Lúcia Ortiz. Coordinadora del Programa Justicia Económica Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional (lucia@natbrasil.org.br)
Un año antes de las jornadas de movilización de junio y julio de 2013 en Brasil, el 20 de junio de 2012 en Río de Janeiro, los movimientos y organizaciones sociales celebraban el hecho de haber llenado la Avenida Río Branco y el largo de la Candelaria con casi 100 mil personas, movilizadas por la Justicia Social y Ambiental, contra la Mercantilización de la Vida y en Defensa de los Bienes Comunes. El éxito superó incluso las expectativas de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos .
La movilización fue un éxito, pero ¿cómo se llegó a este hecho que pareció entonces un gran logro? ¿Qué impactos tuvo sobre la agenda del capitalismo verde, para frenar el acaparamiento de la biodiversidad por el capital? ¿Y qué relaciones se pueden establecer con las jornadas de movilizaciones en junio de este año en Brasil?
El encuentro Río+20 y el intento de convertir biodiversidad en capital
El encuentro Río+20, realizado en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, fue un hito en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Nunca antes la brecha entre las propuestas realizadas por sus agencias y las demandas de los pueblos fue tan profunda. La insostenible Captura Corporativa de la ONU resultó en una conferencia vaciada de contenido y significado, mientras la Cumbre de los Pueblos, con mas de 30 mil personas en actividades afuera y lejos de la cumbre oficial, era el único espacio vivo y de alternativas reales por la justicia ambiental, frente a las múltiples crisis creadas por los mismos proponentes de las falsas soluciones. Acciones, debates y movilizaciones de masa, durante cuatro días consecutivos, y que culminaron con la marcha del día 20 de jJunio, rechazaron la estrategia contenida en el paquete de la “’economía verde’” de la ONU, forjada por banqueros y CEOs de corporaciones, en un esquema de puertas giratorias.
A los mercados climáticos, legalizados primeramente con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención de Cambio Climático, y luego a la Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (TEEB, por sus siglas del inglés, aprobada en la COP 10 de la Convención de Diversidad Biológica – CDB, realizada en Nagoya, Japón en 2010), les llegaba la hora de una nueva “‘ropa verde”’ . La “‘economía verde’”, un nuevo gran salto del capital hacia el acaparamiento de la naturaleza y la desposesión de los pueblos en sus territorios, que tenía la particularidad de usar un lenguaje más positivo y un alcance más amplio.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tuvo un rol central en desarrollar y popularizar el concepto de “‘economía verde’”. En su informe de febrero de 2011, ponía el énfasis en el crecimiento económico, la tecnología y en los mecanismos de mercado para salvar el planeta. El portavoz jefe del informe, el banquero inversionista Pavan Sukdhev, el mismo ideólogo del concepto de TEEB, trabajó para el PNUMA durante su sabático en el Deutsche Bank (uno de los mayores comerciantes de derivados del mundo). .
Sukdev, el PNUMA y luego la ONU, proponen que ponerle un precio a la naturaleza es la mejor manera de protegerla. Que la naturaleza debe cuantificarse y valorarse de acuerdo a los “servicios” que proporciona (limpiar agua, capturar carbono, etc.). De esta manera, los servicios de la naturaleza pueden ser compensados y comercializados en los mercados a través de bonos, de forma similar al comercio de carbono.
La biodiversidad ha sufrido en la ONU ataques desde el capital para lograr su apropiación. Con los derechos de propiedad intelectual se ha tratado de privatizar su riqueza genética; con diversos procesos de comodificación se ha intentado convertirla en una cosa vacía de contenidos culturales, espirituales y de derechos colectivos; más recientemente, se ha tratado de convertir en un activo financiero para que las bolsas de valores de todo el mundo decidan sobre la misma y determinen su rol, ya no de vida. Con este nuevo ataque, la biodiversidad se convertiría en un elemento más que compensaría los impactos del modelo capitalista para la eternización del mismo. Río sirvió para darle más fuerza a este paradigma. Río fue útil para que, no solo la CBD, sino todo el aparato de Naciones Unidas, diga que la biodiversidad se puede salvar en tanto tenga un valor económico que en la práctica se convierte en un precio. (https://mundonow.com/) Este paradigma ha obtenido eco en algunas organizaciones de la sociedad civil que ven en la utilización del valor económico, una herramienta táctica, perdiendo de vista que reduciendo todo a números, finalmente, se da un paso hacia esa lógica que deja de lado la cultura, la espiritualidad y los derechos.
Un ejemplo concreto de cómo este paradigma se convierte en políticas nacionales fue la reforma del Código Forestal en Brasil. A camino de la cumbre de Ríio, en el Congreso Nacional se negociaban la reforma del Código Forestal y proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques tropicales (REDD, por sus siglas del inglés) y de Servicios Ambientales. El objetivo era aprobarlos antes del encuentro Río+20, para que el anfitrión fuera un modelo de “‘buenas practicas’” de implementación de los mecanismos de la “‘economía verde’”. El Nuevo Código Forestal, tras más de un año de confrontaciones entre Agronegocio, Ambientalismos y Gobierno, sólo se aprobó con la sanción y vetos presidenciales, después del encuentro de Río+20, en octubre del mismo año, y con un capitulo específico de creación de un mercado de compensación de biodiversidad a ser operado por la Bolsa de Valores, Verde, de Ríio (BVRío) .
Resistencia de los Pueblos al proceso oficial
La superación de una pauta político-económica compleja, enmascarada y traída al ámbito aparentemente amigable de las conferencias de las Naciones Unidas sobre “‘desarrollo sustentable”’, considerada “de interés de ONGs ambientalistas”, no fue una tarea fácil. La apropiación real de la crítica al capitalismo verde se basó en un largo proceso de reflexión, estudio y educación popular. Hasta se realizó un Foro Social temático. Pero sobre todo, fue un proceso de intercambio y conexión entre experiencias de resistencia a la implementación de estos mecanismos, buscando territorializar el discurso verde en el campo, los bosques o las ciudades. Fue un proceso de fortalecimiento del poder popular asentado en una relectura de la acumulación de las luchas vivas en los territorios.
El lanzamiento de un “‘borrador cero’” de la declaración de Río+20, en enero de 2012 , tornó más claras las intenciones de la conferencia: configurar un nuevo método de implantación de ajustes estructurales con el objetivo de acaparar lo que resta de “‘verde’» en el Sur. Nombrar a la naturaleza como ‘capital natural’ y enfatizar la importancia de los mecanismos de comercio e inversiones, y el partenariado público privado, facilitaría un desplazamiento hacia la implementación a niveles nacionales de políticas e instrumentos de la economía verde. Todo sin haber alcanzado aún un consenso multilateral; sobre todo con los países llamados “‘en desarrollo”’, pues estaba claro que la “‘transición para una economía verde’” no era una receta del Norte para cambiar su propia economía contaminante y extractivista.
Durante las negociaciones de marzo del 2012 en Nueva York, el ataque explícito al Derecho al Agua, derecho humano fundamental reconocido por la Naciones Unidas, sirvió de alarma para que se sumaran más y más movimientos deal rechazo a las propuestas de la “‘economía verde”’, que al servicio de los intereses de las corporaciones, pretenden lucrarse con la gestión y el suministro del agua; una vieja meta de las corporaciones trasnacionales.
La declaración final de Río+20, “El Futuro que Queremos” , a diferencia de los borradores previos en negociación, reafirmó el derecho al agua y eliminó las referencias al capital natural – asunto relegado a una iniciativa paralela firmada por bancos y ONGs . Terminó por suavizar tanto el lenguaje de implementación como el propio concepto de economía verde, originalmente criticado por países como Venezuela – como una imposición del Norte – y por Bolivia – como un modelo monocultural.
Asimismo, la declaración oficial fue rebautizada por movimientos de la juventud, el día que se retiraron del espacio oficial en protesta, como “El futuro que las corporaciones compraran” .
La Cumbre de los Pueblos
La Cumbre de los Pueblos de Río, en 2012, fue un proceso y una herramienta fruto de la acumulación histórica de las luchas de los diversos movimientos sociales a nivel local, regional y global. Un proceso políticamente enmarcado en la luchas anticapitalistas, contra la ofensiva del capital en los territorios y la pérdida de los derechos, expresando la lucha de clases, antirracista, antipatriarcal, antihomofóbica, en defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la vida y de la naturaleza, el extractivismo y los megaproyectos.
Una herramienta para, conectando luchas locales y apoyando y visibilizando luchas populares simbólicas de Río y de Brasil, desde el debate y la movilización, fortalecer a movimientos y organizaciones sociales y crear y/o fortalecer canales de solidaridad internacional. Fue un proceso libre de corporaciones y autónomo de gobiernos. Una contribución a la convergencia de las luchas de los diferentes movimientos y organizaciones sociales y populares; construcción de unidad en la diversidad y la movilización y acción conjunta.
Un proceso decisivo para construir una posición diversa y conjunta frente a la “‘economía verde”’, resistiendo las falsas soluciones, presentando nuestras propuestas, deslegitimando el proceso oficial y disputando sentido al mensaje hegemónico. La construcción de acuerdos, plasmados en el Documento final , fue basada en la búsqueda de convergencia sobre cinco temas centrales y articuladores de las luchas concretas y de una diversidad de sectores y actores sociales, desafiante. Tan diversas como la búsqueda de convergencia sobre el mundo del trabajo y las corporaciones entre movimientos feministas, sindicales, campesinos, indígenas, ambientales y de la Economía Solidaria.
Otro ejemplo fue el debate sobre la defensa de los bienes comunes, desde perspectivas tan diferentes como las luchas: en defensa de la cultura de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; por una comunicación libre de control corporativo y de infotóxicos; de resistencia a la privatización de la salud y la educación; por el reconocimiento de los saberes de las personas trabajadoras jubiladas y ancianas; por el derecho a la ciudad; por la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, su territorio; y en rechazo a los mecanismos de financiarización de la naturaleza y de la vida. Desde la diversidad de culturas políticas y formas de organización, estas luchas encontraban causas y propuestas comunes. Algunos de estos temas emergieron, con mayor o menor fuerza, en las protestas de jJunio y jJulio de 2013, que llevaron millones a las calles de las principales ciudades en Brasil.
Al final de la conferencia de Río+20, los más diversos sectores estaban en alerta y solidarios contra los ataques multilaterales contra los pueblos. Una cosa quedó clara después de la Cumbre de los Pueblos:, sin unidad popular movilizada no será posible profundizar y amplificar las reales soluciones que desde los pueblos organizados emergen contra las crisis; desde la resistencia y la movilización para la transformación. El proceso de construcción y ejecución de Nuestra Cumbre fue un paso largo hacia dicha unidad, pero la caminata no puede parar.
Brasil 2013 y más allá
Las jornadas de movilización que ocurrieron en Brasil en jJunio y jJulio de este año fueron convocadas inicialmente por demandas progresistas – transporte público de calidad, mejores condiciones sociales, políticas públicas universales para la salud, educación y cultura, etc. -. Les siguieron movilizaciones de crítica al capitalismo y que mostraron solidaridad con todas las formas de opresión, violencia, militarización, ampliando así los mensajes en defensa de los derechos a la ciudad o a otros territorios. Pese a la tentativa de los medios corporativos de secuestrar la pauta o convocar a la calles a los sectores de derecha, lo que se vio fue un estallido llamando a la lucha por derechos. Pero no derechos civiles o individuales, sino derechos colectivos a una vida digna, sea en los espacios públicos o para la movilidad en las ciudades, respetando las formas de vivir de los Pueblos Indígenas, atacados por la construcción de represas en la Amazonía o por las propuestas de reformas constitucionales que los alejan cada vez más de su derecho a territorios colectivos y ancestrales.
Aunque la agenda de la “‘economía verde”’ de la ONU haya sido enflaquecida en la declaración de la Ríio+20, o travestida en otros procesos como de definición de las “‘Metas de Desarrollo Sustentable”’ (SDGs por sus siglas del inglés)’, la lucha sigue para combatir tales mecanismos, que llevan a la pérdida y desterritorialización de los derechos colectivos, para territorializar el capital y la financiarización de la vida. Una lucha en todos los niveles: en los mismos espacios multilaterales, nacionales y locales, y en la calles, en defensa de la soberanía de los pueblos, por la justicia social y ambiental, en defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la naturaleza y la vida.
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