Equipo técnico de la revista Ecología Política
La pesca IUU (ilegal, no regulada y no registrada) o pesca «pirata» está expoliando los stocks marinos, destruyendo los ecosistemas marinos y robando los recursos de los colectivos y países más pobres del planeta. La pesca IUU (en Español INDR) engloba el conjunto de actividades pesqueras que incumplen las legislaciones nacionales e internacionales de pesca, como por ejemplo, entre otras, el uso de artes de pesca prohibidas, la pesca de especies protegidas, pescar en zonas protegidas o reservas marinas cuando esta actividad está prohibida, o pescar sin licencia. Las embarcaciones que realizan pesca IUU disminuyen costes y maximizan los beneficios a través de multitud de mecanismos, incluyendo el uso de las Banderas de Conveniencia como sistema para evitar todo tipo de control y las consecuentes penalizaciones derivadas de sus actuaciones fraudulentas.(1)
A escala global la pesca pirata supone entre 11 y 26 millones de toneladas anuales, valoradas entre 10 y 23,5 mil millones de dólares anuales. Es una actividad muy rentable, que se ve impulsada por la gran demanda mundial de productos pesqueros que está llevando al límite los recursos marinos. Los impactos derivados de este tipo de actividades son ambientales, sociales y económicos, y se concentran de manera desproporcionada en los países en desarrollo donde muchas de las actividades de pesca ilegal tienen lugar, aprovechándose de la escasa capacidad de control de estos países.
El trabajo de pescador en cualquier tipo de embarcación es duro y en muchas ocasiones implica riesgos, por ello se considera uno de los trabajos con más riesgos laborales en el mundo. Sin embargo, a los riesgos intrínsecos derivados de las condiciones ambientales y de la pesca en sí misma, en algunas embarcaciones de pesca industrial se dan casos vergonzosos de abuso en las condiciones laborales. En particular la pesca pirata se caracteriza, en muchas ocasiones, por llevarse a cabo con unas condiciones de trabajo pésimas.
Los abusos, y en muchas ocasiones trato ilegal, a los trabajadores en las embarcaciones de pesca IUU incluyen entro otros aspectos: la explotación financiera, deficiencias importantes en el cuidado a la salud, malas condiciones de alimentación y reposo, insuficientes medidas de seguridad en las embarcaciones, abusos físicos y verbales, encierro en las embarcaciones, e incluso abandono de la tripulación. Los peores casos cumplen la definición de la Organización Internacional del Trabajo de trabajo esclavo, incluyendo el confinamiento físico de los trabajadores, la retención de la documentación personal, y el no pago de nóminas. Están documentados numerosos casos en los que a la tripulación de barcos de pesca IUU se les ha pegado, golpeado con barras de metal, impedido dormir, encarcelado sin agua y comida, y se le ha sido obligado a continuar trabajando incluso estando herida; los peores casos incluyen la muerte.
También es común el incumplimiento de los compromisos de pago, y la aplicación abusiva de «tarifas de gestión» y su retención en el momento del pago del sueldo. Los trabajadores en el ámbito de la pesca IUU en ocasiones pueden llegar a pagar como «tarifa» el equivalente a varios meses de trabajo, e incluso en ocasiones se ha dado el caso de trabajadores que han trabajado sin recibir pagos durante años.
La falta de voluntad de la comunidad internacional para ratificar y hacer cumplir algunos mecanismos diseñados para establecer unas condiciones mínimas de seguridad en las embarcaciones, combinado con el bajo nivel de cumplimiento de las regulaciones existentes por parte de determinados países, permite a los propietarios de las embarcaciones la degradación de los buques y que estos tengan importantes deficiencias en los sistemas de seguridad.
Por otra parte el uso de banderas de conveniencia, por parte de las embarcaciones que llevan a cabo pesca IUU, ha sido identificado como un mecanismo particularmente perverso. Determinados países no disponen de capacidad y/o deseo de aplicar las legislaciones laborales en las embarcaciones que llevan su bandera, y facilitan así las acciones de pesca IUU al minimizarse el riesgo de detección y castigo. El cambio de bandera a estos países es muy simple, rápido y barato, por lo que las embarcaciones piratas cambian constantemente de nombre y bandera dificultándose por tanto la labor de las autoridades.
El informe «All at sea. The abuse of human rights aboard illegal fishing vessels» publicado este año 2010 por la Environmental Justice Foundation denuncia todos los elementos anteriores a través de diversos casos de estudio en Sierra Leona y Guinea principalmente. Constituye una excelente introducción a esta temática y un claro llamado a la acción internacional.
En relación a la pesca IUU española en él se recoge únicamente el caso de la embarcación Amur, que se hundió en aguas sub-Antárticas el año 2000 cuando pescaba ilegalmente Patagonian Toothfish (Chilean Sea Bass). Murieron 14 tripulantes. Los trabajadores no tenían contratos legales ni seguro, los equipos de salvamiento no funcionaban y las vías de escape estaban bloqueadas. Pese a tener bandera de Conveniencia de Sao Tome y Príncipe, el barco era propiedad de empresarios Gallegos.
Desgraciadamente no es ni mucho menos es el único caso de pesca IUU donde están involucrados actores espa- ñoles, algunos ejemplos se pueden ver en la tabla 1.
El caso más emblemático es el de Antonio Vidal Pego, armador gallego de 33 años, que fue el primer pirata pesquero condenado por un tribunal de Estados Unidos por intentar vender en EEUU 26 toneladas de merluza negra capturada ilegalmente en aguas del Atlántico sur. La pesca fue realizada a través de una embarcación propiedad de la empresa Filadur creada por él en Uruguay. El padre de Antonio Vidal Pego, Antonio Vidal Suárez es a su vez propietario de Vidal Armadores, empresa sobre la que pesan desde hace años múltiples acusaciones y condenas por pesca IUU. Lamentablemente Vidal Armadores sigue siendo subvencionada por el propio Gobierno Español con más de 4,5 millones de euros en el periodo 2003- 2006.
Pero este ejemplo no es una excepción. Otro caso, más cercano a la zona africana, pone de manifiesto cómo actores privados del sector pesquero español, administración española, administración del país en desarrollo colaboran de manera directa e indirecta en la pesca IUU. En octubre de 2008, el barco Al Amine, propiedad de la empresa mixta senegalesa Soperka (controlada por el grupo español Grupo Pereira) fue detenido practicando pesca ilegal en Madagascar. Estaba actuando bajo bandera Senegalesa y fue retenido con 33 toneladas de derivados del tiburón y 1,5 toneladas de bogavantes pescados ilegalmente. El barco no tenía licencia de pesca y estaba capitaneado por un pescador español- José González Pérez. En los documentos encontrados a bordo se demostró que la embarcación había cambiado al menos tres veces de bandera, inicialmente fue una embarcación española, posteriormente usó la bandera Namibia y finalmente optó por la bandera senegalesa, aprovechando los insuficientes controles ejercidos por éste país (L’Express de Madagascar, 2008). Pese a ello el Grupo Pereira ha sido subvencionado en varias ocasiones por el Gobierno Español, entre ellas ha recibido recursos para la creación de empresas mixtas y para la realización de actividades de pesca experimental (que era la actividad que en teoría realizaba cuando la embarcación fue detenida).(2)
Casos más recientes nos muestran que la problemática sigue dándose en la actualidad. Esta vez la historia tiene lugar en Mozambique el 14 de julio de 2010. Tras una exhaustiva investigación tres embarcaciones españolas de OPARGU (Organizacion de Palangreros Guardese): Alexia, Zumaya Dous y O Covelo son multadas por no informar sobre la pesca que habían realizado antes de entrar y salir de la zona exclusiva de pesca de Mozambique. En 14 ocasiones en el periodo Enero-Mayo de 2010 las embarcaciones incumplieron la obligaciones establecidas en el Acuerdo de Acceso a los Recursos Pesqueros firmado el año 2007 entre Europa y Mozambique.
El Alexia había sido subvencionado con fondos europeos para su construcción el año 1996 por un monto total de 696.673 euros, y el año 2004 recibió otra subvención para su modernización por un total de 17.480 euros. Es decir operaba gracias a 714.153 euros de fondos públicos.
El Zumaya dos por su parte había recibido una subvención para su construcción el año 2002 de 845.049 euros.
En total pues han recibido más de 1,5 millones de euros que no van a devolver pese a incumplir reiteradamente la normativa.
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1 La mayor parte de la información utilizada para este artículo ha sido obtenida del informe «All at sea. The abuse of human rights aboard illegal fishing vessels» publicado en 2010 por la Environmental Justice Foundation. UK. 25 pp.
2 En Octubre de 2008 las autoridades de Madagascar detuvieron la embarcación Al Amine, una embarcación.
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