David Tobasura Morales*
Palabras clave: REDD+, bosques, manejo del territorio, discursos
La Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) promueve en los países en desarrollo el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales para aumentar y preservar la captura de carbono de los bosques (UN-REDD, 2015). Con una década de historia desde su inclusión en la Conferencia de las Partes de 2007 en Bali, Indonesia, la estrategia se ha implementado especialmente en países tropicales a partir de un mecanismo de gobernanza multiescalar con una participación central de grandes ONG internacionales en su promoción como nueva tendencia de conservación (Redford et al., 2013). La territorialización de REDD+ ha incidido en las dinámicas comunitarias de los pueblos dependientes de los bosques debido principalmente a los cambios que promueve en las condiciones de propiedad, acceso y uso de los bosques.[1] Incluso se ha asociado la implementación de proyectos REDD+ con procesos de acaparamiento verde, como el descrito por Carmody y Taylor (2016) en Uganda.
En México los efectos de la territorialización de REDD+ en proyectos locales están ligados a dos particularidades: 1) entre el 50 y 70 % de los bosques mexicanos son propiedad colectiva bajo la forma de comunidades agrarias y ejidos[2] (Antinori y Bray, 2005); 2) un modelo de conservación particular vinculado al corporativismo mexicano en el que la implementación de tendencias de conservación globales como el ecoturismo, las áreas naturales protegidas y los pagos por servicios ambientales (PSA) se ha asociado a un aumento del control de recursos por el Estado y a una expansión de su aparato institucional a través de medidas asistenciales ligadas a la conservación (McAffe y Shapiro, 2010). En este sentido, la implementación de REDD+ en México esta mediada por los intereses de las instituciones públicas, las dinámicas organizativas comunitarias y su interacción con los bosques, así como por la incidencia externa de grandes ONG.
El proyecto piloto REDD+ Much Kanan K’aax, Quintana Roo
El ejido Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo tiene una extensión de 47.223 hectáreas donde actualmente habitan 288 ejidatarios con sus familias y un mayor número de avecindados. Estos hogares, la mayoría mayas peninsulares, dependen principalmente del aprovechamiento de chicozapote (Manilkara zapota), caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), así como del cultivo de milpas (policultivo sobre todo de maíz, frijol y calabaza) en sistema de roza, tumba y quema. Adicionalmente, en el ejido se ubica una porción de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, reconocida como un importante sumidero de carbono nacional.
Imagen 1. Ejido Felipe Carillo Puerto. Elaboración propia.
A partir de la creación del ordenamiento territorial con enfoque ecológico en 2005, impulsado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), los ejidatarios determinaron crear dos reservas comunitarias de conservación. Una de estas es la Reserva Much Kanan K’aax ─”juntos cuidemos la selva”─ (MKK), de 1230 hectáreas, cubierta por selva mediana subperennifolia intercalada con parches de vegetación secundaria y milpas no mayores a 2 hectáreas cultivadas por hogares avecindados. En 2006, por invitación de una ONG local asociada a The Nature Conservancy, los ejidatarios decidieron iniciar un proceso de certificación para la venta de bonos de carbono con la fundación escocesa Plan Vivo,[3] centrado en monitoreos comunitarios de carbono, vigilancia y reforestación en MKK.
Mientras el proceso de certificación continúa con altibajos por los problemas organizativos, los cambios de autoridades y desconfianzas hacia los intereses de las ONG y la CONAFOR; la reserva ha sido reconocida como un proyecto piloto REDD+ y el ejido, como un territorio de Acción Temprana REDD+ por la institucionalidad mexicana. Asimismo, en 2012 fue incluido como un Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono y los ejidatarios recibieron financiación del proyecto nacional de “fortalecimiento del proceso de preparación para REDD+ en México”, patrocinado por el Gobierno de Noruega (con 14.936.000 $), PNUD, la FAO y la Alianza M-REDD+, una plataforma de ONG estadounidenses que promueven la estrategia en México.
Además de las acciones en la reserva, los ejidatarios con asesoría de la ONG local han puesto en marcha iniciativas ligadas a REDD+ para la sostenibilidad económica de la reserva y la búsqueda de ingresos para los ejidatarios, así como para la regulación y generación de cambios en las prácticas productivas y domésticas ligadas al uso de la selva. En materia de financiación, el ejido accedió a programas federales de PSA y estableció un centro ecoturístico en MKK. Respecto a la transformación de prácticas se han creado nuevos grupos de monitoreo comunitario de biodiversidad compuestos por miembros de hogares ejidatarios, se ha promovido la instalación de estufas ahorradoras de leña y se han fortalecido reglas de uso y acceso a la reserva y la selva que afectan diferencialmente a ejidatarios y avecindados. Estos últimos afrontan mayores restricciones en el cultivo de sus milpas, la recolección de leña y la cacería de subsistencia sin la posibilidad de acceso a compensaciones o beneficios por su condición de no propietarios de la tierra.
Imagen 2. Reserva Much Kanan K’aax. Autor: David Tobasura Morales.
Una estrategia fugaz ¿para acaparar?
Los actuales análisis críticos sobre REDD+ en el sur global dan lugar a dos perspectivas. La primera ve la estrategia como la más reciente tendencia de conservación global que a corto plazo atrae gran interés de sectores ambientales pese a los limitados beneficios; una mercancía discursiva que se reproduce generando expectativas para atraer recursos financieros (Lund et al., 2017). La otra perspectiva sitúa a REDD+ como una forma de acaparamiento verde; un mecanismo para la apropiación o reestructuración de las reglas sobre el uso, acceso y manejo de la tierra y los bienes comunes con fines ambientales y bajo una lógica neoliberal (Fairhead et al., 2012).
El caso del proyecto piloto REDD+ en Carrillo Puerto es de utilidad para plantear que la estrategia puede ser entendida a partir de la combinación de las dos perspectivas matizadas y, a la vez, por las particularidades sociopolíticas de los territorios donde se implementa y la incidencia de los actores externos que la promueven.
Expectativas
A través del análisis discursivo de entrevistas realizadas en el año 2016, se determinó que la territorialización de REDD+ en el ejido ha estado ligada a una serie de expectativas planteadas desde instituciones o actores externos ─The Nature Conservancy, ONG locales, CONAFOR e investigadores─, reproducidas y apropiadas por líderes y hogares ejidatarios. Una de las más importantes es la comercialización de bonos de carbono, iniciativa que diez años después aún no se ha puesto en marcha por la falta de certificación, lo que provoca desconfianza en la comunidad: “Los bonos de carbono nos engañaron hace como nueve o diez años […]. Vino a presentarnos un proyecto de captura de carbono y venta de carbono a los grandes empresarios como Michelin y los grandes industriales de Estados Unidos que contaminan” (autoridad ejidal, entrevista del 21 de abril de 2016).
La otra expectativa está relacionada a los ingresos de la futura venta de bonos de carbono y los monitoreos realizados en la reserva: “Hay un potencial realmente extensivo, un cerral de dinero, pero que realmente tienes que saber manejar […]. Yo ya tendría un chingo de dinero sin trabajar y por mantener mi selva bien cuidada” (ejidatario, entrevista del 5 de mayo de 2016). Sin embargo, las ONG acompañantes reconocen que los ingresos de la venta de bonos alcanzarían únicamente para la financiación de la reserva. GRAIN y WRM (2015: 20) han denunciado expectativas similares de compañías de carbono y grandes ONG para atraer a Gobiernos y comunidades, aun cuando los mercados voluntarios de carbono mantienen una tendencia de desvalorización y las ganancias son captadas por las compañías certificadoras y las ONG acompañantes antes de llegar a las comunidades.
En Carrillo Puerto se espera que, a partir de la certificación internacional, la comunidad obtenga el 60 % de los ingresos por venta de bonos, mientras que el excedente se repartiría entre asesores técnicos, promotores y la empresa certificadora (Servicios Ecosistémicos de la Selva Maya S. C., 2011). Aun así, la situación puede ser más incierta para los intereses de los ejidatarios si se considera que, a través de la creación de la Estrategia Nacional REDD+, las entidades públicas centralizarán la administración de los recursos financieros provenientes de la cooperación internacional y los mercados voluntarios o de cumplimiento de REDD+.[4]
Restricciones y división
Las expectativas de los ejidatarios van de la mano de la adopción de recomendaciones e intereses del discurso reproducido por las ONG y entidades públicas que acompañan el proyecto piloto REDD+. Esta adopción se ha materializado en iniciativas que han tenido como consecuencias la reestructuración y consolidación de reglas de acceso y uso de la selva, así como del afianzamiento de la división entre ejidatarios y avecindados, enmarcada ahora por un discurso ambientalista que sitúa a los primeros como protectores de la naturaleza y a los avecindados como depredadores que deben ser vigilados o reubicados.
Es cierto que estas dinámicas son similares a casos como el descrito por Carmody y Taylor (2016) en Uganda, lo que hace pensar en un desenlace de acaparamiento con fines de conservación. No obstante, es muy difícil pronosticar que este sea un desenlace generalizado en México, dadas las herramientas jurídicas de los ejidos como territorios colectivos, la fortaleza organizativa local y el corporativismo del Estado mexicano. Aun así, desde la perspectiva del acaparamiento verde, se puede entender la integración económica por intereses ambientales de lugares periféricos y de poca importancia para comunidades y élites, como la Reserva MKK, en donde habitan principalmente aquellos que no poseen tierra y que justamente son los más afectados por tendencias de conservación como REDD+.
Para finalizar, quiero mencionar que, mientras redacto este artículo, el nuevo Gobierno estadounidense, abiertamente negacionista del origen antropogénico e industrial del cambio climático, está desmontando el ínfimo avance en política ambiental. Este hecho es de gran importancia si se tiene en cuenta que gran parte de los recursos para REDD+ en México proviene de Estados Unidos.[5] Esto aumenta la posibilidad de que las expectativas sobre REDD+ sean más fugaces de lo pensado, aunque seguramente termine incidiendo en los conflictos históricos de comunidades y ejidos.
Bibliografía
Antinori, C., y D. Bray, 2005. “Community forest enterprises as entrepreneurial firms: economic and institutional perspectives from Mexico”. (Modafinil) World Development, vol. 33(9), pp. 1529-1543.
Carmody, P., y D. Taylor, 2016. “Globalization, land grabbing, and the present-day colonial state in Uganda: Ecolonization and its impacts”. Journal of Environment and Development, vol. 25(I), pp. 100-126.
Fairhead, J., M. Leach e I. Scoones, 2012. “Green Grabbing: A new appropriation of nature?”. The Journal of Peasant Studies, vol. 39(2), pp. 237-261.
Lund, J. F. et al., 2017. “Promising change, delivering continuity: REDD+ as conservation fad”. World Development, vol. 89, 124-139.
McAffe, K., y E. Shapiro, 2010. “Payments for ecosystem services in Mexico: nature, neoliberalism, social movements and the state”. Annals of the Association of American Geographers, vol. 100(3), pp. 579-599.
Redford, K. H., C. Padoch y T. Sunderland, 2013. “Fads, funding, and forgetting in three decades of conservation”. Conservation Biology, vol. 27, pp. 437-438.
Servicios Ecosistémicos de la Selva Maya S. C., 2011. Plan Vivo Project Design Document: Much Kanan K’aax. México.
WRM y GRAIN, 2015. Los proyectos REDD+ y cómo debilitan la agricultura campesina y las soluciones reales para enfrentar el cambio climático. Barcelona, GRAIN.
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* El Colegio de la Frontera Sur, México. ✉ dstmorales@gmail.com
[1] REDD-Monitor difunde información sobre los conflictos asociados a REDD+ desde 2008: http://www.redd-monitor.org/
[2] El ejido es una figura jurídica creada a raíz de la Revolución mexicana para redistribuir la propiedad agraria entre los campesinos. Se ha erigido como una estructura que regula la vida comunitaria, en la que participan aquellos que cuentan con la propiedad o derecho agrario ─ejidatarios─ y en menor medida sus familias y aquellos que no cuentan con el derecho: avecindados o pobladores.
[3] Información sobre el proyecto: http://theredddesk.org/countries/initiatives/much-kanan-kaax
[4] Arquitectura financiera de REDD+ en México: https://www.youtube.com/watch?v=1v6rt4nWBgI
[5] http://foreignpolicy.com/2017/04/24/u-s-agency-for-international-development-foreign-aid-state-department-trump-slash-foreign-funding/
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