarrollos o megaproyectos turísticos no son estrictamente extractivistas, como sería la minería o la extracción petrolera; sin embargo, esta categoría es útil para abordar la realidad mexicana, ya que abre la discusión para visualizar el proceso de nuevas apropiaciones del capital, los desafíos de las sociedades y el papel del Estado. Se observa que, por ejemplo, este último es facilitador de políticas que apuntan a desarticular la multiactividad de los campesinos forzándolos a ser solo prestadores de servicios. Asimismo, es flexible en materia de regulación y permisos ambientales para cambio de uso del suelo cuando juega el rol de empresario, o para ceder territorio legalmente a las multinacionales, pero ausente en la aplicación de justicia, en el establecimiento de leyes, políticas o programas con los cuales los actores rurales podrían defender o ejercer sus derechos.
Habría que destacar que este accionar gubernamental y el tipo de proyecto que promueve, también podría estar encubriendo la mayor parte del saqueo de biodiversidad que se realiza en los territorios bioculturales. Consideramos que la forma más simple de encubrimiento de la bioprospección es el ecoturismo. Personas viajan a zonas tropicales de alta biodiversidad, con el fin de recolectar recursos biológicos y obtener información sobre su uso. Otras, arropadas por el turismo de naturaleza, representan a organizaciones no gubernamentales que realizan inventarios de biodiversidad que son utilizados por empresas biotecnológicas, y asimismo firman contratos con comunidades indígenas a fin de tener acceso a su biodiversidad genética (Herrera y Rodríguez, 2004: 185).
En la península de Yucatán, como parte de las estrategias del desarrollo rural, desde los años noventa se impulsan proyectos productivos de ecoturismo que hoy se multiplican virulentamente. De acuerdo con García de Fuentes et al. (2005: 3), son 157 emprendimientos de turismo alternativo en la península de Yucatán, próximos a zonas arqueológicas, cenotes, lagunas y/o manglares o esteros.
Llama la atención el caso de la Sociedad de Solidaridad Social (SSS) “El Corchito”, ubicada en el municipio de Progreso, en Yucatán, ya que recientemente fue privatizada por el Gobierno estatal, adjudicándosela con un convenio que amparó la construcción de un parador turístico (Yucatanall, 2015). Su éxito comercial se convirtió en su amenaza, mediante la valorización económica de los recursos naturales de los manglares, que se expresó en la llegada de turistas y terminó siendo la razón del despojo, una evidencia de acumulación por desposesión (Harvey, 2007). Este espacio, destinado ahora a la recreación y visita de miles de visitantes, coloca un cercamiento a la naturaleza, ya que el uso turístico es el que ahora se privilegia en el manglar y sólo se puede acceder a ella si se es turista. Los socios de la cooperativa pasaron, de ser poseedores del área de conservación del manglar, a asalariados del Estado y forzados a recibir un sueldo mensual para ahora convertirse en prestadores de servicios de un balneario sui géneris en los manglares, no obstante son ecosistemas protegidos por la Declaración Ramsar (imágenes 1 y 2).
Hay estudios que demuestran que el turismo es un eje de acumulación de capital (Cordero, 2006). En el caso de los megaproyectos ecoturísticos, la valorización del patrimonio natural por el ecoturismo es clave para el avance de la acumulación, como sucede con algunas ANP, o, como en este caso, los manglares. Esta valorización económica se materializa a través del mercado turístico y con el trabajo humano, haciéndose posible mediante la red de empresas intermediarias prestadoras de servicios y el aparato legal e institucional del Estado.
Frente a lo anteriormente señalado, la concepción de megaproyecto ecoturístico permite identificar la dominación espacial por el capital, reproducido supralocalmente mediante el proceso de valorización económica que se expresa en el territorio. Del despojo ocurrido con los megaproyectos turísticos, actualmente hay una renovación con estos megaproyectos, a través de cercamientos de los bienes comunes de las comunidades campesinas e indígenas.
Como se ha discutido, a través de la categoría de megaproyectos se propone ir más a fondo que considerar la tipología de la demanda turística para abordar lo turístico, ya que es útil para identificar bases estructurales que subyacen en las realidades de los actores locales. También permiten identificar dialécticamente experiencias distintas al proceso de acumulación de capital. En México hay ejemplos: más que emprendimientos económicos para la reproducción de la ganancia, son propuestas antihegemónicas, buscan resolver desde otras racionalidades el deterioro ecológico, constituyendo una sustentabilidad entendida como poder social, resultado de procesos de resistencia (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014).
Asimismo, se observa la necesidad de nuevas reflexiones y estudios que apunten a conocer las relaciones sociales y económicas que se presentan con las políticas públicas de impulso de los megaproyectos turísticos y ecoturísticos. Implica conocer las particularidades en las que se desenvuelve el avance del proceso de acumulación de capital frente al cercamiento de bienes comunes de comunidades rurales, que lo viven con sus especificidades territoriales, históricas, y culturales. Algunos resisten los embates del despojo, ejerciendo su autonomía, y vinculando otros procesos en los cuales su identidad, sus aprendizajes históricos, sus acciones, sus estrategias, en su necesidad de ser sujetos de su propia historia los conminan a construir espacios para disputar lo común, poniendo barreras al capital.
Referencias
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[1] Este trabajo es resultado de la tesis de doctorado en la que se analizaron las políticas de conservación ambiental a través del ecoturismo considerando sus efectos sobre la dinámica social y productiva de los pescadores artesanales en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún.
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* Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social. Facultad de Economía. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México (lirioazahalia@yahoo.com.mx)
** Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social. Facultad de Economía. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México (rosaliav@hotmail.com)
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